Bajan este sexenio investigaciones por uso ilegal de armas, y los homicidios con ellas suben 70%
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Cuartoscuro Archivo

Bajan este sexenio investigaciones por uso ilegal de armas, y los homicidios con ellas suben 70%

Los estados en donde existe una mayor presencia de armas también tienen altos índices de violencia; las indagatorias por portación ilegal han bajado 30%, mientras los dos últimos dos años se registró un aumento de 72% en los homicidios.
Cuartoscuro Archivo
Por Arturo Angel
12 de junio, 2017
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Las investigaciones por portación o acopio ilegal de armas de fuego (incluidas las de alto poder) en la administración del presidente Enrique Peña Nieto muestran un descenso sostenido de casi el 30%.

Esto contrasta con el incremento de homicidios con armas de fuego, que tan solo en los últimos dos años se ha disparado más de 70%.

Datos oficiales de la Procuraduría General de la República, dependencia a la que le corresponde investigar todos los casos de armas de fuego ilegales en el país, evidencian que a lo largo del actual sexenio las carpetas de investigación (antes averiguaciones previas) iniciadas por estos delitos han tenido un descenso año tras año.

Para verificar lo anterior, Animal Político revisó los casos abiertos en el primer cuatrimestre de cada año hasta llegar a 2017.

En el primer cuatrimestre de 2012, el último año previo al sexenio de Peña Nieto, la PGR reportó la apertura de seis mil 152 expedientes de investigación por la portación o hallazgo de armas ilegales en el país.

En ese mismo periodo de 2013, ya en el actual gobierno, hubo un ligero descenso a seis mil 133 casos. Para el 2014 el balance fue de seis mil 31 casos iniciados, es decir, otra reducción.

Un descenso más marcado comenzó en el primer cuatrimestre de 2015 con un balance de cinco mil 677 carpetas de investigación relacionadas con armas ilegales en el país. Para 2016 la cifra cayó hasta cuatro mil 683 casos mientras que de enero a abril de este 2017 el registro fue de cuatro mil 374 caretas de investigación.

Lo anterior significa que en este periodo de cinco años las carpetas de investigación relacionadas con la presencia de armas de fuego ilegales en el país ha descendido, de forma sostenida, más de 28%.

En México la portación, comercio y almacenamiento de armas de fuego está prácticamente prohibida en todos los casos a menos de que haya un permiso expreso de la secretaría de la Defensa Nacional. Así lo marca la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Si además las armas involucradas son de un calibre alto, exclusivo de las fuerzas armadas, el delito se vuelve más grave.

Cuando una persona es detenida con un arma de fuego sin permiso o cuando se descubre una pistola, rifle, arsenal, o cartuchos en cualquier sitio, la Procuraduría General de la República inicia por ley una averiguación previa.

De acuerdo con autoridades de la Procuraduría los delitos relacionados con armas de fuego son los ilícitos federales más numerosos, seguidos de los relacionados con drogas (contra la salud) y robo de hidrocarburos. Esto sin tomar en cuenta delitos de tipo patrimonial como fraudes.

¿Será que hay menos armas?

La apertura de averiguaciones previas por armas ilegales en el país depende de la denuncia o el hallazgo de las mismas. La caída en las carpetas de investigación podría interpretarse como que cada año hay menos armas y por ende menos investigaciones.

Datos oficiales disponibles de la PGR, revelados en la solicitud de transparencia 0001700020317, confirman un desplome en el decomiso de armas en el último año. En 2014 la dependencia reportó 9 mil 50 armas puestas a disposición del Ministerio Público; en 2015 fueron 9 mil 261 y en 2016 el balance cayó hasta 3 mil 105 armas de fuego.

Estos datos contrastan con el incremento de la violencia relacionada con las armas de fuego, particularmente en el caso de los homicidios que se han disparado en los últimos dos años, justo cuando han disminuido de forma más notoria las investigaciones de la PGR por armas de fuego ilegales.

