Nueva ley forestal elimina la participación civil en toma de decisiones sobre bosques
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Especial

Nueva ley forestal elimina la participación civil en toma de decisiones sobre bosques

La norma aprobada por los Diputados le retira a los consejos forestales la capacidad de supervisión y vigilancia, y les deja sólo el de consulta y asesoría.
Especial
Por Paris Martínez
16 de marzo, 2017
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Con el voto conjunto de los partidos PRI, PAN, PVEM y PES, el pasado 7 de marzo fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, reforma legal con la cual los órganos civiles que vigilaban la política forestal mexicana se convertirán, únicamente, en órganos de consulta, y perderán toda función de supervisión y capacidad de veto.

La reforma aprobada en la Cámara de Diputados –que requiere del visto bueno del Senado para cobrar vigencia– también elimina la función conferida en el pasado a los sectores civil y productivo de vigilar el uso de los recursos del Fondo Mexicano Forestal, cuyo manejo quedará ahora exclusivamente en manos del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional Forestal.

Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales –con 22 años de trabajo de base en comunidades de vocación forestal– explicó que, desde el año 2003, en México fue creado el Consejo Nacional Forestal, así como consejos estatales, en los que están representadas las comunidades ejidales, comunales, indígenas, campesinas y equiparables, que ostentan la titularidad de más de 80% de los bosques y selvas del país.

Desde entonces, este organismo nacional (y sus pares estatales) cumplían, por ley, con funciones de supervisión y vigilancia sobre toda iniciativa que emprendieran las autoridades federales y estatales, en materia forestal: estos órganos de integración civil tenían la atribución de aprobar toda norma o reglamento vinculado con bosques y selvas, lo mismo que sobre permisos de explotación.

Sin embargo, la nueva norma aprobada por la Cámara de Diputados (con el voto en contra de los partidos PRD, Morena y Movimiento Ciudadano) le retira a los consejos forestales esta capacidad de supervisión y vigilancia, y les deja sólo el de consulta y asesoría.

Esta reforma, explicó por su parte el biólogo Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, contraviene incluso convenios internacionales suscritos por el estado Mexicano, como el 189 de la Organización Internacional del Trabajo, según el cual, siempre debe existir un consentimiento previo, libre e informado de todos los pueblos indígenas y comunitarios, sobre las políticas que afecten sus territorios.

“Si el 80% de los bosques y selvas mexicanos son territorios de comunidades indígenas y equiparables –se preguntó el especialista–, ¿cómo es posible que a los consejos forestales, que son los espacios de participación de estas comunidades, se les esté dejando fuera de la toma de decisiones?”

El especialista subrayó que, al expulsar al sector civil de la toma de decisiones en materia forestal, así como fuera del manejo de los recursos públicos destinados a esta área productiva, “lo que están haciendo es concentrar poder y dinero en vísperas de un periodo electoral, y hay que recordar que, históricamente, el sector forestal es presa de presiones electorales: está integrado por ejidos, por comunidades y pueblos que son acosados clientelarmente… es decir, hemos comenzado a pensar mal de todo esto: nos damos cuenta que detrás de esta reforma hay una estrategia de concentración de poder, de desarticulación de espacios de participación socia, y de manejo arbitrario de recursos, todo a punto de que arranque la contienda presidencial”.

Hueco legal

Además de excluir al sector social de la toma de decisiones sobre política y gasto forestal, la ley aprobada por la Cámara de Diputados deja sin atender diversos problemas que afectan a los bosques y selvas, así como a las 12 millones de personas que habitan en estas tierras.

Las “fallas técnicas” de la ley son diversas, explica el representante de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Gustavo Sánchez, pero de entre ellas, la más preocupante es que no aborda los graves índices de ilegalidad que se dan en el mercado mexicano de la madera.

