La mexicana de 116 años a la que le negaron una cuenta bancaria para su pensión
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La mexicana de 116 años a la que le negaron una cuenta bancaria para su pensión

La anciana visitó en una sucursal de Citibanamex para abrir una cuenta, pero le respondieron que la edad límite era de 110 años.
Reuters
Por BBC Mundo
28 de abril, 2017
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Los 116 años de María Félix Nava, una de las mujeres más longevas del mundo, fueron demasiados para un banco de México y su sistema.

Nava visitó en una sucursal de Citibanamex para abrir una cuenta en la cual pudiera recibir su fondo de ayuda social, pero el sistema de la institución no pudo aceptarla.

“Me dijeron que el límite era 110 años”, relató Félix este jueves a la televisión de Guadalajara, la ciudad en donde vive.

Desde hacía tres meses que la mujer no había podido cobrar los 1.200 pesos (US$63) que recibe del gobierno del estado, pues un nuevo requisito para los beneficiarios es que tengan una cuenta bancaria.

Su historia fue tomada por varios medios de comunicación locales y nacionales de México, y llegó hasta la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), que tuvo que tomar el caso.

Miguel Castro, el titular de la Sedis, visitó la casa de Félix este jueves para entregarle el cheque por 3.600 pesos (US$189) de los tres meses de apoyo económico que no había podido cobrar.

“Son temas que no deben volver a pasar, es un absurdo de la cuestión burocrática y administrativa. Fue una confusión que hubo por el tema de la edad en la institución financiera”, dijo Castro.

El titular de la Sedis entrega un cheque a María Félix NavaLa mujer no había podido cobrar el equivalente a US$189 debido a que no contaba con una cuenta bancaria.

Error en el sistema

Citibanamex, una filial del banco estadounidense Citigroup, aseguró que todo se trató de un error en su sistema el cual no permitía registrar a un cliente cuya fecha de nacimiento superara los 110 años.

En una declaración a la agencia Reuters, el banco dijo que está trabajando para entregarle a Félix su tarjeta lo antes posible y ajustando sus sistemas para evitar que vuelva a presentarse otro caso así.

El secretario de la Sedis pidió que ese y otros bancos tomen las precauciones necesarias.

“Debemos tomar en cuenta este tipo de situaciones para que no se presenten y menos con alguien que tiene la necesidad del recurso para cuestiones tan básicas y primordiales como el tema de la salud”, dijo Castro.

La anciana recibiendo un cheque hasta que quede solucionado el problema, según el funcionario.

Resignada

La anciana dijo que en un principio estaba resignada: “Le dije a mi hija ‘pues vámonos'”, luego de que le negaron la apertura de la cuenta, según relató a la televisión local.

Explicó que desde hace siete años que se rompió una pierna y que se mantiene con la venta de dulces afuera de su casa.

Pero la visita del funcionario fue inesperada: “Dios es grande y poderoso, tarde o temprano nos da”, dijo en una entrevista.

Alma Salas, directora del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, dijo que Félix goza de una sorprendente buena salud y ha rechazado una silla de ruedas que la institución trató de entregarle el año pasado. Ella prefirió un bastón.

La mujer cumplirá 117 años en julio, de acuerdo con su certificado de nacimiento que las autoridades locales reconocen como auténtico.

Dice quedó huérfana a la edad de 7 años y de los 10 hijos que tuvo aún viven cuatro.

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Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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