La modelo de Playboy que enojó a los maoríes al fotografiarse desnuda en su montaña sagrada
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La modelo de Playboy que enojó a los maoríes al fotografiarse desnuda en su montaña sagrada

Jaylene Cook subió al Monte Taranki, considerado una montaña sagrada para los maoríes, quienes criticaron duramente a la modelo de Playboy, a la que acusaron de insensibilidad cultural.
Por BBC Mundo
3 de mayo, 2017
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En la búsqueda del selfie perfecto, para compartir en Facebook o Instagram, pocos decorados superan al que ofrece la cima de una montaña.

Y si uno es una modelo de Playboy, con casi 300.000 seguidores, ¿por qué no fotografiarse desnuda, por encima de las nubes, como hizo Jaylene Cook?

La modelo neozelandesa marcó de esa forma su subida al Monte Taranki, un volcán de 2.518 metros de altura ubicado en la isla norte de Nueva Zelanda.

Pero el Taranki es una montaña sagrada para los maoríes, quienes criticaron duramente a la modelo, a la que acusaron de insensibilidad cultural.

“Es como si alguien fuera a la basílica de San Pedro en el Vaticano y se tomara una foto desnudo”, explicó Dennis Ngawhare, el portavoz de una tribu local.

“Es un lugar sagrado y algo como esto es completamente inapropiado”, le dijo a la BBC.

“Ancestro sagrado”

Cook escaló la montaña junto a su pareja hace algunos días.

Y rápidamente la foto, en la que aparece mirando a la distancia desde la cumbre de Monte Taranki, alcanzó los 10.000 “me gusta” en su cuenta de Instagram.

Monte TarankiDerechos de autor de la imagenHUW EVANS PICTURE AGENCY
Image captionPara la tribu maorí local el Monte Taranki es un lugar sagrado.

“Alguna gente puede decir que son solo rocas y tierra, entonces ¿cómo puedes faltarle al respeto?”, dijo Ngawhare.

Pero para los maoríes, que componen casi el 15% de la población de Nueva Zelanda, el volcán es visto como un gran ancestro.

Y el Monte Taranki también es el lugar de descanso de los ancestros de la tribu local.

De hecho, el mero acto de subir hasta la cumbre es considerado inapropiado por los maoríes, que sólo lo hacen muy de vez en cuando y con motivos ceremoniales.

Pero luego de la colonización británica, la tribu perdió autoridad sobre el volcán, bautizado como Monte Egmont por el capitán Cook.

Guerreros maoríes practicando el haka.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLos maoríes representan casi el 15% de la población de Nueva Zelanda.

Hoy los maoríes aceptan que los turistas quieran escalar la hermosa montaña, pero respetando ciertos límites, explica su portavoz.

“Es solo muy recientemente que hemos podido incidir en lo que pasa en la montaña”, dijo Ngawhare.

“Nada más le pedimos a la gente que por favor sea respetuosa. Y este es solo el ultimo y molesto ejemplo de alguien que obviamente no sabe cómo debe comportarse ahí“, enfatizó.

Algo en lo que concuerda el alcalde local, Neil Volzke.

“No creo que la foto en sí misma sea ofensiva u obscena. Pero es inapropiado tomarla en la cima del Monte Taranki, porque es de gran importancia para la comunidad maorí”, le dijo a la BBC.

Choque de culturas

Cuando la imagen empezó a ser criticada, Jaylene Cook se defendió diciendo que había investigado la montaña antes y que pensaba que hacerse la fotografía no era ofensivo.

Pero eso sorprende a los maoríes. “Es un choque entre las suposiciones occidentales y los valores y creencias indígenas”, dijo Ngaware.

Turistas occidentales en la cima del Monte Kinabalu, Malasia.Derechos de autor de la imagenTIM STEWART NEWS LIMITED
Image captionTuristas occidentales en la cima del Monte Kinabalu, Malasia.

Otros episodios que ya había enojado a la tribu local incluyen a unos escaladores que hicieron una barbacoa en la cima así como el dibujo de grafiti en la montaña sagrada.

“Es un lugar que debe ser tratado con el máximo respeto todo el tiempo“, insistió el alcalde Volzke.

Y el de Cook tampoco es el primer desnudo en la cima de una montaña que ha sido condenado por una comunidad local.

En junio de 2015, un grupo de turistas occidentales que escalaron el Monte Kinabalu en Malasia hicieron lo mismo causando un escándalo en el país asiático.

Y muchos locales los responsabilizaron por el mortal terremoto que sacudió a la región tres días después.

Los turistas solo pudieron abandonar Malasia después de un proceso judicial, el pago de la multa y algunos días en prisión.

