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Alberto Silva, colaborador de Javier Duarte, desapareció 245 millones de pesos en solo 15 días

En diciembre de 2014, el gobierno de Javier Duarte pagó 245 millones de pesos a empresas fantasma por la supuesta difusión gubernamental, actividad exclusiva de la Coordinación de Comunicación Social, oficina que dirigía Alberto Silva, actual diputado federal del PRI.
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Por Israel Roldán / Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad
2 de mayo, 2017
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Alberto Silva Ramos, exvocero de Javier Duarte y uno de sus brazos en la red de funcionarios que autorizaron la entrega de contratos a la red de empresas fantasma de Veracruz, desvió —nada más en diciembre de 2014— 245 millones de pesos del estado para la supuesta difusión de la actividad gubernamental.

Ese año, Silva y Antonio Tarek Abdalá Saad, actualmente diputados federales, facilitaron el mecanismo para defraudar la hacienda pública de Veracruz, pues se le pagó a empresas fachada y la difusión nunca ocurrió.

Leer especial: Empresas fantasma de Veracruz. 

Además, para desviar los recursos del erario Silva Ramos utilizó el presupuesto de 11 dependencias de la administración estatal que facturaron en ese mes, y en algunos casos con apenas unas horas de diferencia, 245 millones de pesos por la “difusión de las actividades del gobierno del estado”.

Lo anterior supondría una violación a la normatividad correspondiente. De acuerdo con los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, la única dependencia facultada para realizar la difusión informativa del gobierno es la Coordinación General de Comunicación Social, que ese año dirigió Silva.

Tarek Abdalá, entonces tesorero del gobierno de Javier Duarte, aprobó los pagos entre el 15 y 31 de diciembre.

Unos días después, al iniciar el 2015, ambos exfuncionarios renunciaron a sus cargos para competir en la elección de diputados federales por el PRI. Actualmente integran la bancada veracruzana en la Cámara baja.

En las últimas horas, la también exvocera de Javier Duarte, Gina Domínguez, acusó en su columna “Razones de Estado” que Alberto Silva es uno los políticos cercanos al exgobernador “que lucha salvajemente para evadir sus responsabilidades políticas y las penurias legales que le persiguen”.

Lee: Duarte pide un colchón, que lo dejen convivir y hacer deporte en la cárcel en Guatemala.

Silva, complicidades en desvíos

Alberto Silva tuvo un apresurado ascenso en la función pública. En la segunda mitad del gobierno de Fidel Herrera (2004-2010) ocupó los cargos de Subsecretario de Infraestructura Regional y Director General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.

Del 2010 al 2013 fue electo presidente municipal de Tuxpan pero sin terminar ese período fue designado secretario de Desarrollo Social por su amigo el exgobernador Javier Duarte.

Desde el 20 de febrero de 2014 se desempeñó como coordinador general de Comunicación Social y vocero de Duarte hasta el 5 de enero de 2015.

Ese año, el gobierno de Veracruz contrató 2,795 millones de pesos en publicidad oficial, de los cuales al menos 245 millones fueron facturados por dependencias distintas a la Coordinación General de Comunicación Social para empresas fantasma.

En total 8 empresas declaradas como inexistentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se beneficiaron ese diciembre: Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver, Mercacarrey, Marvercarr, Publicidad Akkira y Gman Business.

De acuerdo con la revisión a las facturas —cuyas copias tiene Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad—, 68 millones de pesos fueron para Mercacarrey y 37 millones a Marvercarr y Publicidad Akkira para cada una.

También 35 millones para Mogarver, 33 millones a Anzara, 19 millones a Carrirey y 8 millones a Ravsan y Gman Business para cada una.

Los pagos fueron realizados con diferencia de horas por transferencias autorizadas desde la oficina de Tarek Abdalá, actual diputado federal a quien la sección instructora de la Cámara decidió congelar la solicitud de desafuero pese a las acusaciones de complicidad en el desvío de recursos de Javier Duarte. Los diputados del PRI no presentaron siquiera en la sesión del jueves pasado el dictamen de desafuero para que se votara.

Dos de las 8 empresas utilizadas en éstos desvíos ya habían sido beneficiadas por Silva un año antes al entregarles contratos de la Sedesol, dependencia de la que era titular, de acuerdo con la investigación que Animal Político publicó en mayo de 2016, misma que contó con el apoyo financiero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Se trata de Mercacarrey y Mogarver que recibieron 243 millones de pesos en 2013 pero que nunca entregaron materiales para construcción de pisos y techos de vivienda en zonas marginadas para lo que fueron contratadas.

SAT documentó desvío; Fiscalía de Veracruz investiga a Silva

Los desvíos de 2014 fueron documentados por el Servicio de Administración Tributaria en noviembre de 2016.

Un documento de la oficina de Administración Central de Fiscalización Estratégica —en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad— revela que visitadores de esa dependencia verificaron todas aquellas operaciones de ese año entre la Coordinación General de Comunicación Social y las empresas.

