Madre de un policía desaparecido ahora también es víctima de despojo a manos del Poder Judicial
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Fotografía: Prometeo Lucero

Madre de un policía desaparecido ahora también es víctima de despojo a manos del Poder Judicial

El Poder Judicial embargó a la familia de un policía federal raptado hace 7 años, por faltar a una audiencia, aunque pagaron la multa correspondiente; no hay garantías de que les devuelvan sus bienes, porque las autoridades "no saben dónde quedaron".
Fotografía: Prometeo Lucero
Por Paris Martínez
8 de mayo, 2017
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Como castigo por no asistir a una audiencia (de la que no fue oportunamente informada), el Poder Judicial de la Federación despojó de sus muebles a familiares de la señora Araceli Rodríguez, mamá de un policía federal raptado y desaparecido hace siete años en cumplimiento del deber.

En un operativo realizado el pasado 21 de febrero, agentes policiacos arribaron al domicilio familiar de la señora Rodríguez, y extrajeron una pantalla digital, un horno de microondas, un sistema de bocinas y un equipo de sonido, todo con valor superior a 15 mil pesos, con el argumento de que con eso se cobraban una multa de 2 mil 191 pesos, por la inasistencia a una audiencia judicial convocada en noviembre del año pasado.

Aunque esa multa se pagó inmediatamente, los muebles desaparecieron.

En entrevista, la señora Araceli Rodríguez explicó que por el rapto y desaparición de su hijo (y de otros ocho compañeros) hay, hasta la fecha, 18 presuntos criminales detenidos, sometidos a juicio, contra los cuales las familias de los agentes han aportado su testimonio como prueba, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).

“En 2010, la PGR nos propuso a las familias que fuéramos a presentar ‘prueba testimonial’ en los juicios contra estas 18 personas –narró Araceli–; y nosotras aceptamos y hemos acudido a innumerables audiencias desde entonces, nunca habíamos faltado a ninguna audiencia, porque somos los más interesados en que se determine la verdad sobre lo que les ocurrió a nuestros hijos, y saber dónde están”.

A partir de ese momento, tanto la PGR como la Defensoría de Oficio también quedaron obligadas a informar a las familias cada vez que su testimonio fuera requerido por los juzgados, y sólo de forma supletoria, las familias de los policías desaparecidos acordaron fijar el domicilio de la señora Araceli Rodríguez como lugar para recibir notificaciones judiciales, “porque algunas notificaciones no les llegaban a las otras familias, y porque yo he estado desde el principio muy pendiente de todos los procesos: entonces, llegaban las notificaciones de las audiencias a mi casa y yo les avisaba a las demás familias”.

No obstante, en ese mismo año, Araceli comenzó a recibir no sólo las notificaciones oficiales en su domicilio, sino también amenazas por parte del crimen organizado, razón por la cual decidió huir de esa casa, en la que vivía también su hermana.

A partir de entonces, la hermana de Araceli quedó encargada de avisarle si llegaba alguna notificación judicial.

En el año 2016, sin embargo, la hermana de Araceli enfrentó una crisis de salud que puso en grave riesgo su vida, y que la llevó al quirófano en febrero de 2017, para una cirugía mayor. Fue durante esta crisis de salud que llegó la notificación de noviembre de 2016, aquella en la que se citaba a Araceli y a las otras familias a una audiencia en un tribunal de ciudad Nezahualcóyotl.

“Sabemos que hubo un error de nuestra parte –reconoce Araceli–, un error humano: nunca nos hemos negado a colaborar para que se haga justicia, esto no fue un desacato. Yo comprendo que mi familia no me avisara de esta notificación, porque mi hermana estaba muy enferma, estaba atendiéndose, mi familia está muy desgastada también, de ver tanto que hemos hecho y que simplemente Luisito no aparezca. No culpo a mi hermana por no percatarse de la notificación, le agradezco mucho que comprendiera por qué tenía yo que huir de esa casa, y que ella estuviera dispuesta a ayudarme”.

El 3 de febrero de 2017, la notificadora Nancy Ángeles acudió al domicilio de la familia Rodríguez, para entregar una nueva notificación: si Araceli no pagaba una multa de 2 mil 191 pesos por no asistir a la audiencia de noviembre, las autoridades violarían las cerraduras y se llevarían los muebles que consideraran de un valor equiparable a la multa.

