Inseguridad, pobreza, fosas comunes, ataques a la prensa: los otros pendientes que dejó Duarte
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Inseguridad, pobreza, fosas comunes, ataques a la prensa: los otros pendientes que dejó Duarte

Además del presunto desvío de miles de millones de fondos públicos a través de empresas fantasma, el gobierno de Duarte dejó tras de sí una estela de malos resultados en seguridad, economía, pobreza y empleo.
Cuartoscuro
Por Manuel Ureste
15 de abril, 2017
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Los asesinatos de periodistas, cientos de fosas clandestinas, el aumento de la pobreza, la pérdida de empleos, una deuda por las nubes, el rebrote de la violencia…  Además de la creación de un entramado de empresas fantasma para desviar miles de millones de fondos públicos, el gobierno de Duarte en Veracruz se caracterizó por dejar una larga lista de pendientes sin cumplir.

“Veracruz es un tiradero de cuerpos”

Las brigadas organizadas por la sociedad civil han encontrado múltiples fosas clandestinas en Veracruz.

El mayor hallazgo se produjo en Colinas de Santa Fe; un predio ubicado a unos 10 kilómetros del Puerto de Veracruz, donde mujeres integrantes del Colectivo Solecito encontraron entre agosto de 2016 -dos meses antes de que Duarte pidiera licencia- y marzo de este 2017 un total de 125 fosas clandestinas y los restos de al menos 250 cuerpos. Se trata de la mayor fosa clandestina de México en lo que va de sexenio de Enrique Peña Nieto.

En febrero de 2016, las autoridades encontraron otro predio en Veracruz llamado ‘Rancho El Limón’, donde hallaron al menos 3 mil restos humanos, entre los que se encontraban los de dos de los 5 jóvenes que fueron secuestrados en Tierra Blanca, Veracruz, en enero de 2016.

Y en abril de 2016, la Brigada Nacional de búsqueda de personas desaparecidas encontró en 15 días de trabajos, 15 fosas clandestinas con cientos de restos. “Veracruz es un tiradero de cuerpos”, criticó uno de los activistas que participó en la brigada.

Homicidios en su máximo histórico      

¿Y las cifras sobre seguridad? En agosto de 2016, dos meses antes de que en octubre Duarte pidiera licencia como gobernador, se registraron 179 asesinatos en Veracruz, la cifra mensual más alta en la entidad desde que se lleva un registro oficial (1997) de este delito. De hecho, este dato ‘pulverizó’ el récord registrado en julio de 2016, con 132 homicidios.

De enero a septiembre de 2016 hubo 846 homicidios dolosos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo que representa un alza de 119% en comparación con el mismo periodo de 2015 (385 asesinatos), y de 117% en comparación con 2014 (389).

¿Ya solo se roban frutsis en Veracruz?

2014 fue el año con mejores resultados para la administración duartista, en cuanto a la cifra de homicidios se refiere: se pasó de 863 en 2013, a 487. Un 45% a la baja.

Tal vez por la euforia de este dato, Duarte declaró en octubre de ese 2014 que en su estado “antes se hablaba de balaceras, de asesinatos y ahora hablamos de que se robaron un frutsi y unos pingüinos en un Oxxo”.

El Sabueso verificó la información y concluyó que tal afirmación era “ridícula”, ya que ese mismo mes se robaron 535 autos, hubo 281 robos a casa habitación y 189 robos a negocio, además de que se registró 5 balaceras en varios municipios, dejando 9 muertos y 6 policías lesionados.

La entidad más peligrosa para la prensa

Desde el 2000 hasta octubre de 2016, cuando Duarte dejó de ser gobernador de Veracruz, un total de 21 periodistas fueron asesinados en la entidad, según documentó la organización civil Artículo 19.

Ahora bien, de esos 21 casos en 16 años, cuatro fueron cometidos durante el gobierno de Fidel Herrera (2004-2010), y hasta 17 tuvieron lugar en la administración de Javier Duarte. Es decir, 17 comunicadores asesinados en algo menos de 6 años; una cifra que sitúa a Veracruz como la entidad en México “más violenta para la prensa”.

El primer asesinato de un periodista durante el gobierno de Duarte fue el de Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan, desaparecido en marzo de 2011 –tres meses después de la toma de protesta del mandatario- y hallado muerto meses después.

Tras él, vino una larga lista que puedes consultar aquí.

Más pobreza

Durante la campaña proselitista para acceder a la gubernatura, Javier Duarte insistió en la que sería una de sus propuestas más ambiciosas: reducir la pobreza al 50% en la entidad durante su mandato.

Pero de acuerdo con cifras oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Duarte no solo no cumplió su promesa, sino que además deja un Veracruz más empobrecido.

Según el Coneval, cuando Duarte tomó protesta el 1 de diciembre de 2010, el 57.6% de los veracruzanos vivía en condiciones de pobreza. Dos años después, en 2012, el número se redujo: 52.6%. Sin embargo, para el año 2014 –el dato más reciente que Coneval publicó en 2015-, el número de pobres en el estado era de un 58%; casi 6 de cada 10 veracruzanos.

