Con el voto conjunto de los partidos PRI, PAN, PVEM y PES, el pasado 7 de marzo fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, reforma legal con la cual los órganos civiles que vigilaban la política forestal mexicana se convertirán, únicamente, en órganos de consulta, y perderán toda función de supervisión y capacidad de veto.
[contextly_sidebar id=”ZeEnQ5WzpxBh6jvqkraMQ6xIMGaGKUwT”]La reforma aprobada en la Cámara de Diputados –que requiere del visto bueno del Senado para cobrar vigencia– también elimina la función conferida en el pasado a los sectores civil y productivo de vigilar el uso de los recursos del Fondo Mexicano Forestal, cuyo manejo quedará ahora exclusivamente en manos del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional Forestal.
Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales –con 22 años de trabajo de base en comunidades de vocación forestal– explicó que, desde el año 2003, en México fue creado el Consejo Nacional Forestal, así como consejos estatales, en los que están representadas las comunidades ejidales, comunales, indígenas, campesinas y equiparables, que ostentan la titularidad de más de 80% de los bosques y selvas del país.
Desde entonces, este organismo nacional (y sus pares estatales) cumplían, por ley, con funciones de supervisión y vigilancia sobre toda iniciativa que emprendieran las autoridades federales y estatales, en materia forestal: estos órganos de integración civil tenían la atribución de aprobar toda norma o reglamento vinculado con bosques y selvas, lo mismo que sobre permisos de explotación.
Sin embargo, la nueva norma aprobada por la Cámara de Diputados (con el voto en contra de los partidos PRD, Morena y Movimiento Ciudadano) le retira a los consejos forestales esta capacidad de supervisión y vigilancia, y les deja sólo el de consulta y asesoría.
Esta reforma, explicó por su parte el biólogo Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, contraviene incluso convenios internacionales suscritos por el estado Mexicano, como el 189 de la Organización Internacional del Trabajo, según el cual, siempre debe existir un consentimiento previo, libre e informado de todos los pueblos indígenas y comunitarios, sobre las políticas que afecten sus territorios.
“Si el 80% de los bosques y selvas mexicanos son territorios de comunidades indígenas y equiparables –se preguntó el especialista–, ¿cómo es posible que a los consejos forestales, que son los espacios de participación de estas comunidades, se les esté dejando fuera de la toma de decisiones?”
El especialista subrayó que, al expulsar al sector civil de la toma de decisiones en materia forestal, así como fuera del manejo de los recursos públicos destinados a esta área productiva, “lo que están haciendo es concentrar poder y dinero en vísperas de un periodo electoral, y hay que recordar que, históricamente, el sector forestal es presa de presiones electorales: está integrado por ejidos, por comunidades y pueblos que son acosados clientelarmente… es decir, hemos comenzado a pensar mal de todo esto: nos damos cuenta que detrás de esta reforma hay una estrategia de concentración de poder, de desarticulación de espacios de participación socia, y de manejo arbitrario de recursos, todo a punto de que arranque la contienda presidencial”.
Hueco legal
Además de excluir al sector social de la toma de decisiones sobre política y gasto forestal, la ley aprobada por la Cámara de Diputados deja sin atender diversos problemas que afectan a los bosques y selvas, así como a las 12 millones de personas que habitan en estas tierras.
Las “fallas técnicas” de la ley son diversas, explica el representante de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Gustavo Sánchez, pero de entre ellas, la más preocupante es que no aborda los graves índices de ilegalidad que se dan en el mercado mexicano de la madera.
“La reforma deja prácticamente sin tocar todo lo que son los intereses de la industria ilegal de madera y productos forestales explica el experto–. En México, el tema de la madera ilegal se asume como un problema que se da en el monte, cuando en realidad, el problema está en el mercado: el monte talado sólo es un eslabón de una larga cadena de ilegalidad, en la que un pequeño grupo de gente obtiene ganancias extraordinarias, al ‘banquear’ madera ilegal, por la que obtienen ganancias de 200% o 300%.”
El biólogo Raúl Benet detalla la complejidad de este problema: “Hay que entender que la ilegalidad no sólo se da en el monte. Es importante que la gente sepa que en México se vende mucha madera que entra ilegalmente a través de los puerto marítimos, y el gobierno no tiene la capacidad ni las herramientas legales para verificar que esa madera sea legal, el gobierno no tiene elementos legales para impedir, por ejemplo, que a México ingrese madera traída del Amazonas, producto de la tala ilegal.”
Lo único que pueden hacer las autoridades es solicitar la factura de esa madera, y para eso, explica, en México existe una red de madererías ‘fantasma’, que expiden facturas con las cuales se legaliza la madera talada ilegalmente en el país, o fuera de sus fronteras.
“Cualquiera que tenga madera ilegal –señaló–, ya sea proveniente de la tala en México o en otros países, puede obtener una de estas facturas de madererías fantasmas, y con eso se vuelve legal esa madera.”
En México, el mercado ilegal de madera es tan grande, explicó, que ni siquiera se sabe cuánta madera de la que circula en el país es ilegal. Alguna vez, la Profepa llegó a decir que era 70% de la madera, pero aún eso es una especulación sin datos que la respalden.
Este es un problema que demandaba una reforma legal, pero, lamentablemente, la reforma realizada no atendió esta situación y, por el contrario, dejó a las comunidades y pueblos que viven en los bosques y selvas mexicanas sin herramientas de defensa, lo que la hace una reforma, en realidad, “regresiva”, remató el representante del Consejo Civil Mexicano por la Silvicultura Sustentable.
En contra de esta reforma, distintas agrupaciones civiles y de productores comunitarios forestales lanzaron una petición en la plataforma change.org, en la que solicitan al Senado detener la ratificación de esta norma, y abrir un espacio de diálogo, que permita a las agrupaciones civiles y a las comunidades que habitan en tierras forestales ser partícipes del nuevo diseño de la política forestal mexicana.
Si deseas suscribir esta demanda ciudadana, puedes hacerlo aquí.
