Sandra Campuzano, madre de una de las víctimas del presunto multiasesino, Filiberto Hernández, quien en 2014 confesó haber violado y asesinado a cuatro niñas y una mujer adulta, en el municipio de Tamuín, denunció que el Poder Judicial de San Luis Potosí extravió y no resguardó adecuadamente evidencia que permitiría juzgar al responsable del asesinar a su hija de 13 años.
[contextly_sidebar id=”dwMvwNX6op9FdRae4EyxvbpyHZnofjKZ”]Los familiares de las cuatro niñas y la mujer, que presuntamente fueron víctimas de Filiberto entre 2010 y 2014, advirtieron desde septiembre del año pasado que el exmilitar sería absuelto por el asesinato de Adriana, la hija de Sandra. Las acusaciones que el ministerio público presentó al juez, solo se sostenían por la confesión del exmilitar, quien alegó haber sido torturado días después de su detención, aunque el protocolo de Estambul que le fue practicado hace unos meses, no arrojó evidencia de tortura en él.
El Grupo de Apoyo por los Derechos Humanos y Equidad Social, que representa a las familias, ganó un amparo con el que se impidió que Filiberto fuera absuelto del asesinato de Adriana. Bajo esa misma tesis el exmilitar habría podido conseguir la absolución de los cinco asesinatos, y su libertad. La abogada Karla Micheel Salas explicó que, a dos años de su confesión, no se habían aportado más pruebas.
Con el amparo, un juez ordenó a la Procuraduría de San Luis realizar los peritajes correspondientes, no solo en el caso de la niña Adriana, a quien Filiberto detalló haber golpeado en la cabeza porque se resistió a la violación; también para los otros cuatro crímenes.
Filiberto Hernández tiene 46 años, se enlistó desde los 18 en el Ejército. Tras su detención en 2014, la Sedena informó a través de su XII zona militar, que Filiberto desertó el 14 de mayo del 2001. En Tamuín se dedicó a ser maestro de zumba y catequismo. Así conoció a algunas de sus víctimas.
Los restos de Adriana fueron recuperados el 11 de junio de 2011, tenía 18 días desaparecida. La hallaron en el mismo cañaveral, cercano a un camino de tierra, que Filiberto señaló a las autoridades cuando confesó dónde escondió a sus otras víctimas. Dulce Reyes tenía 9 años, Itzel Castillo 11 años, Rosa María Sánchez 15 años y Enaí Chávez Rivera 32 años.
Sandra Campuzano se reunió con el subprocurador Pablo Alvarado el pasado martes, ella afirmó que, de manera verbal, le hicieron saber que la evidencia recuperada del crimen de su hija se extravió, por lo que considera interponer una denuncia contra los funcionarios implicados, en el Poder Judicial del estado. El encargado de su resguardo es Santiago Herrera Urbina, juez segundo de lo familiar y de lo penal, en San Luis Potosí.
En entrevista para Animal Político, el subprocurador de justicia en la zona sur, Pablo Alvarado, detalló que el Poder Judicial entregó parcialmente la evidencia para realizar dichos peritajes. Explicó que solo se pudo analizar una colchoneta, que no arrojó evidencia vinculante. Según el subprocurador, otras prendas recuperadas de los restos de Adriana aún no han sido analizadas.
“Estamos de nueva cuenta haciendo llegar los elementos de prueba, y estar en condición de presentar cargos, por el feminicidio”, explicó, y dijo que solicitarán vía oficio que sean entregadas las prendas faltantes al Poder Judicial.
Sandra Campuzano advirtió que la responsabilidad de la procuraduría es haber esperado varios meses, aún después de que un juez ordenó los peritajes desde septiembre del año pasado, para hacer los análisis necesarios.
“Entregaron la colchoneta apenas el cuatro de mayo, apenas, hace un mes que la solicitaron. No rescataron nada, no la resguardaron bien, por lo mismo estaba en total descomposición y no pudieron rescatar nada. Me dijeron que los demás objetos no los encuentran”, detalló Sandra.
El subprocurador advirtió que no se puede confirmar que la evidencia esté extraviada. Y reiteró que la responsabilidad del resguardo estuvo en el Poder Judicial. La vocera del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Leticia Aguilera, dijo que hasta el momento no tienen conocimiento de ninguna queja o retraso con la entrega de la evidencia forense, del asesinato de Adriana.
Desde que su hija fue raptada, Sandra Campuzano ha tenido que exigir a las autoridades que investiguen. Incluso, las familias de las cinco víctimas y sus abogados evidenciaron que la procuraduría estatal no consignó los casos como feminicidios. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), hizo un informe especial donde determinó que la procuraduría ¨no recolectó de manera adecuada las pruebas ni realizó de forma correcta el peritaje forense a las víctimas¨.