Esto es, la pobreza repuntó: pasó de 57.6% de la población pobre en 2010 a 58%. O traducido a números totales: con Duarte la cifra de pobres en Veracruz aumentó en 186 mil personas.

Aumenta el rezago educativo

Con Javier Duarte también aumentó el rezago educativo en la entidad.

El Coneval reporta que en 2010 el 25.8% de la población presentaba rezago educativo, frente al 27.8% de 2014. O en número totales: ahora hay 28 mil personas más que presentan rezago educativo que cuando Duarte inició su mandato.

Además, dejó a Veracruz en el lugar 29 de 32 en el ranking del Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal (ICRE) 2016, el cual mide qué tanto cumplen las autoridades con su obligación de garantizar el derecho a aprender de todos los niños y jóvenes.

Veracruz tenía una calificación de 4.6 sobre 10 en el ICRE, el cual destaca algunos datos relevantes. Por ejemplo, que 4 de cada 10 jóvenes en secundaria no desarrollan conocimientos y habilidades básicas en Matemáticas; 8 de cada 10 niños de 3 años se quedan fuera del preescolar; y solamente 1 de cada 10 niños en la entidad con necesidades educativas especiales recibe atención especial.

Destrucción de empleos

Otro de los pendientes de Duarte fue la creación de empleos. Si bien la meta de Veracruz era crear 74 mil empleos anuales en función de su Población Económicamente Activa, las cifras oficiales reflejan que el objetivo nunca estuvo cerca de cumplirse. Es más, en algunos años, como en 2013 y 2015, no solo no se generaron 70 mil empleos, sino que se perdieron mil 500 y más de 9 mil, respectivamente.

Y otro dato: de haberse cumplido la meta propuesta por el ejecutivo estatal, de 2011 a 2015 se habrían creado 370 mil nuevos puestos de trabajo en Veracruz. En cambio, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, solo se crearon 44 mil en esos 5 años.

Además, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, de 2013 a 2015 el desempleo aumentó en Veracruz 12%.

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La deuda aumenta… 

La deuda pública de Veracruz aumentó de 21 mil 500 millones de pesos en 2010, cuando entró Duarte, a 45 mil 776 millones en 2016, un 63% al alza. De hecho, por monto total de deuda, en el país solo están más endeudados la Ciudad de México y Nuevo León.

Como porcentaje del PIB estatal, la deuda de Veracruz aumentó de 3.1% a 4.7%. A nivel nacional, Veracruz es en 2016 el sexto estado con mayor deuda según el PIB comprometido –el número 1 es Chihuahua, con 8.3%-

La deuda pública estatal es el dinero que los gobernadores piden prestado a acreedores privados para financiar proyectos en la entidad –autopistas u otras obras de infraestructura, por ejemplo- o aliviar las finanzas locales.

Que los gobiernos estatales contraten deuda no es algo negativo si ésta se utiliza para proyectos productivos. El problema, según apunta el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es que los estados contraten un monto de deuda mayor a sus ingresos y ofrecen como garantía de pago las participaciones federales –los recursos que entrega el gobierno federal para que la economía del estado esté en marcha y contribuya a la del país-.

En el caso de Veracruz, el 79.5% de las participaciones federales están comprometidas para el pago de la deuda. Es decir, casi todo lo que el gobierno federal da al Estado es parte de la garantía para pagar a los bancos y acreedores.

… Y el crecimiento se estanca

En contraste con la deuda, Veracruz solo creció 1.7% en promedio entre 2010 y 2016, por debajo del crecimiento de todos los estados con los que colinda. Además, según datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi, es el segundo estado con menor crecimiento en ese periodo, después de Campeche. Y al acortar la ventana de tiempo de 2013 a 2016, el estado se ha mantenido estancado con un crecimiento anual promedio de 0%.

De acuerdo con la organización México cómo vamos, este bajo crecimiento económico ha generado una baja productividad laboral y alta informalidad en los empleos. La productividad laboral en Veracruz es de 106 pesos por hora trabajada, mientras que a nivel nacional cada hora trabajada equivale a 133 pesos. En cuanto a la informalidad, 62.2% de los trabajadores son informales, el  mayor nivel durante los últimos 10 años. 

México cómo vamos apunta que una razón detrás de este bajo desempeño económico de Veracruz es un “ambiente de negocios poco propicio”, debido al manejo “poco responsable” de la deuda por parte de la administración de Duarte, y a la inseguridad que vive el Estado; donde el 80% de la población percibe a Veracruz como “inseguro”, según la encuesta ENVIPE del Inegi, frente a 73% a nivel nacional.   

Adeuda gobierno de Duarte más de 2 mil millones a la UV

Y por último, otro de los grandes ‘debes’ de Duarte: terminó su gobierno con una deuda de 2 mil 301 millones de pesos a la Universidad Veracruzana (UV).

Al corte financiero de junio de 2016, el gobierno mantiene retenidos 324.7 millones de pesos correspondientes al subsidio que autoridades federales remitieron a la UV, a través de la administración del estado. Además, el gobierno de Duarte sigue sin entregar mil 976.2 millones de pesos correspondientes a los subsidios que el gobierno del estado presupuesto para la UV y que no le dio.

Con información de Tania Montalvo. 

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Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
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“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

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Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

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La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


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