Nueva ley forestal elimina la participación civil en toma de decisiones sobre bosques
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Especial

Nueva ley forestal elimina la participación civil en toma de decisiones sobre bosques

La norma aprobada por los Diputados le retira a los consejos forestales la capacidad de supervisión y vigilancia, y les deja sólo el de consulta y asesoría.
Especial
Por Paris Martínez
16 de marzo, 2017
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Con el voto conjunto de los partidos PRI, PAN, PVEM y PES, el pasado 7 de marzo fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, reforma legal con la cual los órganos civiles que vigilaban la política forestal mexicana se convertirán, únicamente, en órganos de consulta, y perderán toda función de supervisión y capacidad de veto.

La reforma aprobada en la Cámara de Diputados –que requiere del visto bueno del Senado para cobrar vigencia– también elimina la función conferida en el pasado a los sectores civil y productivo de vigilar el uso de los recursos del Fondo Mexicano Forestal, cuyo manejo quedará ahora exclusivamente en manos del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional Forestal.

Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales –con 22 años de trabajo de base en comunidades de vocación forestal– explicó que, desde el año 2003, en México fue creado el Consejo Nacional Forestal, así como consejos estatales, en los que están representadas las comunidades ejidales, comunales, indígenas, campesinas y equiparables, que ostentan la titularidad de más de 80% de los bosques y selvas del país.

Desde entonces, este organismo nacional (y sus pares estatales) cumplían, por ley, con funciones de supervisión y vigilancia sobre toda iniciativa que emprendieran las autoridades federales y estatales, en materia forestal: estos órganos de integración civil tenían la atribución de aprobar toda norma o reglamento vinculado con bosques y selvas, lo mismo que sobre permisos de explotación.

Sin embargo, la nueva norma aprobada por la Cámara de Diputados (con el voto en contra de los partidos PRD, Morena y Movimiento Ciudadano) le retira a los consejos forestales esta capacidad de supervisión y vigilancia, y les deja sólo el de consulta y asesoría.

Esta reforma, explicó por su parte el biólogo Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, contraviene incluso convenios internacionales suscritos por el estado Mexicano, como el 189 de la Organización Internacional del Trabajo, según el cual, siempre debe existir un consentimiento previo, libre e informado de todos los pueblos indígenas y comunitarios, sobre las políticas que afecten sus territorios.

“Si el 80% de los bosques y selvas mexicanos son territorios de comunidades indígenas y equiparables –se preguntó el especialista–, ¿cómo es posible que a los consejos forestales, que son los espacios de participación de estas comunidades, se les esté dejando fuera de la toma de decisiones?”

El especialista subrayó que, al expulsar al sector civil de la toma de decisiones en materia forestal, así como fuera del manejo de los recursos públicos destinados a esta área productiva, “lo que están haciendo es concentrar poder y dinero en vísperas de un periodo electoral, y hay que recordar que, históricamente, el sector forestal es presa de presiones electorales: está integrado por ejidos, por comunidades y pueblos que son acosados clientelarmente… es decir, hemos comenzado a pensar mal de todo esto: nos damos cuenta que detrás de esta reforma hay una estrategia de concentración de poder, de desarticulación de espacios de participación socia, y de manejo arbitrario de recursos, todo a punto de que arranque la contienda presidencial”.

Hueco legal

Además de excluir al sector social de la toma de decisiones sobre política y gasto forestal, la ley aprobada por la Cámara de Diputados deja sin atender diversos problemas que afectan a los bosques y selvas, así como a las 12 millones de personas que habitan en estas tierras.

Las “fallas técnicas” de la ley son diversas, explica el representante de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Gustavo Sánchez, pero de entre ellas, la más preocupante es que no aborda los graves índices de ilegalidad que se dan en el mercado mexicano de la madera.

“La reforma deja prácticamente sin tocar todo lo que son los intereses de la industria ilegal de madera y productos forestales explica el experto–. En México, el tema de la madera ilegal se asume como un problema que se da en el monte, cuando en realidad, el problema está en el mercado: el monte talado sólo es un eslabón de una larga cadena de ilegalidad, en la que un pequeño grupo de gente obtiene ganancias extraordinarias, al ‘banquear’ madera ilegal, por la que obtienen ganancias de 200% o 300%.”

