Procuraduría de Hidalgo permitió que militar golpeara y violara a su expareja hasta matarla
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Procuraduría de Hidalgo permitió que militar golpeara y violara a su expareja hasta matarla

La Procuraduría "fue omisa en procurar en todo momento la protección” de la víctima, concluyó en una recomendación la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo.
Cuartoscuro Archivo
Por Paris Martínez
21 de marzo, 2017
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Entre mayo y agosto de 2014, la joven J. fue golpeada, violada y amenazada de muerte en cinco ocasiones, por el mismo sujeto: su ex pareja sentimental, Cleotilde Espinosa Terrón, soldado de la 18 Zona Militar, asentada en el estado de Hidalgo.

En el último ataque, ocurrido el 14 de agosto de 2014, J. fue asesinada a balazos.

Todos los ataques previos sufridos por esta madre de dos niños –uno de siete y otro de seis años–, fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, tan pronto como ocurrieron; pese a ello, las autoridades nunca hicieron nada para proteger a la víctima, aún cuando los delitos denunciados (lesiones, violación, secuestro), deben perseguirse de manera obligatoria tan pronto como son reportados, tal como establece la ley.

El militar Cleotilde Espinosa Terrón asesinó a J. y al hermano de ésta, enfrente de los hijos de la víctima. Luego se dio a la fuga.

Este militar, sin embargo, no fue el único agresor de J. y sus hijos: tal como consta en la recomendación 01/17 de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, esta mujer y sus dos pequeños, fueron también víctimas de maltrato, negligencia y denegación de auxilio, por parte del mismo gobierno estatal hidalguense, concretamente de la Procuraduría, el Tribunal Superior de Justicia, y la Secretaría de Salud estatales.

Círculo de impunidad

J. y el soldado Celotilde Espinosa Terrón vivieron en unión libre durante siete años, entre 2006 y 2013, tiempo en el que engendraron dos hijos, y tiempo también durante el cual la joven sufrió siempre violencia física por parte de su pareja.

Para finales de 2013, sin embargo, J. denunció esta situación ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, organismo que tardó cinco meses más en proceder contra el acusado, el cual fue consignado penalmente y recluido en una cárcel… por dos días.

Un mes después, en junio, el militar invadió la vivienda de J. y la golpeó, enfrente de sus hijos, para luego darse a la fuga.

J. denunció los hechos a la Procuraduría, cuyo personal le sugirió a la víctima otorgar el perdón al militar, para evitarse así más problemas. La joven se negó e insistió en que se procediera penalmente, y sólo así, la Procuraduría aceptó tramitar una orden de reaprehensión en contra del militar.

No obstante, el Juez Segundo Penal de Tulancingo de Bravo se negó a emitir esta orden de reaprehensión, por considerarlo una molestia para el acusado. Debido a ello, J. abandonó su vivienda y huyó a casa de su madre.

Ese era un inmueble cuya ubicación conocía Espinosa Torreón, y durante el mes de mayo, el militar allanó dos veces esa vivienda.

En ambas ocasiones, el militar golpeó a la joven madre, y la violó. La segunda ocasión, usó una pistola para golpear a la mujer.

Ambos ataques fueron denunciados a la Procuraduría estatal que, tal como en junio, no hizo nada por dar seguridad a J. y sus hijos.

En julio de 2014, es decir, dos meses después de ser procesado penalmente (durante dos días), el soldado Cleotilde Espinosa atacó nuevamente a su ex pareja, esta vez secuestrándola.

Según la denuncia de la familia, el militar extrajo a la joven madre de la casa en la que se refugiaba a golpes, tirándola del cabello, y apuntándola con una pistola, para introducirla en un vehículo. Luego, puso a bordo a los dos niños y se fue, con rumbo desconocido.

Tal como reportó J. tras ser liberada, su expareja, en complicidad con otro militar no identificado hasta la fecha, la mantuvieron toda la noche privada de la libertad en una vivienda, junto con sus hijos.

Ahí, la joven fue torturada, violada y, por enésima vez, amenazada de muerte.