La estadística de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arroja que del 2012 a 2015 hubo un descenso en los homicidios dolosos con armas de fuego en el país. Pasaron de tres mil 904 casos a dos mil 947. La comparación se hizo tomando en cuenta el primer cuatrimestre de cada año.

Pero en 2016 la violencia comenzó a dispararse. De enero a abril de ese año se registraron tres mil 560 homicidios dolosos perpetrados con armas de fuego, y en ese mismo periodo de este año el saldo ya ascendió hasta a cinco mil 75 asesinatos en esta modalidad.

Esto significa que del primer cuatrimestre de 2015 al primer cuatrimestre de 2017 los homicidios con armas de fuego se han disparado 72%. En este mismo lapso las investigaciones de PGR relacionadas con la posesión o presencia de armas de fuego se redujeron 23 por ciento.

Los datos proporcionados por la Procuraduría revelan que las armas de fuego que llegan al país y son decomisadas por las autoridades son en muchas ocasiones alto poder de uso reservado de las fuerzas armadas.

Por ejemplo, de 26 mil 909 armas decomisadas entre 2013 y 2016 hay tres mil 652 que eran AK-47 calibre 7.62 conocidas como cuerno de chiva, que es un rifle automático de diseño ruso aunque se fabrica en distintas partes del mundo, Otra arma frecuente son las pistolas calibre9 milímetros marca Lugger que la ley también considera de alto poder.

Más armas, más violencia

Los datos de incidencia delictiva revelan que los estados en donde existe una mayor presencia de armas también presentan altos índices de violencia.

Por ejemplo, en el primer cuatrimestre de este año Baja California registró la mayor tasa de averiguaciones abiertas por armas en la PGR con un promedio de 9.06 casos por cada cien mil habitantes. En este mismo periodo esta entidad es la cuarta con la mayor tasa de homicidios dolosos a nivel nacional.

El segundo estado con la tasa más alta por armas ilegales es Michoacán con 8.63 averiguaciones iniciadas por la PGR, y a nivel nacional es el séptimo en incidencia de homicidios dolosos. Después sigue Baja California Sur con una tasa de 8.02 delitos por violación a la ley de armas de fuero, y a nivel nacional es la tercera con mayor nivel de asesinatos.

La cuarta entidad con la tasa más alta averiguaciones por armas es Sinaloa con 8 averiguaciones en el primer cuatrimestre de año y la cual es la quinta con el mayor nivel de homicidios dolosos.

Después sigue Chihuahua con 7.11 casos abiertos en su territorio por armas ilegales, y es el quinto estado con mauor casos de homicidio por cien mil habitantes.

El caso contrario es el de Yucatán, estado que tiene una tasa de apenas 0.32 averiguaciones por armas ilegales en su territorio, la mas baja del país, y a su vez es el estado con la menor proporción de homicidios dolosos.

En el promedio nacional el primer cuatrimestre del año dejó una tasa de 3.54 averiguaciones en PGR por violaciones a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Quince entidades federativas están por encima de ese promedio.

Quieren prisión exprés

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsa una petición de reforma al Congreso para que se dicte prisión automática a quien sea detenido con armas de alto poder mientras se lleva a cabo su proceso.

Esto luego de que desde el año pasado, con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, la portación de armas de uso exclusivo del Ejército dejó de ser un delito considerado como grave. El artículo 19 de la Constitución establece una lista de delitos que ameritan prisión automática, peor la simple portación no lo amerita.

El pasado 7 de junio durante la Conferencia Nacional de Seguridad Pública el comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales acusó que personas que están siendo detenidos con lanzagranadas o arsenales de rifle de alto poder, quedan libres gracias a los beneficios del nuevo sistema.

Pidió a los secretarios de seguridad de las 32 entidades del país que se pueda llevar de forma conjunta esta exigencia al Congreso para que la portación de armas de alto poder sea considerado un delito de prisión oficiosa (automática) al igual que el robo de hidrocarburos.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

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El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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