¿Por qué Rusia prohibió a los Testigos de Jehová?
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BBC Mundo

¿Por qué Rusia prohibió a los Testigos de Jehová?

La Corte Suprema en Rusia determinó que los Testigos son una "organización extremista" y una amenaza para el orden social. ¿Cómo se llegó a esta situación?
BBC Mundo
Por BBC Mundo
22 de abril, 2017
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“La Corte Suprema declara organización extremista el Centro de Dirección de los Testigos de Jehová en Rusia y dispone que se prohíba su labor en el territorio del país”.

Eso es lo que falló este jueves Yuri Ivanenko, juez del máximo tribunal ruso.

Con ello, tomó como válida una demanda presentada el 30 de marzo por el Ministerio de Justicia, en la que señalaba al movimiento religioso de base cristiana de constituir “una amenaza para los derechos de los ciudadanos, el orden social y la seguridad pública”.

El Ministerio ya había suspendido el trabajo del Centro por considerarlo “extremista”, hasta que el alto tribunal dictase la sentencia definitiva.

Y ahora, según lo leído por el juez Ivanenko, el fallo obliga a los Testigos de Jehová a “entregar sus propiedades a la Federación Rusa”, tal como lo había solicitado el Ministerio.

Testigos de JehováGETTY IMAGES

Los voceros del movimiento en Rusia negaron todas las acusaciones en su contra y se mostraron “conmocionados”.

Y sus abogados informaron que apelarán el fallo ante la Corte Europea de Derechos Humanos, la única opción que les queda agotada ahora la vía legal del país.

“No pensaba que pudiera suceder algo así en la Rusia moderna, donde la Constitución garantiza nuestra libertad religiosa“, declaró un portavoz de los Testigos de Jehová, Yaroslav Sivulsky, a la agencia de noticias AFP.

Organización de base cristiana

Los Testigos de Jehová son una organización religiosa internacional que comparte preceptos de otras corrientes no ortodoxas del cristianismo, pero que basa sus creencias en una versión propia de la Biblia.

Así, entre otras cuestiones, no creen en la divinidad de Cristo, lo que provoca el rechazo de otras confesiones cristianas, y sus miembros no pueden someterse a transfusiones de sangre.

El campo de Testigos de Jehová De Montfort Hall, en Leicester, Inglaterra.GETTY IMAGES
La entidad jurídica de los Testigos de Jehová fue fundada en 1881 por Charles Taze Russell en EE.UU. y de allí se extendió a todo el mundo.

Su entidad jurídica, la Watch Tower Bible and Track Society de Pennsylvania, fue fundada en 1881 por Charles Taze Russell. Y según sus publicaciones oficiales, el movimiento es ahora dirigido por un Cuerpo Gobernante con sede en Nueva York, también en Estados Unidos.

Este Cuerpo Gobernante es el que se encarga de establecer la doctrina oficial de la congregación, a la que según sus propios datos pertenecen más de 8 millones de personas en todo el mundo.

La fe también está extendida en América Latina, y a sus miembros se les conoce por su actividad evangelizadora, que llevan a cabo a través de publicaciones y casa por casa.

“Criminalización”

Varios seguidores de esta fe consideran que el fallo conducirá a la “criminalización” de su práctica.

“Si continúan con su actividad normal, los Testigos de Jehová de Rusia serán vistos como criminales“, le decía Sivulsky a la BBC el 5 de abril, el día en el que inició el juicio en la Corte Suprema, y previendo que ésta fallaría en contra de su movimiento.

Bautizo de una Testigo de Jehová en Praga el 20 de julio de 2003.AFP
Los Testigos de Jehová sin una organización religiosa de base cristiana pero con su propia versión de la Biblia.

Esto afectaría a las 395 ramificaciones de esta fe en Rusia y a un total de 175,000 fieles que el movimiento religioso dice tener en el país.

De acuerdo al Centro, a partir de ahora sus miembros podrían ser perseguidos bajo la ley contra el extremismo, promulgada en 2002 y que sus detractores tachan de “ley para todo”.

Portavoz de los Testigos de Jehová, Yaroslav Sivulsky.
El portavoz de los Testigos de Jehová, Yaroslav Sivulsky, se mostró “conmocionado” con el fallo de la Corte Suprema.

Así, Sova, una organización no gubernamental a favor de los derechos humanos, denuncia que esa misma ley se ha aplicado contra algunos de los detenidos durante las recientes protestas anticorrupción en Moscú.

