¿Quién exige responsabilidades a la DEA cuando sus misiones cuestan vidas?
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¿Quién exige responsabilidades a la DEA cuando sus misiones cuestan vidas?

Lee una reproducción textual de un artículo de Ginger Thompson sobre la responsabilidad de la DEA en una masacre en Allende, Coahuila. Se pública íntegro con permiso de los autores.
DEA
Por Ginger Thompson, ProPublica / Artículo co-publicado con The Washington Post.
21 de junio, 2017
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Aquí se pueden leer las versiones originales en inglés y español

A principios del 2011, la agencia antidrogas de los Estados Unidos (la DEA por sus siglas en inglés), obtuvo un dato de inteligencia inusual y de alto valor acerca de los líderes del cartel mexicano de los Zetas, una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas, e impenetrables, del mundo.

Un agente en Dallas había persuadido al distribuidor de cocaína más importante del cartel en el este de Texas para que le entregara los números rastreables de teléfono celular de los jefes más buscados del grupo, en particular Miguel y Omar Treviño, un par de hermanos sanguinarios cuya crueldad les había ganado altos puestos en la lista de los más buscados por la DEA.

Era un éxito de inteligencia, el tipo de información que se presenta solo una vez en una carrera profesional muy afortunada. Con esos números, las autoridades podrían rastrear los movimientos de los hermanos y finalmente capturarlos. Pero la DEA tomó una decisión con consecuencias fatales. Contra los deseos del agente al mando de la investigación — cuyo informante había advertido específicamente sobre el peligro de un derramamiento de sangre — la DEA pasó la información a una unidad de la policía federal mexicana con un largo historial de filtrar datos a los narcotraficantes.

Docenas, posiblemente cientos, de personas fueron asesinadas y secuestradas dentro y alrededor de Allende, un tranquilo pueblo ganadero a unos 40 minutos de la frontera estadounidense en el norteño estado mexicano de Coahuila. Pistoleros de los Zetas atraparon a un chico de 15 años, jugador de futbol americano en la escuela secundaria, quien estaba pasando un rato con unos amigos cuyos padres administraban un club deportivo donde uno de los supuestos soplones levantaba pesas. Se llevaron a una mujer de 81 años y a su bisnieto de seis meses. Una familia perdió a casi 20 miembros.

Nubes negras emanaron de un rancho local donde el cartel convirtió un edificio en un crematorio improvisado para quemar los cadáveres de los que habían matado.

Durante años, las autoridades mexicanas no hicieron casi nada para investigar la masacre. Mientras tanto la gente de Allende, comprensiblemente desconfiada de las autoridades que habían jurado protegerles, mantuvieron las bocas cerradas.

Trágicamente, este tipo de desenlace se ha vuelto de sobra conocido en México, donde la impunidad es un azote nacional. Corrupción doméstica, avaricia y miedo han engendrado una epidemia de violencia virtualmente incontestada. Lo que hace este caso distinto es que la DEA prendió la mecha que desencadenó la matanza, y después se mantuvo muda — como si no hubiera jugado ningún papel. Oficiales de la DEA supieron casi inmediatamente que vidas inocentes se habían perdido como consecuencia de compartir los datos de inteligencia con México. La respuesta de la agencia entonces, y durante los siguientes años: nada.

No exigió respuestas de sus homólogos mexicanos, ni suspendió la cooperación con la policía mexicana hasta poder determinar cómo se había filtrado la información. No llevó a cabo una investigación interna sobre la decisión de compartir la inteligencia, ni reevaluó sus propias normas de cómo dar información sensible a México. No informó acerca de la violencia a sus superiores en el Departamento de Justicia ni a sus supervisores en el Capitolio.

Y, quizás enfatizando la percepción de que las vidas destrozadas fueron de alguna forma daños colaterales aceptables en la guerra contra las drogas, la DEA no ofreció ninguna asistencia a la gente victimizada por la filtración ni recursos para ayudar a identificar y arrestar a los responsables.

He pasado la mayor parte del último año investigando y documentando el ataque contra Allende para ProPublica y National Geographic, grabando historias detalladas, frecuentemente desgarradoras, de aquellos que lo vivieron y de aquellos cuyas acciones contribuyeron a causarlo. Docenas de personas en Allende aceptaron hablar conmigo oficialmente, muchas de ellas hablando públicamente por primera vez y a costa de un gran riesgo personal. Hasta los mismos ex-Zetas convertidos en informantes hablaron largo y tendido sobre sus actuaciones y las consecuencias catastróficas. El fiscal federal adjunto del caso se describió como “devastado”. Y eventualmente, el agente de la DEA que lideró la investigación, habló, a veces emocionado, de su parte en la tragedia.

Pero cuando se les presentó este compendio de voces y pruebas, los funcionarios de la DEA se negaron a explicar qué había hecho la agencia, si había hecho algo, para responder a la masacre. El portavoz Russ Baer, dijo unicamente que la agencia atribuye la culpabilidad contundentemente a los hermanos Treviño: “Estaban matando gente antes de que esto pasara, y mataron a gente después de que se suministraron los números”. Me dijo que yo necesitaba tener claro una cosa: “Esto no es una historia en la cual la DEA tiene sangre en sus manos”.

Esto es técnicamente cierto, y tristemente parece ser hecho a propósito. Como resultado de la forma en que se libra la guerra contra las drogas de Mexico, Estados Unidos juega un papel preponderante — proporcionando entrenamiento, material e inteligencia a fuerzas de seguridad que tienen reputaciones de colaborar con narcotraficantes — sin compartir responsibilidad por las repercusiones.

