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Ilustración: Jesús Santamaría Reséndiz

Aumentan los delitos sexuales en México; en un año el registro subió de 27 mil a 30 mil casos

Cada 24 horas se denunciados 80 casos de delitos como abuso sexual, pederastia y hostigamiento en promedio en México; Baja California, Chihuahua, BCS y Morelos son los estados con la mayor incidencia y predomina la impunidad.
Ilustración: Jesús Santamaría Reséndiz
Por Arturo Angel
3 de abril, 2017
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La violencia sexual en México es un delito que va en ascenso. En 2016 se denunciaron casi 30 mil casos nuevos de posibles delitos sexuales en todo el país, cifra superior en tres mil casos a la registrada apenas un año antes, en 2015, cuando se reportaron 27 mil denuncias.

Y en el primer bimestre de 2017 estos delitos continúan en incremento, con un alza ya del ocho por ciento.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evidencian que en 2016 se registraron en números exactos 29 mil 725 averiguaciones y carpetas de investigación por delitos sexuales. De estos casos, doce mil 889 corresponden específicamente a denuncias por violaciones, mientras que 16 mil 836 son otros delitos como abuso sexual, pederastia, hostigamiento, etcétera.

Esto significa que en promedio en el 2016 cada 24 horas se denunciaron al menos 81 nuevos casos de violencia sexual en el país, o lo que es lo mismo, entre 3 y 4 violaciones o abusos sexuales por hora.

El número de casos denunciados de violencia sexual en 2016 representa un incremento del nueve por ciento respecto a 2015, cuando se reportaron 27 mil 186 casos en las procuradurías y fiscalías de los estados.

Si separamos los delitos, en el caso específico de las violaciones estas tienen un repunte del cinco por ciento en el último año, mientras que el grupo de los otros delitos sexuales concentra un alza concentras un alza del 13 por ciento.

Este repunte en los casos de violencia sexual se mantiene en el arranque del 2017. Los datos oficiales indican que en el primer bimestre de este año se registraron cuatro mil 395 casos de violencia sexual que equivalen a un incremento del 8.2 por ciento respecto a los cuatro mil 62 casos del primer bimestre de 2016.

Los anteriores datos corresponden únicamente a los casos que se denuncian en las agencias del Ministerio Público. De acuerdo con estimaciones del INEGI, cerca del 95 por ciento de los delitos sexuales ni siquiera se denuncian, sino que se quedan en la llamada “cifra negra”.

Focos rojos: 16 estados arriba del promedio

La violencia sexual en México dejó en 2016 una tasa de 24.31 casos denunciados por cada cien mil habitantes. Las mismas cifras evidencian que 16 de estos estados se encuentran arriba de este promedio.

El caso más grave es el de Baja California, donde la tasa de delitos sexuales alcanza más de 60 casos por cada cien mil habitantes, es decir, casi tres veces el promedio nacional. Hay otras dos entidades que le siguen con niveles similares: Chihuahua con una tasa de 57 denuncias por cada cien mil habitantes, y Baja California Sur con un promedio de 55 a 56 casos.

La cuarta entidad con la mayor incidencia de casos de violencia sexual es Morelos con una tasa de 43 casos por cada cien mil habitantes – cerca del doble del promedio nacional – y en quinto sitio se encuentra Durango con casi 38 casos en promedio,

El estado que en 2016 cumuló el mayor número de averiguaciones por delitos sexuales fue el estado de México con tres mil 715 casos, que representan el 13 por ciento de todos los casos registrados a nivel nacional. Pero dado que esta entidad tiene una población superior a los 17 millones de habitantes, su tasa de es de casi 22 casos, por debajo del promedio nacional.

Por el contrario la Ciudad de México es de las entidades donde la violencia sexual si está por encima de la media nacional. La capital del país registró en 2016 un total de dos mil 265 denuncias que representan una tasa de casi 30 casos por cada cien mil habitantes. La ciudad ocupa el puesto 11 a nivel nacional con la mayor incidencia  en estos delitos.

Por otro están los estados con la menor incidencia de delitos sexuales en cuanto a casos denunciados se refiere. Según los datos oficiales Veracruz es la entidad con la tasa más baja con 6.5 casos denunciados por cada cien mil habitantes. Después se encuentra Sinaloa con un promedio de casi siete casos y Jalisco con once,

La lista de los cinco estados con la menor incidencia de delitos de violencia sexual denunciados la completan Nayarit con una tasa de 12 casos por cien mil habitantes y Guerrero con casi 14 casos.

