La muerte de Alan está impune: liberan al asesino confeso de un joven de 21 años
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Especial

La muerte de Alan está impune: liberan al asesino confeso de un joven de 21 años

Alan Martínez fue atropellado en 2012; existen pruebas y el responsable confesó, pero a los dos meses de la detención lo liberaron.
Especial
Por Nayeli Roldán
3 de mayo, 2017
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Alan Martínez Rojas tenía 21 años, era el menor de tres hermanos y estudiaba la preparatoria. El 29 de septiembre de 2012 fue atropellado a unos metros de su casa en la delegación Gustavo A. Madero. Murió a los pocos minutos y el conductor huyó. Aunque existen pruebas y el responsable confesó, fue liberado a los dos meses de la detención.

Los testigos identificaron a Edwin N, vecino de la zona, como el conductor del auto marca Golf color negro que mató a Alan. Dos días después, el presunto responsable vendió el coche “porque no sabía qué hacer”, según consta en su declaración y a las semanas siguientes se cambió de domicilio.

La madre de Alan, Rocío Rojas, denunció el caso pese a los comentarios sobre la supuesta influencia del presunto responsable. Los vecinos le recomendaban no hacerlo porque “decía que eran secuestradores y que no me metiera con esa gente porque me podrían matar a mí o a mis hijos”.

La señora ignoró los comentarios y pese al miedo, denunció. “Sé que no hay reparación del daño, no hay dinero con el que pueda recuperar a mi hijo, pero lo que quiero es tranquilidad, que se le juzgue conforme a derecho”.

Decidió creer en el sistema de justicia, pero desde un principio comprobó que no sería fácil. El agente del Ministerio Público de Gustavo A. Madero 2 tipificó el delito como homicidio culposo agravado. Sin embargo, según la versión de los testigos, el atropellamiento no fue un accidente.

Eran las cinco de la mañana y Alan estaba con otro amigo rumbo a su casa después de una fiesta. Una camioneta roja con hombres dentro que pasó junto a ellos gritaron insultos. Estos no respondieron. Pero detrás venía el auto de Edwin N y lo impactó a toda velocidad.

“El cuerpo de mi hijo tenía las llantas marcadas en la espalda”, asegura la madre. Los testigos declararon que el joven quedó prensado en el parabrisas tras el impacto, y Edwin N “iba volantenado para deshacerse de él”; en cuanto lo hizo, siguió su camino a toda prisa.

Según la versión del acusado, Alan y su amigo estaban corriendo, intentando alcanzar a la camioneta roja que los había insultado. Los tripulantes bajaron del vehículo y comenzaron a discutir con Alan. Edwin N. manejaba su auto a un metro de la banqueta y “Alan fue quien se atravesó al momento que perdió el equilibrio por lo borracho que andaba. Yo no tuve la culpa”, según consta en su declaración del 1 de octubre de 2012.

Los tripulantes de la camioneta roja lanzaron una botella de vidrio contra el auto de Edwin N y los siguió, por eso, dice, no auxilió a Alan que había quedado tirado en el asfalto.

El viacrucis

Rocío Rojas tuvo que cambiar de domicilio debido a las amenazas que recibió, como un mensaje escrito en su vehículo “te vamos a enterrar”, o las cenizas tiradas en la puerta de su casa. Debido a ello, incluso, denunció y solicitó seguridad a la policía capitalina.

El 23 de octubre de 2012, Edwin N fue señalado como presunto responsable, pero se reservó su derecho a declarar, argumentando temor por alguna represalia por parte de la familia de la víctima.

Una semana después, el 30 de octubre de 2012 declara que sí vio a Alan, pero no pudo esquivarlo. Sobre el auto que manejaba, aseguró que lo había vendido en Monterrey dos días después del suceso, y no tenía los datos para localizar al comprador.

Sólo con esa declaración, y pese a que los testigos relataron el atropellamiento y la huida, el juez de la GAM, Francisco Tercero, dejó en libertad al imputado. Consideró que sin el automóvil como prueba material el caso podía archivarse.

