Siete claves del caso fabricado por PGR al abogado que denunció corrupción en OHL
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Siete claves del caso fabricado por PGR al abogado que denunció corrupción en OHL

Una recomendación emitida por la CNDH evidencia anomalías graves en la que estuvieron involucrados más de 15 funcionarios. Hay desde evidencia fabricada hasta declaraciones falsas.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
7 de abril, 2017
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Una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas para detener ilegalmente y mantener bajo una investigación por año y medio a un abogado que antes de esos hechos, había denunciado presuntos actos de corrupción en concesiones carreteras entregadas a la empresa OHL.

Los hallazgos de esta investigación que forman parte de la Recomendación 13/2017 dirigida por el organismo a la PGR, confirman que al menos 15 funcionarios de la Procuraduría violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia del abogado Paulo Díez.

A continuación Animal Político detalla cuales fueron las claves de esta investigación que llevaron a la CNDH a confirmar que Paulo Díez “fue detenido de forma arbitraria” y que todo se trató de un engaño cuya finalidad debe indagar ahora la propia Procuraduría.

1. El arma sembrada

El 7 de septiembre de 2015 policías federales ministeriales de la PGR interceptaron a Paulo Díez cuando salía de su oficina en la Ciudad de México. El objetivo era que declarara por una orden de presentación que se había girado en su contra, luego de que la constructora OHL acusó a la empresa Infraiber (representada por Paulo Díez) de espiar sus comunicaciones privadas.

Hasta ese momento Infraiber había señalado a OHL de presuntos actos de corrupción relacionados con sus concesiones carreteras, entre ellas la del Circuito Exterior Mexiquense. Audios difundidos en internet evidenciaban supuestos arreglos entre directivos de la empresa y funcionarios del estado de México.

Pero lo que la CNDH pudo documentar a partir de un video de la detención y de varios peritajes, es que los agentes de la PGR sembraron un arma de fuego en el automóvil de Paulo Díez, lo que permitió acusarlo de una supuesta portación ilegal de arma de fuego.

Se estableció que varios de los agentes “de forma deliberada” formaron una barrera frente al abogado luego de que lo hicieron bajar de su auto para que no se percatara de los hechos. Mientras tanto otro de los policías se introdujo y colocó un paquete en el asiento del copiloto en la que venía la pistola calibre 38 que se quiso atribuir a Paulo Díez.

Cuando los fiscales cuestionaron al agente de la PGR señalado de sembrar el arma sobre el por qué se había agachado junto al vehículo y se había quedado unos segundos ahí, el dijo que era porque se le cayó algo al piso pero no se pudo levantar rápido ya que “le dolió la pierna.

La CNDH dijo que la siembra del arma permitió “similar una supuesta flagrancia” de un delito y retener a Paulo Díez  más allá de la declaración que tenía que rendir por la denuncia de OHL. En total, establece la Comisión, la “detención arbitraria” del abogado se extendió casi 50 horas.

2. La sospechosa revisión del vehículo

Cuando los policías detuvieron a Paulo Díez le dijeron que “por razones de seguridad” tenían que revisar el vehículo. La CNDH estableció que esto era ilegal pero además, que la revisión fie irregular porque los agentes realmente no inspeccionaron todo el auto, sino sólo la cajuela y el sitio donde precisamente se había sembrado la pistola.

“Este Organismo Nacional advierte que la revisión (del auto) fue con el propósito de descubrir un arma en el interior del vehículo de la víctima que previamente fue colocada por AR9 (uno de los policías ministeriales), sin que existiera fundamento legal para ello” indica la recomendación.

3. Megaoperativo injustificado

Se supone que la intención original de los agentes de PGR era que Paulo Díez acudiera en calidad de testigo a declarar ante el Ministerio Público por la denuncia de espionaje. Sin embargo, y aun cuando no había orden de aprehensión alguna, la PGR desplegó un operativo en el que participaron diez elementos.

El promedio de agentes para cumplir diligencias de este  tipo es como máximo de cinco agentes, según las declaraciones de los propios policías involucrados a las que tuvo acceso la CNDH.

“Si únicamente se trataba de presentarlo voluntariamente ante el Ministerio Público, a efecto de que rindiera su declaración como testigo, su cumplimiento no ameritaba el despliegue en exceso de policías” dijo la CNDH.

4. Indagatoria de año y medio sin fundamento

A finales de 2015 la propia PGR terminó consignando a todos los agentes que participaron en el operativo por haber fabricado pruebas en la detención de Paulo diez, luego de que sembraron el armado, Sin embargo la dependencia mantuvo por un año y medio abierta la investigación en contra de Diez por la “posesión ilegal del arma”.

De acuerdo con la recomendación de la CNDH esto dejó en la “incertidumbre jurídica” al abogado pues si bien estaba en libertad tras pagar una fianza, se demoraba de forma “injustificada” la conclusión del caso y se le pedía noticiar cualquier movimiento que hiciera. El caso se pudo cerrar finalmente gracias a un amparo concedido por un juez que orilló a ello.

5. El papel blanco perdido

La pistola que supuestamente se encontró en el auto de Paulo Díez estaba envuelta en un papel blanco según lo informado por los agentes y lo asentado en el registro ministerial inicial. Sin embargo, cuando la pistola fue revisada nuevamente días después el papel ya no estaba en el envoltorio del arma. La CNDH estableció que esto no solo representa una violación en la cadena de custodia sino la pérdida de una prueba que pudo ser útil sobre todo para la búsqueda de las huellas digitales.

6. El agente infiltrado

En el operativo de detención participaron diez policías pero las indagatorias posteriores revelaron que una de ellas no era un agente de la PGR sino de la Procuraduría mexiquense supuestamente comisionado con la Policía Federal Ministerial. El comandante del operativo negó en sus declaraciones iniciales la participación de este elemento, pero luego lo tuvo que reconocer al revisarse los videos de los hechos.

La CNDH externó su preocupación no solo ´por la participación ilegal de este agente en la detención de Díez, sino en general por su intervención en operativos de la PGR incluso con una credencial de la Policía Federal Ministerial sin que lo sea. Además hay oficios y dichos contradictorios sobre que hace realmente en la Procuraduría.

“Resulta inexplicable que (el agente mexiquense) se encuentre realizando funciones de policía ministerial desde el 1 de octubre de 2014 ya que sus oficios carecen de fundamentación y motivación necesaria para su validez” indica la recomendación.

7. El Blackberry negro

Sin justificación el teléfono celular Blackberry de Paulo Díez fue asegurado por la Procuraduría peor no fue todo. Pruebas periciales evidenciaron que el teléfono fue manipulado sin que hubiera ninguna autorización judicial para ello. Incluso el Ministerio Público solicitó que fuera intervenido por peritos en telecomunicaciones para conocer su contenido, lo que fue rechazado por dicha área ya que no existía una orden judicial para ello.

El argumento dela PGR para retener el celular era que podía “obtenerse información”  relacionada con delitos que s einvestigaban pero la CNDH advierte que una portación ilegal de arma no tiene nada que ver con el teléfono.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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