Javier Duarte enfrenta nueva orden de aprehensión por el desvío de 2,300 mdp del Seguro Popular
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Carlos Sebastián / nómada.gt

Javier Duarte enfrenta nueva orden de aprehensión por el desvío de 2,300 mdp del Seguro Popular

Se trata de la misma investigación que se le sigue al exsecretario de Finanzas de Javier Duarte en Veracruz, Mauricio Audirac, y por la cual también se investiga al diputado federal del PRI, Antonio Tarek, quien enfrenta un proceso de desafuero.
Carlos Sebastián / nómada.gt
Por Arturo Angel y Víctor Arteaga
21 de abril, 2017
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Un juez local de Veracruz giró una nueva orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, ahora por su presunta participación en una operación fraudulenta a través de la cual desapareció 2,300 millones de pesos destinados a programas sociales del Seguro Popular.

Se trata de una de las dos órdenes de aprehensión que la Fiscalía de Justicia de Veracruz (FJV) obtuvo de jueces locales; ambas se suman a las que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo en contra de Duarte por desvío de recursos y delitos electorales.

De acuerdo con autoridades que tienen conocimiento del caso, el uso ilegal de recursos del Seguro Popular por el cual se consignó a Duarte forma parte del mismo expediente por el que ya está encarcelado y bajo proceso el exsecretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac, y por el cual también se procedió en contra del diputado federal Antonio Tarek,  quien enfrenta un proceso de desafuero.

Los investigadores de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FJV documentaron que en 2014 altos funcionarios del gobierno de Duarte ordenaron –desde la Secretaría de Finanzas– un desvío sistemático de recursos que se encontraban en cuentas del Seguro Popular para transferirlo en una cuenta bancaria concentradora.

“Los recursos se traspasaron a una cuenta del banco Banorte a nombre del gobierno del estado de Veracruz cuando originalmente se debieron ejercer en programas sociales como los de la estrategia Seguro Popular”, indica la indagatoria de la Fiscalía.

De estas transferencias existen evidencias. La Fiscalía tiene diversos oficios girados entre noviembre y diciembre de 2014 en los cuales el entonces secretario de Finanzas, Mauricio Audirac, ordenó al Director General de Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Veracruz, Leonel Bustos, los traspasos.

Todos esos movimientos fueron del conocimiento de Javier Duarte, como los documentos lo señalan. Animal Político tiene copia de varios de ellos. La Fiscalía concluye que el exgobernador es quien habría ordenado toda esta operación a sus subordinados, pues resulta poco probable que actuaran por su cuenta.

Desde 2011 fue el propio Javier Duarte quien, a través del Decreto 289, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 19 de diciembre de ese año,  autorizó a la Secretaria de Finanzas a tomar recursos de partidas estatales y federales etiquetadas y dirigirlo a rubros distintos.

En este contexto, la Fiscalía acusó ante un juez de ser probable responsable de los delitos de coalición, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, tráfico de influencias y peculado.

Inversiones “fantasma”

El proceso para desviar los recursos era el siguiente: a través de los referidos oficios Audirac Murillo ordenaba a Bustos Solís que se transfiriera a la cuenta bancaria 0729001058 de Banorte, abierta a nombre del  “Gobierno del Estado de Veracruz”, una determinada cantidad de millones de pesos.

Los recursos, como el mismo oficio lo señala, debían extraerse de partidas de programas estatales y federales para ser “invertidos en instrumentos financieros que proporcionen los mayores beneficios en el mercado y por ende para el Estado”. El documento concluía que el dinero sería regresado con los referidos beneficios “a la brevedad”.

Pero el dinero no fue regresado… ni a la brevedad ni nunca. Se desconoce qué supuestas inversiones bancarias o de cualquier tipo se realizaron con los más de 2 mil 300 millones de pesos extraídos con el referido modus operandi.

Cabe señalar que los oficios por los que se autorizaron estos traspasados fueron dirigidos también a Jorge Sahid Manzur, director Administrativo del Régimen Estatal de Protección Social. La Fiscalía presume que él pudo autorizar la salida del dinero incluso sin el consentimiento de Bustos o falsificando sus firmas.

Los investigadores han establecido que a la referida cuenta de Banorte, bajo control de la Secretaría de Finanzas, era manejada de forma exclusiva por Antonio Tarek Abdalá, quien en ese momento fungía como tesorero del estado.

Para cambiar el dinero de las cuentas se utilizaba el sistema de transferencias interbancarias denominado SPEI. Animal Político ya publicó que fue justo con este tipo de pagos SPEI como se hicieron transferencias a empresas fantasma.

Por este caso hay varios implicados, algunos ya detenidos y otros con órdenes de aprehensión vigentes que no se han dado a conocer para no entorpecer las investigaciones.

Uno de los principales implicados es el exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac, detenido en Puebla en marzo pasado y a quien se le decretó un año de prisión preventiva mientras se desarrolla su proceso penal por este caso.

