La Marina participó en el rapto de 3 turistas en Veracruz, acusan familiares
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La Marina participó en el rapto de 3 turistas en Veracruz, acusan familiares

En enero, en medio de las protestas por el gasolinazo, fueron asesinados dos turistas de Oaxaca y ya no se tuvo información sobre el paradero de otros tres; familiares acusan que la Marina falsificó documentos para encubrir su participación en esas desapariciones.
Especial
Por Paris Martínez
6 de marzo, 2017
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El 5 de enero de 2017, en medio de las protestas por el alza en el precio de las gasolinas, las autoridades de Veracruz informaron que el saldo de los disturbios registrados hasta ese momento era de dos personas muertas. Se trataba de dos turistas del estado de Oaxaca, que fueron acribillados con balas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Lo que no informaron las autoridades estatales fue que, al momento de ser asesinados, esos dos turistas estaban acompañados de otros tres jóvenes, también turistas de Oaxaca, cuyo paradero se ignora hasta la fecha.

“La familia Ramírez es originaria de Huajuapan de León, Oaxaca –explica el abogado Homero Pérez Aquino–, y se trasladó a Veracruz para vacacionar y pasar el fin de año en la playa de Costa Esmeralda. Iban, en dos camionetas, el papá y la mamá, que ya son mayores; los cuatro hijos adultos, con sus esposas; y un primo”.

Tras pasar tres días en la playa, la familia Ramírez viajó al Puerto de Veracruz y ahí se hospedó en un hotel, con el plan de descansar dos días más y luego regresar a Oaxaca.

Fue así que el día 5 de enero, ya que tenían preparadas sus maletas para iniciar el retorno a su hogar, todos los integrantes de la familia del sexo masculino, excepto el papá, abordaron uno de los vehículos en los que se trasladaban y se dirigieron a una gasolinería para llenar el tanque y para verificar qué carreteras estaban libres de bloqueos, por el gasolinazo.

“La última llamada con los muchachos fue a las 16:20 horas –explica el abogado de la familia–. Ellos le informan a su papá que ya cargaron gasolina y que ya van de regreso al hotel, que se alisten para nada más subir las maletas e irse. Pero luego de eso pasó una hora y nada, y luego una hora y media…”

Fue al rededor de las 18:00 horas que la familia Ramírez detectó una fotografía que circulaba en redes sociales, en la que aparecía el cadáver de uno de los cinco muchachos cuya vuelta aguardaban.

Además del cuerpo sin vida, en dicha fotografía se aprecia una patrulla de la Policía Naval del Puerto de Veracruz (apéndice de la Secretaría de Marina, que ejerce labores policiales en el estado); la imagen también muestra a elementos de esta corporación parados junto a la camioneta Escalade blanca en la que se transportaban las víctimas.

A pesar de esta evidencia fotográfica, desde el día de los hechos y hasta la fecha, las autoridades en Veracruz niegan tener alguna relación con el ataque que sufrió este grupo de turistas frente a la gasolinería Las Palmas de la colonia El Coyol, ni con la desaparición de tres de ellos.

Imagen que circuló en redes sociales el 5 de enero de 2017, a partir de las 18:00 horas, que muestra el cadáver de uno de los turistas oaxaqueños en primer plano, y en el fondo a un elemento de la Policía Naval de Veracruz, que custodia a otro de los turistas atacados (de cuclillas), quien en la actualidad está en calidad de víctima de desaparición forzada.

Encubrimiento

Este 2 de marzo de 2017 (es decir, casi dos meses después del ataque a este grupo de turistas), el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, emitió un mensaje a medios, para declararse “absolutamente seguro de que ni en este tema, ni en ningún otro, la Marina tiene alguna participación”.

El gobernador panista aseguró que “pregunté al fiscal (…) si había algún elemento que vinculara a la Marina Armada de México, a la institución o a alguno de sus miembros, en estos hechos, y la respuesta del fiscal es contundente: de todas las diligencias practicadas, no hay ningún indicio que señale algún tipo de participación de la Marina Armada de México en estos temas tan lamentables”.

