Pescadores de Sonora agreden a empleados de Profepa; la procuraduría presenta una denuncia
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Pescadores de Sonora agreden a empleados de Profepa; la procuraduría presenta una denuncia

La Profepa acusó que un grupo de pescadores atacó a 10 inspectores federales, quemó vehículos y hasta se robó una lancha debido a la inconformidad por la prohibición de la pesca de curvina.
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Por Redacción Animal Político
9 de marzo, 2017
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Un grupo de pescadores de Sonora, que están inconformes con la decisión de las autoridades federales de prohibir la pesca de curvina, agredieron a inspectores federales e incendió varios vehículos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 8 de marzo en la región del golfo de Santa Clara.

Tras los hechos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable y explicó que el grupo de pobladores agredió a 10 inspectores federales, destruyó cuatro vehículos oficiales y robó una embarcación.

“De acuerdo al primer reporte oficial, tres inspectores de la Profepa, que fueron golpeados, lograron salir del poblado junto con otros dos compañeros y consiguieron resguardarse en la cabecera municipal aledaña de San Luis Río Colorado, Sonora”, explicó la dependencia en un comunicado.

Al realizar un recuento de los daños, la Profepa reportó que los pobladores incendiaron dos vehículos, una lancha y una cuatrimoto, además de que, acusó, se robaron una lancha asegurada. También reportó la quema de ocho camionetas y una lancha de la CONAPESCA (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca), así como dos lanchas de la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas).

De acuerdo con la Profepa, el grupo de agresores justifico el ataque ante la falta de emisión de autorizaciones en materia de impacto ambiental para realizar la actividad pesquera en dicha región, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

“Es de resaltar que de acuerdo a la SEMARNAT la solicitud en cuestión fue ingresada por los pescadores el día 22 de febrero del 2017, a solo unos días de iniciar la pesca de curvina golfina; lo anterior, refleja la irresponsabilidad con la actuaron los líderes de este gremio al solicitar tardíamente la autorización”, señaló la Profepa, que agregó que mantendrá la inspección y vigilancia en la región y dará seguimiento al curso a las investigaciones.

La semana pasada, cuando inició la temporada de curvina, los pescadores de la región del golfo de Santa Clara, en Sonora, recibieron la noticia de que se prohibió la pesca en el Área Natural Protegida en el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, hasta que los pescadores obtengan la autorización federal del permiso ´Manifestación de Impacto Ambiental´ (MIA).

Mediante un comunicado emitido el pasado 23 de febrero pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente advirtió que se vigilará que no se lleve a cabo la pesca en la zona mencionada hasta que los pescadores o embarcaciones presenten el permiso MIA. El problema es que ningún pescador o embarcación cuenta con dicho documento.

Con esto quedó frustrada, al menos temporalmente, la pesca de curvina golfina cuyo cardumen acababa de llegar en la primera marea al Alto Golfo para beneficiar tanto a la comunidad del Golfo de Santa Clara como a los pescadores de la etnia Cucapá y a poblado de San Felipe, Baja California.

La agresión ocurrió luego de que líderes de los pescadores viajaron a la Ciudad de México para tratar de destrabar la prohibición relacionada con el uso de redes de pesca no permitidas por las dependencias federales.

No obstante, Sunshine Rodríguez, líder de los pescadores en el Puerto de San Felipe, aseguró que no han tenido resultados positivos, situación que fue confirmada por uno de los líderes de las organizaciones de pescadores de El Golfo, Carlos Alberto Tirado.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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