Procuraduría de Hidalgo permitió que militar golpeara y violara a su expareja hasta matarla
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Procuraduría de Hidalgo permitió que militar golpeara y violara a su expareja hasta matarla

La Procuraduría "fue omisa en procurar en todo momento la protección” de la víctima, concluyó en una recomendación la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo.
Cuartoscuro Archivo
Por Paris Martínez
21 de marzo, 2017
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Entre mayo y agosto de 2014, la joven J. fue golpeada, violada y amenazada de muerte en cinco ocasiones, por el mismo sujeto: su ex pareja sentimental, Cleotilde Espinosa Terrón, soldado de la 18 Zona Militar, asentada en el estado de Hidalgo.

En el último ataque, ocurrido el 14 de agosto de 2014, J. fue asesinada a balazos.

Todos los ataques previos sufridos por esta madre de dos niños –uno de siete y otro de seis años–, fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, tan pronto como ocurrieron; pese a ello, las autoridades nunca hicieron nada para proteger a la víctima, aún cuando los delitos denunciados (lesiones, violación, secuestro), deben perseguirse de manera obligatoria tan pronto como son reportados, tal como establece la ley.

El militar Cleotilde Espinosa Terrón asesinó a J. y al hermano de ésta, enfrente de los hijos de la víctima. Luego se dio a la fuga.

Este militar, sin embargo, no fue el único agresor de J. y sus hijos: tal como consta en la recomendación 01/17 de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, esta mujer y sus dos pequeños, fueron también víctimas de maltrato, negligencia y denegación de auxilio, por parte del mismo gobierno estatal hidalguense, concretamente de la Procuraduría, el Tribunal Superior de Justicia, y la Secretaría de Salud estatales.

Círculo de impunidad

J. y el soldado Celotilde Espinosa Terrón vivieron en unión libre durante siete años, entre 2006 y 2013, tiempo en el que engendraron dos hijos, y tiempo también durante el cual la joven sufrió siempre violencia física por parte de su pareja.

Para finales de 2013, sin embargo, J. denunció esta situación ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, organismo que tardó cinco meses más en proceder contra el acusado, el cual fue consignado penalmente y recluido en una cárcel… por dos días.

Un mes después, en junio, el militar invadió la vivienda de J. y la golpeó, enfrente de sus hijos, para luego darse a la fuga.

J. denunció los hechos a la Procuraduría, cuyo personal le sugirió a la víctima otorgar el perdón al militar, para evitarse así más problemas. La joven se negó e insistió en que se procediera penalmente, y sólo así, la Procuraduría aceptó tramitar una orden de reaprehensión en contra del militar.

No obstante, el Juez Segundo Penal de Tulancingo de Bravo se negó a emitir esta orden de reaprehensión, por considerarlo una molestia para el acusado. Debido a ello, J. abandonó su vivienda y huyó a casa de su madre.

Ese era un inmueble cuya ubicación conocía Espinosa Torreón, y durante el mes de mayo, el militar allanó dos veces esa vivienda.

En ambas ocasiones, el militar golpeó a la joven madre, y la violó. La segunda ocasión, usó una pistola para golpear a la mujer.

Ambos ataques fueron denunciados a la Procuraduría estatal que, tal como en junio, no hizo nada por dar seguridad a J. y sus hijos.

En julio de 2014, es decir, dos meses después de ser procesado penalmente (durante dos días), el soldado Cleotilde Espinosa atacó nuevamente a su ex pareja, esta vez secuestrándola.

Según la denuncia de la familia, el militar extrajo a la joven madre de la casa en la que se refugiaba a golpes, tirándola del cabello, y apuntándola con una pistola, para introducirla en un vehículo. Luego, puso a bordo a los dos niños y se fue, con rumbo desconocido.

Tal como reportó J. tras ser liberada, su expareja, en complicidad con otro militar no identificado hasta la fecha, la mantuvieron toda la noche privada de la libertad en una vivienda, junto con sus hijos.