Sin embargo, lo dicho por Yunes, y por su fiscal, era mentira: el 1 de febrero de 2017, los peritajes realizados por el Ministerio Público confirmaron que autoridades de la Coordinación General de la Policía Intermunicipal (conocida como Policía Naval y encabezada por la Secretaría de Marina) falsificaron documentos oficiales, para encubrir la participación de sus elementos en el ataque a esta familia de turistas, tal como denunciaron los padres de las víctimas, a través de su representante legal.

“El 5 de enero, cuando la familia Ramírez vio en redes sociales la foto en donde está el cadáver de Hugo Alberto (uno de los dos jóvenes asesinados), se trasladaron al lugar de los hechos, que está en el centro de Veracruz, frente a la gasolinería Las Palmas –narra el abogado de la familia–. Pero al llegar, las autoridades no les permiten acercarse. Sin embargo, los testigos presenciales les informan que la Marina se llevó a los otros tres muchachos, y también la camioneta en la que viajaban”.

Por estos hechos, los padres y esposas de las víctimas presentaron denuncia formal contra quien resultase responsable, por los delitos de homicidio, desaparición forzada y robo de auto.

“Fuimos a varias dependencias a preguntar por los muchachos y por el vehículo –explica el abogado Pérez Aquino–, y en la dirección de Tránsito (subordinada a la estructura policiaca que coordina la Marina) nos atendió un oficial llamado Francisco Landa López, que nos informó que no sabían ahí nada de la camioneta, pero nos facilitó una lista de corralones, escrita de su puño y letra, para que fuéramos a buscar el vehículo”, lo cual hizo la familia, sin éxito.

No fue sino hasta el 22 de enero (17 días después del ataque) que la familia Ramírez recibió noticias por parte del gobierno de Veracruz: la camioneta estaba en el corralón de Tránsito, al que había ingresado, oficialmente, desde el 14 de enero, es decir, desde antes de que la familia fuera a preguntar y se les negara la información.

Según la versión oficial de la dirección de Tránsito, la camioneta Escalade blanca en la que fueron atacados los cinco integrantes de la familia Ramírez estuvo abandonada, entre el 5 y el 14 de enero, a 2.5 kilómetros del lugar del ataque, aún dentro de la colonia El Coyol.

La versión de este cuerpo de policía, subordinado a la Marina, sostiene que la camioneta fue encontrada por el oficial Francisco Javier Linares Chagala, quien levantó una multa por abandono de vehículo, y luego lo trasladó al corralón.

Dicha versión, sin embargo, resultó no sólo falsa, sino fabricada a partir de documentación oficial alterada por las misma Policía Naval.

Levi Ramírez, otro de los desaparecidos tras el ataque de los policías de la Marina en Veracruz.

“Cuando le notifican a la familia que ya fue hallada la camioneta, y que deben pagar la multa, acudimos a Veracruz para realizar ese trámite –narra el abogado Pérez Aquino–. Y ya de vuelta en Oaxaca, por una casualidad, pusimos la boleta de multa supuestamente escrita por el oficial Linares Chagala, junto a la lista de corralones que antes nos había redactado el oficial Francisco Landa López. Y entonces vino la sorpresa: descubrimos que ambos documentos estaban escritos exactamente con la misma letra”.

Notificada sobre esta peculiaridad, la Fiscalía General del Estado de Veracruz realizó un peritaje en grafoscopía a ambos documentos, y concluyó que la boleta de remisión del vehículo no había sido realmente escrita por el agente de tránsito Javier Linares Chagala, sino por Francisco Landa López.

De hecho, el mismo agente de tránsito Javier Linares Chagala señaló, en declaración ministerial, que si bien la boleta de multa pertenecía al paquete bajo su resguardo, dicha multa no fue redactada por él.

El agente de tránsito aclaró que para el día y hora en que supuestamente se levantó dicha multa, él ya había concluido su turno laboral, lo cual fue corroborado con los registros de personal. Por eso mismo, negó tajantemente haber encontrado la camioneta Escalade blanca abandonada y negó haberla trasladado al corralón.