Luego de que fue liberada por sus captores, junto con sus hijos, J. buscó de nuevo ayuda de las autoridades, aunque ya no a la Procuraduría, sino a la 18 Zona Militar, a la que estaba adscrito el soldado Espinosa Terrón.

En dichas instalaciones, sin embargo, el personal militar se negó a ayudarla y la remitió al DIF estatal… Y el DIF estatal la redirigió a la Procuraduría de Hidalgo.

Tal como establece la recomendación 01/17 de la Comisión estatal de Derechos Humanos, tampoco en esta ocasión la Procuraduría procedió en contra del agresor. De hecho, la Procuraduría se negó a catalogar este hecho como un delito de violación, y fue clasificado como “violencia familiar”.

En cambio, por primera vez la Procuraduría se ofreció a remitir a J. a la Secretaría de Salud estatal, para que esta dependencia diera albergue a la joven madre, y a sus dos hijos, en un lugar secreto, en el que pudiera estar a salvo de su ex pareja.

En ese lugar, dirigido por la Unidad Especializada de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual de la Secretaría de Salud hidalguense, J. y sus hijos recibirían cobijo y atención psicológica, supuestamente, por tres meses.

Días después de su ingreso, no obstante, J. y sus hijos fueron expulsados del albergue.

La razón: haber exigido una jarra de agua y papel de baño para atender a uno de sus hijos, quien presentaba fiebre y diarrea, a pesar de lo cual no se le había proporcionado ninguna atención médica.

J. denunció también que, en ese albergue, las mujeres eran obligadas a cocinar alimentos que no les proporcionaban y, en cambio, las mujeres refugiadas sólo recibían comida en mal estado, lo que tenía enfermos a todos los niños ahí albergados.

Además, denunció que el personal maltrataba y gritaba a las mujeres que estaban ahí, precisamente, para recibir atención psicológica por haber sufrido violencia extrema.

Tales inconformidades fueron catalogadas por la Secretaría de Salud estatal como una “conducta agresiva” de la joven madre, por lo cual no sólo fue expulsada del albergue, sino que le fue negada la canalización a algún otro lugar en el que su seguridad estuviera preservada.

Por sus propios medios, la familia de J. logró que la joven y sus hijos fueran recibidos en otro albergue, el cual, no obstante, la joven decidió abandonar siete días después.

El 14 de agosto de 2014, tras salir de este segundo albergue, J. se dirigió, junto con sus hijos y un hermano, a la casa de la que había huido en junio, y de la que deseaba extraer sus pertenencias.

Ese mismo día, el soldado Cleotilde Espinosa Terrón invadió dicha vivienda y la asesinó (igual que a su hermano), enfrente de los niños.  Luego escapó.

Sola

¿Por qué J. decidió abandonar el albergue en el que fue recibida, luego de que la Secretaría de Salud la expulsó de sus instalaciones? ¿Por qué J. decidió volver a su antigua casa?

Según la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, existen casos en los que “la indefensión y la desesperanza producidas en ella (la víctima) por un maltrato intenso y prolongado, además del deterioro en la autoestima y la falta de redes sociales, dificultan la toma de decisiones y generan miedo al futuro, ante escenarios posibles como estar ‘sola’, y lleno de retos para los que quizá no está preparada”.

En un caso como estos, señala la Comisión, si la víctima agredida enfrenta, después, “una violencia de mayor severidad”, puede darse el caso de que decida regresar a los ámbitos de inseguridad de los que, paradójicamente, buscaba inicialmente escapar.

En este caso, J. huía de la violencia extrema de su ex pareja, y al pedir ayuda a las autoridades recibió, en cambio, aún más violencia, por lo cual decidió volver a la vivienda de la que había escapado, a pesar de que sabía que ahí era vulnerable a nuevos ataques.

Justicia al estilo Hidalgo

Para intentar ocultar que J. fue expulsada del albergue de la Secretaría de Salud, dicha dependencia de gobierno alteró documentación oficial, lo cual también fue comprobado por la Comisión de Derechos Humanos del estado.

