Vinculan a jefe policial de Javier Duarte con cuerpos hallados en fosas de Colinas de Santa Fe
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Vinculan a jefe policial de Javier Duarte con cuerpos hallados en fosas de Colinas de Santa Fe

Las indagatorias estatales y federales vinculan a Arturo Bermúdez con casos de desapariciones donde las víctimas estarían entre las personas sepultadas en Colinas de Santa Fe. Se prepara nueva consignación en su contra.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
4 de abril, 2017
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El ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita –quien actualmente está preso por enriquecimiento ilícito, es presunto responsable en la desaparición de varias personas cuyos restos se encontrarían entre los hallados en las fosas de Colinas de Santa Fe, donde hasta ahora se han desenterrado 250 cráneos.

Autoridades federales y estatales de Veracruz confirmaron a Animal Político que se está integrando averiguaciones previas que serán consignadas ante un juez en contra de Bermúdez por su implicación en casos de desaparición forzada, hechos en los que además habría complicidad con el crimen organizado.

Se trata de una investigación en la que participan de forma coordinada las autoridades ministeriales  estatales y federales para el seguimiento de las líneas de investigación y los trabajos periciales.

La Fiscalía de Veracruz  trabaja la carpeta de investigación central por el hallazgo masivo de miles de fragmentos humanos y al menos 250 cráneos en las fosas de colinas de Santa fe y en donde se desprenden elementos que vinculan algunos de los casos con Arturo Bermúdez.

De forma paralela la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General dela República tiene tres averiguaciones previas en curso relacionadas con las mismas fosas y cuyos detalles se mantienen en sigilo.

“Lo que es un hecho es que Arturo Bermúdez tiene implicación en estos casos y será imputado penalmente por ellos” dijo una de los funcionarios con conocimiento de las investigaciones.

El presunto involucramiento del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte en desapariciones en el estado es un hecho que ha sido denunciado reiteradamente sobre todo por familiares de víctimas en la entidad.

El pasado 5 de febrero madres del Colectivo El Solecito –el cual encabezó los trabajos de búsqueda en las fosas de Colinas de Santa Fe – denunciaron ante la Fiscalía del Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al menos 40 casos de personas desaparecidas ligados con la administración del exjefe de la policía de Veracruz.

Se trata de casos, ocurridos todos entre el 2011 y 2016, en donde las víctimas fueron  retenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública según los testimonios y subidas a vehículos de esa corporación, sin que se haya vuelto a saber nunca más de su paradero.

Vínculo con el Cártel de Jalisco

La presunta complicidad entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y el Cártel de Jalisco Nueva Generación durante la gestión de Arturo Bermúdez quedó evidenciada tras el caso de la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca ocurrida en enero de 2016.

Como evidenciaron las investigaciones las víctimas fueron retenidas por elementos de la policía estatal cuando circulaban en un vehículo del que fueron obligadas a descender para luego ser ingresadas en camionetas de la policía estatal. Fue la última vez que se les vio con vida.

Ocho policías que fueron detenidos por este caso confesaron ante el Ministerio Público que los jóvenes fueron entregados a integrantes del crimen organizado en un rancho conocido como “El Limón” localizado en el municipio de Tlalixcoyan. Se trata de una zona con presencia del Cártel de Jalisco según las autoridades.

Cuando las autoridades inspeccionaron ese rancho encontraron al menos tres mil fragmentos de restos humanos triturados y varios calcinados. Es decir se trataba de un sitio para desaparecer cuerpos de personas. Pruebas de ADN confirmaron que había restos de al menos dos de los cinco jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca.

Semanas después, el 16 de marzo de 2016, el gobierno federal reportó la detención de cinco integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación por su presunta relación con la desaparición de los jóvenes de Tierra Blanca. Al menos uno de ellos estuvo presente en el rancho donde la policía entregó a las víctimas.

Este modus operandi es el que ahora investiga la SEIDO en por lo menos tres casos más los cuales conectan con el municipio de Colinas de Santa Fe el cual también fue utilizado para desaparecer los cuerpos de personas con la presunta complicidad de elementos de Seguridad Pública.

Una policía poco confiable

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz una de las corporaciones policiales de nuestro país con el mayor número de elementos en sus filas que reprobaron los exámenes de control de confianza y aun así siguen en activo.

Datos oficiales dados a conocer por la organización Causa en Común revelan que al cierre de agosto de 2016, poco antes de que Bermúdez renunciara al cargo como secretario de Seguridad de Seguridad, su dependencia era la que tenía el mayor número de agentes reprobados en activo de todo el país con mil 699, seguida de lejos por la Ciudad de México con 785.

En porcentajes el número de agentes reprobados representaba el 27 por ciento de todo el estado de fuerza de esa corporación. Dicho de otra forma, al menos 1 de cada 4 policías estatales veracruzanos no debería de serlo de acuerdo con lo que dice la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Otro dato preocupante es que al término de la gestión de Arturo Bermúdez, Veracruz era la quinta entidad con mayor rezago en cuanto a la renovación de pruebas de control de confianza que en su momento se aplicaron pero que ya perdieron vigencia. Un total de mil 26 elementos son los que ya tendrían que haber sido reevaluados.

Algunos casos de desapariciones evidenciaron la poca confiabilidad de policías que incluso, en el papel, habían superado los controles. Es el caso del comandante Marcos Conde Hernández, quien fue señalado de estar vinculado en al menos cuatro casos de desapariciones hasta que fue detenido por tema de Tierra Blanca.

Aunque los señalamientos sobre Conde Hernández eran reiterados, la administración de Arturo Bermúdez Zurita nunca lo detuvo o separó del cargo. En cambio solo se le cambió de jurisdicción en el estado, hasta que las federales evidenciaron su probable responsabilidad en las desapariciones.

Recolectan ADN de 165 cráneos

De los 250 cráneos encontrados en las fosas de Colinas de Santa Fe, las autoridades federales ya consiguieron extrae muestras de al menos 150 cráneos que serán utilizadas para obtener los perfiles genéticos delas víctimas y comprobar sus identidades.

Aunque la investigación formal por el hallazgo de los restos en las fosas ubicadas en el referido predio está en manos de la Fiscalía General del estado, la Dirección de Servicios Periciales dela Procuraduría General de la República colabora para el trabajo de extracción de los perfiles genéticos.

Según las autoridades consultadas ya se procesaron 165 cráneos de los encontrados en la fosa y en las próximas semanas se espera contar con los perfiles genéticos de todos los cráneos encontrados. El primer paso será cruzar los perfiles con la base de datos de ADN con los que ya cuenta la PGR,

La Fiscalía de Veracruz reconoció en días pasados que carecía de la infraestructura necesaria para obtener los perfiles de ADN. Reveló que en la administración anterior solamente se simuló la obtención de perfiles genéticos.

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
Getty Images
7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

Getty Images

1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

Getty Images
Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

Getty Images
Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

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106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

Getty Images

Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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