Ahí, la joven fue torturada, violada y, por enésima vez, amenazada de muerte.

Luego de que fue liberada por sus captores, junto con sus hijos, J. buscó de nuevo ayuda de las autoridades, aunque ya no a la Procuraduría, sino a la 18 Zona Militar, a la que estaba adscrito el soldado Espinosa Terrón.

En dichas instalaciones, sin embargo, el personal militar se negó a ayudarla y la remitió al DIF estatal… Y el DIF estatal la redirigió a la Procuraduría de Hidalgo.

Tal como establece la recomendación 01/17 de la Comisión estatal de Derechos Humanos, tampoco en esta ocasión la Procuraduría procedió en contra del agresor. De hecho, la Procuraduría se negó a catalogar este hecho como un delito de violación, y fue clasificado como “violencia familiar”.

En cambio, por primera vez la Procuraduría se ofreció a remitir a J. a la Secretaría de Salud estatal, para que esta dependencia diera albergue a la joven madre, y a sus dos hijos, en un lugar secreto, en el que pudiera estar a salvo de su ex pareja.

En ese lugar, dirigido por la Unidad Especializada de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual de la Secretaría de Salud hidalguense, J. y sus hijos recibirían cobijo y atención psicológica, supuestamente, por tres meses.

Días después de su ingreso, no obstante, J. y sus hijos fueron expulsados del albergue.

La razón: haber exigido una jarra de agua y papel de baño para atender a uno de sus hijos, quien presentaba fiebre y diarrea, a pesar de lo cual no se le había proporcionado ninguna atención médica.

J. denunció también que, en ese albergue, las mujeres eran obligadas a cocinar alimentos que no les proporcionaban y, en cambio, las mujeres refugiadas sólo recibían comida en mal estado, lo que tenía enfermos a todos los niños ahí albergados.

Además, denunció que el personal maltrataba y gritaba a las mujeres que estaban ahí, precisamente, para recibir atención psicológica por haber sufrido violencia extrema.

Tales inconformidades fueron catalogadas por la Secretaría de Salud estatal como una “conducta agresiva” de la joven madre, por lo cual no sólo fue expulsada del albergue, sino que le fue negada la canalización a algún otro lugar en el que su seguridad estuviera preservada.

Por sus propios medios, la familia de J. logró que la joven y sus hijos fueran recibidos en otro albergue, el cual, no obstante, la joven decidió abandonar siete días después.

El 14 de agosto de 2014, tras salir de este segundo albergue, J. se dirigió, junto con sus hijos y un hermano, a la casa de la que había huido en junio, y de la que deseaba extraer sus pertenencias.

Ese mismo día, el soldado Cleotilde Espinosa Terrón invadió dicha vivienda y la asesinó (igual que a su hermano), enfrente de los niños.  Luego escapó.

Sola

¿Por qué J. decidió abandonar el albergue en el que fue recibida, luego de que la Secretaría de Salud la expulsó de sus instalaciones? ¿Por qué J. decidió volver a su antigua casa?

Según la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, existen casos en los que “la indefensión y la desesperanza producidas en ella (la víctima) por un maltrato intenso y prolongado, además del deterioro en la autoestima y la falta de redes sociales, dificultan la toma de decisiones y generan miedo al futuro, ante escenarios posibles como estar ‘sola’, y lleno de retos para los que quizá no está preparada”.

En un caso como estos, señala la Comisión, si la víctima agredida enfrenta, después, “una violencia de mayor severidad”, puede darse el caso de que decida regresar a los ámbitos de inseguridad de los que, paradójicamente, buscaba inicialmente escapar.

En este caso, J. huía de la violencia extrema de su ex pareja, y al pedir ayuda a las autoridades recibió, en cambio, aún más violencia, por lo cual decidió volver a la vivienda de la que había escapado, a pesar de que sabía que ahí era vulnerable a nuevos ataques.

