[contextly_sidebar id=”3rBV7QowGB4c8eyUrSoFxeYeH0oYlZWN”]La exvocera del gobierno de Javier Duarte, Gina Domínguez, es acusada del desvío de 5 mil millones de pesos del erario de Veracruz.
Al participar en la audiencia, la exvocera del gobierno de Veracruz responsabilizó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de haber hecho pagos a medios de comunicación con rubros distintos a los de la difusión de las tareas del gobierno del estado.
Además, Gina Domínguez incluyó en sus acusaciones a sus sucesores, como Alberto Silva, Juan Octavio Pavón e Irma Chesty y aseguró que su labor al frente de la Coordinación General de Comunicación Social se limitó a solicitar la suficiencia presupuestaria a Sefiplan para enfrentar los pagos con los medios de comunicación, de acuerdo con un reporte de XEU Noticias.
Tras responsabilizar a la Secretaría de Finanzas de Veracruz, la exvocera de Duarte explicó que su área no manejaba los recursos y agregó que si la Sefiplan pagó con recursos que no estaban originalmente destinados para tal efecto esa ya no era su responsabilidad.
“Durante mi gestión me apegué a las leyes y reglamentos, no se violentó ninguna circunstancia de lo que me correspondía, el ejercicio de los recursos públicos no me correspondió”, dijo.
Tras la audiencia, la exfuncionaria del gobierno de Javier Duarte será recluida de manera preventiva en el penal en Pacho Viejo como parte de su medida cautelar por un año, en lo que alista su defensa y la Fiscalía General del Estado aportan más pruebas, indica un reporte del diario Reforma.
Gina Domínguez, exvocera de Javier Duarte, fue detenida la noche del 20 de mayo en Xalapa y luego fue trasladada l penal de Pacho Viejo, en Coatepec, donde la juez de control le dictó un año de prisión preventiva por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del servicio público.
El 22 de mayo pasado, Animal Político publicó que la Fiscalía de Veracruz sostiene que desde la coordinación de Comunicación Social del estado, encabezada primero por Gina Domínguez y luego por Alberto Silva, se puso en marcha un mecanismo que permitió el desvío de cuatro mil millones de pesos por lo menos, provenientes de doce dependencias distintas.
El mecanismo para el desvío de los recursos era el siguiente: Comunicación Social solicitaba a la Secretaría de Finanzas recursos pertenecientes a varias dependencias para el pago de supuestas campañas en medios de comunicación. Esto sin que hubiera ningún tipo de dictamen que acreditara que había el presupuesto suficiente.
El dinero terminaba en compañías escogidas directamente por Comunicación Social, sin ningún tipo de proceso de adquisición transparente, y sin rendir cuentas ni al órgano de Fiscalización del Estado, ni a la Contraloría, el Congreso o el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, lo que violaba múltiples disposiciones legales.
Las autoridades de Veracruz sustentan la acusación en cientos de facturas, que muestran el desvío hecho en las secretarías de Seguridad Pública, Turismo, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Portuario, Educación, Salud, Protección Civil, Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Comunicaciones y la ex Procuraduría de Justicia del Estado.
Además, los recursos desviados fueron a parar a compañías fantasma o a empresas con alguna posible relación con los funcionarios. Animal Político publicó en abril pasado que hubo recursos que llegaron a compañías y medios vinculados directamente con Gina Domínguez.
A Gina Domínguez también se le acusa de utilizar su puesto para beneficiar con contratos y convenios a una empresa de medios que luego pasó a ser de su propiedad y a tres radiodifusoras que ahora controla editorialmente.
Al pasar el gobierno de Javier Duarte, Gina Domínguez quedó al frente de un consorcio de medios que recibió 38.2 millones de pesos del gobierno. El pasado 25 de abril, Animal Político reveló cómo la empresa que adquirió en 2015, Servicios Especializados de Comunicación en Imagen S.A. de C.V.(SECI) –creada en 2008 – recibió al menos 17.2 millones de pesos entre 2013 y 2016.
También se dio a conocer cómo la misma empresa fue un “regalo” a la exfuncionaria por parte del exsecretario de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib, quien está involucrado en el caso de la presunta compra de medicamentos falsos y de miles de pruebas de VIH-Sida inservibles.
Con información de XEU y Reforma (Suscripción necesaria)