Esa es, sin embargo, una anomalía cometida por las autoridades de forma posterior a la muerte de J.  La mayoría de las irregularidades, y las más graves por sus consecuencias, fueron cometidas cuando ella seguía viva, y pedía auxilio.

Según el testimonio de J. el personal de la agencia del Ministerio Público de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por ejemplo, la presionó para que retirara la primer denuncia que presentó contra su agresor, y le otorgara el “perdón legal”, a lo cual la joven víctima se negó.

Luego, el mismo personal del MP (perteneciente a la Procuraduría estatal), dejó pasar dos ataques más contra J., y no fue sino hasta el tercero que solicitó la “reaprehensión” del agresor, sin embargo, no presentó “elementos de convicción suficientes” para que dicha medida se aplicara.

De esta forma, la Procuraduría “fue omisa en procurar en todo momento la protección de una víctima del delito”, lo que no sólo viola la ley mexicana, sino también tratados internacionales suscritos por México, tal como determinó la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo.

Además, el personal de la Procuraduría nunca notificó a la víctima que tenía derecho a una “orden de protección” que garantizara su seguridad y la de sus hijos.

De hecho, J. pidió apoyo a la Procuraduría para que agentes de policía la acompañaran a sacar sus pertenencias de la vivienda de la que había huido, apoyo que nunca le fue otorgado.

Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo concluyó que el Tribunal Superior de Justicia del estado también violó los derechos de J. y sus hijos, ya que el Juez Segundo Penal de Tulancingo de Bravo se negó a ordenar la reaprehensión del soldado agresor, argumentando que eso implicaba “un acto de molestia en contra de Cleotilde Terrón, quien debía conservar su presunción de inocencia”.

La Comisión de Derechos Humanos Estatal, sin embargo, detectó que el Juez, en realidad, nunca esgrimió esos argumentos al negarse oficialmente a emitir la orden de reaprehensión, ya que ninguno de esos planteamientos fue incluido en el auto en el que desechó dicha solicitud.

Tales argumentos, en defensa de la presunción de inocencia del acusado, fueron planteados por el juez sólo hasta que se le solicitó un informe sobre sus actos, luego de la muerte de J.

Además, insistió la Comisión de Derechos Humanos, garantizar la presunción de inocencia del acusado no le impedía “actuar en protección de las víctimas del delito”, y no lo hizo.

A todo ello, se suma la negativa de la Secretaría de Salud a brindar auxilio a J. y a sus hijos, a quienes expulsó de su albergue para mujeres víctimas de violencia, por haber osado exigir una jara de agua y un rollo de papel para atender a su hijo enfermo, sin proveerlos de un lugar en el que su vida estuviera segura.

Para la Comisión de Derechos Humanos, la impunidad de los delitos contra las mujeres en Hidalgo, de los cuales el caso de J. es sólo un ejemplo, “envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetración y la aceptación social del fenómeno (…) Además, la inacción y la indiferencia ante las denuncias de violencia de género, reproducen la violencia que se pretende atacar, e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia”.

Paradójicamente, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo no hizo ningún pronunciamiento sobre el personal de la 18 Zona Militar, que se negó a auxiliar a J., a pesar de que denunciaba delitos cometidos por uno de sus elementos.

Peor aún: a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos acreditó todas estas irregularidades por parte de funcionarios específicos de las dependencias de gobierno involucradas, declinó la posibilidad de promover por sí misma denuncias administrativas y penales contra dichos funcionarios.

Por el contrario, la Comisión dejó la decisión de proceder, o no, en contra de estos servidores públicos, en manos de las mismas dependencias de gobierno para las que trabajan.

Epílogo: libertad

Cleotilde Espinosa Terrón está prófugo desde hace dos años y siete meses.

“Efectivamente –explicó en entrevista Éder Arteaga, vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo–, se sigue buscando a esta persona, que en este momento se encuentra prófuga, y quien enfrenta una orden de localización y aprehensión.”

–¿Cómo pueden secuestrar, torturar, violar, cinco veces, a una joven en Hidalgo, sin que pase nada? –se preguntó al representante oficial de la Procuraduría hidalguense– Es decir, ella denunció ante la Procuraduría cada uno de estos ataques, ¿por qué nunca se hizo nada?