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Casos de corrupción y violaciones a derechos: las denuncias contra expresidentes sin respuesta

Además de las indagatorias ya iniciadas está atorada la creación de una gran comisión de la verdad y un nuevo mecanismo de justicia transicional, para esclarecer y reparar violaciones graves a derechos de las últimas décadas.
2 de agosto, 2021
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En los últimos años se han presentado múltiples denuncias por diversos hechos de corrupción, violaciones graves a derechos humanos y hasta presunto espionaje y traición a la patria en contra de las administraciones de diversos expresidentes de México. Sin embargo, las investigaciones iniciadas a partir de ellas permanecen – en el mejor de los casos – abiertas, pero sin resultados.

Al arranque del sexenio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pactó con organizaciones civiles la creación de una gran comisión de la verdad para el esclarecimiento de muchos casos y establecer un mecanismo de justicia transicional. Pero a casi tres años estos compromisos tampoco muestran ningún avance.

Abogados y activistas señalan que con el resultado de la consulta popular propuesta por AMLO para indagar hechos del pasado, surge una nueva oportunidad para retomar muchas de las indagatorias ya iniciadas por delitos que permanecen impunes, y para materializar los compromisos pactados con las víctimas que no se han cumplido.

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De acuerdo con Jacobo Dayán, especialista en derecho penal internacional, el objetivo no solo es lograr castigar a una persona o una administración, sino esclarecer qué ha pasado no solo para que se conozca la verdad, sino para que los hechos no se sigan repitiendo como hasta ahora.

“Lo que necesitamos alcanzar, el objetivo, son narrativas nacionales, regionales, temáticas y temporales sobre los contextos, métodos, patrones de violencia, patrones de impunidad, las redes de colusión con el Estado, y el vínculo del crimen organizado con la parte económica y con los propios gobiernos” dijo.

A continuación, se enumeran algunos de los principales casos denunciados e iniciados en contra de los gobiernos de diversos expresidentes – e incluso en contra de ellos mismos – que no han llegado a alguna resolución, así como los detalles de lo que el gobierno actual pactó con organizaciones para establecer un mecanismo de justicia extraordinaria que, hasta la fecha, no se ha cumplido.

El costoso monumento de Calderón

El 7 de enero de 2012 el entonces presidente Felipe Calderón inauguró el monumento conocido como “La Estela de Luz”, que tenía como finalidad conmemorar el bicentenario de la Independencia que se cumplió dos años antes en el 2010. Además del retraso en su entrega, el costo de la obra fue mayúsculo: de los 398 millones pactados originalmente subió a más de mil millones.

Por si fuera poco, la obra fue inaugurada sin que se cumplieran con todos los requisitos técnicos sumado a otras deficiencias que también encarecieron su mantenimiento. 

En noviembre de 2019, exfuncionarios de la empresa I.I.I. Servicios S.A. de C.V. (la responsable principal de la obra) presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que evidenciaron que toda la contratación estuvo dirigida desde el principio hacia esta compañía, y hacia otras empresas que se subcontrataron.

Detallaron que desde antes de que se firmara el contrato ya se sabía que la empresa construiría el monumento, tan es así que la jefa de la oficina de la Presidencia, Patricia Flores Elizondo, colocó al propio director de la compañía. Esta fue la razón por la que en todo momento se asignaron recursos extra, aun con los retrasos y sin penalizaciones, a la referida empresa.

La carpeta de investigación se inició en contra del expresidente Felipe Calderón, de Flores Elizondo, y de los exdirectivos de la empresa Agustín Castro Benítez y Juan Alberto Bravo Hernández. Sin embargo, hasta ahora no se ha tomado ninguna determinación al respecto.

“La carpeta de investigación está abierta pero no ha tenido ningún avance sustancial, al igual que muchas otras iniciadas por este tema en la Fiscalía de Gertz Manero”, dijo el abogado de los denunciantes de este caso, Gabriel Regino.

Cabe señalar que, con anterioridad, ya se habían presentado otras denuncias relacionadas con las irregularidades de la construcción de la Estela de Luz incluyendo las promovidas por la Auditoría Superior de la Federación que confirmó anomalías graves en este proyecto. Pero todas permanecen sin resolución.

Las costosas concesiones OHL-EPN, y la “conspiración”

El 9 de enero de 2017 el abogado Paulo Diez presentó una denuncia formal ante la entonces PGR en contra del presidente Enrique Peña Nieto, de la constructora OHL, y de diversos funcionarios. La razón: haber conspirado para, primero, obtener ilegalmente beneficios del erario y, después, para perjudicar a quienes han intentado desenmascararlo.