Justicia al estilo Hidalgo

Para intentar ocultar que J. fue expulsada del albergue de la Secretaría de Salud, dicha dependencia de gobierno alteró documentación oficial, lo cual también fue comprobado por la Comisión de Derechos Humanos del estado.

Esa es, sin embargo, una anomalía cometida por las autoridades de forma posterior a la muerte de J.  La mayoría de las irregularidades, y las más graves por sus consecuencias, fueron cometidas cuando ella seguía viva, y pedía auxilio.

Según el testimonio de J. el personal de la agencia del Ministerio Público de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por ejemplo, la presionó para que retirara la primer denuncia que presentó contra su agresor, y le otorgara el “perdón legal”, a lo cual la joven víctima se negó.

Luego, el mismo personal del MP (perteneciente a la Procuraduría estatal), dejó pasar dos ataques más contra J., y no fue sino hasta el tercero que solicitó la “reaprehensión” del agresor, sin embargo, no presentó “elementos de convicción suficientes” para que dicha medida se aplicara.

De esta forma, la Procuraduría “fue omisa en procurar en todo momento la protección de una víctima del delito”, lo que no sólo viola la ley mexicana, sino también tratados internacionales suscritos por México, tal como determinó la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo.

Además, el personal de la Procuraduría nunca notificó a la víctima que tenía derecho a una “orden de protección” que garantizara su seguridad y la de sus hijos.

De hecho, J. pidió apoyo a la Procuraduría para que agentes de policía la acompañaran a sacar sus pertenencias de la vivienda de la que había huido, apoyo que nunca le fue otorgado.

Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo concluyó que el Tribunal Superior de Justicia del estado también violó los derechos de J. y sus hijos, ya que el Juez Segundo Penal de Tulancingo de Bravo se negó a ordenar la reaprehensión del soldado agresor, argumentando que eso implicaba “un acto de molestia en contra de Cleotilde Terrón, quien debía conservar su presunción de inocencia”.

La Comisión de Derechos Humanos Estatal, sin embargo, detectó que el Juez, en realidad, nunca esgrimió esos argumentos al negarse oficialmente a emitir la orden de reaprehensión, ya que ninguno de esos planteamientos fue incluido en el auto en el que desechó dicha solicitud.

Tales argumentos, en defensa de la presunción de inocencia del acusado, fueron planteados por el juez sólo hasta que se le solicitó un informe sobre sus actos, luego de la muerte de J.

Además, insistió la Comisión de Derechos Humanos, garantizar la presunción de inocencia del acusado no le impedía “actuar en protección de las víctimas del delito”, y no lo hizo.

A todo ello, se suma la negativa de la Secretaría de Salud a brindar auxilio a J. y a sus hijos, a quienes expulsó de su albergue para mujeres víctimas de violencia, por haber osado exigir una jara de agua y un rollo de papel para atender a su hijo enfermo, sin proveerlos de un lugar en el que su vida estuviera segura.

Para la Comisión de Derechos Humanos, la impunidad de los delitos contra las mujeres en Hidalgo, de los cuales el caso de J. es sólo un ejemplo, “envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetración y la aceptación social del fenómeno (…) Además, la inacción y la indiferencia ante las denuncias de violencia de género, reproducen la violencia que se pretende atacar, e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia”.

Paradójicamente, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo no hizo ningún pronunciamiento sobre el personal de la 18 Zona Militar, que se negó a auxiliar a J., a pesar de que denunciaba delitos cometidos por uno de sus elementos.

Peor aún: a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos acreditó todas estas irregularidades por parte de funcionarios específicos de las dependencias de gobierno involucradas, declinó la posibilidad de promover por sí misma denuncias administrativas y penales contra dichos funcionarios.

Por el contrario, la Comisión dejó la decisión de proceder, o no, en contra de estos servidores públicos, en manos de las mismas dependencias de gobierno para las que trabajan.

Epílogo: libertad

Cleotilde Espinosa Terrón está prófugo desde hace dos años y siete meses.

