Ilegal e incompleta: así ven expertos la clasificación de videojuegos aprobada por el Senado
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Ilegal e incompleta: así ven expertos la clasificación de videojuegos aprobada por el Senado

Con el argumento de que los papás no se comunican bien con sus hijos, los legisladores pidieron a Gobernación que restrinja juegos “violentos”. La Corte en EU anuló una medida similar.
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Por Arturo Angel
6 de mayo, 2017
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La semana pasada el Senado aprobó por unanimidad un dictamen presentado cinco años antes, que faculta a la Secretaría de Gobernación para revisar y clasificar videojuegos según su contenido, y exigir a las compañías que los venden que impidan que menores compren los que no sean aptos para ellos.

Lo anterior con el argumento de que es necesario proteger a la infancia y que los padres de los niños tienen problemas de comunicación con sus hijos que les impiden conocer qué juegan.

Pero expertos tanto en derecho como en el mercado de videojuegos consultados por Animal Político consideran que la  propuesta es incompleta, ineficaz e incluso ilegal y demuestra un desconocimiento de cómo ha evolucionado esta industria y sus prácticas actuales.

La iniciativa, indican los expertos,  no toma en cuenta la regulación de venta de juegos en línea y deja en manos de una dependencia y no de una ley especial una regulación de un derecho fundamental (de la libertad de expresión), lo que puede resultar inconstitucional. Esto entre otros fallos.

A nivel mundial, se estima que el mercado de los videojuegos crece entre 8 y 10%  cada año. En México, el crecimiento en 2016 fue aún mayor: 13.3%.

Un análisis de la firma especializada The Competitive Intelligence Unit estimó que el valor del mercado de los videojuegos en nuestro país casi alcanza los 23 mil millones de pesos, el mayor de América Latina.

Los senadores y los videojuegos

El Senado aprobó una iniciativa, presentada por los senadores Carlos Alberto Puente Salas del Partido Verde y Cristina Díaz Salazar del PRI, para reformar artículos de dos leyes: la de Administración Pública Federal y la General de los Derechos de los Niños, con el objetivo de que se permita a la Secretaría de Gobernación revisar y clasificar los videojuegos que se venden en México.

La iniciativa argumenta que hay videojuegos con contenidos que combinan situaciones de discriminación sexual y racial, tortura o xenofobia y violencia, lo cual influye en el proceso de “socialización de los niños”.

Se cita un estudio de la Universidad de Missouri, sin mayor referencia, que indica que “los videojuegos violentos son más dañinos” que las películas y programas de televisión porque son “interactivos”.

En ese contexto que plantean los senadores se califica como “injusto” que sean los padres los únicos que deban velar por lo que juegan sus hijos, ya que además del tiempo limitado que tienen por sus “actividades laborales”, también existen “relaciones de incomunicación” que les impide estar al tanto de los videojuegos.

La iniciativa no plantea cuál debe ser la escala de clasificación sino que ordena a la Secretaría de Gobernación elaborarla. Lo que si dice textualmente es que los “distribuidores de videojuegos deberán imprimir o adherir en la portada de los videojuegos y en su publicidad la clasificación que corresponda”.

Estipula que las tiendas deben abstenerse de exhibir videojuegos que no estén clasificados y que está prohibido vender juegos para adultos a menores de edad. Se estipulan sanciones económicas para que no lo hagan.

Primer problema: incompleta

Salvador García, periodista  y analista de videojuegos y quien actualmente labora en la industria ayudando a distintas compañías en el lanzamiento de nuevos títulos, dice que sí son necesarios controles que faciliten que menores de edad no accedan a videojuegos no aptos para ellos.

Sin embargo destacó que la iniciativa está incompleta porque no indica cómo es que la Secretaría de Gobernación va a clasificar los contenidos ni parámetros para ello, sino simplemente se le indica que lo haga.

“La pregunta es ¿Quiénes van a hacer esta clasificación y cuál es su experiencia? Esas personas… ¿cómo se van a elegir, que conocimientos tienen de los juegos, hay títulos que se necesitan jugar 100 horas para conocerlos. ¿Eso se va a hacer realmente?”, cuestionó García.

Más notable aún, dijo, es la ignorancia respecto al mercado de juegos en línea. Hoy, las principales compañías permiten comprar sus juegos vía internet y el contenido se descarga digitalmente. Una de las plataformas de renta y venta más importante actualmente es Steam, que comercializa los juegos cien por ciento de forma digital.

Pero la iniciativa aprobada por los senadores no estipula nada al respecto. Solo se menciona el pegar etiquetas con la clasificación en juegos físicos.

