[contextly_sidebar id=”pEt2Z790tuGoVs7N6aPIFLcxe7ZNEefA”]A pesar de la creación de una fiscalía especializada para la investigación de delitos contra la libertad de expresión y del establecimiento de un mecanismo de protección de periodistas, “la falta de voluntad política para acabar con la impunidad convierte a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo”, consideró el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
“La prensa mexicana está atrapada en un ciclo letal de violencia e impunidad y los periodistas del estado de Veracruz, en particular, corren el riesgo de ser secuestrados y asesinados”, asegura el Comité en su informe “Sin excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas”, publicado este martes 2 de mayo.
Ante ese panorama, el Comité para la Protección de Periodistas exige que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) rinda cuentas de cualquier omisión en la investigación de este tipo de delitos y que los autores sean procesados ante la justicia.
Entre las recomendaciones que el CPJ le hace al presidente Enrique Peña Nieto destaca la exigencia a que se comprometa públicamente a “abordar la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión, comprometerse a resolver estos delitos y dar prioridad a la seguridad y la protección de los periodistas en la agenda de su gobierno durante el período restante de su mandato”.
También le exige utilizar su influencia para asegurar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión tenga suficiente autoridad y recursos para aplicar la ley con efectividad y asegurar que el mecanismo de protección proporcione asistencia efectiva a los periodistas en riesgo y fortalezca la prevención para evitar ataques letales.
El Comité para la Protección de Periodistas también recomienda que la PGR utilice todos los recursos a su cargo para lograr procesamientos exitosos en los casos de José Moisés Sánchez Cerezo, Gregorio Jiménez de la Cruz, Marcos Hernández Bautista y otros periodistas asesinados, en los cuales se han identificado sospechosos y se han obtenido avances en las investigaciones.
Además de que se persiga y condene a los autores intelectuales de los asesinatos de periodistas, además de a los autores materiales.
En el caso de Veracruz, el CPJ que las autoridades estatales cooperen con las federales en la investigación de los casos, que la policía estatal investigue plenamente las amenazas contra periodistas y medios de comunicación y que la oficina de derechos humanos estatal disponga de los recursos necesarios para realizar investigaciones oportunas.
Otra de las exigencias es que se recaben testimonios, bocetos y se soliciten videos y otros materiales durante las investigaciones.
En su informe, el CPJ considera que el gobierno mexicano “ha fracasado rotundamente” a la hora de resolver los asesinatos de reporteros, lo que ha sumido al país en una espiral de impunidad y aumentado los riesgos que sufren los comunicadores.
Cinco periodistas han sido asesinados en lo que va de año, después que 2016 batiera todos los récords con 11 reporteros fallecidos.
Marzo fue un mes particularmente negro, con tres comunicadores muertos y otro herido de gravedad. El diario Norte, basado en Ciudad Juárez, cerró además por la falta de seguridad.
Los asesinatos de periodistas en México se dispararon a partir de 2006, coincidiendo con la ola de violencia desencadenada por la lucha contra el narcotráfico.