Se trató de la última de varias denuncias más relacionadas con una trama de presuntas concesiones ilegales que la constructora española OHL (hoy Aleática) obtuvo para la construcción y operación de varias carreteras con Peña Nieto, desde que este era gobernador del estado de México y luego como presidente de la República.

En 2015 Paulo Diez, quien inicialmente representó a una empresa (Infraiber) que había ganado un contrato para medir los flujos carreteros de forma independiente en el Circuito Exterior Mexiquense construido por OHL, ha documentado y evidenciado todo tipo de anomalías en torno a estas concesiones. Diversos audios filtrados a medios de comunicación han dado cuenta de los posibles pactos y beneficios ilegales proporcionados por la referida constructora a funcionarios públicos.

Pero de manera paralela el propio abogado y la empresa han sufrido en su contra diversas acciones impulsadas por autoridades federales que resultaron ser ilegales. Entre ellas estuvo, por ejemplo, la detención de Paulo Díez con pruebas que le sembraron, o un cateo irregular a las oficinas de Infraiber.

En entrevista, el abogado dijo que más allá de los audios de conversaciones de exdirectivos de OHL con funcionarios donde se habla de para frenar las denuncias en su contra, fue el propio exsecretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, el que reconoció en 2017 ante la Cámara de Diputados que él había intervenido para retirar a Infraiber el contrato para monitorear los flujos carreteros en vías de OHL.

“Esto es claramente una conspiración de estado, una asociación criminal para delinquir, una asociación delictuosa entre servidores públicos y particulares para obtener beneficios indebidos con cargo a la infraestructura pública estatal y federal y para perjudicar a otros particulares” dice Diez.

No obstante, de acuerdo con el abogado, hasta ahora no se ha anunciado de parte de la anterior PGR y actual FGR algún resultado relacionado con la denuncia que presentó en contra de Peña y de sus exfuncionarios. Tampoco le han permitido el acceso a la indagatoria.

“Tal vez ya la mandaron al ejercicio de la acción penal pero yo voy a seguir peleando para que eso se revierta y para que esto no quede impune. Al día de hoy estos señores siguen gozando de impunidad, incluido el presidente Peña, y vamos a seguir luchando”, añadió el abogado.

En abril de 2020 Animal Político publicó que la FGR ya había confirmado por lo menos una concesión ilegal a favor de OHL (la del Viaducto Bicentenario en el estado de México), pero se señaló como principal responsable a Ruiz Esparza, quien semanas antes falleció.

El espionaje masivo

En junio de 2017 un reportaje del diario The New York Times reveló que múltiples activistas, periodistas y defensores de derechos humanos en México habían sido blanco de un avanzado programa de espionaje denominado “Pegasus”, adquirido por el gobierno de Enrique Peña Nieto. La Red por los Derechos Digitales, que acompañó la investigación periodística, confirmó los hechos.

En los días posteriores varios de los afectados presentaron denuncias formales ante la entonces PGR por estos hechos. Sin embargo, a casi cuatro años de que se iniciaran las investigaciones no ha habido resultados.

El pasado 18 de julio el diario británico The Guardian documentó que “Pegasus” se había utilizado para realizar actividades de espionaje ilegal en múltiples países, siendo el caso mas crítico el de México donde se intervinieron las comunicaciones privadas de más de 15 mil personas.

Tras dicha revelación el gobierno de López Obrador confirmó que múltiples dependencias federales habían adquirido este “malware” incluso desde la administración del presidente Felipe Calderón. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda informó, además, que para canalizar los pagos se habían utilizado múltiples empresas fantasma y que el Ejército Mexicano también canalizó recursos a dichas compañías.

La FGR emitió un comunicado para reiterar que está investigando el caso y recopilando información, pero tampoco anunció algún resultado de las indagatorias.

La telaraña de corrupción de Odebrecht

Desde 2016, directivos de la constructora Odebrecht confesaron en declaraciones vertidas ante autoridades de Brasil y Estados Unidos que en la última década habían sobornado a gobiernos de múltiples países latinoamericanos, entre ellos México, para obtener contratos ventajosos.

Lo anterior dio paso a sendas investigaciones que en muchos países de la región han derivado en procesos en contra de expresidentes y altos exfuncionarios públicos. La excepción, sin embargo, es México donde hasta la fecha no hay un solo servidor público de alto nivel encarcelado por estos hechos.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, confesó tras ser detenido y extraditado que había recibido sobornos de la empresa brasileña sin embargo, aunque fue procesado por ello, tampoco ha puesto un pie en la cárcel. La razón es que ofreció colaborar para denunciar tramas de corrupción en las más altas esferas de gobierno en México.

