Con el argumento de que no causa perjuicio directo, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desecharon dos denuncias presentadas contra el decreto emitido por el Congreso del Estado de México para entregar 64 apoyos sociales durante las campañas electorales en esa entidad.
[contextly_sidebar id=”6Deg1fzr2mSpcqYHi1Q8ckxO9VjyztOR”]La decisión del Tribunal se tomó en la sesión del martes 11 de abril y luego de que los magistrados resolvieron los juicios electorales presentados por el PAN y por una ciudadana identificada como Gloria Hernández Vázquez, quienes impugnaron el Decreto 197, emitido por el Congreso del Estado de México, que establece que el gobierno del estado mantendrá en operación los programas por su naturaleza de atención a grupos vulnerables.
Dichos programas incluyen el reparto de desayunos escolares, becas estudiantile, y las acciones encaminadas a atender la alerta de género declarada en la entidad. Además, el decreto autoriza también la operación de programas de reparto de dinero en efectivo, bienes muebles y materiales de construcción.
La decisión sobre la entrega de apoyos se tomó sin una discusión, puesto que la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que el decreto votado por el Congreso local no causa perjuicio directo a los quejosos.
En el caso específico del juicio presentado por Gloria Hernández Vázquez, el Tribunal electoral consideró que su impugnación carece de interés jurídico.
“Se propone desechar de plano los juicios electorales 21 y 22, promovidos contra la LIX Legislatura del Estado de México por la emisión del decreto relativo a la no suspensión de programas sociales durante el proceso electoral que se desarrolla en la entidad, pues se estima que éste no causa perjuicio directo a los promoventes por su sola entrada en vigor”, indicó el proyecto, el cual fue desechado por unanimidad de votos.
“Aunado a que en el segundo de los medios de impugnación referidos se considera que la actora carece de interés jurídico para controvertir normas legislativas en abstracto”, agregó.
El pasado 3 de abril, Animal Político publicó que el Decreto 197, emitido el pasado 31 de marzo, autoriza la operación de 64 programas de atención social durante el periodo de campañas electorales.
Este decreto se dio tres días después de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR), diera a conocer que en el Estado de México existen 117 denuncias por condicionamiento de programas sociales, en el marco del proceso electoral.
Ese mismo 3 de abril, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, pidió a los alcaldes y funcionarios mexiquenses garantizar que las leyes electorales se cumplan en esa entidad de cara a la próxima elección de mandatario estatal.
