Colombia: lo que se sabe de la bomba en un centro comercial de Bogotá que dejó 3 muertos
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
BBC

Colombia: lo que se sabe de la bomba en un centro comercial de Bogotá que dejó 3 muertos

El presidente de Colombia dijo que las autoridades manejan "tres hipótesis concretas" sobre quién pudo estar detrás de la explosión de la bomba.
BBC
Por BBC Mundo
18 de junio, 2017
Comparte

Una explosión registrada este sábado en horas de la tarde en el centro comercial Andino, en el norte de Bogotá, dejó tres mujeres fallecidas y al menos 9 heridos.

La Clínica Country de Bogotá informó que dos pacientes que habían sido trasladadas a sus instalaciones murieron, mientras que el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, confirmó el fallecimiento de una tercera.

El centro médico identificó a las víctimas como Ana María Gutiérrez, de 27 años, y Lady Paola Jaimes Ovalle, de 31 años.

Peñalosa, por su parte, informó que la otra víctima fue la francesa Julie Huynh, de 23 años. La joven “llevaba seis meses trabajando como voluntaria en un colegio de sector popular”, escribió en su cuenta de Twitter.

Varias personas rindieron tributo a las víctimas este domingo en las instalaciones del centro comercial.AFP
Varias personas rindieron tributo a las víctimas este domingo en las instalaciones del centro comercial.

La policía dijo que el explosivo había sido puesto detrás de uno de los inodoros en un baño de mujeres y que los técnicos están verificando qué tipo de artefacto era.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró este domingo tras un consejo de seguridad que las autoridades manejan “tres hipótesis concretas” sobre quién pudo estar detrás del incidente.

“No las voy a mencionar, para no dañar la investigación”, añadió el mandatario e informó que una de las víctimas, Pilar Molano, sigue en cuidados intensivos.

Las autoridades fijaron una recompensa de 100 millones de pesos colombianos (US$33.000) por información que ayude a capturar a los responsables.

Las personas que estaban en el centro comercial fueron evacuadas.AFP
Las personas que estaban en el centro comercial fueron evacuadas.
El centro comercial fue acordonadoAFP
El centro comercial fue acordonado tras la explosión, que se registró en la tarde.

El alcalde Peñalosa dijo en Twitter el sábado que el incidente había sido un “atentado terrorista cobarde”, al tiempo que la Fiscalía de Colombia anunció que “fiscal antiterrorismo asumió investigación por explosión”.

La policía, asimismo, asignó una unidad especial que investiga el caso.

El secretario de Seguridad de la ciudad, Daniel Mejía, le dijo a BBC Mundo que agentes de la policía están verificando el material de video captado por las cámaras instaladas en el centro comercial como parte de la investigación.

El incidente se registró en el centro comercial Andino, en el norte de Bogotá.
El incidente se registró en el centro comercial Andino, en el norte de Bogotá.

Sobre los heridos, la Clínica del Country informó que una de ellas, Pilar Molano, estaba siendo intervenida quirúrgicamente y que su estado era “crítico de máxima gravedad”.

El centro médico también señaló que entre los heridos había una mujer de nacionalidad francesa.

“La paciente Nathalie Nadine Veronique Levrand, de 48 años de nacionalidad francesa, (ingresó) con trauma en tejidos blandos”, afirmó la institución en un comunicado.

Medios locales indican que se trata de la madre de Huynh, una de las víctimas mortales.

“Sentí el piso moverse”

El centro comercial fue evacuado minutos después de la explosión. Entre los que salieron se encontraba el canadiense Richard Emblin, quien estaba en una sala de cine cuando escuchó la detonación.

“Cuando la película iba por más de la mitad hubo unaexplosión muy fuerte. Sentí el piso moverse debajo de mi asiento, pero la película continuó por al menos cinco minutos más”, le dijo a BBC Mundo.

El canadiense Richard Emblin estaba en una sala de cine dentro del centro comercial cuando escuchó la detonación.
El canadiense Richard Emblin estaba en una sala de cine dentro del centro comercial cuando escuchó la detonación.

“Los empleados de la compañía Cine Colombia nos dijeron que había una situación de emergencia y que debíamos evacuar. Nos llevaron por una escalera trasera y no sabíamos qué estaba pasando porque no notamos humo ni gas”, continuó.