En ese contexto Lozoya denunció en agosto a múltiples funcionarios – entre ellos los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari – de estar implicados en numerosas tramas de corrupción y supuesto tráfico de influencias. A partir de dicha denuncia la FGR inició otra carpeta de investigación.

Pero este nuevo caso tampoco ha derivado en procesos contra altos funcionarios. Aunque la FGR ya señaló ante un juez a Peña y su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de haber canalizado recursos de Odebrecht para sobornar legisladores y que se aprobara la reforma energética, solamente se ha procesado a un exsenador por ello hasta la fecha.

En 2020 la FGR intentó obtener una orden de aprehensión en contra de Videgaray por traición a la patria y corrupción, pero un juez la negó por falta de elementos.

Lee más: Investigar y enjuiciar a los políticos

Estafa Maestra inconclusa

En 2017 un reportaje de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad evidenció que más de una decena de dependencias del gobierno de Peña Nieto habían desviado miles de millones de pesos a través de convenios firmados con universidades y entes públicos, que a su vez enviaron el dinero a empresas fachada. Al mecanismo se le denominó “La Estafa Maestra”.

En 2019 el fiscal Gertz Manero dijo que este caso solo pudo ser producto de una gran colusión en las esferas más altas del gobierno, y lo comparó con un delito de Estado y con actividades propias de la delincuencia organizada.

No obstante, hasta ahora la FGR solo ha imputado a una sola exfuncionaria del Gabinete de Peña Nieto por estos hechos. Se trata de la extitular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles, quien está por cumplir dos años en prisión preventiva acusada del delito de omisiones, sin que el proceso haya llegado a juicio.

Aunque la Fiscalía creó un equipo especial para la investigación de este caso a cargo de subprocurador de Delitos Federales, Juan Ramos, hasta ahora solo se han impulsado procesos contra funcionarios de menor rango.

Violaciones graves a DH: ni verdad, ni justicia 

En los últimos doce años las víctimas de graves violaciones a derechos humanos han promovido denuncias en contra del Estado mexicano ante autoridades nacionales e internacionales. Desapariciones comunes, desapariciones forzadas, homicidios, actos de tortura, abusos de autoridad, entre otros, son algunos de los delitos por los que se ha acusado al gobierno.

En 2018 numerosos colectivos de víctimas con el acompañamiento de activistas pactaron con el gobierno de transición de López Obrador una ambiciosa agenda que más allá de castigar a los responsables de estos hechos buscara conocer la verdad de los mismos, así como establecer mecanismos de reparación del daño y garantías de no repetición.

Para cumplir con todo ello se acordaron dos mecanismos: la creación de una gran Comisión de la Verdad y el diseño de un sistema de justicia transicional. Sin embargo, nada de eso se ha concretado hasta la fecha.

“Todo eso está detenido. Desde el inicio del gobierno, es decir desde diciembre de 2018 cuando entró López Obrador a la presidencia, el diálogo con la Secretaría de Gobernación se terminó y la decisión de la actual administración fue no implementar esto. Está completamente detenido, señaló Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos.

Dayán explicó que debido a la crítica situación en la que se encuentran las instituciones ordinarias de impartición de justicia, es fundamental buscar mecanismos extraordinarios que permitan darle salida a múltiples hechos de desaparición forzadas, violaciones a derechos humanos y demás hechos de violencia no solo de uno o dos sexenios antes, sino al menos del siglo XX a la fecha.

En ese contexto consideró que el resultado de la consulta popular convocada por el gobierno es una nueva oportunidad para impulsar estos mecanismos que ya se habían puesto en la mesa, aunque subrayó que es importante que esto se lleve de manera adecuada para que haya resultados.

“Las comisiones de la verdad son equipos muy amplios coordinados por un grupo pequeño integrado por expertos nacionales e internacionales con personalidades con alto reconocimiento moral y líderes sociales con cercanía a las víctimas. De las cosas más delicadas es definir el alcance de estas comisiones. Lo que se había propuesto desde las organizaciones con la actual SEGOB es que el mandato de una comisión de la verdad sea conocer, esclarecer y reconocer las graves violaciones a derechos humanos y en su caso crímenes contra la humanidad que hayan ocurrido desde lo 60s hasta el presente”, añadió Dayán.

El experto subrayó que un objetivo que debe buscarse no solo es el esclarecimiento de hechos individuales sino tratar de identificar patrones y la correlación de los casos. Se trata de generar narrativas que lleven a la verdad y la construcción de la paz”, concluyó.

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