En México, la atención a víctimas y la defensoría pública son los eslabones más débiles en el nuevo sistema penal, revela el informe: “Hallazgos 2016, evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México” que presentó la organización Centro de Investigación para el Desarrollo AC (Cidac).
[contextly_sidebar id=”EIOHqQKA8ad3mmkptlSpO7azmdeA4kA9″]El estudio muestra que a nivel federal solo hay 66 asesores jurídicos, insuficientes para resolver la demanda de 23.5 millones de delitos registrados anualmente, según los últimos datos disponibles en INEGI en 2015. Cidac estima que hasta el momento solo se atiende el 17% de los delitos, y que la proyección de asesores necesarios a nivel nacional es de 4006.
“Aún existe una gran brecha en cuanto a la capacidad para garantizar el derecho de las víctimas a la representación jurídica”, indica el estudio.
Además, el documento advierte que en algunos casos los asesores jurídicos no cuentan con las habilidades y capacidades necesarias que requiere el sistema acusatorio. Karen Silva, investigadora de Cidac, explica que no solo faltan asesores o recursos, también falta capacidad investigadora de la policía, lo que calificó como una de las principales faltas del procedimiento.
“Están obligados no solo a demostrar que las detenciones que realicen son legales, además deben participar en los juicios de las personas que detengan; eso, sumado a la falta de coordinación con los ministerios públicos, hace que muchas veces prefieran no realizar la detención o incluso se puede incentivar la corrupción, pues se teme que el juez determine como ilegal la detención”.
El informe revela que en promedio una de cada 10 detenciones son ilegales.
Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que el problema “tiene que ver con responsabilidades políticas y responsabilidades operativas por parte de aquellos funcionarios que tienen a su cargo la gestión de gobierno”.
También se señala que junto con la asesoría jurídica a víctimas, figura creada con el nuevo sistema penal acusatorio, el área de defensoría pública también presenta debilidades, “continúan siendo de los operadores que se encuentran en mayor desventaja, no solo en cuanto a la asignación de recursos, sino también en los avances en materia de organización y gestión” advirtió Pedro Salazar.
En abril pasado, Animal Político publicó un reportaje que muestra el impacto social de las deficiencias que vive la defensoría pública, específicamente en el sector indígena.
Según los datos revelados, el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene 25 abogados y 21 oficiales administrativos para atención de indígenas, que se estima tienen una población de alrededor de 8 mil personas. La mayoría no habla español y están encarcelados, a la espera de una sentencia. Y podrían pasar años antes de que su situación se resuelva, los abogados no son suficientes, o no hay traductores, y no pueden dedicarle mucho tiempo a cada caso que atienden.
El informe Cidac asegura que se han capacitado a unas 250 mil personas entre 2013 y 2016.
“Sin embargo, las instituciones operadoras cuentan, en pocos casos, con diagnósticos integrales sobre su personal, en términos de estado de fuerza y personal capacitado. Asimismo, el servicio profesional de carrera continúa siendo un objetivo no alcanzado”, se advierte.
Infraestructura inconclusa
Cidac también señaló en el documento que en los ocho años del nuevo sistema penal, (siete de implementación y uno de operación) se han gastado 15 mil 400 millones de pesos.
De estos, 11 mil 200 millones se han destinado a 742 proyectos de infraestructura y equipamiento, y hasta la fecha el 67% aún no han sido concluidos.
“Cabe destacar que la mayoría de los proyectos pendientes fueron aprobados en 2014 y 2015, mientras que únicamente 74 proyectos de 2016 se encuentran en curso”.
Con la puesta en marcha del sistema penal, su consolidación quedó en manos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Todavía no se ha creado la instancia tripartita que estaría a cargo de la coordinación nacional, como lo acordaron los legisladores.
En ese sentido, dice el estudio de Cidac: “El sistema acusatorio ha iniciado operaciones a nivel nacional con un marco legal que no satisface las necesidades y las pretensiones del nuevo modelo de justicia”.
Pero además, alertan que existe el riesgo de una contrarreforma: “El debate en torno a las reformas legislativas necesarias se encuentra dividido entre una tendencia que propone la eliminación de figuras contrarias a la lógica de un sistema garantista, apoyada por la academia y la sociedad civil organizada.
“Se pretende endurecer las normas procesales del sistema acusatorio para lograr una mayor eficiencia en la persecución delictiva”, señalan.
Deficiencias en datos
El reporte también pone foco a los problemas generados por la falta de homologación de formatos e información, además de las carencias en el uso y aplicación de sistemas informáticos que permitan la generación automatizada de datos.
“En esta nueva etapa, no es suficiente reportar datos de operación si éstos no son útiles para evaluar la política pública, desde un enfoque cuantitativo y cualitativo”, dice.
María Novoa, la directora del Área de Justicia de Cidac y coordinadora del estudio, advirtió que a un año de vigencia del Sistema de Justicia Penal las policías estatales, federales, las procuradurías y fiscalías siguen siendo “cajas negras de la información”, lo que contrasta con el principio de transparencia del nuevo sistema.
Para la investigación de Cidac, “muchas dependencias estatales” reservaron la información solicitada, argumentando asuntos de seguridad pública.