“Efectivamente –explicó en entrevista Éder Arteaga, vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo–, se sigue buscando a esta persona, que en este momento se encuentra prófuga, y quien enfrenta una orden de localización y aprehensión.”

–¿Cómo pueden secuestrar, torturar, violar, cinco veces, a una joven en Hidalgo, sin que pase nada? –se preguntó al representante oficial de la Procuraduría hidalguense– Es decir, ella denunció ante la Procuraduría cada uno de estos ataques, ¿por qué nunca se hizo nada?

–Es precisamente eso lo que se pretende saber –respondió el funcionario–: qué es lo que pasa, cuáles fueron las razones por las cuales no se procedió conforme a lo que indican los protocolos.

El representante de la Procuraduría de Hidalgo detalló que, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del estado emitiera la recomendación relacionada con la joven J., esta dependencia aceptó “instruir para que se incrementen las técnicas de investigación y localización de esta persona (el homicida, Cleotilde Espinosa Terrón), y también capacitar al personal de la Procuraduría sobre derechos de las víctimas”.

Eso es todo.

El funcionario subrayó que “hay ocasiones en que la Comisión (de Derechos Humanos de Hidalgo) solicita que se separe del cargo a personas en específico, por las faltas que haya encontrado, pero en este caso no es así.”

Pese a ello, explicó, el caso será analizado por la Contraloría interna, para determinar si existió algún procedimiento inadecuado por parte del personal de la Procuraduría.

Eventualmente, eso podría derivar en un procedimiento administrativo contra los funcionarios implicados… y sólo al final de este proceso, para el cual no hay un plazo establecido, podría saberse si algún funcionario incurrió en responsabilidad penal, por abandonar a J. a su suerte.

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Cómo es Palm Beach, la isla de Florida con la población más blanca y rica de EU, el nuevo hogar de Trump

Vecinos de Palm Beach recibieron con banderas y aplausos a Donald Trump el pasado 20 de enero. Pero no todos los residentes están igual de felices.
23 de enero, 2021
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Intentar entrar en una isla a la que pocos días antes ha llegado un expresidente de Estados Unidos con la idea de convertirse en un vecino más no es tarea sencilla.

Menos si ese expresidente es Donald Trump, con toda la pasión, el fervor, la controversia y las medidas de seguridad que lo acompañan.

Carreteras cortadas, desvíos obligatorios y un férreo control policial hacen que sea imposible acercarse a Mar-a-Lago, el resort donde Trump ha pasado largos fines de semana y períodos vacacionales en estos últimos cuatro años y donde ahora tiene intención de establecer su residencia permanente.

Una decisión que ha generado incomodidad entre algunos de los vecinos de Palm Beach, la ciudad en la que se encuentra la imponente construcción y que es conocida por su exclusividad, elitismo y riqueza, pero -sobre todo- por su deseo de mantener ese estatus.

Una casa en Palm Beach, Florida

BBC Mundo
Las fincas de Palm Beach tienen una flora exuberante.

¿Cómo es este selecto rincón del sur de Florida que Trump definió como paraíso en la Tierra?

Un lugar de retiro

Palm Beach es una ciudad que durante todo el año tiene apenas 11.000 habitantes, una cifra que se triplica en temporada alta (de noviembre a abril), cuando llegan las llamadas “aves migratorias”, personas que normalmente residen en lugares más fríos del país.

Separada del continente por una enorme masa de agua, el lago Worth, los residentes hablan de su ciudad como una isla a la que se puede acceder por la carretera de la costa o a través de una serie de puentes, uno de los cuales conduce directamente hasta Mar-a-Lago.

Mar-a-Lago a lo lejos, Palm Beach

BBC Mundo
Los controles y cortes de carretera impidieron que nos acercáramos al resort de Mar-a-Lago.

Después de manejar una hora y media desde Miami, me dirigía hacia él cuando me encontré con la primera barrera: un letrero con una gran flecha que desviaba todo el tráfico hacia la izquierda.