Y subraya que en base a esa ley arrestaron también a Aleksei Navalny, líder de las manifestaciones y principal opositor político del presidente Vladimir Putin, así como a uno de sus colaboradores, Leonid Volkov, a quien ahora investiga una unidad especial antiextremismo.

“Ahora tememos que esa ley sea utilizada contra los fieles que continúen con sus reuniones para estudiar la Biblia”, le dijo este jueves a AFP Evgueni Kalinin, un miembro de los Testigos de Jehová presentes en la Corte.

“Cámaras ocultas y evidencias”

Algunos de ellos ya están en la lista de extremistas del gobierno ruso.

Vyacheskac Stepanov es uno de ellos, y al inicio del juicio en el máximo tribunal la semana pasada le contó a la BBC cómo las autoridades rusas estuvieron siguiendo sus actividades.

Vyacheskac Stepanov, miembro de los Testigos de Jehová en Rusia
Vyacheskac Stepanov, miembro de los Testigos de Jehová en Rusia, está en la lista de “extremistas” de las autoridades, le dijo a la BBC.

“La policía vino y se sentó en ese banco, justo en la mitad”, le explicó a la BBC en el salón en el que suele desarrollar sus sesiones.

“Luego nos dimos cuenta que lo hizo para poder grabar desde allí con su cámara oculta todo lo que ocurría sobre el escenario”.

Stepanov y otros fieles denuncian asimismo que la policía ha colocado evidencias contra ellos, y respaldan su afirmación con grabaciones de cámaras de seguridad captadas durante la redada a uno de sus centros, aunque esto no ha sido confirmado de forma independiente.

Redada en un lugar de reunión de los Testigos de Jehová.
Las fuerzas de seguridad de Rusia han hecho redadas en los lugares de reunión de los Testigos de Jehová.

“Los Testigos de Jehová ya antes fueron exiliados por practicar su religión, por leer la Biblia y por compartir las verdades bíblicas con sus vecinos”, subrayó Sivulsky a la BBC.

Con ello se refería a la Unión Soviética de José Stalin, cuando decenas de ellos fueron deportados a Siberia y otros encarcelados, junto con miembros de otros grupos cristianos.

“Y ahora estamos viendo la misma situación en la Rusia moderna”, añadió.

Iglesia ortodoxa

En esa línea, hay expertos que aseguran que la decisión contra los Testigos de Jehová forma parte de una creciente campaña de las autoridades para disminuir el poder de los grupos religiosos que compiten con la Iglesia ortodoxa, señala el editor del servicio ruso de la BBC, Famil Ismailov.

El patriarca Kirill, quien encabeza la Iglesia ortodoxa rusa, abraza al presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la misa de la Pascua ortodoxa, el 16 de abril de 2017.GETTY IMAGES
IVarios expertos consideran que la decisión tiene que ver con la Iglesia ortodoxa rusa.

“Los Testigos de Jehová no se involucran en política, pero aun así se considera al movimiento como una desviación política sospechosa”, le dijo asimismo Geraldine Fagan, autora de Believing in Russia. Religious Policy After Communism (La fe en Rusia. La política religiosa tras el comunismo), al diario estadounidense The New York Times.

“La idea de una actividad religiosa independiente y pública que está completamente fuera del control -y también indiferente hacia- el Estado enciende todo tipo de alarmas de la Iglesia ortodoxa y los servicios de seguridad” de Rusia, añadió.

Aunque ni el gobierno ruso ni la Iglesia ortodoxa ha hecho comentarios respecto a esto.

Pero en la demanda presentada el 30 de marzo ante la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia solicitaba también cerrar el cuartel general del movimiento en San Petersburgo y prohibir sus publicaciones “extremistas”.

Y una de ellas es un documento que según éste fue distribuido por el grupo y en el que, parafraseando al novelista León Tolstói, se describía la doctrina de la Iglesia ortodoxa rusa como “superstición” y “brujería”.

Publicaciones de los Testigos de Jehová.
El Ministerio de Justicia ruso pidió que se prohíban las publicaciones “extremistas” de los Testigos de Jehová.

La Iglesia ortodoxa es la principal en Rusia y con ella se identifica alrededor del 75% de la población, según varias encuestas, la última de 2012 llevada a cabo por la organización Levada y publicada por el Departamento Sinodal para la Caridad y el Ministerio Social de la Iglesia Ortodoxa Ruso (Pravmir).

