Colombia: 8 detenidos en el marco de la investigación por el atentado en un centro comercial
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Colombia: 8 detenidos en el marco de la investigación por el atentado en un centro comercial

En el ataque con bomba en Colombia murieron la francesa Julie Huynh, de 23 años, y las colombianas Ana María Gutiérrez, de 27, y Lady Paola Jaimes Ovalle, de 31.
BBC Mundo
Por BBC Mundo
25 de junio, 2017
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Las autoridades colombianas anunciaron este sábado que capturaron a cuatro hombres y cuatro mujeres en el marco de las investigaciones por el atentado del sábado pasado en el centro comercial Andino de Bogotá, en el que murieron tres mujeres.

En declaraciones a la prensa, el general Jorge Nieto, director de la Policía, dijo que las capturas forman parte de la investigación de 15 atentados que ocurrieron desde 2015 en las ciudades de Bogotá y Pereira (departamento de Risaralda), incluido el del sábado pasado.

“En la tarde de hoy (sábado) los investigadores realizaron diez allanamientos en Bogotá y El Espinal, (departamento del) Tolima, que culminaron con la captura de ocho personas”, detalló Nieto.

Y agregó: “Las evidencias en poder de los investigadores señalan que los cuatro hombres y las cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), grupo que ha reivindicado varios de los atentados”.

Militar con intercomunicador.
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, calificó al hecho como “atentado terrorista cobarde”.

En un panfleto de presunta autoría del MRP, que circuló en redes sociales, el grupo se desligó del atentado del Andino. BBC Mundo no pudo confirmar de forma independiente su autenticidad, aunque tiene elementos similares con otros panfletos que han distribuido en el pasado.

Explosivista en libertad

Por su parte, en la declaración a medios de este sábado, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que su oficina tiene elementos y evidencias materiales probatorias que le permiten “inferir razonablemente autoría que comprometería a este movimiento“.

Humo tras la explosión.NICOLAS MONCADA @NIROEL VÍA REUTERS
Se vivieron momentos de caos y miedo tras la explosión.

A los ocho capturados se les imputarán, según dijo Martínez, delitos de concierto para delinquir con fines terroristas y terrorismo; y en el caso de algunos homicidio agravado en concurso homogéneo (más de un homicidio), de otros tentativa de homicidio agravado, falsedad de documento público, fabricación, tráfico y porte de armas, entre otros.

“Tenemos también evidencia material probatoria que permitiría al menos en un caso formular imputación en el día de mañana por secuestro”, agregó el fiscal.

Luego contó lo siguiente: “El pasado 16 de marzo dos de las personas capturadas en el día de hoy fueron capturadas con explosivos en sus manos y con mapas que acreditarían que estaban perpetrando una actividad claramente terrorista”.

Las personas que estaban en el centro comercial fueron evacuadas.AFP
Las personas que estaban en el centro comercial fueron evacuadas.

Dijo que al ser llevados ante un juez de control de garantías con la formulación de delitos de terrorismo y porte de explosivos, el magistrado determinó que no podía considerarse el delito de terrorismo porque la bomba no había sido colocada ni había explotado.

Martínez reveló que la Fiscalía solicitó el viernes 16 de junio (un día antes del atentado en el centro comercial Andino) nuevamente que se detuviera a uno de ellos, pero otro juez de garantías encontró que no había méritos.

Finalmente el fiscal pidió que, para evitar que esto vuelva ocurrir, se cree una legislación especial para enfrentar organizaciones criminales.

Tres hipótesis

Originalmente, el gobierno había señalado que tenía tres hipótesis respecto a la autoría del ataque en el Andino, aunque se abstuvo de dar más detalles. También había anunciado una recompensa de 100 millones de pesos colombianos (unos US$33,000) por información que ayudara a capturar a los responsables.

SantosAFP
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, encabezó un consejo de seguridad el domingo pasado junto al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa (derecha) y al vicepresidente Óscar Naranjo (izquierda).
Interior del shopping después de la explosión.REUTERS
El ataque sucedió en vísperas del festejo del Día del Padre en Colombia en una zona muy turística.

A pesar de la falta de detalles, se creía que entre las hipótesis de las autoridades se encontraba la posibilidad de que hubiera sido un acto realizado por el MRP.

En el ataque, que ocurrió al inicio del fin de semana largo del Día del Padre, murieron la francesa Julie Huynh, de 23 años y las colombianas Ana María Gutiérrez, de 27, y Lady Paola Jaimes Ovalle, de 31.