Quería seguir el recorrido que hizo el convoy que transportó a Trump y familia el pasado miércoles 20 de enero, horas después de haber abandonado la Casa Blanca y la presidencia del país.

Ese día, decenas de seguidores colocados a ambos lados de la carretera le dieron la bienvenida con banderas y carteles de apoyo.

Seguidores de Trump lo reciben en Palm Beach

Getty Images
Los residentes de Palm Beach votaron mayoritariamente por Trump en las pasadas elecciones de noviembre.

Este viernes, lo que había era un caos de autos que daban la vuelta en busca del camino para poder llegar a su destino.

Los atascos y los cortes de carretera son la principal fuente de frustración para una comunidad de personas que, en su mayoría, eligieron Palm Beach como lugar de retiro para no tener que lidiar precisamente con estos fastidios de la vida diaria.

Lujo por todas partes

Encontrada la alternativa para acceder a Palm Beach, llama la atención el contraste con la ciudad que queda atrás, West Palm Beach. No son solo lugares separados por un puente, sino también por millones de dólares.

Un deportivo blanco en la avenida Worth, Palm Beach

BBC Mundo
Los autos de lujo son comunes en las calles de Palm Beach.

Grandes fincas escondidas tras la maleza, con enormes arbustos y plantas cubriendo los muros, una playa larga y estrecha, tiendas de moda con las firmas más exclusivas, galerías de arte y restaurantes con terrazas al sol esperan al curioso visitante.

Los residentes, sin embargo, no se muestran tan abiertos hacia quienes llegamos de fuera.

Ante la pregunta de cómo se sienten ahora que Trump no está de paso, la mayoría prefiere no contestar.

Melissa, una joven que fuma en el exterior de la tienda de ropa en la que trabaja en la avenida Worth, eje del lujo comercial de la ciudad, le dice a BBC Mundo que para ella nada cambia.

“Trump lleva cuatro años viniendo a Mar-a-Lago como presidente, y antes de eso también venía, estamos acostumbrados a los controles y las esperas. Lo único que cambia es que ahora somos más conocidos, aunque la atención también pasará”.

No todos los vecinos asumen la presencia de Trump en la ciudad con tanta naturalidad.

Una batalla legal

“He recibido correos y llamadas de residentes que no quieren que el presidente viva en el condado de Palm Beach”, le cuenta a BBC Mundo Mack Bernard, comisionado del condado de Palm Beach para el distrito 7, al que pertenece Mar-a-Lago.

“Él está en la ciudad, tendrá que alcanzar un acuerdo con la ciudad para ver si puede continuar usando Mar-a-Lago como residencia, tengo entendido que hay limitaciones” explica.

Fachada de Mar-a-Lago

Getty Images
Donald Trump compró Mar-a-Lago en 1985 por US$10 millones.

Las limitaciones a las que se refiere el comisionado datan de 1993, año en el que Trump y el Ayuntamiento de Palm Beach firmaron un pacto por el que el entonces magnate recibía permiso para transformar la mansión en un club social, pero con la contrapartida de no poder usar el edificio como residencia.

Según el convenio, las estancias en el club solo podían ser de 21 días al año, distribuidos en tres semanas no consecutivas. Además, se le imponía al club un máximo de 500 miembros y Trump se comprometía a que al menos un 50% de esos miembros residieran o trabajaran en Palm Beach.

El pasado 15 de diciembre, el abogado Reginald Stambaugh en representación de la familia DeMoss, propietaria de una finca junto a Mar-a-Lago, envió una carta al ayuntamiento y al Servicio Secreto de Estados Unidos en la que denuncia la violación del mencionado acuerdo.

Donald Trump y Xi Jinping

Getty Images
Trump recibió en Mar-a-Lago a líderes internacionales como el presidente de China, Xi Jinping.

“Según el acuerdo de uso de 1993, Mar-a-Lago es un club social y nadie puede residir en la propiedad”, escribió Stambaugh.

“Para evitar una situación embarazosa para todos y darle al presidente tiempo para hacer otros planes de vivienda en la zona, confiamos en que trabajarán con su equipo para recordarles los parámetros del acuerdo de uso ”, proseguía la carta.