En junio de 2015 Silva ganó la diputación federal por el PRI; en abril de 2016 solicitó licencia al Congreso para regresar a la vocería con Javier Duarte, cargo en el que permaneció hasta octubre cuando el exgobernador se dio a la fuga.

A su regreso a Comunicación Social del gobierno de Veracruz intentó pagar, vía la tesorería, 75 millones de pesos que habían quedado pendientes de cobro de los desvíos de 2014, aunque por las investigaciones periodísticas divulgadas se detuvo el trámite.

Ahora Silva es investigado también por la Fiscalía General de Veracruz por el presunto pago a empresas que no existen. El gobernador Miguel Ángel Yunes anticipó que lo someterá al procedimiento de desafuero, aunque todavía no hay solicitud formal.

En diciembre de 2016, al comparecer ante diputados locales, Yunes detalló que en la administración de Duarte, entre 2011 y 2016, se facturaron a medios, algunos fantasma, un total de 8,548 millones de pesos.

“Vamos a investigar a dos excoordinadores de Comunicación Social, específicamente a la señora Georgina Domínguez y Alberto Silva Ramos, porque durante la etapa en que fueron coordinadores de Comunicación Social se hicieron pagos a empresas que no existen”, anticipó el gobernador.

Lee: El camino de Javier Duarte hacia la cárcel, de ser joven promesa en Córdoba hasta su caída.

Apenas el martes 25 de abril, una investigación de Animal Político documentó que la exvocera de Javier Duarte, Gina Domínguez, utilizó su cargo para beneficiar con contratos y convenios a la empresa Servicios Especializados de Comunicación e Imagen S.A. de C.V., que luego pasó a ser de su propiedad, y mediante la cual controla editorialmente tres radiodifusoras.

La empresa SECI recibió 6.9 millones de pesos y uno de sus accionistas, Miguel Ángel Gutiérrez Garduza, 10.3 millones de pesos, entre 2012 y 2016.

Luego de la publicación, la Fiscalía General de Veracruz confirmó que Domínguez y Silva son investigados por la comisión de presuntos actos de corrupción y por el presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos cometidos en agravio de la hacienda durante su gestión en la Coordinación General de Comunicación Social y en la Secretaría Técnica de la Oficina del Gobernador.

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Crisis en Venezuela: La desesperada búsqueda de hormonas de los transexuales

Las personas que quieren cambiar su sexo biológico necesitan un tratamiento hormonal de por vida para mantener los cambios en su cuerpo. En Venezuela son hoy imposibles de encontrar, lo que acarrea graves riesgos para ellas.
27 de junio, 2019
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“Si volviera a parecer una mujer, no me atrevería a salir a la calle”.

A André le llevó mucho tiempo y esfuerzo construir la apariencia del hombre que siempre sintió ser.

Transformar el cuerpo de Bolivia Andreína Bellorín, la mujer cuyo nombre figura en su cédula de identidad pero en la que nunca se reconoció, le costó dos intervenciones quirúrgicas, meses de un caro tratamiento hormonal y un doloroso desencuentro con una madre ya fallecida que nunca terminó de aceptarlo.

Ahora, al encontrarlo en la cafetería de un centro comercial de Caracas, nadie diría que el cuerpo de este empleado en una empresa agrícola fue un día de mujer.

Pero él siente que algo está cambiando, que lo que tanto le costó podría, poco a poco, malograrse.

“Ya no me sale barba en muchas partes de la cara y me estoy poniendo más caderón”, cuenta preocupado. “Pero lo peor es mi voz, no soportaría que mi voz fuera otra vez la de antes“.

Como todos los transexuales que inician lo que los especialistas denominan “transición” para adecuar su sexo biológico a su personalidad, André Bellorín necesita un tratamiento hormonal de por vida para mantener los cambios alcanzados.

Su cuerpo se está feminizando de nuevo porque en 2014 lo interrumpió.

¿La razón? La misma que la de muchos otros problemas en Venezuela: la escasez.

De acuerdo con el Informe sobre la Situación del Derecho a la Salud elaborado el año pasado por varias ONG locales, Venezuela vive “un agotamiento extremo de los inventarios de medicinas, vacunas e insumos básicos” que se traduce en que muchos pacientes tienen graves dificultades para encontrar los medicamentos que necesitan.

Los trans y sus hormonas no se libran del problema.

“Cada vez se hizo más difícil encontrar la testosterona. Recorría una farmacia tras otra; a veces tenía suerte, otras no”, recuerda André, que cuenta incluso que hubo un año en que sus amigos le regalaron unos inyectables de testosterona por su cumpleaños.

Habían unido esfuerzos para traerlos desde Colombia.

Fue algo excepcional.

André Bellorín.

G. D. Olmo
A André le ha dejado de salir barba en la mayor parte de la cara y teme que la feminización de su cuerpo no se detenga.