En el caso de Tarek Abdalá, éste se encuentra actualmente en proceso de desafuero debido a que es diputado federal. La Fiscalía de Veracruz le imputa responsabilidades en este y otros desvíos de recursos.

Nueva acusación en la extradición

El pasado 18 de abril, la Fiscalía de Veracruz entregó a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores la solicitud formal para adherirse al proceso de extradición que se sigue en Guatemala al exgobernador Javier Duarte. Lo anterior para que el exmandatario enfrente en México los posibles juicios derivados de las dos órdenes de aprehensión giradas por jueces en Veracruz.

El fiscal Jorge Winckler hizo llegar a las referidas instancias federales los documentos relacionados con estas dos órdenes de captura asentadas en las causas penales 56/2017 y 38/2017, ambas emanadas de jueces de control adscritos al Distrito Judicial en Xalapa.

Originalmente, la detención de Duarte en Guatemala se hizo en cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición relacionada con una orden de aprehensión que la PGR obtuvo, en octubre pasado, en contra de Duarte por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

La PGR cuenta ahora con 60 días para solicitar formalmente y por escrito la extradición de Duarte. En ese sentido analiza incluir en la misma los casos consignados por la Fiscalía de Veracruz y no solo las investigaciones federales.

En una entrevista radiofónica, el subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de PGR dijo que aún no es seguro que esto ocurra pues tienen que verificarse las disposiciones establecidas en el Tratado de Guatemala y el margen que existe para que no se vaya a incurrir en una irregularidad que ponga en riesgo el procedimiento de extradición.

Defensa analiza “combatir” extradición

La defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, analiza como uno de los posibles escenarios a tomar, en las próximas semanas, el “combatir” (impugnar) la solicitud formal de extradición que en su momento México entregue vía diplomática al gobierno de Guatemala.

Esta semana, en una primera audiencia, Duarte dijo que se reservaba su derecho de allanarse o no a la extradición.

Su abogado Alejandro Jaimes dijo en entrevista con Animal Político que si bien el allanamiento sigue siendo una opción, también lo es el “combatir” la solicitud por lo que será fundamental conocer el contenido que presente el gobierno mexicano.

Lo que la defensa verificará, detalló Jaimes, es si la solicitud formal cumplirá con las formalidades establecidas en los tratados entre México y Guatemala; si los delitos por los que Duarte es reclamado están homologados en ambos países; entre otros puntos.

Además, en una entrevista radiofónica en el programa Ciro Gómez Leyva Por la Mañana, el defensor dijo que también analizan las condiciones en que se desarrolló la audiencia inicial, donde se dio a conocer a su cliente el proceso de extradición, pues consideró que se incumplieron con medidas mínimas de seguridad.

El litigante confirmó que a través de un abogado asociado a su despacho, Francisco Campuzano, darán seguimiento al proceso en Guatemala.

A continuación puedes consultar los oficios de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, mismos que fueron del conocimiento de Javier Duarte, como se observa en la parte baja de los documentos: 

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"En 20 minutos los bebés pueden fallecer": la dramática crisis de oxígeno en Bolivia

El oxígeno es cada vez más difícil de conseguir en varias ciudades de Bolivia. La escasez del elemento también amenaza a bebés que necesitan ventilación artificial.
8 de agosto, 2020
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Es una carrera contra el tiempo.

Los hospitales de varias de las principales ciudades de Bolivia cada vez tienen menos reservas de oxígeno clínico y los familiares de pacientes que dependen de este elemento multiplican esfuerzos en una dramática búsqueda de un tubo o balón para tratar de salvar la vida de su abuelo, padre, hermano o incluso hijo.

Un problema que también alcanzó a decenas de recién nacidos que, por diferentes motivos, dependen de ventilación artificial para sobrevivir.

“Yo no puedo esperar a que sea el último minuto para decir qué voy a hacer. Estos bebés necesitan oxígeno continuo, y si usted le quita el oxígeno dos o tres minutos su cerebro va a sufrir. En 20 minutos los bebés pueden a fallecer”, señaló este viernes Hugo Tejerina, directivo del principal hospital materno de La Paz.

Y en una comunicación con BBC Mundo, ese centro de salud confirmó este sábado que podrán mantener la asistencia a los recién nacidos hasta el lunes si es que no reciben una nueva dotación de oxígeno.

Pero el problema va mucho más allá de los menores que pueden resultar afectados.

El gobierno transitorio boliviano denunció el viernes ante la Organización de Estados Americanos que ya son 31 personas las que fallecieron por la falta de reservas para oxigenación.

Dos factores son señalados por directivos de salud como las causas de la crisis. El aumento acelerado de contagios por coronavirus y los bloqueos de algunas de las principales carreteras del país protagonizados por seguidores de Evo Morales enfrentados con la presidenta Jeanine Áñez.

“Estado de desastre”

El viernes en la noche falleció por falta de oxígeno el tío de Claudia, una boliviana que no pudo acompañarlo en su padecimiento porque reside en Italia.

A principios de agosto presentó síntomas de coronavirus y de inmediato sus familiares advirtieron del riesgo que podía correr ante la escasez de oxígeno.