Según la familia, el juez también desestimó otras pruebas como la autopsia del cuerpo en la que consta que un brazo estaba prácticamente desprendido, y la causa de la muerte fue contusión múltiple. También un peritaje terrestre en el que se comprueba que no hubo huella de frenado.

Después de insistir por todas las vías legales por parte de la familia, el caso llegó al juzgado 43 del reclusorio Norte en 2015. Tras analizar el expediente, la jueza Diana Carmona determinó que habían pruebas suficientes para que Edwin N enfrentara el proceso con posibilidad de cárcel de hasta 10 años, y emitió una orden de aprehensión.

Pasaron dos años más para que la policía lo detuviera. Ocurrió el 8 de febrero de 2017 en el Estado de México, y fue trasladado al reclusorio Norte, pero sólo estuvo ahí dos meses.

En esas ocho semanas hubo dos audiencias y en la segunda, del 17 de abril pasado, el magistrado Enrique Sánchez Sandoval, de la cuarta sala del Tribunal Superior de Justicia, concedió la libertad al imputado argumentando que había cooperado en todo momento durante el proceso e impuso una multa de 50 mil pesos.

La familia pensó que el fin de este proceso estaba por concretarse, pero no. Ahora tendrán que interponer otro amparo para revertir esa decisión, pero aseguran que continuarán el tiempo que sea necesario para que el responsable pague por el delito que cometió y, por fin, se haga justicia.

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El caso de Antonia Barra, la joven de 21 años que se suicidó tras ser violada y que estremece a Chile

A mediados de septiembre, Antonia Barra, de 21 años, fue violada. Tres semanas después, se suicidó. El fallo, que descartó la prisión preventiva del acusado, ha desatado indignación en Chile.
23 de julio, 2020
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Antonia Barra

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Antonia Barra fue violada en la mañana del 18 de septiembre de 2019. Un mes después, se suicidó.

Antonia Barra no llegó a conocer al colectivo feminista Las Tesis, pero este miércoles su grito iba dedicado a ella.

Ni la pandemia global ni la distancia social pudieron impedir que miles de mujeres salieran a las calles de varias ciudades de Chile a corear el famoso himno feminista “¡El violador eres tú!”, dar cacerolazos, hacer barricadas y manifestarse con la misma consigna: justicia para Antonia.

El caso de Antonia lleva tiempo haciendo ruido en los medios chilenos, pero este miércoles la indignación creció aún más tras saberse que el juez, que acreditó la violación, ordenó sin embargo el arresto domiciliario del acusado, Martín Pradenas, pero no su prisión preventiva.

La joven fue violada a mediados de septiembre pasado. Casi un mes después, se suicidó. Tenía 21 años.

El rechazo a la prisión preventiva de Pradenas, de 28 años, se argumentó en que no había pruebas suficientes que evidenciaran el delito y en la buena conducta del acusado, investigado por cinco casos de abuso sexual y violación a otras jóvenes.

“La chispa que enciende la movilización ciudadana, porque se entiende que esto es una instancia en medio de un proceso judicial, no su sentencia definitiva, es el argumento del juez, que resulta indignante y que no se hace cargo de la gravedad del caso“, le cuenta a BBC Mundo desde Santiago de Chile la periodista Paula Molina.

Además, el juez del caso, Federico Gutiérrez, definió que dos de las cinco acusaciones -ocurridas entre 2010 (a una joven de 16) y 2014 (a otra de 19 años)- están prescritas. En Chile, este tipo de delitos prescriben transcurridos cinco años.

“Eso es algo que indigna porque sabemos que a las víctimas les toma muchos años denunciar. Al mandar a prescripción lo que denuncian hace que todo el proceso sea inútil. Además, resulta difícil de entender cuando parece existir un continuo de delitos similares, como se denuncia en este caso”, explica Molina.

Durante la audiencia judicial, que fue transmitida en vivo, se emitió un video de Antonia y Martín, que después se publicó en la televisión nacional, en el que se ve cómo él tira de ella mientras caminan.

“Al ver el video donde aparece el acusado junto a la víctima, que va a ser violada y que se va a quitar la vida, el juez dice: ‘Yo solo veo a una pareja caminando’. Es una señal muy potente de cómo la justicia chilena no ve o elige no ver lo que ocurre en estos delitos“, explica Molina.