–Es precisamente eso lo que se pretende saber –respondió el funcionario–: qué es lo que pasa, cuáles fueron las razones por las cuales no se procedió conforme a lo que indican los protocolos.

El representante de la Procuraduría de Hidalgo detalló que, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del estado emitiera la recomendación relacionada con la joven J., esta dependencia aceptó “instruir para que se incrementen las técnicas de investigación y localización de esta persona (el homicida, Cleotilde Espinosa Terrón), y también capacitar al personal de la Procuraduría sobre derechos de las víctimas”.

Eso es todo.

El funcionario subrayó que “hay ocasiones en que la Comisión (de Derechos Humanos de Hidalgo) solicita que se separe del cargo a personas en específico, por las faltas que haya encontrado, pero en este caso no es así.”

Pese a ello, explicó, el caso será analizado por la Contraloría interna, para determinar si existió algún procedimiento inadecuado por parte del personal de la Procuraduría.

Eventualmente, eso podría derivar en un procedimiento administrativo contra los funcionarios implicados… y sólo al final de este proceso, para el cual no hay un plazo establecido, podría saberse si algún funcionario incurrió en responsabilidad penal, por abandonar a J. a su suerte.

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Los muertos vivientes de India: ‘Me miraron como si fuera un fantasma’

Una persona muerta lógicamente no puede poseer tierras. En India, podrías perderlo todo si te sacan un certificado de defunción.
2 de septiembre, 2021
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Si estás muerto, no es posible que puedas poseer tierras.

Esta es una simple lógica que ha generado innumerables casos de personas registradas como muertas y despojadas de sus propiedades en India. Y muchos han descubierto que es muy poco lo que pueden hacer al respecto, según escribe Chloe Hadjimatheou de la BBC.

Padesar Yadav está vivo y en forma, por eso fue una gran sorpresa para él descubrir que, según un papel, está muerto.

A finales de los años 1970, después de la muerte de su hija y de su yerno, inesperadamente tuvo que criar a sus dos nietos.

Para pagar su crianza y educación, vendió unas tierras que había heredado de su padre en el pueblo donde nació.

Pero unos meses después recibió una extraña llamada telefónica.

“El hombre al que le había vendido la tierra me llamó para decirme que había un caso legal en mi contra”, recuerda.

“Dijo que mi sobrino les había dicho a todos que yo había muerto y que un impostor había vendido la tierra”.

Yadav viajó inmediatamente desde Calcuta, donde vive ahora, a la aldea en el distrito de Azamgarh en Uttar Pradesh, en el centronorte de India. Cuando llegó, la gente se mostró sorprendida al verlo.

“Me miraron como si estuvieran viendo un fantasma y dijeron: ‘¡Tú estás muerto! ¡Ya te hemos hecho rituales de duelo!'”

Yadav dice que él y su sobrino tenían una relación cercana y que el joven solía ir a visitarlo cuando viajaba a la ciudad.

Pero las visitas cesaron cuando Yadav le informó que planeaba vender la tierra familiar.

Luego se enteró de que su sobrino estaba reclamando la tierra como su herencia y Yadav se enfrentó a él.

“Dijo: ‘Nunca he visto a este tipo en mi vida. Mi tío está muerto’. Yo estaba en shock'”, cuenta Yadav.

“Le dije: ‘Estoy parado aquí, vivo, justo frente a ti, ¿cómo no puedes reconocerme?‘”.

La Asociación de Muertos Vivientes

Yadav dice que lloró durante días, pero luego se recompuso y llamó a la Asociación de Muertos Vivientes de India.

Lal Bihari Mritak envuelto en una pancarta de la Asociación de Muertos Vivientes

BBC
Lal Bihari Mritak envuelto en una pancarta de la Asociación de Muertos Vivientes.

La organización es dirigida por Lal Bihari Mritak, un hombre de unos 60 años que algo sabe acerca de ser declarado muerto: vivió un tercio de su vida como alguien que supuestamente había fallecido.

