Karla, Sandra y Sarahí son tres niñas que desaparecieron durante 2016 en San Pablo del Monte, Tlaxcala, municipio identificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como parte del corredor de la trata.
Karla desapareció en enero de 2016, Sandra fue raptada en octubre y Sarahí en diciembre del mismo año.
[contextly_sidebar id=”uh6u01Qv2buHJOpCswtA0jXA9UUYeWED”]Las tres desapariciones tienen en común una serie de omisiones e irregularidades en la investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, entre ellas la pérdida de los videos de cámaras de seguridad cercanas a los lugares donde fueron privadas de la libertad.
En los últimos 14 meses, además de estas tres niñas, otras cuatro menores y dos adultas han desaparecido en el estado; sin embargo, de acuerdo con las cifras de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, en el periodo comprendido de 2012 a 2016, sólo han sido registrado la desaparición de ocho mujeres.
La única niña desaparecida en Tlaxcala
Karla Romero Tezmol, una niña de 11 años, desapareció el 13 de enero de 2016, cuando salió de su casa rumbo a la escuela, a donde nunca llegó.
Según testigos de los hechos, la niña fue raptada por los tripulantes de un vehículo negro en la calle 20 de noviembre, lo que fue registrado por la cámara de vigilancia particular ubicada en uno de los negocios de la vialidad.
La Procuraduría pidió el video al dueño del negocio; sin embargo, el video solicitado fue el del día siguiente de la desaparición.
Para cuando el error fue detectado, las imágenes de el secuestro de Karla ya habían sido borradas por el sistema de videovigilancia que las había almacenado. Hasta el día de hoy, la menor continúa desaparecida.
Karla es la “única mujer/niña desaparecida en todo el estado de Tlaxcala”, de acuerdo con los abogados de la Red Retoño y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quienes explicaron que sólo ella cuenta con una Averiguación Previa por la posible comisión de un delito.
Otros casos de niñas y mujeres desaparecidas en el estado han sido considerados como “hechos que no constituyen delito”, por lo que sólo se han elaborado actas circunstanciadas de ellos, es decir, registros administrativos que no son investigados.
En el caso de Karla, un Juez de Amparo obligó a las autoridades de la Procuraduría del estado a iniciar una averiguación previa por su desaparición, elevando el Acta Circunstanciada que se había registrado “por hechos no constitutivos de delito” a una investigación formal por la posible comisión de delitos.
Por recomendación de la entonces titular de la Procuraduría estatal, Alicia Fragoso, la madre de Karla guardó silencio acerca de la desaparición de su hija, ya que, le dijeron, la prensa amarillista entorpecería la averiguación
Sin embargo, ante la omisión de las autoridades, 20 días después de que Karla desapareció, su familia hizo pública la denuncia en una conferencia de prensa.
Fue hasta después de la denuncia pública, a los 21 días de no tener información sobre la niña, cuando la Procuraduría emitió la ficha de búsqueda (Alerta Amber), lo que “trajo como consecuencia un retraso injustificable en el inicio de la búsqueda”, de acuerdo con Miriam Pascual, abogada que acompaña a la madre de Karla.
Diferentes casos, mismas omisiones de la Procuraduría
Además de haber desaparecido en el mismo municipio, Karla, Sandra y Sarahí comparten otro rasgo: en ninguno de los casos se activó la Alerta Amber para la búsqueda inmediata de las menores. Cuando las familias acudieron ante las autoridades para denunciar, éstas se negaron a iniciar una investigación, lo que llevó a los familiares a realizar las búsquedas por su propia cuenta, con ayuda de redes sociales.
En lugares y fechas distintas, Sandra y Sarahí fueron localizadas. Ambas fueron víctimas de abuso físico, psicológico y sexual. De sus agresores, las familias no tienen información, ya que la procuraduría no integró carpetas de investigación del caso porque “no encontró delitos qué perseguir”.
En ambos casos, las niñas y sus familias denuncian que fueron violentadas por parte del personal de atención médica y psicológica de la Procuraduría estatal, quienes retrasaron las revisiones de las menores y no resguardaron el material genético que permitiría identificar a los agresores sexuales.
Ante el “escenario adverso y de franca complicidad de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala”, familiares de las víctimas y los abogados pidieron al gobierno crear una unidad especial para la investigación de delitos vinculados a la trata de personas, feminicidios, homicidios y desapariciones de mujeres y niñas.
Asimismo, demandaron que se investigue y sancione a los servidores públicos que se han negado a investigar los casos, que se obligue a los agentes del Ministerio Público a iniciar, de manera inmediata, carpetas de investigación ante cualquier denuncia de desaparición que se reporte en el estado, a transparentar las cifras reales de desaparición.
Finalmente, pidieron que se respeten los derechos de las familias de las víctimas, que se corrijan las “deficientes investigaciones” y que se repongan los datos de prueba y las evidencias que “deliberadamente se han perdido”.
Al respecto de estas denuncias, el subprocurador de Operaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala, Víctor Pérez Dorantes, comentó en entrevista con Animal Político, que en el caso de Karla Tezmol se está realizando una investigación conjunta con la Procuraduría de Puebla y con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República.
Sobre el video en el que presuntamente se observa el rapto de Karla, y que de acuerdo con su familia se perdió por negligencia de las autoridades, Pérez Dorantes informó que entrevistaron al propietario de la cámara, quien dijo que la fecha de registros estaba desfasada, de lo que se dejó constancia en un acta. Además, señaló, descartaron que Karla pasó por ahí antes de ser raptada.
El subprocurador explicó que los casos de Sandra y Sarahí están siendo investigados, no por el delito de privación de la libertad, sino por las agresiones sexuales de las que fueron víctimas las menores en otro estado, delitos que tendrán que ser investigados por la fiscalía de la entidad donde se cometieron.
“Nosotros tendíamos que investigar las cosas que concurren aquí en modus operandi: cómo se las llevan, por qué se las llevan y por qué precisamente a otro estado, que eso es lo que estamos investigando”, finalizó.
