De la cárcel a la defensa de derechos: Samantha cuenta cómo es la política para una mujer trans
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De la cárcel a la defensa de derechos: Samantha cuenta cómo es la política para una mujer trans

Luego de salir de prisión por un delito que no cometió, Samantha decidió incursionar en la política y en la defensa de los derechos humanos y civiles
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Por Erendira Aquino
13 de mayo, 2017
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Más de tres meses en prisión, acusada de un delito que no cometió, convirtieron a Samantha G. Fonseca en defensora de derechos humanos en México, donde las agresiones a defensores y personas trans son un crimen que ocurre con frecuencia.

Desde 2007, Samantha apoya principalmente a personas que viven alguna situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México y otras entidades del país.

En 2007, Samantha, una mujer trans, pasó más de tres meses privada de su libertad, acusada de robo agravado y homicidio en grado de tentativa por un hombre homosexual, que frecuentemente acudía a los antros donde solía convivir, con quien tuvo un problema.

A los tres días del incidente, en estado de indefensión e incomunicada, Samantha fue trasladada al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, aunque para entonces ya se identificaba como mujer trans.

Al principio preguntan “¿Cómo te digo?” o si soy mujer, como si fuera un bicho raro[/animalp-quote-highlight]

A partir de su salida del reclusorio, donde fue agredida por otros presos y autoridades y donde, incluso, fue violada sexualmente, Samantha comenzó a impulsar una agenda política que defiende a “grupos vulnerados”.

La política para Samantha

Samantha, originaria de Monterrey, estudió derecho y administración de empresas e inició su participación en la defensa de derechos humanos en 2007, cuando conoció al abogado Jaime López Vela, de la organización Agenda LGBT,  quien la ayudó.

Luego de eso, Samantha fue invitada por López Vela para colaborar con el Partido del Trabajo en la Oficina de atención a la Diversidad Sexual en la Delegación Cuauhtémoc.

Posteriormente, por su propia cuenta, ella logró ser coordinadora nacional Política en materia de Diversidad Sexual y Equidad de Género del Partido del Trabajo, lo que la convirtió en la primera mujer trans con un cargo como titular a nivel nacional.

Luego, con Movimiento Ciudadano, fue secretaria de Derechos Humanos del Distrito Federal y regresó a ser coordinadora nacional política en materia de atención a grupos vunerables, también del PT, como último cargo político.

En las elecciones para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, celebradas en junio de 2016, Samantha fue candidata joven del Partido Nueva Alianza, siendo la única mujer trans que contendía en la elección.

“He tenido pleito incluso con mujeres, que dicen ‘no, a ver, ¿cómo crees? Ella no es mujer[/animalp-quote-highlight]

Su propuesta se dirigió a la visibilización y reconocimiento de “los grupos sociales más estigmatizados y discriminados que existen en México”: personas privadas de su libertad, personas de talla pequeña, personas tatuadas, con perforaciones, tatuadores, población callejera y personas migrantes, aunque, comenta, “desde 2012 yo traigo la agenda con todos estos grupos”.

Sin embargo, dice, “no fue posible que yo llegara con esos temas, porque no era del interés político”.

Sobre su experiencia personal en la política, Samantha señala que “ha sido muy grata, porque como mujer trans y a pesar de la violencia y persecución a nuestra comunidad, puedo decir que he llegado hasta aquí sola, con todo y el estigma y la discriminación”. Sin embargo, “no es fácil”, porque la mayoría de las personas en la política “son muy cuadrados y muy radicales”.

“Al principio preguntan “¿Cómo te digo?” o si soy mujer, como si fuera un bicho raro”, pero, añadió “es cuando una, como chica trans, debe estar con la mentalidad abierta, aceptarse y estar consciente de que le van a preguntar hasta lo que no”.

Otra dificultad que ha encontrado en la política es la de “paridad de género”, dice.

“He tenido pleito incluso con mujeres, que dicen ‘no, a ver, ¿cómo crees? Ella no es mujer y no debe ir con nosotras’, mientras con los hombres tampoco puede participar “porque no soy hombre”.

Además del trabajo que Samantha ha realizado con partidos políticos, ella realiza labores independientes en defensa de las personas privadas de su libertad.

Samantha

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“Me importa que se atienda a la población penitenciaria, que se visibilicen todas las violaciones a derechos humanos que hay en el debido proceso y que se haga justicia para todas las personas. Que salgan aquellas privadas de su libertad injustamente y que la reinserción social se obtenga de manera digna e integral”, explicó.

Samantha lleva desde diciembre de 2015 acudiendo de manera constante a los reclusorios de la Ciudad de México y de algunos otros estados para conversar con las personas privadas de su libertad acerca de sus historias de vida antes de la cárcel y sus metas después de haber estado en prisión, porque “merecen ser escuchadas y que se tomen en cuenta esas historias de vida, lo que ayudará a una real reinserción social”.

También asesora y apoya a personas que la buscan sabiendo que tiene comunicación con diferentes actores del gobierno. “La gente me conoce y sabe de los contactos que tengo y me piden vincularlos para resolver algunas situaciones complicadas”.

Amor y rechazo

Hace seis años, Samantha comentó a Animal Político que, además de sus metas como defensora nacional de derechos humanos, esperaba casarse y adoptar dos bebés.

Con una sonrisa relata: “Sí me casé, aunque ya me divorcié. Actualmente tengo una relación estable, aunque difícil porque mi pareja está privado de su libertad injustamente. Pero que esté preso y yo sea trans no impide que hoy seamos muy felices”.

Samantha e Israel, su pareja, se conocieron cuando ambos coincidían en antros.

Al iniciar en la política, Samantha supo que Israel viajaría a Europa para un intercambio escolar y perdió contacto con él.

Lee: 6 mujeres transgénero exitosas que rompen moldes en América Latina.

Se enteró que Israel estaba preso cuando él pidió hablar con ella, ya que desconocía de su situación. Al reencontrarse comenzaron con una relación de pareja que actualmente lleva más de un año.

Ahora Israel y sus perros son su única familia, con quien tiene planes a futuro, luego de que, su abuelo se suicidó en 1999, su madre murió de cáncer en 2009, su abuela murió de un infarto en 2014 y a los hermanos de su mamá los asesinaron.

El resto de su familia, comentó, “eran muy machos y muy homofóbicos”, la juzgaban y desde niña le decían que “era lo peor que le pudo haber pasado a su madre”, pero ahora que ella es defensora nacional de derechos humanos y trabaja en la política “ya me buscan, pero yo les digo que no. Ahora ya tengo una vida y como diría mi abuelita, si por interés me quieren, bien me pueden olvidar”.

Samantha explicó que pueden considerarla como una “chapulina política” porque ha trabajado con diferentes partidos, “pero al final de cuentas yo soy defensora nacional de derechos humanos y si cualquier partido apoya la causa que abandero, voy a estar con él”.

Sobre sus próximos proyectos políticos, contó que seguirá trabajando en la defensa nacional de derechos humanos y que quiere ser candidata a senadora en 2018.

Si ningún partido está dispuesto a respaldar su agenda política, finalizó, “vamos como independientes, pero seguiremos adelante”.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

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¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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