Bihari proviene de una familia extremadamente pobre.

Nunca aprendió a leer ni a escribir porque lo enviaron a trabajara los 7 años a una fábrica de vestidos saris. Cuando tenía 20 abrió su propio taller textil en una ciudad vecina, pero necesitaba un préstamo para poner en marcha el negocio y el banco le pedía una garantía.

Fue a la oficina del gobierno local en su aldea, Khalilabad, también en el distrito de Azamgarh, con la esperanza de obtener las escrituras de la tierra que había heredado de su padre.

El contador del pueblo buscó su nombre y encontró los documentos, pero también halló un certificado de defunción que decía que Lal Bihari estaba muerto.

De nada sirvió el reclamo de Bihari, quien alegaba que no podía estar muerto porque estaba parado allí.

“Aquí en estos documentos, en blanco y negro, dice que estás muerto“, le dijeron.

Cuando se registró la muerte de Bihari ante la autoridad local, la tierra y las propiedades que había heredado de su padre habían pasado de él a la familia de su tío.

Hasta el día de hoy, Bihari asegura que no tiene claro si fue un error administrativo o si su tío lo estafó.

En cualquier caso, Bihari estaba arruinado. Tuvo que cerrar su taller y su familia quedó desamparada.

Pobres, analfabetos y de castas bajas

Pero Bihari no estaba dispuesto a rendirse y aceptar su supuesta muerte sin luchar, y pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Personas en todo el país estaban siendo estafadas por familiares que las declaraban muertas para apoderarse de sus tierras.

Fue así que Bihari creó la Asociación de Muertos Vivientes para unir a todas estas personas y comenzó una campaña para llamar la atención sobre su difícil situación.

Según una estimación, hay 40.000 muertos vivientes solo en el estado de Uttar Pradesh, la mayoría de ellos pobres, analfabetos y de castas bajas.

Bihari le agregó el sufijo mritak a su nombre, que significa “el difunto”, y pasó a llamarse “el difunto Lal Bihari”.

Junto a otros en su situación, organizó protestas para llamar la atención de los medios. Pero nada de esto fue suficiente para hacer que su estatus cambiara.

Lal Bihari Mritak (derecha) en 2015, con un granjero declarado muerto por su hermano.

Getty Images
Lal Bihari Mritak (derecha) en 2015, con un granjero declarado muerto por su hermano.

Luego decidió presentarse a las elecciones nacionales y logró que el nombre de un muerto apareciera en la boleta electoral.

Cuando eso no fue suficiente para convencer a las autoridades de que estaba vivo, casi se suicida tras hacer tres huelgas de hambre.

Finalmente, desesperado, decidió violar la ley secuestrando al hijo de su tío. Esperaba que la policía lo arrestara y, al hacerlo, se viera obligado a aceptar que estaba vivo; después de todo, no se puede arrestar a un hombre muerto.

Pero la policía se dio cuenta de lo que estaba intentando hacer y se negó a involucrarse.

Al final, Bihari encontró justicia no como resultado de sus propios esfuerzos, sino gracias al mismo sistema que le había cambiado la vida.

Un nuevo magistrado de distrito en Azamgarh examinó su caso nuevamente y decidió que, 18 años después de que lo declararan muerto, Lal Bihari estaba vivo.

Ver su propiedad a través de una cerca

Bihari señala que a través de su Asociación de Muertos Vivientes ha apoyado a miles de personas en toda India que han enfrentado situaciones similares.

Muchos de ellos, cuenta, no han tenido tanta suerte como él. Algunos se han suicidado después de perder la esperanza y pasar años luchando por su caso, mientras que otros murieron de verdad antes de que lograran probar que no estaban muertos.

Tilak Chand Dhakad está apenas empezando su lucha. Actualmente, el hombre tiene 70 años y cuando visita la tierra de cultivo en Madhya Pradesh donde creció, tiene que mirarla a través de una cerca.

El anciano tiene muchos problemas de salud y sabe que es posible que no viva lo suficiente como para volver a caminar por esos campos.