“La reforma deja prácticamente sin tocar todo lo que son los intereses de la industria ilegal de madera y productos forestales explica el experto–. En México, el tema de la madera ilegal se asume como un problema que se da en el monte, cuando en realidad, el problema está en el mercado: el monte talado sólo es un eslabón de una larga cadena de ilegalidad, en la que un pequeño grupo de gente obtiene ganancias extraordinarias, al ‘banquear’ madera ilegal, por la que obtienen ganancias de 200% o 300%.”

El biólogo Raúl Benet detalla la complejidad de este problema: “Hay que entender que la ilegalidad no sólo se da en el monte. Es importante que la gente sepa que en México se vende mucha madera que entra ilegalmente a través de los puerto marítimos, y el gobierno no tiene la capacidad ni las herramientas legales para verificar que esa madera sea legal, el gobierno no tiene elementos legales para impedir, por ejemplo, que a México ingrese madera traída del Amazonas, producto de la tala ilegal.”

Lo único que pueden hacer las autoridades es solicitar la factura de esa madera, y para eso, explica, en México existe una red de madererías ‘fantasma’, que expiden facturas con las cuales se legaliza la madera talada ilegalmente en el país, o fuera de sus fronteras.

“Cualquiera que tenga madera ilegal –señaló–, ya sea proveniente de la tala en México o en otros países, puede obtener una de estas facturas de madererías fantasmas, y con eso se vuelve legal esa madera.”

En México, el mercado ilegal de madera es tan grande, explicó, que ni siquiera se sabe cuánta madera de la que circula en el país es ilegal. Alguna vez, la Profepa llegó a decir que era 70% de la madera, pero aún eso es una especulación sin datos que la respalden.

Este es un problema que demandaba una reforma legal, pero, lamentablemente, la reforma realizada no atendió esta situación y, por el contrario, dejó a las comunidades y pueblos que viven en los bosques y selvas mexicanas sin herramientas de defensa, lo que la hace una reforma, en realidad, “regresiva”, remató el representante del Consejo Civil Mexicano por la Silvicultura Sustentable.

En contra de esta reforma, distintas agrupaciones civiles y de productores comunitarios forestales lanzaron una petición en la plataforma change.org, en la que solicitan al Senado detener la ratificación de esta norma, y abrir un espacio de diálogo, que permita a las agrupaciones civiles y a las comunidades que habitan en tierras forestales ser partícipes del nuevo diseño de la política forestal mexicana.

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Yolanda Martínez: la joven que según autoridades se marchó de casa 'por voluntad propia' y apareció muerta

El caso de Yolanda Martínez engrosa la crisis de mujeres desaparecidas que azota al estado mexicano de Nuevo León.
10 de mayo, 2022
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La Fiscalía General de Nuevo León comunicó este lunes la identificación del cadáver de Yolanda Martínez, una joven de 26 años que llevaba desaparecida desde el pasado 31 de marzo en este estado en el norte de México.

Los restos, en avanzado estado de descomposición, fueron encontrados este domingo en el municipio de Júarez, en la zona metropolitana de Monterrey.

Griselda Núñez Espinoza, fiscal especializada en feminicidios del estado, reveló que el cadáver vestía la misma ropa del día de la desaparición y que presentaba una evolución estimada en más de tres semanas, indicio de que la muerte pudo producirse poco después de desaparecer.

El caso está rodeado de preguntas y flecos sueltos.

Martínez fue vista por última vez en San Nicolás de los Garza tras salir de casa de su abuela, también en el área metropolitana de Monterrey.

Desde su desaparición, su familia la ha buscado sin parar y ha acusado a las autoridades de negligencia en la pesquisa.

Durante semanas, la Fiscalía de Nuevo León sostuvo la hipótesis de que la joven se había marchado de casa por “voluntad propia” y más tarde abrió la posibilidad de que estuviese huyendo de una presunta violencia familiar.

Motivos que no han sido corroborados el padre de la víctima, Gerardo Martínez, quien protagonizó jornadas de campañas y protestas pidiendo más atención e investigación al caso.