Resultaron heridas nueve personas, de las cuales una, Pilar Molano, todavía está hospitalizada.

Tras el atentado muchas personas han rendido tributo a las víctimas de la explosión.AFP
Tras el atentado muchas personas han rendido tributo a las víctimas de la explosión.
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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Aplican de manera forzosa polígrafo a trabajadores administrativos del Tribunal Electoral

Animal Político constató que, con base en presiones y amenazas, las pruebas poligráficas han sido aplicadas de manera forzosa (y no “voluntaria”) a empleados adscritos a otras direcciones administrativas, y que varios de ellos han dejado de laborar en la institución tras los exámenes, sin conocer los resultados.
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
28 de julio, 2021
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Durante la gestión del magistrado José Luis Vargas Valdez como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), funcionarios de áreas administrativas y de seguridad han sido sometidos a pruebas de polígrafo, un tipo de examen que supuestamente permite detectar mentiras y cuyo uso institucional ha sido cuestionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Animal Político accedió a una solicitud de información que confirma que el Tribunal Electoral contrató este año a la empresa Grupo Alternativo en Confianza S.C. para aplicar las pruebas a los funcionarios.

Aunque el propio TEPJF aseguró que el polígrafo se aplica exclusivamente a trabajadores de la dirección de Protección Institucional con fines de evaluación, testimonios recabados dan cuenta de que hubo empleados puntualmente seleccionados para ser sometidos a los exámenes, especialmente cuando ha habido fugas de información de áreas administrativas. Este medio contactó a un extrabajador del TEPJF que laboró más de una década en una dirección administrativa de la Sala Superior y fue removido en mayo tras la realización de la prueba, de la que él nunca conoció el resultado.

“Yo nunca había visto que se aplicara la prueba del polígrafo al personal administrativo, jamás; no sé si sea alguna justificación para que nos pidan la renuncia y dejarnos sin empleo”, señala el extrabajador, quien pidió que se reservara su identidad por temor a que su denuncia obstaculice su búsqueda de un nuevo empleo.

“La parte delicada es que de un día a otro te quedas sin trabajo, te vas sin ninguna liquidación, y en esta situación en la que se encuentra el país, de COVID, de desempleo, de crisis, nos dejan vulnerables a muchas personas. Me afectó mucho, estoy buscando trabajo y no lo encuentro, yo tengo a cargo una familia que sostener; desde mayo no cobro, estoy en una situación difícil”.

En la solicitud de información 0310000015621, el TEPJF refirió que el contrato con Grupo Alternativo en Confianza S.C. está vigente desde abril de este año y hasta el 31 de diciembre; el importe del contrato es de mínimo 41 mil 760 pesos y máximo 194 mil 880 pesos. El costo unitario de cada prueba es de 2 mil 400 pesos.

Este medio envió una solicitud de réplica al Tribunal Electoral para conocer por qué se decidió implementar este tipo de examen en la institución, cuál es el criterio para enviar a un trabajador a la prueba y si el resultado es decisivo para que conserven su empleo.

En su respuesta, el órgano jurisdiccional precisó que, hasta el pasado 26 de julio, 13 funcionarios adscritos a la Dirección de Protección Institucional han sido sometidos al examen de polígrafo “de manera voluntaria y con pleno respeto a sus derechos humanos”. 

Defendió que dicha dirección está encargada de garantizar el funcionamiento de los sistemas de seguridad y vigilancia para la custodia y salvaguarda del personal y de los bienes de la institución, conforme el Reglamento interno del TEPJF.

El tribunal aseguró que esa área puede implementar “cualquier mecanismo” de control de confianza de los trabajadores adscritos a ella; agregó que no existe un criterio para enviar a un funcionario al examen, y que el resultado del mismo no condiciona la permanencia en el puesto de trabajo.

“En términos de las disposiciones transcritas, el instrumento de evaluación que señala lo implementó la Dirección General de Protección Institucional, en el marco y ejercicio de sus atribuciones, para que su personal cuente con óptimos niveles de confiabilidad. En el entendido que la normativa aplicable no prevé algún criterio para enviar a los trabajadores a las pruebas, ni establece que el resultado sea decisivo para conservar el empleo”, informó el TEPJF.