Más joven, Dhakad se mudó a la ciudad con la esperanza de obtener una mejor vida para sus hijos y mayores ingresos. Mientras estaba fuera, le alquiló sus tierras a una pareja.

Tilak Chand Dhakad

BBC
Tilak Chand Dhakad.

Fue cuando regresó al pueblo para firmar unos documentos que descubrió que ya no era el dueño de las tierras porque supuestamente había fallecido.

“El funcionario de la oficina de la autoridad local me dijo que estaba muerto. Pensé: ‘¿Cómo pudo pasar eso?’. Estaba muy asustado”, recuerda.

Dhakad afirma que pronto descubrió que la pareja casada a la que le había estado alquilando la tierra lo había registrado como muerto. La esposa había ido a la corte haciéndose pasar por su viuda y asegurando que estaba feliz de ceder la tierra.

Cuando la BBC se puso en contacto con la pareja a la que Dhakad acusa de adueñarse de su propiedad, la respuesta fue que no deseaban responder a ninguna pregunta.

Anil Kumar, un abogado que ha peleado varios casos de muertos vivientes, estima que en Azamgarh, la provincia donde vive Lal Bihari, debe haber al menos 100 personas que han sido declaradas muertas prematuramente.

Cada caso es complejo, afirma. A veces hay errores administrativos, otras veces se soborna a los funcionarios públicos para que redacten certificados de defunción falsos.

Shaina NC, portavoz del gobernante Partido Popular Indio (BJP), le dijo a la BBC que el gobierno actual ha sido muy diligente en hacer cumplir la legislación para combatir la corrupción.

“En un país tan grande y diverso como India, podría haber algunos casos sueltos que surgen una y otra vez, pero la mayoría (de la gente) está protegida por el buen gobierno del primer ministro, Narendra Modi”, agregó.

“Si hay un caso de corrupción, hay suficientes disposiciones en el Parlamento para asegurarse de que los perpetradores sean puestos a prueba”.

Pero Anil Kumar dice que cuando estos casos son el resultado de una estafa, la justicia puede ser difícil de lograr.

En un caso que defendió, le tomó seis años probar que su cliente estaba vivo, y más de 25 años después, todavía está esperando un veredicto contra el hombre que supuestamente había declarado muerto a su cliente.

“Si este tipo de casos se aceleraran para que el criminal sea castigado, infundiría miedo en la gente y evitaría este tipo de delitos”, señala Kumar.

El pastel de cumpleaños falso

Han pasado más de 45 años desde que Lal Bihari Mritak fue declarado muerto y más de dos décadas desde que logró demostrar que estaba vivo.

Pero todavía organiza, todos los años, una fiesta de cumpleaños, con invitados sentados alrededor de un gran pastel. A medida que el cuchillo corta el glaseado, a sus invitados les queda claro que es solo una caja de cartón decorada, un truco.

Lal Bihari Mritak y su pastel de cumpleaños.

BBC
Lal Bihari Mritak y su pastel de cumpleaños.

“Por dentro está totalmente vacío. Así también son algunos funcionarios del gobierno: vacíos e injustos“, denuncia.

“No corté este pastel para celebrarlo. Es un resumen de la sociedad en la que vivimos”.

Bihari indica que todavía recibe llamadas de personas de todo el país que quieren su consejo y su ayuda para demostrar que están vivos, pero con 66 años está perdiendo fuerzas y ​​ahora está contemplando retirarse de la lucha.

“Ya no tengo el dinero ni la energía para dirigir la Asociación de Muertos Vivientes”, agrega, “y no hay nadie que se haga cargo de ella”.

Él siempre ha esperado que los medios nacionales defiendan a los desposeídos y que el gobierno tome medidas drásticas contra los que aceptaban sobornos, pero esto no ha sucedido.

El hombre que pasó 18 años de su vida tratando de demostrar que está vivo algún día realmente estará muerto, sin haber logrado los cambios por los que luchó por mucho tiempo.

Piyush Nagpal, Ajit Sarathi y Praveen Mudholkar reportaron desde el terreno.


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