Rodrigo Díez, abogado experto en temas constitucionales y también analista y conocedor de la industria de juegos de video, dijo que el haber dejado de lado los juegos en línea prueba que la iniciativa no está bien trabajada de inicio.

“Estos legisladores creen que los videojuegos siguen siendo un cartucho de Atari que es la única maneta de comprarlos, pero hay un gran y creciente mercado en línea. Esto solo está pensado en el retail convencional y ahí te das cuenta de la ignorancia y peligro de la iniciativa” indicó diez.

Te recomendamos: Cómo convertir a tu hijo en un diseñador de videojuegos.

Segundo problema: ilegal

La clasificación de los juegos y el impedir la venta de alguno de ellos es limitar una dimensión del derecho a la libertad de expresión que no está bien planteada ni justificada y por lo tanto es inconstitucional, señaló Rodrigo Díez.

El abogado advierte que cualquier afectación a derechos fundamentales debe detallarse de forma clara con sus alcances en una ley específica. “Esto no puede reducirse a unos lineamientos que fije Gobernación. Se está dando una manga muy ancha a una dependencia para limitar un derecho fundamental y no puede ser” dijo.

Según Diez la medida afecta el derecho a la libertad de expresión en dos dimensiones: la de los productores, debido a que su expresión asentada en un producto no llega al público en general, y la de los consumidores, al tener un acceso condicionado a estas ideas. Y cuando se impida distribuir un título puede considerarse incluso censura.

La Corte en California aprobó una medida similar a esta de México pero la Suprema Corte dijo que era inconstitucional porque se afectada a productor y consumidor. El razonamiento es que la medida no se justifica porque si el interés es proteger a los niños, entonces tienen que aplicarse también estos criterios a la música, las historietas, los libros, la música y eso no ocurre” citó el abogado.

En ese contexto Díez adelantó que si la iniciativa (que aún debe ser revisada por la Cámara de Diputados) se materializa, abre la puerta a demandas de amparo tanto de productores, como de distribuidores y consumidores que incluso llevarían el caso hasta la Corte.

Explicó que cualquier acción legal que limite derechos es analizada por la Corte con una metodología de cuatro pasos. El primer paso es revisar si es legítima la disposición y en ello no habría problema, pues se expone que hay que cuidar la integridad de los niños, sin embargo los otros tres pasos (si la medida es idónea, necesaria y proporcional) ya no se cumplen.

Tercer problema: Ineficaz

Los expertos consultados advirtieron dudas importantes sobre la eficacia que tendría una clasificación de los juegos como la que aprobó el Senado.

El problema es que no se consideraron los juegos en línea pero aun cuando se hubiera hecho, los menores están en contacto con otros medios que también pueden incitar a la violencia.

“Es un factor (los videojuegos) que pueden transmitir violencia sí pero también lo es la música, el cine, la tv y lo que ves en la calle. Es uno de muchos. Un niño que a lo mejor puede jugar un juego de disparos pero vive en un entorno donde hay respeto y comunicación no va a desarrollar violencia por eso. Es claro” dijo Salvador García.

El periodista recordó que en Estados Unidos se hizo una prueba con un niño de 13 años considerado uno de los mejores del mundo en juegos tipo “shooter” (disparos en primera persona).  Al niño se le entregó un rifle y se le pidió disparar a varios blancos. “Todos esperaban que aceptara pero él ni siquiera pudo disparar y se echó a llorar” dijo Salvador García.

Rodrigo Díez explicó que realmente no hay estudios serios, con bases científicas, que acrediten que los videojuegos son un detonante particular de la violencia en los menores de edad, más allá de ciertos “análisis” de activistas y hasta organizaciones religiosas que no actúan con neutralidad.

La violencia es multifactorial. Abarca varios medios y otras causas. Hacerle creer a la gente que el tema de la violencia es tan sencillo que si haces esto de los videojuegos se soluciona o ayude es una mentira” dijo Díez.

Los especialistas recordaron además que ya existe desde hace varios años una clasificación de los juegos acordada internacionalmente por la industria. Se trata del sistema ESRB y sus logos y advertencias están en todos los juegos, tanto en la portada como en la parte posterior. Los papás pueden consultarlo desde hace años.

“El estado no puede tomar la decisión de ser el papá. No se pueden controlar a papás idiotas que dejan que sus hijos compren lo que sea. Un juego hoy cuesta 1000 pesos entonces no le des el dinero para que no cumple lo que sea”, concluyó Díez.

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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