“Yo no tengo abogado particular –explica Araceli–, nosotros no somos una familia rica, con dinero. Quien me da acompañamiento es una licenciada de la Defensoría Pública, y cuando vi yo esa advertencia, le avisé a la abogada que yo pensaba pagar la multa, aunque me pareciera injusta, porque no quería que mi familia sufriera ni por un segundo. Pero la abogada me dijo que no pagara, que ella iba a interponer un amparo, textualmente me dijo que no me preocupara, si hay grandes empresarios que deben millones y a ellos no los embargan, menos me iban a embargar a mí, que no tengo nada, que soy mamá de un policía desaparecido en cumplimiento del deber”.

Efectivamente, la defensora de oficio interpuso una solicitud de amparo, que fue negado.

Justicia a la mexicana

El 21 de febrero de 2017, la hermana de Araceli fue dada de alta, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometida días antes, y volvió a su domicilio, convaleciente. Pocas horas después, justo a las 10:30 de la mañana, la notificadora Nancy Ángeles Solís llegó también al inmueble, en Ciudad Nezahualcóyotl, acompañada por un grupo de policías que allanaron la vivienda y se llevaron los aparatos de valor que eligieron.

“Se llevaron los aparatos de la casa de mi hermana, una pantalla de 50 pulgadas, un estéreo, un equipo de bocinas grandes, su horno… Gente insensible que obligó a mi hermana, recién operada, a permanecer de pie, viendo cómo le saqueaban la casa. Mi hermana les dijo que necesitaba acostarse, que recién la habían dado de alta, pero esta funcionaria, de nombre Nancy Ángeles Solís, se negó, le dijo que tenía que quedarse ahí y presenciar el embargo, que no se podía ir a descansar, se portó muy grosera, como queriendo humillarnos”.

Tal como narra la mamá del policía víctima de desaparición, en todo momento se le aclaró a la funcionaria que en ese domicilio, y los muebles con los que estaban cargando, no pertenecían a la persona multada.

“Pero la señora Nancy Ángeles dijo que no le importaba, que en ese domicilio se recibían las notificaciones y que iba a embargar. Luego se burló: ‘a ver, qué me voy a llevar de aquí, todo está viejo’, le dijo a mi hermana. Es indignante la forma en que estos funcionarios se conducen… mejor un policía, que vio cómo mi hermana se desvanecía, se le acercó para ofrecerle llamar a una ambulancia. A la notificadora no le importó: vulneraron los derechos de mi hermana, no les costaba nada dejar que se acostara, y la obligaron a permanecer de pie”.

Luego, de recorrer la casa acompañada de los policías, la notificadora eligió llevarse los aparatos electrónicos, que valuó en 7 mil pesos (aunque su costo de adquisición fue muy superior). “Dijo que se llevaba todo eso para que se pague la multa de 2 mil pesos, porque los muebles se devalúan”.

Araceli, quien se encontraba en Cuernavaca para participar en una conferencia de prensa de víctimas de la violencia, fue informada por su hermana de lo que sucedía, y emprendió el camino de vuelta a la zona metropolitana del Valle de México.

“Me fui lo más rápido que pude pero, obviamente, cuando llegué ya todo había terminado. Yo me sentía muy culpable. Fue una situación horrible: nos quedamos todas juntas llorando, muy tristes, mis hermanas y yo, mi hija, mis sobrinas, todas con mucho, no dábamos crédito a lo que estaba pasando. Mi hermana me preguntó por qué: perdí a mi hijo, perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí todo, y aún en esta condición de sobrevivencia, el mismo Poder Judicial se ensaña con nosotras”.

Araceli hace una breve pausa, se disculpa por las lágrimas que van con sus palabras, y luego suelta: “¡Cómo es posible que este infierno siga! Nos arrebataron a Luis Ángel por culpa del gobierno, porque los mandó a una comisión sin que contaran con las medidas de seguridad adecuadas; y el mismo gobierno federal nos sigue lacerando, nos sigue hostigando, nos sigue poniendo en la madre”.