“Yo no tengo dinero para comprar la hormona en Colombia y que me la manden todos los meses”, cuenta André, que como muchos en Venezuela estira su modesto sueldo al máximo para hacer frente a la hiperinflación.

Parte de los migrantes venezolanos

El cirujano Edward Romero, responsable de la Unidad Transgénero en la clínica Uciep de Caracas, ha notado en su consulta los efectos de la escasez de hormonas.

“La mitad de mis pacientes se ha marchado a países en los que pueden conseguir el tratamiento, sobre todo Colombia, Ecuador y Perú, donde es más económico”, afirma.

Es una cara menos conocida de la diáspora de más de cuatro millones de personas que, según Naciones Unidas, ha dejado Venezuela desde que comenzó la crisis económica que sufre.

Médico y usuario transexual.

G. D. Olmo
El doctor Edward Romero dice que la mitad de sus pacientes se han marchado a países donde podían encontrar las hormonas.

Suspender el tratamiento hormonal, como muchos se han visto obligados a hacer, no solo pone en peligro los cambios logrados sino que puede tener otras graves consecuencias.

Según el doctor Romero, “los usuarios con frecuencia caen en la depresión y en la ansiedad”.

Los jóvenes son los más vulnerables. “En los adolescentes que están atravesando el conflicto de la transgeneridad vuelve a haber ideas suicidas y explosiones violentas en el ámbito familiar“.

El problema se agudiza en el caso de los trans masculinos, en los que las hormonas provocan cambios más rápidos, pero que también desaparecen rápido.

La vuelta de la menstruación, que puede producirse ya a los tres meses de la interrupción del tratamiento, supone una experiencia traumática para muchos de ellos.

Transexuales en Caracas.

Getty Images
Las hormonas provocan cambios más rápidos en los transexuales masculinos, pero también desaparecen rápido.

Toni del Vecchio es uno de los trans a los que trató el doctor Romero. Asegura que “lamentablemente, hoy en Venezuela empezar un tratamiento hormonal es una cuestión de dinero”.

Él, un diseñador gráfico al que le va bien, se sabe miembro de una minoría de privilegiados. Puede pagar el coste de su medicación en Ecuador y el envío desde allí.

Para la mayoría de los que resisten en Venezuela y no se resignan a que su cuerpo se convierta en aquello de lo que escaparon, conseguir las hormonas se ha convertido en una especie de odisea.

Venezolano rumbo a Colombia

Karl Rodríguez consume ahora lo que le queda de Nebido, un inyectable en ampollas que debe suministrarse cada tres meses para mantener los niveles de testosterona.

“Viajé hasta Colombia en la camioneta de un amigo para comprarlas a US$80 cada una”.

Ahora, cuenta, está ahorrando lo que puede de su sueldo de cocinero en el Banco Central para repetir el viaje y renovar sus existencias.

Sabe que no será fácil. Viajar por carretera en Venezuela se ha convertido en misión de alto riesgo. A la inseguridad se suma últimamente el problema de la dificultad para encontrar combustible en la mayor parte del país.

Karl dice que nada de eso lo detendrá. “De una manera o de otra conseguiré mis hormonas”.

Karl Rodríguez

G. D. Olmo
Karl Rodríguez tuvo que viajar por carretera hasta Colombia para conseguir las hormonas que necesitaba.

La desesperación por conseguirlas llevó a algunos a buscar en internet lo que no podían encontrar en las farmacias.

“En Venezuela lo único que puedes encontrar son páginas web que ofrecen las hormonas, nunca por debajo de US$300“, explica Del Vecchio.

Más alto que el coste son los riesgos para la salud de adquirir uno de estos productos sin certificación y consumirlo sin supervisión médica, como algunos hicieron.

El doctor Romero cuenta que trató a personas que recurrieron a hormonas animales, lo que puede provocar crisis hipertensivas y otros trastornos.

Un transexual que prefirió no dar su nombre refirió a BBC Mundo que compró por internet lo que creyó era testosterona y luego resultó ser resina vegetal.

Ahora tiene unos bultos en los glúteos, no sabe cuándo desaparecerán y ha renunciado definitivamente a hormonarse.

Situación de los LGBT en Venezuela

Para activistas y organizaciones de defensa de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT) en Venezuela, los problemas de los transgénero para conseguir su medicación son un reflejo más del marco de precariedad y falta de derechos que sufre este colectivo.

Para Quiteria Franco, de la ONG Unión Afirmativa, “el país siempre estuvo mal en este campo, pero ahora estamos a la cola en la región“.

Venezuela no reconoce el derecho al cambio de identidad de los transgénero. Es además uno de los pocos de Sudamérica que no admite el matrimonio y ni siquiera contempla la unión civil entre personas del mismo sexo.

BBC Mundo intentó obtener información sobre la situación del colectivo LGBT en el país, pero el Ministerio de Comunicación no respondió a la petición.

Quiteria Franco resume la situación. “Somos un problema que nunca le ha importado a nadie”.


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