La represión en la protesta social es una constante con Peña Nieto: Article 19
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Cuartoscuro

La represión en la protesta social es una constante con Peña Nieto: Article 19

El uso de la fuerza para reprimir la protesta social se ha intensificado con el gobierno actual. El objetivo, dice la organización civil, obstaculizar la libertad de expresión.
Cuartoscuro
Por Tania L. Montalvo
7 de abril, 2017
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En el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha intensificado el uso de la fuerza para reprimir la protesta social, coartar el derecho a la asociación y a la libertad de expresión, denuncia la organización Article 19 en su informe anual Libertades en resistencia.

La organización civil indica que además de que se hace común que se agreda a la prensa para limitar el acceso a la información durante una protesta, las autoridades buscan “legitimar la arbitrariedad” a través de leyes que les permitan atentar contra periodistas y ciudadanos que se manifiestan.

Sólo el año pasado, en el contexto de una protesta social siete manifestantes y pobladores fueron asesinados; se detuvo a 27 personas y se registró a más de 200 civiles heridos.

A lo que se suman al menos 59 agresiones contra la prensa que cubría una protesta social y otras 22 que ocurrieron en este 2017.

El abuso de autoridades contra manifestantes y periodistas durante una protesta pone en riesgo y viola derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad, a la libertad, a no sufrir tortura, a la salud, al debido proceso y a la seguridad jurídica, indica Article 19.

El uso de la fuerza debería regirse por los principios de legalidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, lo que según la organización civil no ha ocurrido durante el gobierno de Peña Nieto y en particular el año pasado en distintas protestas sociales en el estado de Oaxaca.

Uno de los casos más notorios sobre cómo se hace uso de la fuerza y de la represión con el gobierno actual es el de Nochixtlán. Article 19 dice que cuando las autoridades federales negaron el uso de armas de fuego tras reportes de la prensa y esto resultó falso, “violaron el derecho de acceso a la información de la sociedad, criminalizaron a los manifestantes y desprestigiaron la labor de la prensa que se encontraba en ese momento en riesgo”.

Pero además de las violaciones que ocurrieron en Nochixtlán al reprimir la protesta, Article 19 indica que la responsabilidad de las autoridades por lo sucedido incluye también las omisiones acumuladas hasta la fecha, pues no se ha dado seguimiento a las exigencias de justicia, de atención médica y de garantías de seguridad.

Para ejemplificar cómo la protesta social se criminaliza y se viola el derecho a la libertad de expresión, Article 19 detalla que durante la represión en Nochixtlán, Oaxaca hubo varios intentos de las autoridades por impedir que la información se documentara y difundiera.

Espionaje y vigilancia

Otro tipo de violencia que señala Article 19 en su informe Libertades en resistencia es la de espionaje y vigilancia. “Una forma sofisticada y casi invisible para inhibir y limitar el libre flujo de información”.

Según la organización, el Estado mexicano ha aumentado sus capacidades para mejorar la vigilancia sobre periodistas y ciudadanos sobre dispositivos móviles y actividad digital.

En 2016, dice Article 19, se registraron 72 agresiones en entornos digitales; siendo la mayoría amenazas a periodistas y comunicadores vía redes sociales: 37 del total de entre las que nueve se trató de amenazas de muerte.

Pero el año pasado también hubo 16 ataques digitales a medios de comunicación y el registro de ocho intervenciones en comunicaciones de periodistas: la mitad a correos electrónicos.

Del total de agresiones, se identificó que en 22 participaron funcionarios públicos, cuatro partidos políticos, once particulares y de 35 se desconoce el origen.

El informe completo puedes verlo aquí.

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4 cambios en la ley migratoria de España que permitirán a miles de extranjeros trabajar y residir de forma legal en el país

La reforma facilitará el acceso al mercado de trabajo de los estudiantes, mejora las contrataciones en origen, flexibiliza los requisitos para la reagrupación familiar y crea la figura del arraigo por formación.
29 de julio, 2022
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Poder trabajar en España de forma regular va a ser, desde ahora, un poco más fácil.

Cerca de 5 millones y medio de extranjeros, más de un tercio de ellos procedentes de países de América Latina, viven en España, según los datos oficiales. La cifra real, sin embargo, es más difícil de calcular.

Perdidos en el laberinto burocrático, muchos entran en un círculo vicioso en el que no pueden trabajar legalmente porque no tienen permiso de residencia, pero tampoco pueden solicitarlo porque no pueden acreditar una vinculación laboral.

La reforma de la ley de Extranjería que acaba de aprobar el gobierno español y que se estrena a mediados de agosto resuelve algunas de estas disfunciones, por lo que no solo va a facilitar que los empresarios puedan contratar a más extranjeros directamente en sus lugares de origen, sino que busca nuevas fórmulas para que los que ya viven en España puedan regularizar su situación.

Estudiantes

Unos de los principales beneficiados de la reforma van a ser los estudiantes extranjeros matriculados en centros españoles. Hasta ahora, aquellos que tenían un visado de estudiante para cursar, por ejemplo, un grado en una universidad española, no podían trabajar para costearse sus estudios. La nueva normativa les permite trabajar de forma legal hasta 30 horas a la semana.

Estudiantes

Getty Images
Los alumnos extranjeros podrán trabajar mientras realizan sus estudios.

Además, una vez acabados los estudios, podrán quedarse un año más sin tener que pedir una ampliación de la estancia en España.