Gráfico: Omar Bobadilla (@obobadilla)

Ataques sin castigo

Las agresiones sexuales son delitos que en la mayoría de los casos quedan impunes e nuestro país incluso cuando se denuncian.

Un diagnóstico sobre la violencia sexual elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuyos resultados fueron publicados por Animal Político en 2016, muestra que en promedio de cada cien casos de agresiones sexuales que se cometen en el país, solo seis llegan a ser denunciadas y de esas apenas la tercera parte son consignadas ante un juez.

El análisis realizado por la Comisión a partir de los datos proporcionados por quince estados que proporcionaron datos, es que entre 2010 y 2015 se iniciaron 83 mil 463 averiguaciones previas por delitos sexuales, de las cuales 29 mil 349 fueron consignadas. Esto significa que apenas el 35 por ciento de los casos llegó a manos de un juez.

Otro problema evidenciado por el estudio de la CEAV es el desorden que predomina en el país en cuanto a cómo se califican y castigan los casos de violencia sexual dado que no hay criterios homologados en los códigos penales vigentes.

Como ejemplo, en el caso del hostigamiento sexual los códigos penales de Zacatecas y Tamaulipas establecen como condición que haya un daño y perjuicio comprobable lo que según el análisis debería ser irrelevante, pues aunque el hostigamiento no deriva en consecuencias no significa que no exista.

O por ejemplo hay estados donde la violación impropia (utilizar un objeto para penetrar a la víctima) en estados como Aguascalientes, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa se considera un delito más grave que la violación propia (copular con la víctima contra su voluntad), mientras que en otros estados como Durango, Hidalgo, Tabasco y Zacatecas, se le considera menos grave.

El estudio de la Comisión de Víctimas también reveló que existe un desorden generalizado en el registro de los casos de violencia sexual. Cada dependencia, ya sea de justicia, de salud, de atención social o de derechos humanos, registra arbitrariamente la información sobre las víctimas, las características del evento ocurrido y los servicios brindados.

Prejuicios dificultan justicia

Esta semana dos jueces federales, en distintos casos, ordenaron liberar sin que se desarrollara un juicio a personas que habían sido procesadas por agresiones sexuales en Veracruz. Uno de estos jueces, el del caso de Daphne, fue suspendido ya por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que el próximo miércoles se prevé el análisis del segundo caso.

La abogada experta en temas de género y derechos humanos, Karla Michelle Salas, dijo que si los casos de estos dos jueces son “atípicos” dado que se metieron a analizar el fondo de los casos y absolvieron a los detenidos, lo cierto es que sí hay muchos jueces que frenan procesos o los dificultan debido a las condiciones que se ponen a las víctimas.

“Lo que existe en muchos de estos razonamientos es una actuación misógina, discriminatoria e ignorante del marco constitucional en materia de derechos humanos de las mujeres, particularmente de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…) existe un estereotipo de que por ejemplo, si las mujeres abusadas no se defienden es que lo consienten y eso es un error”, dijo en entrevista.

Michelle Salas enfatizó que uno de los problemas fundamentales en los delitos sexuales es que las víctimas se convierten casi siempre en “las sospechosas”, lo que contribuye a que los casos ni siquiera sean denunciados.

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Juan Sánchez, el empresario de origen mexicano que ganó millones con la detención de niños migrantes en EU

Juan Sánchez, exdirector ejecutivo de Southwest Key, la mayor red de refugios para niños migrantes en EU, renunció a su cargo tras ser acusado de recibir millonarios pagos. Sánchez dice que ha sido criticado injustamente.
6 de septiembre, 2019
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Juan Sánchez dirigió durante más de 30 años una organización sin fines de lucro que él mismo fundó: Southwest Key, que en la actualidad controla la mayor red de centros para niños migrantes detenidos en Estados Unidos.

Más de 4.500 menores no acompañados permanecen en 26 refugios que tiene la organización en Arizona, California y Texas, incluyendo un supermercado Walmart que fue remodelado para ese fin bajo el nombre de Casa Padre.

Sánchez, un estadounidense de origen mexicano que creció en el seno de una familia pobre en Browsville, Texas, trabajó cuando era niño en el campo durante los veranos y vivió bajo duras condiciones.

En los años 70 se convirtió en un defensor de la justicia social y los derechos de la población latina.