“Palm Beach tiene muchas propiedades encantadoras a la venta y seguro que puede encontrar una que satisfaga sus necesidades”.

Sin embargo, el expresidente hizo caso omiso de esta misiva y la Organización Trump emitió un comunicado que decía: “No hay un documento o acuerdo en vigor que prohíba al presidente Trump usar Mar-a-Lago como su residencia“.

Una vivienda en Palm Beach

BBC Mundo
Las propiedades en Palm Beach están muy resguardadas del exterior.

BBC Mundo intentó hablar con el abogado Stambaugh, pero no recibió respuesta.

Una figura extravagante

Conocedores de Palm Beach como el cronista social Laurence Leamer o el agente inmobiliario Rick Rose han apuntado en distintas entrevistas que el desprecio de una parte de la sociedad de Palm Beach hacia Donald Trump no es nada nuevo.

El periodista Ronald Kessler, autor de más de 20 libros sobre la Casa Blanca, el Servicio Secreto y agencias de inteligencia como el FBI o la CIA, cree que esta imagen de rechazo se está exagerando.

Donald Trump saluda

Reuters
Trump goza de apoyo en Florida, estado que ganó en las elecciones de 2016 y 2020.

En entrevista con BBC Mundo, Kessler recuerda que, tanto en 2016 como en 2020, una mayoría de la gente de Palm Beach votó por Trump.

“Siempre ha habido la conocida ‘vieja guardia’ que tiende a ser antisemita y antinegros y a la que nunca le cayó bien. El club de Trump admitía negros y judíos”, indica.

“A algunos no les gusta su estilo, piensan que es extravagante, algo en lo que casi todo el mundo está de acuerdo, pero creo que es solo eso, un segmento de la población”.

Para Kessler, la idea de la carta no tiene fundamento legal.

“El hecho de que vaya a vivir allí no es tan distinto de lo que hacía cuando era presidente, que estaba de viernes a domingo o dos semanas en Navidad, o incluso antes de la presidencia”, afirma.

Map

La ciudad de las donaciones

Palm Beach es el segundo municipio del condado del mismo nombre y recibió categoría de ciudad el 17 de abril de 1911, tras descubrirse que la vecina West Palm Beach iba a intentar anexarse la isla ese mismo año.

Después de más de 100 años de elegante evolución, Palm Beach es una comunidad volcada en los eventos sociales, no en vano el conjunto de sus residentes dona más dinero per cápita a organizaciones caritativas que cualquier comunidad de todo Estados Unidos.

“La ciudad gira en torno a los bailes caritativos que se organizan”, señala Ron Kessler.

Una casa en Palm Beach, Florida

BBC Mundo
En Palm Beach se celebran numerosos eventos de recaudación de fondos para donarlos a causas sociales.

“Ponen tanta atención en las decoraciones y en la comida como en el dinero que donan. Hay comités para estos bailes, se dan peleas internas para ver quién es el miembro de la alta sociedad más querido o la reina social de Palm Beach”, agrega.

“Esa es su industria. Son todos ricos, no necesitan trabajar, por lo tanto, tienen esa forma de socializar y estas jerarquías”.

Mar-a-Lago

Trump aterrizó en ese ambiente en 1985 cuando compró Mar-a-Lago por US$10 millones.

La mansión de 126 habitaciones había sido propiedad de Marjorie Merriweather Post, dueña de General Foods, que murió en 1973 y se la dejó en herencia al gobierno de Estados Unidos como una posible “Casa Blanca de invierno”.

El gobierno la devolvió en 1981. Después de comprarla, Trump se gastó millones en rehabilitar la propiedad mientras vivía allí por temporadas, generalmente entre noviembre y mayo, cuando el clima de Florida es atemperado.

Vista aérea de Mar-a-Lago

Reuters
El club Mar-a-Lago tiene 7 hectáreas de extensión.