Una semana después, el 2 de marzo, Araceli logró reunir el dinero necesario y pagó la multa, en el intento de recuperar los muebles de su familia: 2 mil 576 pesos, que comprenden la sanción económica, más el costo de almacenamiento de los muebles.

Desde entonces han transcurrido dos meses y sigue esperando.

“El pasado 3 de mayo fui al centro administratrivo de Ciudad Nezahualcóyotl, para preguntar qué estaba pasando con los muebles. Me atendió un licenciado de nombre Arturo Guerrero, del Sistema de Administración Tributaria, le enseñé el comprobante de pago, y lo que me contestó fue que aunque ya hubiera pagado, eso no es garantía de que me devuelvan los muebles, porque no saben dónde quedaron”.

Debido a que a la audiencia de noviembre estaban citadas cinco familias de policías desaparecidos, todas las cuales habían registrado el antiguo domicilio de Araceli como dirección para recibir notificaciones, se sabe que otras cuatro multas están en trámite.

“Cada una de esas multas es una amenaza de embargo a mi familia”, lamentó Araceli.


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India: los desesperados mensajes para salvar a pacientes con COVID

Avani Singh es una de las miles de personas en India que ha tenido que recurrir a las redes sociales para obtener ayuda para su familia.
1 de mayo, 2021
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Mientras una segunda ola de coronavirus causa estragos en India, con más de 350 mil  casos reportados a diario, las familias de los enfermos de covid-19 buscan desesperadamente ayuda en las redes sociales.

Desde la mañana hasta la noche, rastrean cuentas en Instagram, dejan mensajes en grupos de WhatsApp y revisan sus guías telefónicas. Buscan camas en un hospital, oxígeno, el fármaco remdesivir y donaciones de sangre.

Es caótico y abrumador. Un mensaje de WhatsApp comienza a circular: “Dos camas de UCI libres. Minutos después, ya no lo están. Pasaron a ser ocupadas por quien llegó primero.

Otro mensaje: “Se necesita con urgencia concentrador de oxígeno. Por favor, ayuda”.

A medida que el sistema de salud se debilita, es la comunidad, el esfuerzo personal y la suerte lo que decide entre la vida y la muerte.

La demanda supera a la oferta. Y los enfermos no pueden darse el lujo de perder tiempo.

“Buscamos en 200 lugares una cama de hospital”

Cuando comencé a redactar este artículo el viernes, hablé con un hombre que buscaba oxígeno en WhatsApp para su primo de 30 años en Uttar Pradesh, un estado en el norte de India. Cuando terminé de escribir el domingo, había muerto.

Otros están agotados y traumatizados, después de días cargando en sus hombros el peso de encontrar un tratamiento que salve la vida a sus seres queridos.

“Son las 6 de la mañana, la hora a la que comenzamos las llamadas. Nos informamos de cuáles son las necesidades de mi abuelo para el día -oxígeno e inyecciones- lo compartimos en WhatsApp y llamamos a todas las personas que conocemos”, explica Avani Singh.

Avani Singh con su abuelo, de 94 años, enfermo de covid en Delhi.

Avani Singh
Avani Singh con su abuelo, de 94 años, enfermo de covid en Delhi.

Su abuelo de 94 años está muy enfermo de covid en Delhi.

Desde su casa en Estados Unidos, Avani y su madre, Amrita, describen una extensa red de familiares, amigos, parientes y contactos profesionales, muchas veces lejanos, que les ayudaron cuando el abuelo cayó enfermo y su salud se deterioró rápidamente.

“Usamos todos los contactos que tenemos. Yo buscaba en las redes sociales. Algunas páginas que sigo dicen ‘tal lugar confirmado, tiene cama de UCI’ o ‘este sitio tiene oxígeno’. Entre todos probamos unos 200 lugares“, explica Avani.

Finalmente, a través de un amigo de la escuela, encontraron un hospital con camas, pero descubrieron que no tenía oxígeno. En esos momentos, el padre de Avani estaba inconsciente.

“Entonces publiqué una súplica en Facebook y un amigo sabía de una sala de emergencia con oxígeno. Gracias a ese amigo, mi padre sobrevivió aquella noche“, dice Amrita.