“Aquí no aparece mi firma –señaló el agente, al rendir declaración ministerial, en referencia a la boleta falsificada–. La letra que tiene el folio de infracción no es la mía, por lo que desconozco totalmente la puesta a disposición de esta camioneta y manifiesto que yo no realicé el aseguramiento de la unidad mencionada”.

Peor aún: el Ministerio Público habló con los vecinos de la zona en la que supuestamente pasó esta camioneta nueve días abandonada, y confirmó, con base en sus testimonios, que dicho vehículo nunca estuvo en esa zona.

Es decir, esta camioneta se desvaneció del lugar en el que fueron atacados los cinco integrantes de la familia Ramírez el 5 de enero, y 17 días después apareció en un corralón de la Policía Naval, de la Secretaría de Marina, acompañada de documentación oficial falsificada.

Aún así, un mes después de que estos peritajes oficiales confirmaron una actuación irregular de la Policía Naval en relación con el ataque a la familia Ramirez, el pasado 2 de marzo, el gobernador Yunes salió en defensa de la Marina y negó que hubiera elementos para sospechar de dicha dependencia federal.

Los muchachos

Frente a la gasolinería Las Palmas de la colonia El Coyol, en el centro de Veracruz, el 5 de enero pasado quedaron tendidos los cuerpos de Hugo Alberto y Uriel.

Los dos presentaban heridas por arma de fuego. Las ojivas recuperadas por el Ministerio Público estatal permitieron determinar que uno de ellos fue alcanzado por una bala calibre .45, y el otro por una bala calibre .223, es decir, munición para armamento ligero y para rifles automáticos de asalto, respectivamente, en ambos casos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Éste es, de hecho, otro indicio que apunta hacia la participación de la Marina en el ataque a la familia de turistas, ocultado por el gobernador Yunes en su conferencia del 2 de marzo.

Aún se busca a los hermanos Jaciel y Levi Ramírez Ramírez, así como a su primo Armando Ramírez Bravo, a quienes se tiene en calidad de víctimas de desaparición forzada.

En la imagen que se difundió a través de redes sociales el pasado 5 de enero, que muestra el cadáver de Hugo Alberto, también es posible distinguir, aunque con poca nitidez, que al fondo de la fotografía está un elemento de la marina de pie, apuntando su arma larga hacia la camioneta Escalade blanca de las víctimas, y en el suelo, de cuclillas, a uno de los jóvenes que hoy se encuentran desaparecidos. Yunes también ocultó esta evidencia, en su mensaje a medios.

Jaciel Ramírez Ramírez, estudiante de preparatoria, desaparecido también en Veracruz.

El pasado 9 de febrero, la familia Ramírez recibió una llamada anónima, proveniente de un número con clave regional de Veracruz.
“La persona que llamó, nos informó que a los muchachos los había ‘levantado’ la Marina, en un operativo dirigido por el teniente de corbeta Gabriel Andrade Arana. Nos informaron también que a los muchachos los llevaron a una casa de seguridad, de la que nos proporcionaron la dirección”, narra el abogado de la familia.

Esta información fue proporcionada tanto al Ministerio Público estatal, como a la Procuraduría General de la República, sin embargo, “nadie hizo nada, no fueron a esta casa de seguridad, ni invstigaron. Lo único que hicieron fue confirmar que el teniente de corbeta Gabriel Andrade Arana sí forma parte de la Marina, y sí está destacamentado en Veracruz”, concluye el abogado.

“Nosotros somos una familia trabajadora –señala la señora Carolina, mamá de los muchachos atacados–. Tenemos una carnicería en Huajuapan, somos tablajeros, nos paramos a las 6 y nos dormimos a las 11 de la noche, trabajando todo el día… tenemos la costumbre de trabajar todo el año, para poder tomar unas vacaciones al año. Esta vez decidimos ir de paseo a Veracruz, y a eso nomás fuimos…”
Hugo Alberto, uno de los jóvenes asesinados, deja en la orfandad a tres niñas, una de 12 años, otra de nueve y una más de seis.

Levi, uno de los desaparecidos, tiene dos hijos: una niña de ocho años y un niño de cinco.

