Grupo que denunció a Perelló acusa que la UNAM haya aceptado su renuncia sin antes sancionarlo
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Grupo que denunció a Perelló acusa que la UNAM haya aceptado su renuncia sin antes sancionarlo

Mujeres que denunciaron a Marcelino Perelló en la UNAM acusaron que "el señor decidió irse por su propio pie antes de ser sancionado y la institución se lo permite".
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Por Redacción Animal Político
7 de mayo, 2017
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Las mujeres que denunciaron a Marcelino Perelló en la UNAM, por violencia de género con sus comentarios, acusan que la Universidad haya aceptado su renuncia sin antes concluir el proceso de investigación en su contra, y sin que se le haya sancionado.

El pasado 26 de abril, Marcelino Perelló Valls “dio por terminada, de manera unilateral, su relación laboral con la Universidad”, indicó un comunicado de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.

Esto, después de las críticas y acusaciones de violencia de género en su contra, por comentarios hechos durante el programa de radio Sentido contrario.

La Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias de la UNAM recibió 21 quejas, para que se sancionara a Perelló.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos notificó el 26 de abril al Museo del Chopo -donde estaba contratado Perelló- que había “elementos suficientes para proceder a la rescisión del contrato de trabajo de Marcelino Perelló Valls”. 

Sin embargo, ese mismo día él renunció, tanto a su labor en el Museo del Chopo y como comisionado en Radio UNAM.

Además la UNAM confirmó que  Perelló Valls ya no está vinculado con la institución como profesor en la Facultad de Ciencias.

Leer: La UNAM oficializa la salida de Marcelino Perelló como catedrático y conductor de radio

En ese sentido, en un comunicado, mujeres que denunciaron a Perelló en la UNAM acusaron que al aceptar su renuncia sin antes haberlo sancionado “la trayectoria oficial de Marcelino Perelló Valls como funcionario de la UNAM queda incólume, y en la UNAM no queda el antecedente de que este funcionario de alto nivel (Secretario General del Museo del Chopo) haya sido sancionado por violencia de género”.

Agregaron: “Es deber, entonces, de la UNAM justificar jurídicamente su proceder: ¿cuáles son las normas universitarias que permiten que a un funcionario investigado por violencia de género se le acepte la renuncia antes de que pueda ser sancionado?”

En otro punto de su comunicado, señalaron que Perelló “decidió irse por su propio pie antes de ser sancionado y la institución se lo permite. Si al proceder así se contravinieron las normas universitarias, habrá de sancionarse a quienes resulten responsables”.

Aquí puedes leer el comunicado completo: 

El día de ayer, 5 de mayo de 2017, después de las 20:00 horas, las denunciantes que fungieron como contacto directo con la UNAD recibieron vía correo electrónico el siguiente oficio (que pueden consultar en los enlaces que ponemos a continuación) por parte de dicha entidad:

https://www.laquearde.org/wp-content/uploads/2017/05/Oficio-UNAD-12.jpg
https://www.laquearde.org/wp-content/uploads/2017/05/Oficio-UNAD-22.jpg

Como se puede apreciar, Marcelino Perelló Valls, por decisión propia y desde el 26 de abril de este año, no funge más como Secretario General del Museo del Chopo, suceso del que recién ayer fueron notificadas las denunciantes. Esto, sin embargo, no representa una respuesta jurídica a la queja suscrita por todxs nosotrxs ni a las que individualmente presentaron -a solicitud de la UNAD- las denunciantes que fungieron como contacto directo con dicha entidad, ya que en la queja colectiva solicitamos que la UNAM destituya como académico a Marcelino Perelló Valls con independencia de que, en algunas de las individuales, las denunciantes solicitan que se le destituya, asimismo, de cualquier otro cargo que desempeñe en la UNAM.

En relación con esto, hacemos de su conocimiento que el 18 de abril una de las denunciantes, al momento de presentar su queja individual, recibió por parte de una funcionaria de la UNAD la siguiente información verbal (reproducimos la parte sustantiva):

Funcionaria: Él es funcionario ((en referencia a Perelló)), es académico honorífico, o sea, no cobra por dar clases.

Denunciante: Ok

Funcionaria: Por el programa de radio también fue como de manera honorífica, no cobra por el programa. En donde, el único relación (sic) que se tiene con él y la universidad es como funcionario en el museo del Chopo.

Aunque dicha información es ofrecida de modo verbal, parcial (no se brindó al resto de denunciantes) y sin fundamento jurídico (no se acreditó formalmente ante la denunciante la calidad de Perelló como “académico honorífico” ni se le explicó, con base en normas, por qué el tener esa calidad implicaría que el sujeto no tenga un vínculo con la UNAM, pese a que la institución le permite dar cátedra en sus aulas y le reconoce como “académico”) es información relevante porque se sostiene en el contexto de la atención que la UNAD, como autoridad competente, da a una persona que presenta formalmente una queja.

Este segmento de conversación pudiera develar la lógica que sigue la UNAD al enviar un oficio en el que simplemente informa de la renuncia de Marcelino Perelló Valls al Museo del Chopo y no reporta qué relación tiene ello con su proceso de destitución como académico en la UNAM (petición central de nuestra queja), si es que tiene alguna. En términos de una estricta lógica jurídica, sin embargo, el que Perelló Valls ya no funja como funcionario en la UNAM no implica que no funja como académico, y menos aún que no se le pueda destituir como tal en virtud de la violencia de género que ejerció, misma que motivó nuestra queja ciudadana. Baste echar mano del sinfín de ejemplos que existen en la historia de la UNAM de funcionarias o funcionarios que renuncian a su cargo o cuyo encargo administrativo finaliza, sin que por ello dejen de ocupar su lugar en la plantilla académica, cuando es el caso. ¿Por qué, entonces, en el caso de Marcelino Perelló tendríamos que asumir lo contrario? Eso no tiene sentido, ni jurídicamente, ni conforme al registro histórico que en este sentido tiene la UNAM.