El Poder Judicial transmitió la audiencia en directo.

Poder Judicial
El Poder Judicial transmitió la audiencia en vivo. A la izda., el juez Federico Gutiérrez.

Pradenas contó en un video de YouTube publicado el 17 de julio que en las imágenes que distribuyeron “se puede ver cómo con Antonia nos damos besos, abrazamos, y después nos vamos como personas normales”.

Meses antes había confirmado que tuvieron relaciones sexuales, pero dijo que fueron consensuadas.

El padre de Antonia, Alejandro Barra, no pierde la esperanza.

“Seguimos adelante. Lo importante es que el delito de mi hija ha sido considerado y trabajaremos para que en el caso sea juzgado como corresponde este individuo”, añadió Barra.

El juicio comenzó el martes 21 de julio. El juzgado estableció 120 días para la investigación de los hechos.

¿Qué se sabe sobre el caso de Antonia Barra?

En la mañana del 18 de septiembre de 2019 Antonia Barra despertó en una cabaña (un alojamiento turístico) en Pucón, en el sur de Chile. Pradenas yacía sobre ella. Después de gritarle que se apartara, se vistió y se fue.

Había viajado a esa ciudad junto a su amiga Consuelo y su novio, con quienes fue a una discoteca. Allí habría comenzado el acoso de Pradenas, registrado en las cámaras de seguridad.

Los mensajes de texto y audio que la joven mandó a varios amigos por WhatsApp y que fueron publicados por la Fiscalía dan cuenta de su relato.

Antonia Barra

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Antonia guardó silencio durante casi un mes por miedo a la reacción de sus padres, según su propio relato.

En ellos cuenta que fue violada por Pradenas y que no quiso denunciarlo por miedo a la reacción de sus padres.

Antonia guardó silencio hasta el 12 de octubre de 2019. Ese día llamó por teléfono a su exnovio, Rodrigo Canario, y relató la agresión sexual que había sufrido. Él la insultó y, además, grabó la llamada y la reenvió.

Un día después, ella le mandó un mensaje de despedida. Después se quitó la vida.

“Hastío”

El caso de Antonia Barra ocurre en medio del estallido social que se inició el 18 de octubre del año pasado y que ha tenido una repercusión especial. “Hay un hastío con lo que se percibe como abusos en general en la sociedad chilena”, dice Molina.

“En esa reacción inmediata, intensa, a lo que se planteó en la audiencia del juicio hubo esa sensación en mucha gente. De alguna manera, es como la misma pulsión del 18 de octubre y de las últimas manifestaciones que hemos vivido. Hay muchas personas que no están dispuestas a callar cuando consideran que algo es injusto“.

La periodista chilena considera que el caso de Antonia Barra pone de relieve que “existe la percepción de que el acoso sexual a las mujeres es una cuestión muy generalizada en Chile”.

Mujeres en Santiago de Chile coreografiando "Un violador en tu camino". Diciembre de 2019.

JAVIER TORRES/Getty Images
Mujeres en Santiago de Chile coreografiando “Un violador en tu camino”.

“Precisamente un día antes de la audiencia judicial se publicó una radiografía del acoso en Chile donde se decía que más del 90 por ciento de las mujeres vive situación de acoso de distinto tipo en el país. Eso crea una identificación de parte de muchas mujeres con las víctimas”, añade Molina, que se refiere a una encuesta nacional en la que participaron más de 1.200 mujeres.

Pero el contexto de la fuerza actual del movimiento feminista en Chile también influye.

“Precisamente, la última gran manifestación antes de la pandemia fue la del 8 de marzo, y no solo hubo activistas o militantes, sino mujeres que, pensando distinto en muchos temas, coinciden en que es momento de que las mujeres reivindiquen la total igualdad de derechos. Eso también ha movilizado una toma de conciencia en muchas mujeres“, opina la colaboradora de BBC Mundo.

“También en otros países hay una sensación generalizada de que en los procesos judiciales todo el peso de la prueba recae sobre las mujeres, y de que el mismo proceso judicial revictimiza a las mujeres y las cuestiona de una manera que no se condice con la agresión que denuncian”.


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