El centro comercial Andino está ubicado en una zona turística de la ciudad, rodeada de bares y restaurantes que suelen ser muy concurridos durante el fin de semana, señaló el corresponsal Natalio Cosoy.

“Este sábado en particular era además el día previo al feriado del Día del Padre y el inicio de un fin de semana largo que dura hasta el lunes”, apuntó.

En este sentido, durante sus declaraciones desde el centro comercial, Santos llamó a la unidad a los colombianos y a “no dejarse amilanar”: “No debemos entrar en pánico, porque eso es lo que quieren los terroristas”.

Y agregó: “Celebren normalmente el Día del Padre con sus familias”.

Juan Manuel Santos hablando desde el centro comercial.
“Es un acto vil, cruel, cobarde y no vamos a descansar hasta capturar a los responsables”, dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Interior del shopping después de la explosión.REUTERS
El ataque sucedió en vísperas del festejo del Día del Padre en Colombia en una zona muy turística.

Santos, quien habló rodeado por el vicepresidente, Óscar Naranjo, el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, y otros funcionarios, sostuvo que no hay indicios de posibles atentados en ningún otro lugar de Bogotá y afirmó: “Di instrucciones de abrir inmediatamente este centro comercial”.

También dijo que el domingo a las 10 am hora local habrá un consejo de seguridad, luego del cual volverá a haber declaraciones.

Del 20 al 23 de junio el presidente colombiano estará visitando Portugal y Francia.

“El ELN repudia el ataque”

Según Cosoy, había sospechas de que el ataque hubiese sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla con la que el gobierno comenzó negociaciones formales de paz el pasado 8 de febrero.

Pero el ELN afirmó en su cuenta de Twitter que repudiaba el ataque “contra civiles” y que compartía el dolor y se solidarizaba con las víctimas.

Gente afuera del centro comercial mirando el operativo.GETTY IMAGES
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, calificó al hecho como “atentado terrorista cobarde”.

“El ELN pide seriedad a quienes hacen acusaciones infundadas y temerarias; hay quienes pretenden así hacer trizas los procesos de paz”, decía otro tuit.

Cosoy, además, aseguró que el ELN suele atacar objetivos de las fuerzas de seguridad y no llevar a cabo acciones de este tipo contra civiles.

El pasado 19 de febrero el grupo armado se atribuyó un atentado urbano dirigido al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la policía en el centro de la capital del país, que dejó un agente muerto y más de 20 heridos.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Cuartoscuro

Víctimas esperaron tres años por la detención de 30 marinos señalados por desapariciones

La FGR pidió la orden de aprehensión por su presunta vinculación en los casos de José Luis Bautista Carrillo y Julio César Viramontes Arredondo.
Cuartoscuro
Por Alberto Pradilla y Arturo Ángel
13 de abril, 2021
Comparte

José Luis Bautista Carrillo, de 30 años, fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) el 16 de mayo de 2018. Se encontraba en una fiesta en un yonque acompañado de su esposa y otros amigos, vendedores de coches como él, cuando irrumpieron los uniformados y se lo llevaron. Nadie lo volvió a ver. Su caso no es único. Tres meses antes, el 19 de febrero, Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años, también desapareció después de ser embestido por un vehículo de marinos con las placas modificadas.

Ahora, tres años después de aquellos hechos, 30 elementos de la Armada están en prisión a la espera de que un juez de Reynosa, Tamaulipas, los vincule a proceso por desaparición forzada, según confirmaron fuentes ministeriales a Animal Político.

La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Investigación de los delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR). Según un comunicado de la Semar, el 9 de abril fueron puestos a disposición de las autoridades, aunque la Armada aseguró erróneamente que se trataba de un caso de 2014.

Un día después, el 10, se celebraron las audiencias iniciales de formulación de imputación. En ellas, el personal de Marina y sus defensas solicitaron que su situación jurídica sea resuelta en el plazo constitucional de 144 horas.

Mientras el juez decide si los vincula a proceso, los 30 elementos navales fueron enviados a prisión preventiva hasta que su situación se aclare en la continuación de la audiencia, que será entre el miércoles y el jueves.