A principios de los 90, Trump entró en dificultades financieras por la caída de los precios de los inmuebles y el fracaso de varios de sus negocios y le dijo al ayuntamiento que no podía hacerse cargo de los US$3 millones anuales que costaba el mantenimiento.

Fue entonces cuando se firmó el acuerdo por el que Trump pudo convertir Mar-a-Lago en un club social en el que, hoy día, los miembros pagan una cuota inicial de US$200.000 y una tarifa anual de US$14.000.

Mar-a-Lago es lo más cercano al paraíso. Lo dice Trump y yo estoy de acuerdo”, sostiene Ron Kessler, que ha visitado el lugar en varias ocasiones.

“Cualquiera que está allí queda deslumbrado por la belleza, el follaje, el agua a los dos lados de la isla, el beach club que está en el océano, las dos piscinas climatizadas a unos 25 grados todo el año, la comida, las bebidas… es espectacular, una maravilla”.

Autoridades esquivas

La descripción que realiza el escritor estadounidense encaja con el porte de las otras mansiones que se adivinan detrás de las verjas y las frondosas palmeras.

Fachada en la avenida Worth

BBC Mundo
Hay mucha reserva de las autoridades y los residentes de Palm Beach para hablar con la prensa.

Cuando intento acercarme a Mar-a-Lago desde la zona norte, una barrera similar a la que había en el puente indica que el paso de todos los vehículos, excepto los de los residentes, está prohibido.

Hay un control policial a un kilómetro y medio de distancia de la casa de Trump. Los agentes explican que el perímetro seguirá activo durante unos días.

“Poco a poco recuperaremos la normalidad, ahora está todo muy reciente y las amenazas son reales“, nos dice uno de los policías.

Tanto la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach como el Departamento de Policía de la ciudad responden a nuestras preguntas con el mismo mensaje: “La prioridad es garantizar la seguridad no solo de Trump sino de todos los residentes”.

Seguidores de Trump y un vehículo del sheriff del condado de Palm Beach

EPA
La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach lleva años colaborando con el Servicio Secreto para la protección de Trump y su familia.

Respecto a la disputa por la posible residencia permanente de Trump, las autoridades de la ciudad se muestran esquivas.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa, la republicana Gail Coniglio, no reacciona a nuestra solicitud de entrevista.

El administrador de la ciudad, Kirk Blouin, nos hace llegar un escueto mensaje: “El Ayuntamiento no está al tanto de la intención de Trump en este sentido. Cuando sepamos, como un hecho, que el presidente Trump pretende residir en Mar-a-Lago abordaremos el asunto de la forma apropiada”.

Una función positiva

Por su parte, el comisionado Mack Bernard, del gobierno del condado, intenta encontrar las ventajas de tener una figura tan relevante en el vecindario.

Una casa en Palm Beach, Florida

BBC Mundo
La diferencia de riqueza entre Palm Beach y su vecina West Palm Beach es abrumadora.

“Cuando tienes un expresidente que vive en tu distrito, mi forma de pensar es preguntarme qué cosas positivas pueden salir de esto”, le dice Bernard a BBC Mundo.

Para el comisionado, Trump podría ayudar a la ciudad y al condado a abordar mejor los problemas causados por la pandemia.

“Tenemos muchos residentes que no han sido vacunados y también hay muchos de sus seguidores que no creen en el distanciamiento social o en la importancia de llevar mascarilla”, expone.

Playa de Palm Beach

BBC Mundo
La playa de Palm Beach tiene unos 5 kilómetros de extensión.

“Al igual que hay expresidentes que adoptan causas que son monumentales y pueden cambiar el país, espero que mientras Trump sea uno de nuestros residentes use su poder y su micrófono para influir en la actitud de sus seguidores y abogar por que los residentes del condado de Palm Beach sean vacunados”.

Queda por ver si los reservados habitantes de Palm Beach verían con buenos ojos esta nueva función del expresidente y terminarían por acogerlo como uno de los suyos.


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