Apodado como “El Presidente”, Sánchez dio un gigantesco salto desde el barrio en el que creció hasta la Universidad de Harvard, en la que se licenció como doctor en Educación.

“Crecí en un pueblo a lo largo de la frontera sur de Texas. Al principio me di cuenta de que los niños de color estaban sobrerepresentados en las cárceles y subrepresentados en colegios y universidades. Entonces supe que la educación era clave para crear un cambio”, escribió Sánchez.

Se hizo conocido como un joven rebelde que abogaba contra la discriminación y a favor de los derechos de la población latina en EE.UU.

Madre con su hijo, reunificados tras su detención.

Getty Images
Southwest Key fue fundada como una organización sin fines de lucro en 1987. Con el tiempo, se dedicó a albergar a niños migrantes detenidos.

Cuando regresó a Brownsville se puso a trabajar en un reformatorio juvenil creado por un sacerdote que funcionaba como una alternativa al encarcelamiento.

A partir de esa experiencia, Sánchez fundó la organización sin fines de lucro Southwest Key en 1987.

En la medida que la organización creció, el enfoque de su trabajo cambió hacia la creación de una red de centros para menores migrantes no acompañados.

En las últimas tres décadas, “hemos ayudado a decenas de miles de niños a permanecer fuera de las cárceles y las instalaciones de detención”, ha dicho Sánchez en actos públicos.

El flujo de niños indocumentados ha crecido tan vertiginosamente en los últimos años que la pequeña organización de beneficencia que fundó Sánchez terminó convirtiéndose en un imperio.

Niños separados de sus familias

Southwest Key se financia con fondos provenientes del gobierno y quedó expuesta al escrutinio público el año pasado cuando el más grande de sus centros, Casa Padre, fue duramente criticado por recibir a niños separados de sus familias en el marco de la política migratoria del presidente Donald Trump.

“Yo duermo tranquilo”, dijo Sánchez en una entrevista con la radio pública estadounidense NPR. “Si no hubiéramos recibido a esos niños, habríamos tenido que renunciar a esto”.

Casa Padre es uno de los mayores albergues para menores en Estados Unidos.

Getty Images
Casa Padre es el mayor refugio de niños detenidos de Southwest Key. Solía ser un supermercado de Walmart.

Cultivando su imagen de defensor de los derechos humanos, el empresario se sentía muy orgulloso de hablar sobre los principios que inspiraban su misión.

“El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor”, le dijo Sánchez a la revista The Atlantic el año pasado, citando una frase del Che Guevara, cuya foto colgaba en la pared de su oficina, junto a la de Martin Luther King.

“Eso es muy significativo en el trabajo que hago”.

Sánchez aún estaba lidiando con las críticas por su rol en la política migratoria de Trump, cuando estalló un inesperado escándalo.

El periódico The New York Times denunció en uno de sus artículos que se había hecho rico gracias a la crisis migratoria de los últimos años y a su participación en presuntas irregularidades financieras.

Ganó millones albergando niños migrantes“, señaló el periódico, agregando que el Departamento de Justicia de EE.UU. abrió una investigación sobre el caso.

Dos meses después de la denuncia, Sánchez renunció sorpresivamente a su cargo, luego de 32 años al mando de la organización.

“La incomprensión generalizada de nuestro negocio y las críticas injustas a nuestra gente se han convertido en una distracción que nuestros empleados no se merecen. Es hora de un nuevo comienzo”, señaló en una declaración pública.

BBC Mundo solicitó una entrevista con Juan Sánchez a través de su abogada, Jennifer S. Freel, quien informó que su cliente “declina hacer comentarios”.

Presunta especulación comercial

Juan Sánchez

Facebook/Southwest Key
Sánchez registró ingresos por US$3,6 millones en 2017.

Como director ejecutivo de Southwest Key, Sánchez registró ingresos por US$3,6 millones en 2017, según la última declaración de impuestos hecha por una empresa subsidiaria de la organización.

Supuso un gigantesco aumento, considerando que en 2015 ganó US$786.222 y un año después, US$1,48 millones.

Entrevistado por BBC Mundo, el abogado Marcus Owens, exfuncionario del Servicio Interno de Impuestos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés), dice que la información operacional y financiera de Southwest Key contenida en la declaración impositiva refleja “el pago de altas compensaciones a personal clave de la organización, incluyendo a Sánchez y su esposa“.