El hallazgo del cuerpo de Martínez se produce pocas semanas después de encontrarse los cádaveres de Debanhi Escobar y María Fernanda Contreras, otras dos jóvenes que desaparecieron en Nuevo León en circunstancias similares.

En los últimos meses, este estado mexicano está bajo el foco por la oleada de desapariciones, en su mayoría mujeres jóvenes.

Ahora, a falta de que se confirme la causa de muerte de Yoalnda Martínez, este caso incrementa la indignación con la que sus habitantes piden respuestas a las autoridades para detener un problema endémico, el de la violencia contra las mujeres, que azota gravemente a la totalidad del país.

Volante sobre la desaparición de Yolanda Martínez.

Buscadoras Nuevo León / Facebook

¿Qué se sabe de la víctima?

Madre soltera de una niña de tres años, a Yolanda Martínez se le perdió el rastro sobre el mediodía del pasado 31 de marzo.

Ese día dejaba la casa de su abuela, en San Nicolás de los Garzo en Monterrey, para supuestamente buscar trabajo por la zona.

Dos días antes, la mujer había visitado el domicilio de su expareja en Guadalupe, en las afueras de la misma ciudad, para ver a su hija.

Ese 31 de marzo, Martínez vestía una blusa negra a rayas, pantalón de mezclilla azul, tenis negros y bolso negro. Los mismos atuendos con los que fue encontrada muerta en la tarde del domingo.

Una mujer que recogía leña en unos matorrales y que se topó con el cuerpo tras llegarle un olor fétido fue quien reportó el hallazgo a las autoridades.

La zona donde se encontró el cadáver, en el municipio de Juárez, se sitúa a unos 11 kilómetros de donde fue vista por última vez.

¿Por qué se critica a las autoridades?

Gerardo Martínez ha denunciado lentitud y negligencia en las investigaciones de la Fiscalía. Asegura que se perdió mucho tiempo de búsqueda porque las autoridades afirmaban que la mayoría de mujeres se van de casa por problemas o desacuerdos familiares.

Durante los primeros días, prácticamente todas las labores de búsqueda fueron conducidas por familiares, allegados de la víctima y voluntarios. Han estado repartiendo volantes, esbozando posibles recorridos, preguntando a vecinos, protestando en medios de comunicación y en las sedes de instituciones.

https://www.instagram.com/p/CdRnF0csNcu/

Por varias semanas, la Fiscalía manejó la hipótesis de que Yolanda Martínez se había marchado de casa por voluntad propia, una línea de investigación que posteriormente fue descartada.

Luego, el 5 de mayo, muchas críticas se dirigieron contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien dijo ante cámaras que la desaparición de la joven podía tener que ver con una salida de su domicilio por un caso de violencia familiar, supuestamente de “un tío, hermano de la mamá, muy violento”.

Estas declaraciones fueron criticadas ampliamente en redes sociales.

En esta oleada de desapariciones en Nuevo León cambia el nombre el nombre de las víctimas, pero las críticas contra las autoridades se repiten: lentitud, negligencia, falta de transparencia y frivolidad.

Protestas contra la violencia femenina en CDMX el pasado 24 de abril.

Getty Images
El caso de Debanhi Escobar fue el más mediático de una serie que mantiene en vilo a todo el país.

Una crisis que no cesa

La aparición del cádaver de Martínez, y a falta de que se confirme la causa de su muerte, no hace más que amplificar el fenómeno de desapariciones que golpea a Nuevo León, uno de los estados más pudientes México.

El caso de Debanhi Escobar, aún envuelto en interrogantes, ha sido el más mediático de la crisis que tiene pendiente a todo el país.

A fines de abril, la Fiscalía de Nuevo León admitió deficiencias y removió de sus cargos a los titulares de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Antisecuestros.

Más de 300 mujeres han sido reportadas desaparecidas en lo que va de año en Nuevo León. Alrededor de 30 siguen sin localizar y seis han sido halladas sin vida.


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