“Mis hijos no son malos. Levi trabaja una pipa de agua, y Jaciel (otro de los desaparecidos) es estudiante de preparatoria”.

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Chiapas, el estado de México donde el consumo de refrescos es 30 veces superior al promedio mundial

El gobierno de México los calificó de "veneno embotellado" y los responsabilizó en gran medida de la diabetes e hipertensión que sufren la mayoría de víctimas de covid-19.
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17 de agosto, 2020
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“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos?”

Con esta comparación, el subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell, volvió a poner hace unos días sobre la mesa una realidad visible en casi cada hogar y tienda del país: México es el lugar donde más bebidas azucaradas se consumen en todo el mundo.

El impacto en la población es alto. Según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, cada año más de 40,000 muertes en el país (un 7% del total) “son atribuibles” al consumo de estas bebidas por aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, dijo el subsecretario.

Pero este ya conocido y extendido hábito alimenticio de los mexicanos despertó aún más preocupación en tiempos de pandemia del coronavirus, ya que la mayoría de los más de 50.000 fallecidos tenía diabetes, hipertensión u obesidad (o varias de ellas).

“México es el país que sufre la mayor mortalidad en adultos jóvenes por covid-19 porque afecta a personas con este tipo de enfermedades crónicas (…) que se las ha causado este modelo de alimentación que predomina en México desde hace más de 30 años”, dijo López-Gatell.

“Es lo que se llama la comida chatarra, incluidas las bebidas azucaradas, que son verdaderamente generadores de esta epidemia en una gran proporción”, agregó.

Muertes por covid-19 en México según comorbilidad. (porcentaje, hasta el 10 de agosto de 2020). .

La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) criticó que se quiera estigmatizar estas bebidas para buscar “un culpable único a un problema de salud de origen multifactorial”.

“De acuerdo con la FAO, solo el 5.8% de calorías que consumen diariamente los mexicanos provienen de bebidas saborizadas, y más del 70% vienen de alimentos y bebidas no industrializadas, por lo que resulta ilógico pretender responsabilizar a estos productos del 7% de muertes”, aseguró en un comunicado.

Vendedora en CDMX

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México es el principal consumidor per cápita del mundo de bebidas azucaradas.

Pese a todo, las autoridades de México -donde la diabetes es la segunda causa de muerte y que tiene la segunda mayor tasa de obesidad del mundo- están tomando medidas para reducir la ingesta de estos productos.

Al impuesto que se gravó a sus precios en 2014 y al nuevo etiquetado que alertará desde octubre de los que tienen exceso de calorías, grasas y sal; se sumó hace dos semanas la inédita decisión de Oaxaca de prohibir la venta de refrescos y comida chatarra a menores de edad.

Sin embargo, este no es ni de cerca el estado mexicano donde más se toman estas bebidas.

Récord mundial de consumo

Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), Chiapas es la región del mundo donde más se bebe Coca-Cola, el refresco favorito de los mexicanos (sus productos representan más del 70% del consumo nacional de bebidas azucaradas embotelladas, según la organización El Poder del Consumidor).

El Conacyt se basa en un estudio que muestra cifras impactantes, como que el consumo medio por persona en este estado del sur de México es cinco veces superior al del resto del país y 32 veces más que el promedio mundial.

“Es el epicentro de la epidemia de consumo de refrescos”, le dice a BBC Mundo el doctor Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán.

Consumo anual de bebidas azucaradas en el mundo. [ 821,25 litros en Chiapas, México ] [ 150 litros en México (en promedio) ],[ 100 litros en EE.UU. ],[ 25 litros en el mundo (en promedio) ], Source: Fuente: Conacyt, en base al estudio "Dulce exterminio: refresco y cerveza como causa desencadenante y complicaciones de diabetes en mayas de Chiapas". Revista Medicina Social 2019, Image: Lata de Coca-Cola

BBC Mundo preguntó a la ANPRAC por las cifras de este estudio y otras cuestiones, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación de este artículo.

De lo que no hay duda es de que los refrescos forman ya parte esencial de la vida cotidiana en este estado, especialmente en la región de Los Altos de Chiapas, donde la mayoría de su población es indígena y rural.