El presidente ruso, Vladimir Putin, quien predica contra el matrimonio y las adopciones de personas del mismo sexo, la ha considerado el “socio natural del Estado”.

Pero pese al terreno que la institución ha ido ganado en los últimos años, los expertos subrayan que no se puede hablar de una identificación entre Iglesia y Estado.

Por otra parte, también hay quien considera que los Testigos de Jehová constituyen una secta.

“A diferencia de las sectas clásicas como las bautistas, los Testigos de Jehová controlan duramente a los miembros de su comunidad, limitan sus derechos civiles, regulan todos los aspectos de su vida, los engañan durante el reclutamiento y los explotan”, sostiene por ejemplo Alexánder Dvorkin, profesor y especialista en religiones citado por la agencia estatal rusa RIA Novosti.

Y otros señalan que el movimiento ha tenido encontronazos anteriormente con la ley.

Reunión de Testigos de Jehová en Rusia.
Los Testigos de Jehová de Rusia temen que a partir de ahora se les criminalice.

En enero, el responsable de la comunidad en la ciudad de Dzerzhinsk, una ciudad situada a unos 800 kilómetros al este de Moscú, fue multado por haber distribuido material considerado “extremista” por las autoridades.

Aduciendo la misma razón, en 2004 fue disuelta una rama de la organización.

Aunque en 2010 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinaría que la sentencia que llevó a ello había “violado los derechos de reunión y asociación”, lo que varias organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, también consideran que hace el fallo de este jueves de la Corte Suprema.

De momento, los Testigos de Jehová ya adelantaron que recurrirán la decisión ante el tribunal de Estrasburgo, la máxima autoridad judicial en Europa para la garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

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“Buscan mártires”: magistrado electoral reclama a la Judicatura no autorizar compra de camionetas blindadas

El magistrado señaló a los consejeros del CJF de buscar que los funcionarios públicos se conviertan en “mártires” en un eventual “atentado”.
Twitter: @JL_VargasV
12 de agosto, 2020
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El magistrado electoral José Luis Vargas Valdez criticó la decisión del Consejo de Judicatura Federal (CJF) de no autorizar la compra de 10 nuevas camionetas blindadas para la Sala Superior, y responsabilizó a los consejeros Bernardo Bátiz, Loretta Ortiz y Jorge Cruz Ramos si llegara a sufrir un atentado tras emitir alguna sentencia electoral.

La acusación tuvo lugar el 23 de julio dentro de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en una sesión en la que los magistrados Vargas y Felipe Fuentes Barrera -presidente de la Sala Superior– pretendieron convencer a los tres consejeros del CJF de la necesidad de comprar los vehículos blindados, proyecto que finalmente fue rechazado.

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A lo largo de una discusión de casi dos horas y media, el magistrado Vargas acusó a los consejeros Bátiz, Ortiz y Cruz Ramos de irresponsables por no aprobar la compra, que habría costado 27.5 millones de pesos del erario, y los señaló de buscar que los funcionarios públicos se conviertan en “mártires” en un eventual “atentado”, de acuerdo con un audio al que tuvo acceso este medio.

“Yo preguntaría: ¿Mi familia se tiene que quedar conforme con que a ustedes no les parece que tiene que haber una renovación de vehículos blindados? Y se los digo por una razón, yo amo mi país, amo la institución en la cual trabajo, pero no estoy dispuesto a dejar a dos hijos huérfanos. Se los digo con toda sinceridad.

“Si ustedes no son lo suficientemente sensibles para aceptar que hay un riesgo en este país, y que tomamos decisiones límite en última instancia y que nos corresponde tener esa protección del Poder Judicial de la Federación para actuar con independencia y autonomía, pues entonces, la verdad, están buscando mártires y no servidores públicos”, dijo Vargas.

Los consejeros de la Judicatura insistieron en que los magistrados electorales no corren los mismos peligros que otros integrantes del Poder Judicial por la naturaleza de su trabajo, y señalaron que, particularmente, Vargas no justificó por qué él sí requiere de una camioneta blindada nueva, ya que el CJF debe contar con un análisis de riesgo sólido para poder determinar a qué funcionarios se les deben de otorgar instrumentos de protección especial.

“Qué más quisiéramos que todo mundo tuviera, todos los jueces, magistrados, todos tuvieran una seguridad, su camioneta blindada y su protección, pero no hay suficiente para todos, entonces hay que escoger a los que realmente corren un riesgo”, argumentó la consejera Ortiz.

