No hay solicitud para desaforar a 4 diputados ligados a Duarte; caso Tarek se vota en 6 días
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Francisco Sandoval / Archivo

No hay solicitud para desaforar a 4 diputados ligados a Duarte; caso Tarek se vota en 6 días

La sección instructora de la Cámara de Diputados votará para definir si avanza la solicitud para desaforar a Antonio Tarek, exfuncionario de Javier Duarte.
Francisco Sandoval / Archivo
Por Redacción Animal Político
21 de abril, 2017
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Ricardo Ramírez, presidente de la sección instructora de la Cámara Diputados, indicó este viernes en Radio Fórmula que no hay ninguna solicitud para desaforar a cuatro legisladores vinculados con Javier Duarte, y que en el caso del diputado priista Antonio Tarek Abdalá, la solicitud de desafuero será votada el próximo 27 de abril.

En entrevista, Ramírez detalló que el próximo 27 de abril los cuatro integrantes de la sección instructora votarán para definir si procede el desafuero de Tarek Abdalá, solicitado por la Fiscalía de Veracruz, ya que contra el extesorero que trabajó en la administración de Duarte –ahora detenido en Guatemala– pesa la acusación de que participó en el desvío de millones de pesos.

La sección instructora, órgano legislativo encargado de tramitar las solicitudes de desafuero, está integrada por Ramírez, del PRI, y por otra priista, Sandra Méndez. También por Juan Pablo Piña, del PAN, y Omar Ortega, del PRD.

Ramírez explicó a Radio Fórmula que el próximo 27 de abril podría darse en un inicio un empate en la votación. Entonces habría una segunda votación, si otra vez hay un empate, habría una tercera… y si hay empate en ese momento, entonces “ahí queda”, la solicitud de desafuero no pasaría al pleno y no habría votación. 

Por otro lado, si los integrantes de la sección instructora votan en su mayoría a favor del desafuero, se notificaría de inmediato a la Mesa Directiva, para que convoque al pleno a votar si Tarek Abdalá pierde la protección del fuero, como solicitó la Fiscalía de Veracruz, para poder investigarlo y actuar en su contra con la acusación de que es presunto responsable por el delito de peculado.

La sección instructora ha analizado desde enero la solicitud para desaforar a Tarek Abdalá. El diputado Ramírez dijo que, si avanza en la sección instructora la petición de desafuero, sí habría tiempo para que se vote en el pleno antes de que concluya el periodo ordinario, el 30 de abril.

El ahora diputado federal Antonio Tarek fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, dependencia que autorizó las partidas presupuestales para pagar los contratos a la red de empresas fantasma de Javier Duarte por un monto que, según la auditoría local, asciende a casi 100 millones de pesos.

Tarek es diputado federal por el distrito 17 de Cosamaloapan, Veracruz desde agosto de 2015 y ha trabajado en las comisiones de Economía, Juventud y Presupuesto y Cuenta Pública.

La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará a Duarte, detenido en Guatemala.

La solicitud de desafuero de la Fiscalía de Veracruz es para investigarlo y que responda sobre su presunta  relación con el desvío de recursos del Seguro Popular y la presunta compra de medicamentos clonados.

Leer: Gracias a su fuero, diputados implicados en empresas fantasma trabajan tranquilos en San Lázaro

Sin petición para desaforar a otros 4 legisladores

El legislador Ricardo Ramírez informó que no hay ninguna petición o solicitud de alguna instancia para desaforar a otros cuatro legisladores vinculados con la red de Javier Duarte y actividades ilegales, tres del PRI y uno del Partido Verde:

Ellos son:

Adolfo Mota Hernández (PRI): 

Era secretario de Educación del estado de Veracruz en el periodo en que esa dependencia concedió por lo menos siete contratos por casi 325 millones de pesos a compañías hoy inhabilitadas por el SAT; todos esos contratos se concedieron vía adjudicación directa sin competencia.

Noemí Guzmán Lagunes (PRI):

Encabezó la Secretaría de Protección Civil en el periodo en que esta dependencia concedió nueve contratos por casi 30 millones de pesos a la red de empresas fantasma; también se entregaron de manera directa.

Alberto Silva (PRI): 

Silva era el secretario de Desarrollo Social de Veracruz cuando esta dependencia concedió al menos 45 contratos por 243 millones de pesos, mediante licitaciones cerradas en la que se fraccionaron montos de contratos para que les permitiera no convocar a licitaciones públicas. Empresas de la misma red “compitieron” entre ellas.

Édgar Spinoso Carrera (PVEM): 

Bajo su gestión como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz se firmaron contratos con empresas fantasma, y su firma aparece en los documentos.

En su gestión como Oficial Mayor, la Auditoría Superior de la Federación detectó el posible desvío de más de seis mil millones de pesos de recursos federales destinados para apoyar la educación. Además fue denunciado por el ahora gobernador, Miguel Ángel Yúnes, de pertenecer a una red de prestanombres de Javier Duarte.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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