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Cuartoscuro
Ellos son los amigos y familiares de Borge que pagaron una ganga por predios en Cozumel y Cancún
Los terrenos adquiridos por presuntos prestanombres del exgobernador de Quintana Roo están ubicados en Cozumel, Cancún, Tulum y Playa del Carmen, las zonas de mayor plusvalía.
Cuartoscuro
Por Agustín Ambriz / Luces del Siglo
21 de marzo, 2017
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Cancún, Quintana Roo – El exgobernador Roberto Borge Angulo poseía inmuebles en siete de los once municipios de Quintana Roo. La mayoría se concentran en las demarcaciones de Cozumel, Cancún, Tulum y Playa del Carmen, que gozan de mayor actividad económica.

Estos 25 inmuebles fueron asegurados hace un mes por la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado.

La coincidencia es que la mayoría de estos predios están ubicados en zonas costeras y su valor es de 5 mil millones de pesos, pero fueron rematados durante la administración pasada a favor de familiares, empleados y colaboradores de Borge, entre ellos su madre María Rosa Yolanda Angulo Castilla, relacionada con cuatro contratos de compraventa.

Otros presuntos prestanombres de Borge que figuran como propietarios de inmuebles, son César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge; Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del ex mandatario y Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de expansión de la empresa Corpogas, que controla la distribución de gasolina en el sureste del país.

Jiménez Moreno figura como propietario de 10 de estos predios, por los cuales pagó en total 8 millones 466 mil 646 pesos cuando el precio real del momento en que fueron adquiridos es de 904 millones 470 mil 334 pesos, con lo cual se presume cometió un desfalcó por la cantidad de 825 millones de pesos, de acuerdo a un informe al que tuvo acceso Luces del Siglo.

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En tercer lugar se ubica la señora Angulo Castila, quien adquirió cuatro inmuebles en 28 millones 547 mil 182 pesos, cuando el valor real era de 149 millones 794 mil 851 pesos, con lo que se calcula que el desfalco fue de 121 millones 269 mil 666 pesos.

Y en el caso de González Hermosillo, socio mayoritario de la naviera Barcos caribe así como de la empresa Caracol 65 que fue beneficiada con el regalo de otros predios de patrimonio del estado, en esta lista sólo posee un inmueble por el que pagó 1 millón 989 mil 932 pesos, por el que debió pagar 9 millones 749 mil 826 pesos, una diferencia de 7 millones 804 mil 894 pesos.

Gráfico: Luces del Siglo

En la lista también figura Jorge Luis Cárdenas Bazán, quien se desconoce cuánto pagó por un terreno de 3 mil 029 metros cuadrados en Isla Mujeres cuyo valor en el momento de compra era de 118 millones 458 mil 508 pesos.

Por último, también se vincula a las empresas Rancho La Posadita S.A. de C.V. y Posada Diving  Ranch S.A.P.I., con la compra de un terreno, cada una, en la zona de Mahahual del municipio de Othón P. Blanco, por los que pagaron en total 11 millones 319 mil 625 pesos, cuando el costo real calculado era de 314 millones 842 mil 182 pesos.

Ante estos señalamientos, en días pasados el representante legal de ambas empresas, José Manuel Caballero, envió un derecho de réplica e hizo público un desplegado en el sentido de que no son prestanombres del ex gobernador Roberto Borge ni se vieron beneficiados con algún remate de bienes.

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“Los que se adquirieron en la administración pasada fueron unos terrenos contiguos que se requerían para hacer un tramo carretero por el cual se pudiera llegar más directo al hotel, hay una confusión de terrenos que lo único que está provocando es causarle agravios a mis representados”, apuntó.

El pasado 24 de febrero, la PGR anunció el aseguramiento de estos 25 inmuebles como parte de una investigación que realiza la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“El Ministerio Público Investigador ordenó se realizaran todas y cada una de las diligencias necesarias para la correcta investigación de los hechos, con lo que se pudo concluir, de manera provisional, la existencia de irregularidades en el proceso de enajenación de los inmuebles, además de que se logró corroborar que, en su totalidad, los inmuebles, en promedio, se vendieron, aproximadamente, al 6% de su valor comercial.

“Por ello, con la finalidad de evitar la destrucción de elementos de convicción y de salvaguardar la eficacia patrimonial del estado de Quintana Roo, la PGR decretó el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles, cuyo valor comercial rebasa los 5 mil millones de pesos”, indicó la dependencia.

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