El biólogo Raúl Benet detalla la complejidad de este problema: “Hay que entender que la ilegalidad no sólo se da en el monte. Es importante que la gente sepa que en México se vende mucha madera que entra ilegalmente a través de los puerto marítimos, y el gobierno no tiene la capacidad ni las herramientas legales para verificar que esa madera sea legal, el gobierno no tiene elementos legales para impedir, por ejemplo, que a México ingrese madera traída del Amazonas, producto de la tala ilegal.”

Lo único que pueden hacer las autoridades es solicitar la factura de esa madera, y para eso, explica, en México existe una red de madererías ‘fantasma’, que expiden facturas con las cuales se legaliza la madera talada ilegalmente en el país, o fuera de sus fronteras.

“Cualquiera que tenga madera ilegal –señaló–, ya sea proveniente de la tala en México o en otros países, puede obtener una de estas facturas de madererías fantasmas, y con eso se vuelve legal esa madera.”

En México, el mercado ilegal de madera es tan grande, explicó, que ni siquiera se sabe cuánta madera de la que circula en el país es ilegal. Alguna vez, la Profepa llegó a decir que era 70% de la madera, pero aún eso es una especulación sin datos que la respalden.

Este es un problema que demandaba una reforma legal, pero, lamentablemente, la reforma realizada no atendió esta situación y, por el contrario, dejó a las comunidades y pueblos que viven en los bosques y selvas mexicanas sin herramientas de defensa, lo que la hace una reforma, en realidad, “regresiva”, remató el representante del Consejo Civil Mexicano por la Silvicultura Sustentable.

En contra de esta reforma, distintas agrupaciones civiles y de productores comunitarios forestales lanzaron una petición en la plataforma change.org, en la que solicitan al Senado detener la ratificación de esta norma, y abrir un espacio de diálogo, que permita a las agrupaciones civiles y a las comunidades que habitan en tierras forestales ser partícipes del nuevo diseño de la política forestal mexicana.

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Escándalos con la vacuna del coronavirus: cómo la lucha contra el COVID-19 desnuda viejos vicios de América Latina

El desarrollo de vacunas para combatir el coronarios ilusionó a la región, golpeada con especial dureza por la pandemia. Después surgieron los problemas.
27 de febrero, 2021
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En Argentina, Ecuador y Perú, los escándalos tumban a ministros de Salud. En Brasil, hubo al mismo tiempo escasez y desperdicio de vacunas. Y en otros países de la región recién llegan las primeras dosis.

La vacunación contra el COVID-19 se volvió de pronto un espejo flamante de viejos problemas del subcontinente como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la incapacidad para resolver grandes desafíos.

Cuando México protestó la semana pasada en Naciones Unidas por el “acaparamiento” de vacunas en los países ricos, puso el foco sobre algo reconocido por la Organización Mundial de la Salud: la alarmante brecha en la distribución global de las dosis.

Pero el rezago de la vacunación en Latinoamérica respecto a otras regiones se debe también a deficiencias propias, advierten expertos.

Por ejemplo, la carencia de materiales elementales como viales o filtros en México retrasó el envase y la distribución de millones de dosis de la “vacuna latinoamericana” producida en Argentina tras un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca.

“Hay una cuestión de dependencia externa, pero esa dependencia también es un fallo de América Latina: no tenemos la capacidad de producir esas vacunas, mientras que India o China, que eran tan subdesarrollados como nosotros hace 30 años, logran hacerlo”, dice Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) en Brasil, a BBC Mundo.

“Terminemos con la payasada”

Con cerca de un cuarto de las muertes por COVID-19 en el mundo, pese a tener 8,5% de la población global, América Latina ha sido golpeada con especial dureza por la pandemia.

La región también sufrió el año pasado el peor desplome económico mundial tras la llegada del coronavirus, con una contracción de 7,4% del PIB según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Exministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos

Getty Images
El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, renunció tras un escándalo por el envío de vacunas a un geriátrico donde estaba su madre.

En este contexto, el descubrimiento de las vacunas contra el coronavirus ilusionó a los latinoamericanos con ver pronto la luz al final del túnel.

Sin embargo, los esfuerzos de vacunación regional han estado marcados por polémicas, demoras y frustraciones.

Las renuncias de los ministros de Salud en Argentina, Ecuador y Perú ocurrieron después que en sus países se denunciara favoritismo en el acceso a las vacunas que escasean para la población en general.