Casi uno de cada cuatro estudiantes extranjeros de grado en España proceden de países de América Latina y Caribe, proporción que se eleva a cerca del 64% de los de máster y casi al 53% de los de doctorado.

“Antes de la reforma, quien tenía un permiso por estudios, si trabajaba lo hacía de forma irregular y esto no tenía ningún sentido“, explica Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias de Instrategies, una consultora especializada en asuntos de movilidad, migraciones y gestión de la diversidad.

Las modificaciones de la ley permiten que la autorización de estancia, con algunos criterios específicos, se pueda convertir en una autorización de trabajo. Y esto, opina, la experta, no solo es positivo para esas personas de manera individual, “sino también para el país, porque es una forma de garantizar que quien ha estudiado y ha hecho una formación de tercer grado -porque esto está pensado para los altamente cualificados-, puedan acceder al mercado de trabajo español”.

España quiere que ese talento que se ha formado en sus universidades pueda quedarse, además de hacer más atractivos sus centros de educación superior y facilitar su internacionalización.

Bandera de España

Getty Images

Arraigo por formación

A partir de ahora, las personas que han permanecido en España durante un periodo mínimo de dos años, podrán obtener un permiso de residencia de 12 meses si se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo, una figura para la que el gobierno español se ha inspirado en un modelo existente en Alemania conocida como “duldung”.

“La idea es que las personas que están en situación irregular puedan acceder al mercado de trabajo pasando primero por una formación. Eso sí, en sectores en los que se determina que hay una necesidad de mano de obra”, aclara Pinyol-Jiménez.

Dos trabajadores en una fábrica.

Getty Images
El arraigo por formación permitirá obtener un permiso de trabajo.

El arraigo por formación se suma a las dos vías por las que, hasta ahora, los extranjeros que ya se encontraban en España podían regularizar su situación.

Una es el arraigo social, para el que hay que demostrar tres años de residencia y, además, que se dispone de una oferta de trabajo. Este contrato ya no deberá tener una duración mínima de un año, como se pedía hasta ahora, pero sí que cumpla con el salario mínimo interprofesional.

La otra es el arraigo laboral, en la que hay que demostrar que ha habido una relación laboral, aunque la persona hubiera trabajado sin contrato y cobrado, por lo tanto, en negro.

“Muchas personas llegan en situación regular y luego dejan caducar su visado por pánico a intentar entrar en el mercado de trabajo. Lo que se intenta con la reforma es reducir este espacio en el que las personas acaban trabajando de manera irregular, que al final es un desastre para ellos mismos, para la economía y para todos”, interpreta la consultora.

Contratación en origen

La contratación en los propios países de origen de los trabajadores también se va a flexibilizar.

Por un lado, se mejora la contratación para los temporeros. A partir de ahora, estos trabajadores que van a España a participar, por ejemplo, en campañas agrícolas, podrán acceder a una autorización de 4 años en la que podrán trabajar hasta 9 meses por ejercicio, con la obligación de volver a sus países después de cada periodo.

Si se cumple con estas condiciones, como “premio”, estos trabajadores podrán solicitar un permiso de residencia y trabajo por dos años prorrogable.

Trabajadores en un invernadero.

Getty Images
La reforma mejora las condiciones de los temporeros.

Pero además, la reforma quiere mejorar lo que se conoce como Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, es decir, la lista de profesiones para los que los empresarios tienen dificultades para encontrar personal y que le permiten contratar a profesionales en origen.

“Este es un sistema tan poco realista que, desde hace años, la lista te dice que lo que hace falta en España son entrenadores de fútbol”, bromea Gemma Pinyol-Jiménez. Además de entrenadores, según la lista en España solo se necesita personal de buques mercantes, entrenadores y deportistas profesionales.

La reforma va a hacer una fotografía más realista del mercado de trabajo, que se va a actualizar cada tres meses.

Reagrupación familiar

Una de las grandes novedades de la reforma, y que va a suponer una gran mejora para la vida de muchas familias extranjeras en España, es la que concierne a la reagrupación familiar.

Dos mujeres en una cocina.

Getty Images
La reforma mejora las condiciones para la reagrupación familiar.

Los familiares, al recibir el permiso de residencia, también recibirán la autorización de trabajo por cuenta propia y ajena. “Hasta ahora, estas personas recibían un permiso de residencia, pero tenían que esperar para tener el de trabajo, mientras que con los cambios, cuando se renueve la reagrupación familiar, se adquirirá la autorización de trabajo”, precisa la consultora.

“El sistema está tan loco que condenaba a la gente a malvivir cuando podía trabajar”, una disfunción, denuncia Pinyol-Jiménez, relacionada con el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. “Se intentaba mantener y respetar la realidad del mercado de trabajo español, pero se hacía con un instrumento que hacía una radiografía nada realista de la realidad”.

También se flexibilizan los requisitos de reagrupación familiar cuando afectan a menores, a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Además de estos cuatro puntos, las modificaciones de la ley de Extranjería también racionalizan los requisitos exigidos a los trabajadores autónomos procedentes de terceros países, y crea una Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, una suerte de “ventanilla única” para agilizar y facilitar los trámites.

“La obsesión fronteriza”, opina la experta, “se ha comido todo el debate público sobre las cuestiones migratorias. Esta es la primera vez en años que estamos hablando de reformas que no tiene que ver con fronteras”.


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