En esta zona, donde Coca-Cola tiene una planta embotelladora en el municipio de San Cristóbal de las Casas, el consumo de esta marca es aplastantemente mayoritario respecto a la competencia ya desde temprana edad de la población.

“Al 3% de niños menores de seis meses, sus madres les dan Coca-Cola, en un momento que solo deben tomar leche materna,”, destaca Arana entre las conclusiones más destacadas de una investigación en la que participó en 2016.

Niño de Chiapas bebiendo un refresco

Cortesía Marcos Arana
Muchas madres en Chiapas aseguran comprarle refrescos a sus hijos pequeños “porque, sin él, no comen”.

Organizaciones locales como el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos (CCESC) que Arana dirige apuntan como causas de este consumo desmedido a las “agresivas” prácticas comerciales de las refresqueras y a la fácil accesibilidad de sus productos en la zona.

“Coca-Cola es el producto más disponible en Los Altos, uno tiene que caminar más distancia para comprar tortillas o cualquier otra cosa. La cantidad de puntos de venta es excesiva, sin ningún control, y con precios reducidos hasta el 30%”, dice Arana.

“La disponibilidad y publicidad de algo tan barato es tan grande y omnipresente en Chiapas ante poblaciones vulnerables que han creado una adicción que se ve como necesidad”, afirma.

Map

“Pobladores me decían que antes de que llegara el camino a Tenejapa, allí no había ni diabetes ni problemas cardiovasculares. Que eso empezó cuando llegó la carretera al pueblo y llegaron los refrescos, las papas fritas…”, le dice a BBC Mundo Jaime Page Pliego, antropólogo y autor del estudio citado por el Conacyt.

El experto asegura que la rutina ahora para los habitantes de esta zona pasa por desayunar café y llevarse “dos o tres litros de Coca-Cola” al campo para tomar en la hora de la comida.

Cartel de Coca-Cola en entrada a Tenejapa

Cortesía Marcos Arana
Expertos aseguran que la excesiva publicidad en los últimos años y presencia masiva de Coca-Cola en puntos de venta de Chiapas es una de las causas de su alto consumo.

Valor religioso y estatus social

Cuando Page, miembro del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR-UNAM), pregunta en las comunidades por qué beben tanto refresco, suele escuchar las mismas respuestas: “Porque me gusta, me llena, y lo extraño cuando no lo tomo. No puedo dejar de tomarlo”.

“Incluso los mismos diabéticos con los que trabajo reconocen que lo siguen tomando, aunque sea menos. No pueden concebir la vida sin refresco. Es verdaderamente una tragedia”, afirma.

Pero entre las causas de su consumo y valoración también existe un componente religioso, al formar parte de ceremonias tradicionales indígenas.

Así, Page refleja en su estudio cómo el pox (un aguardiente de caña) y otras bebidas alcohólicas fueron eliminadas de los rituales para dejar paso a los refrescos.

Ceremonia religiosa con la Coca-Cola como ofrenda

Cortesía Marcos Arana
La Coca-Cola es utilizada en ceremonias religiosas como ofrenda.

“El consumo de alcohol se inscribió en procesos de satanización y persecución. Sobre todo en los rituales para ayudar a sanar se sustituyó por el refresco, que tiene un olor dulzón semejante al del pox, y que pasó a ser la ofrenda principal en la nutrición de las deidades”, explica.

Este uso religioso (“las mismas iglesias ofrecen refresco en sus reuniones”, dice Page) le adjudicó un elevado prestigio a esta bebida también en eventos sociales y políticos.

“Quien ofrece Coca-Cola tiene un buen estatus ante la comunidad. Si ofrece otro refresco en las zonas donde predomina esta marca, ya se le está viendo mal”, apunta.

Refrescos en lugar de agua

Chiapas es el estado de México que concentra mayor tasa de personas viviendo en situación de pobreza: 76.4%, según un estudio de 2019 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Pese a ser una de las zonas del país con mayores recursos hídricos naturales, la falta de acceso a agua potable en regiones como Los Altos de Chiapas es también considerado uno de los motivos de que se beban tantos refrescos.