Cuando hablamos el sábado, su perspectiva había mejorado, pero la tarea que tenían por delante Avani y Amrita era conseguir inyecciones de remdesivir. Hicieron algunas llamadas, y el hermano de Amrita en Delhi viajó en auto hasta esos lugares, haciendo unos 160 km en un solo día.

“Mi abuelo es mi mejor amigo. No puedo agradecer lo suficiente a las personas que manejan esas páginas de Instagram por todo lo que están haciendo”, dice Avani.

Pero la información pronto se desactualiza. También les preocupan las informaciones falsas.

“Nos enteramos de que una farmacia tenía los medicamentos pero cuando mi primo llegó allí ya no quedaba ninguno. Abría a las 8:30 de la mañana y la gente llevaba haciendo cola desde medianoche. Solo los 100 primeros recibieron las inyecciones”.

“Ahora venden los medicamentos en el mercado negro. Deberían costar unas 1.200 rupias (US$16) y los venden por 100.000 rupias (US$1.334), y nadie te puede garantizar su autenticidad”, explica Amrita.

Como cualquier sistema que confía en conexiones personales, no todo el mundo recibe una oportunidad justa. El dinero, los contactos familiares y un alto estatus social brindan mayores posibilidades de éxito, así como el acceso a internet y los celulares.

Situaciones desesperadas

En medio del caos, algunas personas tratan de poner algo de orden, centralizando la información, creando grupos comunitarios y usando cuentas de Instagram para hacer circular los contactos.

Arpita Chowdhury, de 20 años, y un grupo de estudiantes en su universidad para mujeres en la capital gestionan una base de datos que ellas mismas recaban y verifican.

Arpita Chowdhury

Arpita Chowdhury
Arpita Chowdhury y otras estudiantes del Lady Shri Ram College, una Universidad en Nueva Delhi, crearon un grupo para coordinar la información en las redes sociales.

“Cambia hora a hora, minuto a minuto. Hace cinco minutos me dijeron que había un hospital con diez camas disponibles, pero cuando llamo ya no hay”, explica.

Con sus compañeras, llama a los números de contacto anunciados en las redes sociales que ofrecen oxígeno, camas, plasma o medicamentos, y publica la información verificada en internet.

Luego responde a las solicitudes de familiares de pacientes con covid que solicitan ayuda.

Es algo que podemos hacer para ayudar, a nivel más básico, dice.

Arpita Chowdhury comparte información verificada en WhatsApp

BBC
“Necesitamos dos camas de hospital para mis abuelos, ¿saben de algo?”, preguntan en un mensaje. “El Colegio Médico Doon tiene camas de UCI”, responden.
Arpita Chowdhury comparte información verificada en WhatsApp

BBC
-“SOS, oxígeno en Agra”. -“De acuerdo, averiguo”. “OXÍGENO. Ubicación: Agra, Uttar Pradesh. Disponible el 23 de abril a las 12 del mediodía. Verificado”.

El viernes, Aditya Gupta me dijo que estaba buscando un concentrador de oxígeno para su primo Saurabh Gupta, gravemente enfermo en Gorakhpur, una ciudad en el estado norteño de Uttar Pradesh en donde hubo un gran aumento de casos y muertes.

Saurabh, un ingeniero de 30 años, era el orgullo y la alegría de su familia. Su padre tenía una pequeña tienda y ahorró para que pudiera tener una educación.

“Visitamos casi todos los hospitales en Gorakhpur. Los hospitales más grandes estaban llenos y el resto nos dijeron: ‘Si logran obtener el oxígeno por su cuenta, podremos aceptar al paciente“, explicó Aditya.

A través de WhatsApp, la familia consiguió un cilindro de oxígeno, pero necesitaban un concentrador para hacerlo funcionar. Estaban agotados el viernes, aunque recibieron garantías de un proveedor de que podrían obtener uno.

Pero el dispositivo que tan desesperadamente necesitaban nunca llegó y Saurabh no puso ser ingresado en el hospital.

El domingo, Aditya me dijo: “Lo perdimos ayer por la mañana, murió delante de sus padres”.

Saurabh Gupta

Aditya Gupta
Saurabh tenía 30 años.

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