[contextly_sidebar id=”NOPjFySQTeTBPBwailz4Ju8UPkgYQRC0″]El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ante el Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución mexicana, con el objetivo de legalizar el aborto, ya que se busca establecer “la obligación de las autoridades para prestar servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite”.
De aprobarse esta reforma al artículo 4 de la Constitución, no sólo quedaría legalizado el aborto para las mujeres que así lo pidan, sino que también quedarían obligadas las autoridades de salud de todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) a prestar dichos servicios.
La iniciativa de reforma, presentada este martes 9 de mayo por la diputada Maricela Contreras Julián, destaca que aún cuando en las legislaciones de las distintas entidades de la República ya se contempla el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, en ciertas circunstancias, estas leyes estatales no son respetadas.
En Baja California, Baja California Sur y Sonora, por ejemplo, se ha negado el aborto a adolescentes que han sido víctimas de violaciones sexuales; mientras que en Yucatán ha sido negado este derecho a parejas que lo han solicitado fundamentándose en su pobreza, causal contemplada en la legislación yucateca desde 1938.
La iniciativa del PRD subraya que es necesario enfatizar, por la vía de una reforma constitucional, la obligación que tienen las autoridades, “incluidos los prestadores de servicios de salud”, de “tener una actitud sensible y mostrar empatía” por las mujeres que solicitan un aborto, ya que “se trata de reconocer el derecho que cada mujer tiene para decidir de manera libre sobre su cuerpo y reconocer que el derecho a la salud de las mujeres entraña el derecho a acceder a los servicios médicos de calidad, de manera gratuita y eficiente, sin discriminación de ningún tipo”.
La propuesta también subraya que la actual política de negación del derecho a la salud sexual, y del derecho a la elección libre del número de hijos y su espaciamiento, en contra de las mexicanas, fomenta la mortalidad de quienes buscan interrumpir su embarazo, ya que se ven obligadas a hacerlo en condiciones inseguras.
“Hace diez años –señala la iniciativa– la Organización de las Naciones Unidas informaba que el número de mujeres fallecidas en México a causa de abortos, por lo general llevados a cabo en situaciones poco higiénicas y riesgosas, era de mil cada año”.
Esta problemática de denegación del derecho al aborto en México, se destaca, afecta incluso a las mujeres que explícitamente están autorizadas para ejercerlo por los marcos legales de sus estados de procedencia.
Tal como destaca el informe “Violencia sin interrupción”, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida AC (GIRE), en trece estados de la República Mexicana las víctimas de violación tienen condicionado su derecho a la interrupción legal del embarazo, en función del tiempo transcurrido desde el ataque.
Además, en nueve estados los servicios de salud para la interrupción del embarazo está condicionada a que la víctima de violación obtenga una autorización previa por parte de las autoridades.
En once estados, así como en las instituciones federales de salud, es requisito obligatorio presentar una denuncia por violación, para que las víctimas accedan a la interrupción del embarazo.
La propuesta de reforma a la Constitución, por último, incluye un artículo transitorio según el cual, de aprobarse la enmienda, “el Congreso de la Unión y los congresos locales deberán armonizar la legislación respectiva por virtud del presente Decreto” en los 120 días posteriores a la publicación en el Diario Oficial.