Por ello, y ante “la carencia de agua en el municipio”, el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas solicitó este año a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que revocara la concesión otorgada a la planta de Coca-Cola para extraer agua de dos pozos de la zona para sus operaciones.

Según organizaciones locales, la empresa extrae más de 1,3 millones de litros de agua al día.

Protesta ante planta de Coca-Cola en San Cirstóbal

Cortesía Marcos Arana
Vecinos protestaron ante la planta de Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas por considerar que su impacto es negativo sobre la salud de la población y su derecho de acceso al agua.

Coca-Cola FEMSA (embotelladora de la marca en el municipio) dijo a BBC Mundo en una comunicación escrita que el volumen anual de agua concesionada es de 419.774 m3 (lo que resultaría en 1,14 millones de litros al día), si bien gracias a su “alta eficiencia en el uso del recurso” extraen menos del total permitido.

Finalmente, la Conagua rechazó revocar los permisos alegando que los pozos extraen agua a 130 y 200 metros de profundidad, “por lo que no se afecta la fuente de abastecimiento urbano” para San Cristóbal que se realiza a base de aguas superficiales de manantiales.

“¿Y esos pozos profundos se alimentan desde el centro de la tierra, o qué? También se nutren del agua que va escurriendo por el cerro, por lo que no justifica que sean pozos profundos para decir que no es responsable de la carencia de agua en la ciudad”, cuestiona Page.

FEMSA, por su parte, remarca que la conclusión de Conagua “permite afirmar que la extracción de agua de la planta de San Cristóbal no interfiere ni pone en riesgo el suministro” en la localidad, a la vez que recuerda su implicación en proyectos comunitarios y la reforestación de 150,000 árboles en Chiapas.

¿Cuál es la solución?

BBC Mundo solicitó una entrevista con las autoridades de Salud de Chiapas para conocer qué iniciativas pusieron en marcha para reducir el consumo de refrescos y comida chatarra en la entidad, pero no obtuvo respuesta.

Tanto Page como Arana critican la ausencia de medidas a nivel estatal, pero sí reconocen el valor de algunas acciones del gobierno federal actual, en el que ven un cambio respecto a la postura de administraciones anteriores ante el poder económico de estas grandes empresas.

Aunque, dicen, sigue sin ser suficiente.

Hombre pasea por San Cristobal de las Casas

Getty Images
Es más fácil encontrar Coca-Cola en las tiendas de Chiapas que tortillas, critican organizaciones locales.

Arana apunta a la necesidad de educar a las comunidades y promover el consumo de alimentos tradicionales como el pozol (una bebida a base de maíz), garantizar el acceso al agua y, sobre todo, disminuir la disponibilidad de refrescos y “evitar prácticas comerciales monopólicas”.

“Si las autoridades hacen algo como cancelar la concesión para la fabricación de Coca-Cola en la zona o, por lo menos, reducir el volumen de producción, alentará un futuro más positivo” para no fomentar “esta adicción tan temprana al azúcar creada ya en los niños”, opina.

“Entendemos los desafíos de salud que enfrenta la población de México y queremos trabajar estrechamente con el gobierno para colaborar en soluciones reales e innovadoras a este complejo problema”, le dice a BBC Mundo Santiago López Jaramillo, director del Grupo para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas.

“Estamos marcando la diferencia con nuestras acciones voluntarias para reducir el consumo de azúcar de las bebidas, a través de nuestro esfuerzo por innovar, reformular y ofrecer porciones más pequeñas”, agrega, a la vez que asegura que la industria en México redujo un 11% el contenido calórico de sus productos desde 2014 y tiene intención de rebajarlo en un 20% más para 2024.

Pero Page se muestra pesimista sobre el futuro. “No tengo ninguna esperanza. Platico con la gente en las comunidades y no apunta a ninguna solución”, reconoce.

“De no ser que aumente el precio de los refrescos desorbitadamente, o que haya menor disponibilidad en las tiendas… Tiene que haber un proceso de desarticulación de estas industrias, por mucho que se quejen. Creo que la única forma es cancelar esos productos”, concluye.


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https://www.youtube.com/watch?v=jizwCrw_WEU

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