El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, dimitió a su cargo este viernes, en medio de investigaciones por el envío de parte de las primeras dosis de vacunas a un geriátrico privado donde estaba su madre.

En Argentina y Perú se reveló que funcionarios, exgobernantes o personas influyentes también se vacunaron de forma preferencial, sin seguir las reglas puestas al resto de la población.

Durante una visita a México esta semana tras pedir la dimisión de su ministro, el presidente argentino, Alberto Fernández, buscó enterrar el escándalo: “Terminemos con la payasada”, dijo.

El presidente argentino, Alberto Fernández, durante una visita a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Getty Images
El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió a la polémica por “vacunas VIP” en su país durante una visita a su par mexicano López Obrador.

El mandatario aludió a la investigación judicial abierta sobre el caso denominado “Vacunatorio VIP” en su país y sostuvo que “no hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'”.

Pero otros creen que estos casos son síntomas de antiguos vicios de la región, como el irrespeto a las normas o el uso de recursos públicos para beneficio de algunos.

“En todos los países donde saltan escándalos se repite una práctica bastante común: eludir las estructuras formales del Estado para canalizar las vacunas sin planes y protocolos claros y transparentes de atención a las poblaciones vulnerables. Más bien lo contrario: protejo y atiendo a los míos”, escribió Felipe Burbano de Lara, sociólogo, politólogo y columnista del diario El Universo de Ecuador.

Chile es el país de la región donde el proceso de inoculación avanza de forma más aceitada: casi 17% de su población de 19 millones fue vacunada en febrero.

Plan de vacunación masiva en Chile.

Getty Images
En Chile la campaña de vacunación masiva avanza con rapidez.

El caso chileno es visto como una prueba de que en la región es posible vacunar a tasas similares o incluso superiores al mundo desarrollado gracias a una robusta red de atención de salud que falta en otros países, además del poder adquisitivo y la rapidez del gobierno para comprar millones de dosis.

Pero tampoco Chile ha estado libre de polémicas en su campaña de vacunación: al menos 37.000 personas en ese país se adelantaron a su turno sin tener factores de riesgo, según datos oficiales.

“Ninguna fuerza”

Otro país latinoamericano que evidencia los contratiempos de vacunación en la región es Brasil, donde menos de 4% de la población ha recibido dosis hasta ahora.

Además de tener sus propias denuncias de irregularidades en el acceso a las vacunas, Brasil experimenta una escasez de dosis que expertos atribuyen a errores de planificación del gobierno de Jair Boslonaro.

Grandes ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Porto Alegre o Salvador llegaron a suspender las inoculaciones por falta de vacunas, mientras también se reportaban en el país desperdicios de dosis abiertas que perdieron validez antes de ser inyectadas.

Vacuna en Rio de Janeiro

EPA/ANTONIO LACERDA
La primera etapa de vacunación en Brasil tuvo al mismo tiempo escasez y desperdicio de dosis.

Los países más rezagados de América Latina en la carrera de la vacunación contra el COVID-19 son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay, que apenas importaron sus primeras dosis esta semana, mientras Cuba aún busca desarrollar sus propias vacunas.

Algunos observan que otra característica histórica de la región, como la falta de unidad y coordinación entre los países, también afectó sus posibilidades de demandar más vacunas al resto del mundo.

“América Latina no negocia como bloque, sino que cada país negocia como puede, entonces claro que no tiene ninguna fuerza”, señala Lago.

Se estima que, sin acelerar su ritmo actual de vacunación, varios países latinoamericanos podrían tardar años en alcanzar los niveles de inmunidad necesarios en sus poblaciones para volver a la normalidad.

Ciudad de Panamá

Getty Images
La lentitud de la vacunación en América Latina puede profundizar viejos problemas sociales de la región, como la desigualdad.

Como si se tratara de un círculo vicioso, esto amenaza a su vez con profundizar problemas sociales de una región que ya era considerada la más desigual del mundo.

Nora Lustig, una profesora de economía en la Universidad de Tulane, advierte que los efectos podrían llegar incluso a largo plazo por el cierre de escuelas para niños de familias de bajos recursos.

“En la medida que no tengas la capacidad de crear un espacio de normalidad a través de un proceso de vacunación más rápido”, dice Lustig a BBC Mundo, “vas a tener un impacto sobre la economía, la desigualdad y la pobreza”.


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