Especialistas y abogados de las cinco personas asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, pidieron que se sancione a los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) responsables de hacer una investigación con fallas y omisiones sobre el multihomicidio.

[contextly_sidebar id=”hc48Sr3EnOKrD4p4VvWlkbCXvFXPagtD”]La Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió una recomendación en la que advierte que la investigación original estuvo plagada de múltiples fallas y omisiones, y que hubo líneas de investigación que no se siguieron, por lo que el caso no está esclarecido.

“Seguimos sin saber cómo y porqué fueron asesinadas las víctimas. La Procuraduría no ha logrado establecer un móvil porque su investigación ha sido hasta hoy deficiente” dijo Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19.

Animal Político buscó a la Procuraduría capitalina y a la Fiscalía responsable del caso para conocer su posicionamiento, pero no se obtuvo más respuesta que el comunicado donde dicen que analiza si acepta o no la recomendación.

Las organizaciones y abogados coincidieron que la investigación deficiente de la Procuraduría, exhibida por la recomendación, tiene dos explicaciones: una actuación negligente por omisión o un intento premeditado por ocultar la verdad.

Cualquiera que sea el caso pidieron que se indague y castigue a los funcionarios responsables.

Por ejemplo se señala al fiscal de Homicidios, Marco Enrique Reyes Peña; la comisión acusa que la referida Fiscalía de Homicidios “en ningún momento” ha dado parte del expediente a otras agencias especializadas como la de agresiones contra periodistas, la de asuntos especiales o la de feminicidios, pese a que varias de las víctimas tienen ese perfil.

También se señala al superior jerárquico de Reyes Peña, quien ha supervisado la investigación, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales Edmundo Garrido.

Los abogados acusaron que hay diligencias pendientes en el caso Narvarte desde hace dos años, que la Fiscalía de Homicidios  no ha querido realizar ni profundizar.

Otro funcionario señalado es el Comandante en Jefe de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía de Homicidios, Gustavo González Ángeles, quien “contaminó la escena del crimen con sus huellas digitales”.  También se advierte que un comandante de Seguridad Pública, Ángel Moreno Hernández, y otro directivo de la misma corporación, ingresaron al lugar de los hechos sin respetar la cadena de custodia para la evidencia, ni dejar evidencia de sus procesos.

Además se señala a dos peritos del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia que realizaron necropsias incompletas y alejadas de estándares internacionales. Detallaron que en dos de los casos ni siquiera se establecía causa precisa de muerte.

“Se contaminó la escena del lugar de los hechos y no se han fijado responsabilidades de los servidores públicos responsables, ni en esta ni en las otras anomalías” dijo Héctor Alberto Pérez de la Clínica de Interés Público contra la Trata del ITAM.

Piden investigar a Javier Duarte y a su Secretario de Seguridad Pública 

Dos de las víctimas del caso Narvarte, Rubén Espinosa y Nadia Vera, habían salido de Veracruz unos meses antes por amenazas e intimidación, según denunciaron, provenían del gobierno de Javier Duarte.

La recomendación de la comisión documentó que la PGJCDMX recabó, a partir de la exigencia de los abogados de las víctimas, las declaraciones de personas cercanas a Nadia y Rubén, quienes  confirmaron las amenazas sufridas, por parte del gobierno de Duarte y su entonces secretario de Seguridad Púbica Arturo Bermúdez. Sin embargo, la comisión acreditó que no se profundizó en esa línea de investigación.

Las organizaciones y abogados exigieron que la PGJCDMX actúe de inmediato para indagar estos elementos y confirme o descarte que haya una conexión con el crimen.

“Hay videos y fotos que no se han revisado. Hay fotos de los perpetradores de las intimidaciones que sufrieron Nadia y Rubén y que eran policías vestidos de civil. Se reconoció a varios de esos policías y hasta la fecha nada de eso ha derivado en decantar una investigación exhaustiva contra estos sujetos” dijo Leopoldo Maldonado.

Se hizo un llamado específico para que la Procuraduría investigue a un grupo de empresas de seguridad privada, propiedad de Bermúdez Zurita, cuya sede se encontraba a unas cuadras del departamento de la colonia Narvarte donde asesinaron a las cinco víctimas.

La existencia de estas empresas fue dada a conocer en febrero pasado, en un reportaje de Aristegui Noticias. De acuerdo con ese artículo la empresa “Seguridad Privada GPR” es propiedad Bermúdez y está apenas a seis minutos en automóvil del departamento donde ocurrieron los hechos.

Karla Micheel Salas, abogada de las víctimas, señaló que desde hace cuatro meses interpusieron una solicitud formal ante la PGJCDMX para que se indagara a las empresas, pero no ha sido atendida

Las organizaciones exigieron además que se amplíen las declaraciones ministeriales de Bermúdez y Javier Duarte, quienes actualmente se encuentran presos por casos de corrupción.

Más peticiones en caso Narvarte 

Las organizaciones y abogados pidieron las siguientes acciones concretas a la Procuraduría y gobierno capitalino

*Que se acepte la Recomendación 7/2017 en torno al Caso Narvarte y se cumplan todos los puntos recomendatorios.

*Que se agoten todas las líneas de investigación del caso que no se han seguido reportadas por la referida recomendación del caso Narvarte 

*Que se homologue la legislación de la Ciudad de México con la Ley General de Víctimas que establece nuevos derechos y reparación del daño

*Que se conforme un grupo especial de investigación para indagar casos contra defensores de derechos humanos y periodistas