Sin embargo, Animal Político constató que, con base en presiones y amenazas, las pruebas poligráficas han sido aplicadas de manera forzosa —y no “voluntaria”— a empleados adscritos a otras direcciones administrativas (no solo a la de Protección Institucional), y que varios de ellos han dejado de laborar en la institución tras los exámenes, sin haber tenido la oportunidad de conocer los resultados de las pruebas.

“Me preguntaron si en mi familia había delincuentes”

El magistrado Vargas Valdez, quien fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 2007 a 2010, ha reforzado las medidas de seguridad y vigilancia en el Tribunal Electoral desde que asumió como presidente de la Sala Superior.

De hecho, el ahora director de Protección Institucional, Otoniel López Treviño, trabajó también varios años en el Cisen. Fue designado director de dicha área durante la presidencia de Felipe Fuentes y por recomendación del propio Vargas, de acuerdo con fuentes de la Sala Superior.

Vargas impulsó recientemente en la Comisión de Administración del TEPJF un proyecto para invertir 13 millones de pesos en cámaras de videovigilancia, y otro para arrendar 15 camionetas blindadas para uso de magistrados de Salas Regionales con una inversión de 12.7 millones de pesos. Los proyectos no fueron aprobados.

No es la primera vez que Vargas intenta erogar recursos públicos para la adquisición o alquiler de vehículos blindados. Animal Político dio a conocer el año pasado que el magistrado protagonizó un enfrentamiento con consejeros de la Judicatura Federal luego de que estos se opusieron a la compra de camionetas blindadas, y los responsabilizó si él o cualquier integrante de la Sala Superior sufría un atentado que pusiera en riesgo su vida.

Ahora que es presidente del TEPJF, Vargas impuso la aplicación de la prueba de polígrafo para indagar fugas de información, en lo que funcionarios del tribunal han calificado como una “cacería de brujas”.

Tras más de una década de servicio en la Sala Superior, Carlos (nombre ficticio) fue obligado a someterse al test, luego del cual fue removido de la institución.

“Hubo alguna fuga de información en ese entonces, fue a finales del año pasado, y al ser yo personal de confianza que tenía acceso a esa información, la Secretaría Administrativa me indicó que, por instrucciones del magistrado (Vargas), tenía yo que aplicarme la prueba del polígrafo, y me fui a hacer la prueba de inmediato”, relata el extrabajador en entrevista.

“Me dieron la ubicación de unas instalaciones de una empresa privada, Grupo Alternativo en Confianza. Dijeron que era algo muy rápido, que eran preguntas muy sencillas, y que en función de esas preguntas se determinaba si yo continuaba trabajando en el Tribunal Electoral. Me hacen el examen, yo no vi el resultado, no me lo quisieron proporcionar en esa empresa, incluso después quise ver si yo podía tener acceso a esa información, pero me dijeron que no, que era exclusivamente para el personal que la había requerido, no me dieron la información, nunca la vi; aparentemente no había salido tan bien en la prueba que me aplicaron del polígrafo”.

Carlos detalla que en el examen, que le aplicó una empleada de Grupo Alternativo de Confianza y que tuvo una hora de duración, le preguntaron si en su familia había delincuentes o personas que consumían drogas, lo que, cuenta, le pareció ofensivo.

“Me atendió una chica; primero sin ponerme el aparato me hizo algunas preguntas frente a frente, me preguntó que si mis familiares eran delincuentes, que si yo era delincuente, que si había drogas en mi familia, etcétera; una vez que pasó eso me pusieron el aparato y me empezaron a hacer preguntas meramente de trabajo, que si alguna vez había proporcionado información confidencial a otras personas, yo contesté obviamente que no, eran alrededor de 11 preguntas”, describe.

“Yo llevaba 11 años trabajando en la institución, nunca había tenido un problema así, de hecho, cuando me dijeron que fuera a hacer esa prueba, la verdad, me sentí ofendido, me dio mucho coraje, porque soy una persona institucional, ya llevaba tantos años trabajando ahí, fue por mis propios méritos, nunca he tenido ningún problema en mi trabajo, con nadie, me desempeñé en varias áreas, y en todas fueron por promociones, y ahora vienen y me piden la renuncia sin alguna justificación”.

Carlos sostiene que, en más de una década de trabajo en el TEPJF, nunca había visto que los trabajadores de áreas administrativas fueran sometidos a exámenes de polígrafo.

