La jornada típica de Ana Laura Aquino empezaba a las seis de la mañana, en un kínder. Hacía la limpieza general y lavaba pañales hasta la una de la tarde. De las dos a las ocho iba a la escuela, luego llegaba a casa a hacer tareas, dormir y empezar de nuevo a las seis al otro día, a los 13 años de edad.

Ese ritmo la estaba agotando así que dejó el trabajo para seguir estudiando, terminó el primer año de secundaria y entonces se enfrentó a un nuevo dilema: estudiar o comer, así que volvió al trabajo doméstico.

Alrededor de tres décadas después, Ana Laura cuenta una historia mucho más afortunada: lleva 15 años con su actual empleadora y se han acoplado muy bien; ella le da dos semanas de vacaciones pagadas al año, dos días de descanso a la semana, aguinaldo y están discutiendo las condiciones para firmar un contrato que le dé reconocimiento legal. Incluso Ana ya podría retirarse, pero su jefa aún no puede darle seguridad social porque no existe un mecanismo de afiliación para estas trabajadoras.

“Está el régimen voluntario, pero ese no me ayuda porque no me da ninguna otra prestación más que el servicio médico, y si tengo una enfermedad degenerativa no me atienden; medicamentos sólo si los hay. Me conviene más atenderme en servicios privados”, dice Aquino, quien también es secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho).

En México el trabajo doméstico no es reconocido de manera formal y legal. En 2011 el gobierno federal firmó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a los países suscritos a reconocer a estas trabajadoras (95% de estas personas son mujeres) y adecuar sus leyes para garantizar sus derechos laborales.

Sin embargo, a la fecha sigue sin ratificarlo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha dicho en reuniones que no le alcanzaría el dinero para afiliar a los 2.4 millones de trabajadores del hogar que hay en el país, pero los expertos dicen que lo que no hay es voluntad política para reconocerlas porque eso implicaría dejar de explotarlas.

“Es que no es si el IMSS puede o no puede, es su derecho porque lo dice la Constitución”, sentencia Martha Cebollada, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

La investigadora expone dos razones por las que el argumento del Instituto no tiene sustento: primero, que la experiencia internacional comprueba que dar seguridad social a las empleadas del hogar no se traduce en una ola de solicitudes de afiliación, y cita como ejemplo a Uruguay, país que tiene la legislación más avanzada en esa materia en América Latina y aún así no ha llegado al 100 % de afiliaciones: apenas tiene un 43 por ciento.

“Es irreal pensar que al día siguiente de que hagas los cambios legales vas a tener 2.4 millones de trabajadoras inscribiéndose al IMSS, en un país en el que las leyes no suelen ser cumplidas; si el 60 % de la población es informal, teniendo la obligatoriedad de darles seguridad social, es totalmente absurdo pensarlo”, explica.

Y aunque todas buscaran su afiliación, el artículo 123 de la Constitución garantiza el derecho a un trabajo digno para todos los mexicanos, “no puede ser que el Estado esté siendo cómplice de unos derechos laborales de primera y segunda clase”, puntualiza la experta.

Animal Político solicitó su versión al Instituto Mexicano del Seguro Social pero no obtuvo respuesta.

Sin fundamento, el argumento del IMSS

Cebollada, experta en el tema de trabajo doméstico, asegura que hay una intencionalidad del gobierno de no ratificar el Convenio porque resulta muy conveniente que ellas no puedan reclamar sus derechos laborales.

“La necesidad te avienta a esta situación, muchas compañeras pasan lo mismo, dicen ‘es que en mi pueblo no hay nada, te mueres de hambre’, vienen a la ciudad y se enfrentan con que no se pueden emplear si no traen un documento que avale que saben hacer algo, así llegan al trabajo doméstico. Eso hace que aceptemos los bajos salarios, las condiciones laborales indignas, mala alimentación, y aunque hayan pasado años, sigue siendo la misma historia para todas”, apunta Ana Laura Aquino.

Actualmente, la única forma de afiliación con que cuentan estas trabajadoras es el seguro voluntario, una figura en la que el propio trabajador paga sus derechos –con una cuota anual que va de entre 2,700 y 7,700 pesos, según la edad- y tiene derecho solamente a la atención médica en clínica y medicamentos, pero no a crédito de vivienda, pensión por jubilación y otros derechos laborales, entre los cuales la guardería es el más importante para ellas, ya que la mayoría son madres.

“Se les reconoce como personas que no están sujetas a una relación laboral. Se requiere reformar la ley del IMSS porque el artículo 13 las pone en régimen voluntario y esto las deja en una situación de derechos mínimos que no las favorece para tener una pensión por jubilación, por ejemplo”, señala el abogado Manuel Fuentes, asesor del Sinactraho.

Aunque los empleadores estén en disposición de reconocer legalmente a sus trabajadores, no pueden darlos de alta en el régimen obligatorio –el de los empleados formalmente reconocidos-, por lo que hay un primer elemento de discriminación en la propia ley.

“Este apoyo no es suficiente porque ellas tienen derecho a una seguridad social íntegra, con posibilidad de cotizar para una pensión por vejez, o estar cubierta por riesgos de trabajo, es eliminatorio de sus derechos”, subraya el defensor.

Otro recurso que tiene el empleador es ingresarlas a la nómina de su empresa -los que la tienen-, lo cual les sirve para tener prestaciones pero elude la realidad, refiere Fuentes Muñiz, además de que apenas son unos cuantos los que lo han hecho así: unos dos de cada 100, estima el abogado.

La prueba de que este recurso no soluciona el problema es que el número de trabajadores del hogar afiliados al Seguro Social se redujo a la mitad en 10 años: en 2005 eran 5.15 % y en 2015 bajó a 2.65 %, según una investigación de Martha Cebollada que está por publicarse a propósito del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar (30 de marzo).

Incluso dentro del propio Sindicato, ninguno de los casi 900 miembros tiene contrato por escrito todavía, pues aún está en proceso de revisión, explica la secretaria general. En el país, los que lo tienen es por medio de las empresas de su empleador.

Un ‘atajo’

Martha Cebollada es autora de varias investigaciones sobre trabajo del hogar para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), pero además es empleadora. Junto con su contadora utilizó un recurso legal, pero no directo, para reconocer a sus trabajadoras: darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como persona física con actividad empresarial pero con ganancia cero, y declararlas como empleadas.

“La verdad es que es por convicción, si no lo pudiese hacer no lo haría; entiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer, pero yo a lo que aspiro es a que el hijo de Cecy y mis hijas vayan juntos a la universidad pública de este país”, relató la profesora en entrevista.

Esta es una opción para avanzar en el reconocimiento de este tipo de empleo, pero las trabajadoras siguen luchando por sus plenos derechos laborales. “Si yo llegué aquí es por algo”, recuerda Ana Laura sobre su ingreso al Sindicato a través de su organización hermana, el Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar (Caceh).

“No quiero que haya más niñas en mi situación, que trabajen, que desconozcan, que las violenten, que las exploten. Yo veía a mis amigas que llevaban a la primaria las barbies y yo jugaba a lavar los platos, a barrer, a trapear y a cuidar niños. Cuando llegué a Caceh entendí que no tenía por qué haber cuidado niños, cuando me tenían que estar cuidando a mí, tendría que estar jugando, aprendiendo, no haciendo trabajo doméstico”.