“Es una buena noticia, aunque hay que esperar por ver cómo se desarrolla el proceso”, dijo Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organización que acompaña a las familias de las víctimas. Fue Ramos quien confirmó que las detenciones están vinculadas a los casos de Bautista Carrillo (6 detenidos) y Viramontes Arredondo (11 detenidos). Por el momento los allegados de las víctimas declinaron realizar declaraciones para no interferir en la decisión del juez. No obstante, Ramos señaló su principal deseo: “que los detenidos colaboren y permitan conocer el paradero de los desaparecidos”.

Decisión histórica

Estamos ante una decisión histórica. Nunca antes 30 elementos de la Marina habían sido sentados ante un juez acusados de graves violaciones a los Derechos Humanos y menos enviados a la cárcel, aunque sea a la espera de si se los vincula a proceso. Y eso que, solo en este caso, la FGR tiene abiertas 34 carpetas de investigación sobre la desaparición de 47 personas en Nuevo Laredo entre febrero y junio de 2018.

Hasta ahora solo estaba judicializada la desaparición de Julio César Viramontes Arredondo. En julio de 2020 un juez de Reynosa acusó a nueve marinos de desaparición forzosa pero no ordenó su detención. Entre los señalados se encontraba Salvador Gerónimo Ramírez, oficial al mando del operativo del día en el que el joven fue desaparecido.

Las acusaciones más duras contra los marinos por sus acciones en Nuevo Laredo se plasmaron en la recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las que se señala directamente a la Armada de participar en la desaparición de 27 personas, de las que 12 fueron encontradas sin vida, por lo que hablaríamos también de ejecuciones extrajudiciales. En este documento se incluían los casos de Bautista Carrillo y Viramontes Arredondo. La Semar aseguró en un comunicado que aceptaba la recomendación y dijo colaborar en la búsqueda de las personas que, presuntamente, sus elementos habían desaparecido. Sin embargo, lo cierto es que no hay avances y ha transcurrido más de un año sin dar con el paradero de ninguno de los que faltan.

No se ha hecho pública la identidad de los detenidos ni su escalafón al interior de la Armada. Según publicó Animal Político, las responsabilidades por estos hechos llegarían hasta dos mandos clave: por un lado, el almirante Marco Antonio Ortega Siu, antiguo jefe del grupo de operaciones especiales y un mando al que se vincula a operativos como la recaptura de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, en 2016. Por otro, Alfredo Reyes Mondragón, quien estuvo al frente de la base de operaciones de la Marina en Nuevo Laredo hasta junio de 2018, cuando la institución se retiró del municipio tras las acusaciones de perpetrar desapariciones forzosas.

Este medio trató de conocer los expedientes de los mandos vinculados a los operativos de Nuevo Laredo en 2018 y si habían continuado en la institución a pesar de ser señalados por la recomendación de la CNDH, pero la Semar los clasificó alegando que la información pondría en peligro a los oficiales y sus familias.

Testigo directo de la desaparición de su esposo

“Lo que quiero es que se judicialice mi caso y que se dicten las órdenes de aprehensión”, dijo Ericka Janeth Castro Martínez, de 30 años, en entrevista con Animal Político mantenida en octubre de 2020. Ella es la esposa de José Luis Bautista Carrillo y estaba con él cuando desapareció. Por eso sabe que fueron los marinos. Porque ella estaba ahí, en la fiesta en el yonque, cuando llegaron los marinos disparando. “Me siento cada día más desesperada y más decepcionada porque, en mi caso, hay demasiadas pruebas: hay videos, hay muchas fotos, mucha evidencia”, protestaba.

Su relato de los hechos es claro. Porque ella estaba ahí. “Llegaron tres patrullas de la Marina disparando, sometiéndonos, yo fui víctima también de sometimiento. Fue alrededor de una hora lo que estuvimos privados de la libertad. Y en cuestión de una hora comenzó a llegar multitud de gente, esposas de los señores que estaban ahí. Y fue de la manera en que se metieron y se hizo la revolución ahí, de la gente, empezó a buscar sus familiares” explicó.

