Marchas en la CDMX y en los estados exigen a autoridades resolver asesinatos contra periodistas
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Eréndira Aquino

Marchas en la CDMX y en los estados exigen a autoridades resolver asesinatos contra periodistas

Tras el asesinato de Cecilio Pineda (en Guerrero), Ricardo Monlui Cabrera (en Veracruz) y Miroslava Breach Velducea (en Chihuahua), organizaciones, medios, comunicadores y ciudadanos convocaron a marchar en la CDMX y los estados.
Eréndira Aquino
Por Redacción Animal Político
25 de marzo, 2017
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Organizaciones, medios, periodistas y ciudadanos marcharon en la CDMX y ciudades de Chihuahua, Sonora, Tabasco y Nuevo León para exigirle a las autoridades resolver los casos de comunicadores asesinados en el país.

Esto, tras el asesinato de los periodistas Cecilio Pineda (en Guerrero), Ricardo Monlui Cabrera (en Veracruz) y Miroslava Breach Velducea (en Chihuahua) en lo que va de marzo.

Organizaciones como Artículo 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC México, la Casa de los Derechos de los Periodistas, el colectivo Cuadernos Doble Raya, FotoreporterosMx y la Red de Periodistas de a Pie llamaron a marchar desde el Ángel de la Independencia hasta la Procuraduría General de la República (PGR), en la CDMX para exigir justicia.

Chihuahua

En Ciudad Juárez, periodistas y fotógrafos se manifestaron con la boca tapada con cinta y portando la fotografía de Miroslava Breach frente a las instalaciones de la PGR en el estado, reporto el Diario de Juárez.

Marchas contra asesinatos a periodistas

Miembros de diferentes medios de comunicación se manifestaron en solidaridad ante el asesinato de la periodista Miroslava Breach

Sonora

En las calles de Hermosillo, decenas de comunicadores de manifestaron frente al Palacio de Gobierno del estado, donde el presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Rafael Cano, aseguró que más de 100 periodistas han sido asesinados en el país desde el 2000, de acuerdo con Proyecto Puente.


Tabasco

En la capital del estado, Villahermosa, ciudadanos y estudiantes de comunicación se hicieron presentes en la manifestación contra las agresiones a comunicadores.


Nuevo León

Un grupo de periodistas se reunió en el monumento a la Libertad de Expresión, en Monterrey para manifestarse por el asesinato de la periodista Miroslava, corresponsal  de La Jornada en Chihuahua.

Marchas contra asesinatos a periodistas

Periodistas de Nuevo León se reúnen en el monumento a la Libertad de Expresión para manifestarse por el asesinato de la periodista Miroslava Breach

El pasado 3 de marzo, Cecilio Pineda, periodista especializado en temas policiacos en la región de Tierra Caliente, en Guerrero, fue asesinado cerca de Ciudad Altamirano. Vivía bajo amenaza desde el 18 de septiembre de 2015, sin embargo el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas decidió retirarle porque no identificó riesgo.

16 días después, el periodista Ricardo Monlui Cabrera fue asesinado en el municipio de Yanga, Veracruz, por sujetos armados que le dispararon a quemarropa mientras se encontraba en un restaurante. Era autor de la columna “Crisol”, que publicaba en El Sol de Córdoba, y en distintos medios de Xalapa.

El último caso fue el asesinato de Miroslava Breach Velducea, en la capital de Chihuahua. La corresponsal del diario La Jornada en el estado y colaboradora del Norte Digital Ciudad Juárez fue asesinada a tiros cuando salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela. 

Recientemente Breach firmó una nota periodística en el diario La Jornada sobre de fosas halladas en Madera, Chihuahua. También informaba sobre la presencia de grupos armados en la Sierra Tarahumara y los nexos delictivos en la política estatal.

De acuerdo con la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en algo más de seis años -de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016- se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas.

De esas 798 denuncias, de las cuales 47 fueron por asesinato, la FEADLE informó en respuesta a una solicitud de transparencia que solo tiene registro de tres sentencias condenatorias: una, en el año 2012; y otras dos en 2016. O en otras cifras: el 99.7% de las agresiones no ha recibido una sentencia.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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