Pese a lo anterior, al parecer la UNAM ha reportado a algunos medios, como Animal Político, que Marcelino Perelló Valls ya tampoco funge como académico de la UNAM, pues dicho medio divulgó hoy lo siguiente:

“La Universidad confirmó que ya tampoco existe la relacón (sic) que Perelló tenía como profesor en la Facultad de Ciencias”

De ser esto cierto, la UNAM está cometiendo graves violaciones al procedimiento previsto en su propio Protocolo contra la Violencia de Género y en otras de sus normas universitarias, pues está notificando en primera instancia a los medios de comunicación y a la sociedad en general de algo que, ante todo, debiera haber notificado de manera oficial a quienes suscribimos la queja para destituir a Marcelino Perelló Valls: que el procedimiento de investigación fue cancelado y Perelló ya no funge como académico de la UNAM.

Con independencia de lo anterior, persiste el deber de la UNAM de notificar a quienes suscribimos las quejas contra Marcelino Perelló Valls sobre lo siguiente:

1. ¿En qué normas se sustenta la aceptación de la “solicitud de baja” de un funcionario que está sometido a un proceso de investigación administrativa? Como se desprende del oficio, el que hayan aceptado la renuncia de Perelló Valls implica, según el titular del Museo del Chopo, que, al menos en su calidad de funcionario, ya no se le pueda imponer sanción institucional alguna por las graves violaciones que cometió a los derechos humanos de las mujeres y a la propia normatividad universitaria. Así, al haber aceptado su renuncia, la trayectoria oficial de Marcelino Perelló Valls como funcionario de la UNAM queda incólume, y en la UNAM no queda el antecedente de que este funcionario de alto nivel (Secretario General del Museo del Chopo) haya sido sancionado por violencia de género. Es deber, entonces, de la UNAM justificar jurídicamente su proceder: ¿cuáles son las normas universitarias que permiten que a un funcionario investigado por violencia de género se le acepte la renuncia antes de que pueda ser sancionado?

2. El que Marcelino Perelló Valls ya no funja como Secretario General del Museo del Chopo no explica que ya no funja como académico (“honorífico” o no) de la Facultad de Ciencias. En tal virtud, si es que, en efecto, Perelló Valls ya tampoco es académico de la UNAM, la institución tiene el deber de notificarnos, con base en su normatividad, las razones para ello. El procedimiento de destitución de Perelló Valls como académico no tendría por qué haber sido interrumpido por su renuncia al cargo que tenía en el Museo del Chopo. Cabe, entonces, preguntarnos: ¿Marcelino Perelló “renunció” también a sus labores como académico en la Facultad de Ciencias (aún siendo “académico honorífico” tendría que haber presentado una renuncia oficial)? ¿Las autoridades de la Facultad le aceptaron dicha renuncia, al igual que hizo el Director del Museo del Chopo, pese a que Perelló Valls se encontraba en medio de un proceso de investigación administrativa para ser debidamente sancionado por la violencia de género que ejerció? O bien ¿las autoridades intentaron continuar con el procedimiento para su destitución como académico –como correspondía- pero Marcelino Perelló se negó a someterse al mismo una vez que hubo renunciado a su cargo en el Museo del Chopo y abandonó arbitrariamente el encargo académico del que hasta ahora había gozado? La respuesta a estas cuestiones es sustantiva y está directamente relacionada con la queja colectiva formalmente presentada ante la UNAM por la ciudadanía, por lo que no corresponde a la institución dejarlas a la especulación pública. El que hasta ahora la UNAM no nos haya brindado una notificación oficial sobre estas cuestiones, no sólo viola el procedimiento establecido en las propias normas de la UNAM sino que nos deja en un estado de incertidumbre jurídica y a merced de lo que expongan los medios de comunicación.

Lo cierto es que si, en efecto, se canceló el proceso de investigación administrativa para destituir a Marcelino Perelló Valls como académico de la UNAM, ya sea por habérsele permitido renunciar también a su cargo académico, o bien, por haber Perelló abandonado arbitrariamente dicho encargo y haberse negado a seguir con el procedimiento, entonces, se evitó con ello de manera tajante que un “académico honorífico” de la Facultad de Ciencias de la UNAM fuera destituido por haber ejercido públicamente violencia de género y, con ello, se evitó, por supuesto, tener en los registros oficiales de la universidad dicho antecedente. Esto, hemos de convenir, favorece a la imagen de Marcelino Perelló Valls y también a la imagen histórica de la UNAM.

Sin embargo, esto es francamente perjudicial para la ciudadanía que presentó la queja y para el combate de la violencia de género: nuevamente, un agresor queda impune al no ser debidamente sancionado por ejercer violencia contra las mujeres. El señor decidió irse por su propio pie antes de ser sancionado y la institución se lo permite. Si al proceder así se contravinieron las normas universitarias, habrá de sancionarse a quienes resulten responsables. Sí, por el contrario, se hizo en apego a las mismas, entonces urge modificar dichas normas, pues no se puede permitir al agresor evadir la sanción que le corresponde. Esto tiene un nombre: impunidad. No hay nada qué aplaudir.

La UNAM nos debe una notificación oficial y jurídicamente sustentada de todos y cada uno de los trámites y resoluciones que se hayan tomado en este proceso desde que presentamos la queja. Es nuestro deber ciudadano exigírsela, pues nos ampara la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos en la materia.
Así lo haremos y les mantendremos informadxs al respecto.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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