Pero si se sumaran los beneficios recibidos en años anteriores, es probable que la suma alcance una gran magnitud.

Es difícil calcular el monto total recibido por Sánchez basándose en el Formulario 990″, (que es el método de rendición de cuentas utilizado por las organizaciones benéficas o sin fines de lucro), explica Owens.

“Sin embargo, es probable que esté en un rango de múltiples millones de dólares“, agrega.

Especulación parece ser una apropiada descripción del flujo de fondos hacia Sánchez y otros directivos”.

Fueron seis los líderes de la organización que ganaron más de US$1 millón en 2017, incluida la esposa del empresario, Jennifer Nelson, y la jefa de finanzas, Melody Chung.

¿Qué dice Southwest Key?

Al conocerse públicamente la información, representantes de Southwest Key argumentaron que ese dinero fue parte de un programa para financiar seguros de vida y fondos de jubilación, afirmando que no tiene relación con un aumento salarial.

Joella Brooks, ex jefa de operaciones de la organización y actual directora ejecutiva interina de la organización -que también registró ingresos superiores al millón de dólares en el último año fiscal- hizo una declaración en julio en la que anunció que Southwest Key estaba poniendo fin a ese programa, y que ella y otros líderes “acordaron devolver una parte considerable de los beneficios del seguro de vida”.

Southwest Key envió una declaración a BBC Mundo en la que se refiere a los cambios implementados por la organización tras la salida de Sánchez.

Padre con su hijo

Getty Images
El negocio de Southwest Key creció en la medida que aumentó el flujo de niños indocumentados en EE. UU.

Hemos recuperado cientos de miles de dólares de exejecutivos que nos han dejado y estamos haciendo todo lo posible para rectificar las preocupaciones sobre las compensaciones pasadas y avanzar con más transparencia”, señala la organización a través de un correo electrónico.

“Tenemos un nuevo equipo ejecutivo”, agrega la declaración, “para garantizar que nuestros modelos de compensación sean razonables y competitivos”.

En el mismo email la organización señala que está haciendo “todo lo posible para abordar los problemas relacionados con decisiones anteriores” y apunta que la nueva directiva resolvió “mejorar la supervisión y gestión”.

“Funcionaba como un banco”

Según la investigación del The New York Times, la organización “les prestó millones de dólares a empresas inmobiliarias, actuando más como un banco que como una organización benéfica tradicional”.

Consultada por BBC Mundo, la organización estadounidense CharityWatch cuestionó las presuntas prácticas de la organización.

“No creemos que las organizaciones benéficas como Southwest Key Programs deban otorgar préstamos a empresas con fines de lucro“, dice Daniel Borochoff, presidente de CharityWatch.

“Las organizaciones de beneficencia, a diferencia de los bancos, no están en una posición de tener una cartera de préstamos grande y diversificada que pueda servir como protección contra préstamos incobrables o una recesión económica”.

Familia de migrantes detenida.

Getty Images
Southwest Key fue denunciada por presuntas irregularidades financieras cuando Sánchez era el director ejecutivo.

Otra de las denuncias hechas por el periódico, es que Southwest Key ha alquilado varios edificios donde funcionan los refugios en lugar de comprarlos, lo que sería una práctica inusual “que ha demostrado ser lucrativa para los dueños de los refugios, incluyendo a Sánchez”.

Es lo que se conoce como self-dealing o autocontratos, un esquema bajo el cual los ejecutivos de la organización habrían cobrado un alquiler pagado con fondos públicos, utilizando complejas fórmulas contractuales.

El periódico concluye que la organización “ha acumulado decenas de millones de dólares de los contribuyentes con poca supervisión del gobierno y posiblemente ha incurrido en auto-ontratos con sus máximos directivos”.

Consultado por BBC Mundo, el Departamento de Justicia de EE.UU. no se refirió al caso.

Hasta ahora se desconoce a qué se dedica Juan Sánchez. Tras su renuncia, el joven revolucionario convertido en uno de los mayores empresarios de refugios infantiles para migrantes ha desaparecido de la vida pública.

Su última declaración fue hecha el día en que abandonó el cargo, cuando dijo que su negocio era objeto de críticas injustas.

Habrá que ver si la justicia investiga las denuncias hechas contra Sánchez y si “El Presidente” ha conducido sus negocios con el mismo espíritu que lo llevó a crear la organización de beneficencia hace más de tres décadas.

Por lo pronto, el final de la historia aún no se ha escrito.


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