Claudia comparte con BBC Mundo que su tío fue profesor durante 35 años y no disimula su molestia por un fallecimiento que tal vez se habría podido evitar si el hospital donde internaron a su familiar contaba con una dotación para mantener la respiración artificial activa.

Presidenta de Bolivia

Reuters
El gobierno actual acusa a los seguidores de Evo Morales de agudizar la escasez de oxígeno y medicamentos por los bloqueos en carreteras.

Bolivia registró hasta el 7 de agosto 87.891 casos confirmados de coronavirus y La Paz, sede de gobierno, se convirtió en el epicentro de los contagios.

La cantidad de muertos por covid-19 hasta la misma fecha es de 3.524.

De acuerdo a datos recogidos por el diario boliviano Página Siete, al menos 23 personas de esta ciudad fallecieron el viernes por falta de oxígeno.

Este elemento llegó a triplicar su precio y ya era escaso desde hace al menos tres semanas en el país sudamericano.

Pero la situación se volvió crítica desde que comenzaron los cierres de caminos que impidieron que los camiones que transportan tubos y los carros cisterna lleguen a los hospitales de diferentes ciudades.

Al punto de que el sistema de salud pública declaró un inminente “estado de desastre” si no se reponen las dotaciones a los hospitales.

“Repercutirá en el fallecimiento de personas y afectación de núcleos familiares, así como personal en salud”, señala la nota dirigida al gobierno.

El comunicado, difundido por medios locales, señala que si persiste el retraso en la distribución de oxígeno “ya no se contará en horas, sino en vidas”.

Marcha campesina

EPA
Sindicatos en Bolivia están sublevados contra el gobierno de Jeanine Áñez.

El drama de los bebés

Tres o cuatro minutos pueden ser suficientes para que un bebé con nacimiento prematuro pueda sufrir alguna consecuencia a nivel cerebral si no recibe la oxigenación necesaria.

Así lo explicó a BBC Mundo Yuri Pérez, director del Hospital de la Mujer de La Paz.

“Tenemos niños que nacen prematuramente y son dependientes de oxígeno. Ante lo que pasa en el país las cisternas no han logrado pasar y advertimos que el riesgo es grande por la muerte que puedan tener estos pequeños”, indica.

El médico indica que el centro de salud logró la ayuda de padres e instituciones que enviaron tubos para mantener las incubadoras funcionando un par de días más, pero reconoce que todo depende de que se reponga la distribución regular.

“Sería una tragedia muy grande. Trabajamos de día y de noche para mantener todo funcionando, pero sin el oxígeno los niños no recibirán la ventilación necesaria para vivir”, lamenta.

El entrevistado señala que el personal médico junto a los padres se encuentran en una búsqueda desesperada de cualquier insumo adicional de ese elemento.

“Nosotros estamos en un momento de impotencia, imagínese cómo están los padres (de los bebés)”, relata.

Bloqueo de caminos

EPA
Pese al peligro de los contagios, seguidores de Evo Morales retomaron las calles en esta semana.

Después del llamado de emergencia que realizó el Hospital de la Mujer el viernes en la noche, el gobierno aseguró que hará llegar tubos para evitar la muerte de los niños.

La crisis política

La emergencia sanitaria llegó a Bolivia en una coyuntura política de polarización e incertidumbre.

Con la sorpresiva renuncia de Evo Morales a la presidencia en noviembre de 2019, tras semanas de protestas y denuncias de fraude electoral, el gobierno transitorio se comprometió a llamar a elecciones lo más pronto que se pueda.

Los comicios fueron programados primero para el 3 de mayo, se intentó convocarlos para principios de agosto, luego para el 6 de septiembre y ahora están fijados para el 18 de octubre, por decisión del Tribunal Supremo Electoral boliviano

El mayor motivo de las repetidas suspensiones fue la pandemia y el temor a que se multipliquen los contagios, sin embargo esto provocó molestia entre sindicatos obreros, campesinos e indígenas que reclaman una elección pronta y decidieron volver a las calles.

Acusan al gobierno de Áñez de pretender quedarse en el poder todo lo posible.

“Antes tampoco había oxígeno. Ahora nos acusan de que no llega por los bloqueos, pero la verdad es que el gobierno golpista no nos hacía llegar ni una aspirina”, afirma Juana Quispe, diputada del partido que todavía lidera Evo Morales.

La congresista señala que la escasez del elemento y de medicinas que sufre Bolivia no está relacionada con las protestas que se producen en al menos sesenta puntos del país.

“Es por el gobierno que no tiene capacidad”, insiste la autoridad en conversación con BBC Mundo.

Las movilizaciones en Bolivia retornaron a finales de julio y los manifestantes aseguran que seguirán en las calles pese al riesgo de contagiarse de covid-19.

En Bolivia se hace cada día más difícil separar una discusión sobre sus problemas de salud de las posiciones partidarias enfrentadas.

Es un país que rompe sus récords de contagios confirmados casi a diario, pero que parece concentrarse cada vez más en la batalla política.


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