Ahí se dio cuenta de que su marido ya no estaba. Los marinos se lo habían llevado en una de las tres camionetas en las que interrumpieron la fiesta. Ahí comenzó su pesadilla. Salió detrás de los militares, pero les perdió la pista. No volvió a ver a su esposo.

Como ella sabia quién se lo había llevado, cuenta Castro Martínez que acudió al cuartel a pedir explicaciones. “Siempre se burlaron de nosotros. Nos decían que ellos no llevaban a nadie, siendo que, en mi caso, como era un convivio grande de comerciantes, hubo hasta reporteros que llegaron. Hay fotos, hay videos de ese momento. Y en gran parte de las fotos y videos están los marinos. Ellos decían que no y que no, y ellos salen en las fotos, en los videos. Pero siempre hay una negativa de parte de ellos, dicen que ellos no fueron, pero yo fui testigo de cómo se lo llevaron”, afirma.

Durante las búsquedas por las quebradas cercanas a Nuevo Laredo, la mujer llegó a encontrar los restos de otros dos desaparecidos: Francisco Javier Alfaro Ortega, de 32 años, y Margarita Teresa Torres Reyes, de 23, a quienes sus familiares trataban de encontrar desde el 24 de abril de 2018.

“Mi esperanza sigue en pie. Yo pienso que un día lo voy a encontrar, vivo”, decía Castro Martínez sobre el hombre a quien conoció doce años atrás y con quien tuvo dos hijos, que ahora tienen diez y ocho años de edad.

“Nos criminalizaron a las familias”

A Ericka Arredondo, de 43 años, le avisaron que los marinos se habían llevado a su hijo, Julio César Viramontes Arredondo, tras un supuesto accidente el 19 de febrero de 2018. Ella estaba en Houston, Texas, Estados Unidos, pero regresó rápidamente a México para ver qué había ocurrido. Preguntó en el cuartel, en los hospitales y con la policía, pero nadie le dio una sola pista. La única certeza era la que le dieron los testigos del choque: “se lo llevaron los marinos”.

A partir de entonces comienza ese peregrinar maldito y sin resultados. Primero, buscando con su familia por los alrededores de Nuevo Laredo. Después, acompañada por el comité de Derechos Humanos.

“En vez de investigar a los marinos, que en este caso eran los culpables, nos empezaron a criminalizar a nosotros, a nuestros familiares, diciendo que eran del crimen organizado, que andaban mal y que algo hicieron”, dijo en entrevista con Animal Político celebrada en octubre de 2018.

Su preocupación principal es saber qué ocurrió con su hijo. “Yo sólo quiero saber, a veces ya no busco culpables, a veces sólo quiero que me digan dónde está, dónde lo dejaron, si le hicieron algo, si está vivo, si está muerto. Ellos tienen que saber dónde está, ellos… yo todo lo que quiero es que hablen, que me digan dónde está mi hijo”, aseguró.

El caso de su Viramontes Arredondo, que dejó dos hijos de 6 y 8 años, fue el primero que llevó a un juez a señalar a los marinos por desaparición forzosa. La carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/0000312/2018 apuntaba a la responsabilidad de nueve marinos por presunta desaparición forzosa, aunque ahora la acusación se ha ampliado a once.

En aquel momento, Arredondo no entendía por qué el juez dejó en libertad a los marinos y temía que pudiesen desaparecer. “Para mí hubiera sido mejor que estuvieran presos y así obligarlos a hablar. A mí lo que más me importa es saber dónde está mi hijo”, dijo.

Las 47 desapariciones forzosas de Nuevo Laredo son uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de la Marina.

En un primer momento las autoridades negaron la mayor, aunque para junio de 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto ya había anunciado que 265 elementos navales habían sido desplazados desde Tamaulipas hasta Ciudad de México. En este periodo se multiplicaron las voces que señalaban a la Armada: desde la ONU hasta la CNDH, pasando por Amnistía Internacional (AI).

Desde entonces, la sospecha acompañó a los integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPES), la unidad de élite que se encarga de los grandes operativos contra el crimen organizado en México. El miedo de las familias de los desaparecidos siempre ha sido la impunidad. Ahora se abre una puerta para sus dos principales objetivos: conocer el paradero de sus seres queridos y que se castigue a aquellos que se los llevaron.

 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.