Vargas replicó que las sentencias que emiten un magistrado electoral sí pueden afectar intereses de poderes económicos y criminales que tienen preferencia por determinados candidatos, lo que, sostuvo, podría ponerlo a él en riesgo de terminar “acribillado” y convertirse en “el pípila de la democracia”.

“El día de mañana, yo ruego a Dios y toco madera, (espero) que no haya un solo muerto en esta institución, pero en 2021 van a pasar muchas cosas, el poder que se va a combatir en este país va a ser absolutamente una guerra entre partidos políticos y candidatos y donde, en ese ambiente, ese contexto, la criminalidad sigue viva y cada vez más fortalecida”, afirmó.

“Tampoco sé cuánto vale ni su vida ni la vida de mis compañeros, pero sí sé cuánto vale mi vida, eso sí lo sé, y yo no estoy dispuesto a acabar siendo el pípila de la democracia y acabar -en algún supuesto hipotético, no digo que me va a pasar-, porque alguno de estos actores se enoje con alguno de nosotros -hoy puedo ser yo, mañana puede ser alguno de mis pares-, acabar acribillado porque no le gustó mi resolución, y peor aún, que no pueda tomar mi resolución con independencia y autonomía por riesgo a mi vida”.

El consejero Bátiz planteó que el proyecto de comprar 10 camionetas blindadas contraviene la Ley Federal de Austeridad Republicana, pero Vargas reviró que dicha normatividad no es aplicable al Poder Judicial de la Federación (PJF), e hizo notar que los ministros de la Suprema Corte y los integrantes del CJF sí hacen uso de vehículos blindados nuevas.

“Perdón, consejero Bátiz, esa (ley) no le aplica al PJF y, si no, yo diría ¿por qué no nos hemos bajado los salarios? Bajémonos los salarios en esa tesitura y apliquemos exactamente los mismos criterios, pero no se vale aplicarla para algunas cosas sí y para otras cosas no”, pidió Vargas.

El magistrado sugirió que los representantes de la Judicatura se resistían a aprobar la compra de vehículos por una cuestión de corrección política y por no querer correr el riesgo de ser criticados por la erogación de recursos públicos, por lo que les “ofreció” que fuera el Tribunal Electoral, y no el Poder Judicial en general, el que se hiciera responsable ante el público de la decisión.

“Yo no tengo problema en correr un riesgo mediático”, les dijo Vargas. “¿Quieren una carta mía firmada solicitándoles esa camioneta blindada para mi seguridad? Se las presento con el dictamen (de necesidad), y me da igual si lo presentan a los medios para decir que yo estoy queriendo quitarle al pueblo lo que le corresponde”.

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La consejera Loretta Ortiz zanjó la discusión y dijo que ella no votaría a favor de un gasto para vehículos en medio de una epidemia que exige de recursos para la salud.

“En un año en que vivimos una pandemia que no habíamos vivido ninguno de nosotros, que se van a necesitar recursos, sería una inconciencia; si a eso se suma la sociedad que tenemos ahorita, que es crítica, va a ser el hazmerreír decir: ‘se van a comprar 10 camionetas en época de una pandemia’ -que no se sabe cuántos recursos se van a necesitar para terminarla-, ¡ah!, pero eso sí: ‘¡necesitan seguridad de camionetas blindadas los magistrados del Tribunal Electoral federal!’; eso yo no lo pienso aprobar bajo ninguna circunstancia, y en conciencia, y yo no estoy poniendo en riesgo la seguridad de nadie”, sostuvo.

En repetidas ocasiones, el magistrado Vargas pidió que en el acta de la sesión de la Comisión de Administración quedara asentado que los consejeros de la Judicatura no autorizaron la adquisición de los vehículos, para poder responsabilizarlos en caso de que algo le sucediera a él o a sus colegas de la Sala Superior.

“Yo sí quiero que se tome en actas, si ustedes deciden que por un tema político y formal no debe aceptarse esta compra, yo lo que sí digo: hagámonos responsables de quién toma la decisión y por qué se toma”, señaló. “Que conste en actas, que quede claro quién está tomando una responsabilidad por la vida de otros integrantes del Poder Judicial de la Federación”.

Hacia el final del debate, Vargas se enfrascó en una discusión ríspida con el consejero Cruz Ramos, a quien, subido el tono de voz, le exigió que lo tratara con respeto porque, dijo, la investidura de ambos es “igual de importante”.

La compra de las camionetas fue rechazada por el voto de los consejeros Bátiz, Ortiz y Cruz Ramos.

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