“Jamás se había aplicado (esa prueba); cuando yo ingresé al Tribunal Electoral estaba otra administración, no había visto jamás eso en los 11 años que llevaba trabajando ahí; sí me parece algo frustrante para nosotros, porque somos gente que nos dedicamos al trabajo y que estamos ahí por méritos propios, que de un momento a otro, no sé si cuestiones políticas o por un interés propio de algún magistrado, nos veamos perjudicados y nos quedemos sin trabajo”, lamenta.

El exempleado afirma que, tras hacer la prueba, le comunicaron que el magistrado Vargas requería su renuncia, misma que él decidió presentar “para evitar problemas”. Esto significa que Carlos no fue despedido conforme a la ley, pues pareció que él renunció voluntariamente a su trabajo.

Polígrafo viola derechos y dignidad de las personas: CNDH

El examen poligráfico es una prueba cuya confiabilidad ha sido cuestionada en el mundo y también en México.

En 2004, la CNDH emitió la Recomendación General No. 6 dirigida a gobernadores, procuradores generales de justicia, secretarios de estado y encargados de órganos de justicia militar, en la que señaló que la prueba poligráfica iba en aumento en procesos de selección y evaluación de servidores públicos, así como en investigaciones de responsabilidad administrativa y averiguaciones previas, sin que su uso tuviera reconocimiento en el sistema jurídico mexicano y sin que existiera regulación respecto de la manera en que el examen es practicado, el destino de sus resultados y el periodo en que la información debía ser resguardada.

La comisión argumentó que tanto la Oficina de Evaluación de Tecnología del Gobierno de Estados Unidos como la Academia Nacional de Ciencias de EUA han señalado que no se debe confiar en el examen poligráfico y en sus resultados para la detección de mentiras, pues presenta altos márgenes de error que afectan su validez.

“Por ello, ante la falta de regulación, tal como se ha demostrado a través de la experiencia, la aplicación del examen poligráfico y del uso de sus resultados, se ha dado en circunstancias que vulneran los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los individuos que se someten a este examen, así como a la integridad psíquica, a la intimidad y a la dignidad humana”, afirmó la CNDH en su recomendación.

“Llama la atención y preocupa a esta Comisión Nacional el hecho de que las personas sujetas a este examen, durante la práctica del mismo por parte del personal encargado de aplicarlo, son objeto de un procedimiento no previsto en la ley y que resulta contrario al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al someterlos a interrogatorios que buscan conocer aspectos de la vida íntima; es decir, se formulan preguntas referentes a su vida privada, incluso en el ámbito sexual; resalta también que los encargados de aplicar el examen poligráfico los intimidan con preguntas insidiosas y amenazantes, al extremo de que en algunos casos se les solicita autoinculparse o culpar a otras personas por la conducta que se investiga”.

La CNDH detectó casos de personas que, a fin de ingresar o conservar su trabajo en la función pública, fueron obligadas o presionadas para firmar un consentimiento de someterse al examen de polígrafo; también conoció de casos en los que los trabajadores eran obligados a renunciar con base en supuestos resultados negativos de la prueba, sin que dichos resultados se hicieran del conocimiento de las personas agraviadas.

La comisión advirtió que en la prueba poligráfica se hacen preguntas insidiosas y tendenciosas y bajo presión psicológica, y que los exámenes son aplicados por supuestos técnicos o profesionales que permanecen en el anonimato.

“La práctica del examen poligráfico resulta una agresión al derecho a la intimidad de las personas, y es inadmisible que dentro de un procedimiento administrativo de responsabilidad o de una averiguación previa, en un proceso de selección de personal o en una evaluación periódica a servidores públicos, deban renunciar a su derecho a la intimidad y permitir que terceros conozcan su vida intima. La posición de desventaja que ocupa el trabajador frente a su superior en un procedimiento administrativo, el solicitante de un empleo o el probable responsable, requiere, para que la renuncia a ese derecho opere, que la manifestación de voluntad sea libre, patente, específica e inequívoca”, expuso la CNDH.

“En efecto, la persona que se somete al examen poligráfico, ya sea en los procesos de selección, en evaluaciones periódicas, en investigaciones de responsabilidad administrativa o en averiguaciones previas, por lo general sufre de una presión psicológica derivada de amenazas tales como la pérdida del empleo u obtención de éste, interrogatorios prolongados, preguntas insidiosas, incluso sobre cuestiones relativas a su vida íntima, las que por sí mismas son formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona, y de su derecho a la dignidad humana”.

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