66 asesores jurídicos atienden 23.5 millones de delitos: las carencias del nuevo sistema penal
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Foto: Archivo Cuartoscuro

66 asesores jurídicos atienden 23.5 millones de delitos: las carencias del nuevo sistema penal

Cidac presentó un análisis a ocho años de la implementación del sistema penal que muestra deficiencias en la capacidad de investigación, asesoría legal y defensoría pública de las procuradurías y fiscalías, estatales y federales.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Por Ernesto Aroche Aguilar
15 de junio, 2017
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En México, la atención a víctimas y la defensoría pública son los eslabones más débiles en el nuevo sistema penal, revela el informe: “Hallazgos 2016, evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México” que presentó la organización Centro de Investigación para el Desarrollo AC (Cidac).

El estudio muestra que a nivel federal solo hay 66 asesores jurídicos, insuficientes para resolver la demanda de 23.5 millones de delitos registrados anualmente, según los últimos datos disponibles en INEGI en 2015.  Cidac estima que hasta el momento solo se atiende el 17% de los delitos, y que la proyección de asesores necesarios a nivel nacional es de 4006.

“Aún existe una gran brecha en cuanto a la capacidad para garantizar el derecho de las víctimas a la representación jurídica”, indica el estudio.

Además, el documento advierte que en algunos casos los asesores jurídicos no cuentan con las habilidades y capacidades necesarias que requiere el sistema acusatorio. Karen Silva, investigadora de Cidac, explica que no solo faltan asesores o recursos, también falta capacidad investigadora de la policía, lo que calificó como una de las principales faltas del procedimiento.

“Están obligados no solo a demostrar que las detenciones que realicen son legales, además deben participar en los juicios de las personas que detengan; eso, sumado a la falta de coordinación con los ministerios públicos, hace que muchas veces prefieran no realizar la detención o incluso se puede incentivar la corrupción, pues se teme que el juez determine como ilegal la detención”.

El informe revela que en promedio una de cada 10 detenciones son ilegales.

Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que el problema “tiene que ver con responsabilidades políticas y responsabilidades operativas por parte de aquellos funcionarios que tienen a su cargo la gestión de gobierno”.

También se señala que junto con la asesoría jurídica a víctimas, figura creada con el nuevo sistema penal acusatorio, el área de defensoría pública también presenta debilidades, “continúan siendo de los operadores que se encuentran en mayor desventaja, no solo en cuanto a la asignación de recursos, sino también en los avances en materia de organización y gestión” advirtió Pedro Salazar.

En abril pasado, Animal Político publicó un reportaje que muestra el impacto social de las deficiencias que vive la defensoría pública, específicamente en el sector indígena.

Según los datos revelados, el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene 25 abogados y 21 oficiales administrativos para atención de indígenas, que se estima tienen una población de alrededor de 8 mil personas. La mayoría no habla español y están encarcelados, a la espera de una sentencia. Y podrían pasar años antes de que su situación se resuelva, los abogados no son suficientes, o no hay traductores, y no pueden dedicarle mucho tiempo a cada caso que atienden.

El informe Cidac asegura que se han capacitado a unas 250 mil personas entre 2013 y 2016.

“Sin embargo, las instituciones operadoras cuentan, en pocos casos, con diagnósticos integrales sobre su personal, en términos de estado de fuerza y personal capacitado. Asimismo, el servicio profesional de carrera continúa siendo un objetivo no alcanzado”, se advierte.

Infraestructura inconclusa

Cidac también señaló en el documento que en los ocho años del nuevo sistema penal, (siete de implementación y uno de operación) se han gastado 15 mil 400 millones de pesos.

De estos, 11 mil 200 millones se han destinado a 742 proyectos de infraestructura y equipamiento, y hasta la fecha el 67% aún no han sido concluidos.

“Cabe destacar que la mayoría de los proyectos pendientes fueron aprobados en 2014 y 2015, mientras que únicamente 74 proyectos de 2016 se encuentran en curso”.

Con la puesta en marcha del sistema penal, su consolidación quedó en manos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Todavía no se ha creado la instancia tripartita que estaría a cargo de la coordinación nacional, como lo acordaron los legisladores.

En ese sentido, dice el estudio de Cidac: “El sistema acusatorio ha iniciado operaciones a nivel nacional con un marco legal que no satisface las necesidades y las pretensiones del nuevo modelo de justicia”.

Pero además, alertan que existe el riesgo de una contrarreforma: “El debate en torno a las reformas legislativas necesarias se encuentra dividido entre una tendencia que propone la eliminación de figuras contrarias a la lógica de un sistema garantista, apoyada por la academia y la sociedad civil organizada.

“Se pretende endurecer las normas procesales del sistema acusatorio para lograr una mayor eficiencia en la persecución delictiva”, señalan.

Deficiencias en datos

El reporte también pone foco a los problemas generados por la falta de homologación de formatos e información, además de las carencias en el uso y aplicación de sistemas informáticos que permitan la generación automatizada de datos.

“En esta nueva etapa, no es suficiente reportar datos de operación si éstos no son útiles para evaluar la política pública, desde un enfoque cuantitativo y cualitativo”, dice.

María Novoa, la directora del Área de Justicia de Cidac y coordinadora del estudio, advirtió que a un año de vigencia del Sistema de Justicia Penal las policías estatales, federales, las procuradurías y fiscalías siguen siendo “cajas negras de la información”, lo que contrasta con el principio de transparencia del nuevo sistema.

Para la investigación de Cidac, “muchas dependencias estatales” reservaron la información solicitada, argumentando asuntos de seguridad pública.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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