Algunas unidades o programas antinarcóticos mexicanos — incluída la unidad implicada en la masacre de Allende — no existirían si no fuera por los Estados Unidos. Los contribuyentes norteamericanos han inyectado cientos de millones de dólares en los programas antinarcóticos de México a través de los años. Pero aparte de listas imprecisas de capos de la droga que han sido arrestados y las ocasionales oportunidades de foto hechas para la televisión de alijos de droga incautados, no hay casi ninguna explicación pública de lo que estos esfuerzos han logrado, mucho menos de las maneras en que han fallado, o de los daños que han ocasionado.

Este arreglo cuidadosamente coreografiado es conveniente para México también. Permite al gobierno de ese país aseverar que sus policías y fuerzas armadas no reciben órdenes de los gringos. Mientras tanto, Estados Unidos puede atribuirse el mérito cuando ayuda a México a capturar a un capo de la droga, pero declararse inocente cuando algo falla.

Sergio Aguayo es un prominente investigador mexicano de derechos humanos del Colegio de México, que el año pasado lanzó una investigacion independiente sobre la masacre de Allende. Me dijo que, “Los Estados Unidos y su papel siguen siendo un enigma. Pero una cosa que parece clara es que el gobierno tiene sus políticas contra el crimen organizado, y las prosigue sin tener en cuenta los impactos sobre la sociedad mexicana”. Aguayo dijo que puede ser no intencionado, “pero los efectos son claros e inhumanos”.

Sin duda, los Estados Unidos no quiere que sucedan massacres. El objetivo de la DEA cuando obtuvo inteligencia sobre los Zetas, como parte de una operación denominada “Too Legit to Quit” era bueno: poner fin al reino de terror del cartel. La agencia había entrenado y escrutinado a los miembros de la unidad especial de la policía federal mexicana con la cual compartió los datos de inteligencia. Pero la así llamada Unidad de Investigación Sensible (SIU por sus siglas en inglés) opera con un defecto fundamental que ni México ni Estados Unidos han tenido la voluntad política para corregir: los supervisores mexicanos de la unidad están exentos del escrutinio.

“La unidad es solo tan fuerte como su eslabón mas débil”, dijo un ex-alto funcionario de la DEA quien ha pasado la mayoría de su carrera en México. “Si no se escrutina al supervisor, entonces ¿cuál es el punto de escrutinar a cualquiera?”

Pero los agentes de la DEA con quien he hablado dijeron que México desmantelaría el programa antes de someter a sus jefes a una inspección estadounidense. Y la DEA cree que es mejor tener la unidad especial, aún con la posibilidad de corrupcion, que no tener nada. A pesar de sus debilidades, dicen, la unidad ha ayudado en detenciones importantes.

Fuentes de fuerzas policiales federales de los Estados Unidos cercanas al caso de Allende culparon a un supervisor mexicano de la unidad especial por la filtración que desencadenó el ataque de los Zetas. No sería la primera vez. Durante las dos décadas que he estado escribiendo desde y sobre México, la unidad especial (SIU) ha sido rehecha numerosas veces, o como parte de una transformación completa de la policía federal, o porque la unidad había sido infiltrada por narcotraficantes. O en algunos casos, las dos cosas iban de la mano.

A principios de este año, uno de los supervisores de la unidad, Iván Reyes Arzate, se entregó a las autoridades de Chicago que le habian acusado de filtrar informacion a narcotraficantes. Dos de sus predecesores en la unidad, según actuales y antiguos oficiales de la DEA, fueron asesinados.

Una ampliación del escrutinio no haría daño. Pero no es infalible, como la DEA ha aprendido en sus alianzas con otras fuerzas de policías nacionales. Un supervisor aprobado de Colombia, según me dijo un agente de la DEA, pasaba información a traficantes. “Esa información causó que varios colaboradores fueran ejecutados”, dijo, “a la par que algunos de sus parientes”.

Lo que podría facilmente hacer la DEA, sin embargo, sería establecer protocolos firmes y formales para intercambiar información con México. Actuales y antiguos oficiales de la DEA describen el sistema como impreciso y algo aleatorio, con agentes haciendo decisiones independientemente – basándose en su experiencia y contactos – de con quien compartir información, tanto dentro de la DEA como entre sus homólogos extranjeros.

Esta imprecisión es impulsada, en parte, por la evolución de las redes de corrupción, dicen algunos agentes veteranos: resulta que ciertas fuerzas de seguridad Mexicanas podrían filtrar información a un cartel determinado, pero perseguir a otro eficazmente. Los agentes aprendían en consecuencia qué debían compartir y con quién.

Otra cosa que la agencia podría hacer es crear procedimientos obligatorios de control para dar seguimiento a los resultados de sus operativos. Y finalmente, podría y debería investigar a fondo las filtraciones, sobre todo las que tienen consecuencias desastrosas, y comunicar los hallazgos al Departamento de Justicia y al Congreso.

Es cierto que esto podría ralentizar un proceso que por su misma naturaleza requiere velocidad — los narcotraficantes cambian sus números de teléfono celular cada pocas semanas, precisamente para evitar ser detectados. Pero la medida también podría salvar vidas. Todavía no hay una cifra firme de cuánta gente fue asesinada y secuestrada dentro y alrededor de Allende. Una colega mexicana y yo encontramos unas 60 personas cuyas muertes o desapariciones han sido conectadas al asedio de los Zetas basándonos en información de parientes, amigos, archivos judiciales, grupos de apoyo a las victimas, y reportes de prensa.

La DEA ha sido criticada por su papel en otros operativos antidroga de alto perfil que han fracasado, más recientemente en Honduras. Si las autoridades de Estados Unidos van a operar en comunidades mexicanas, tendríamos que estar dispuestos a tratar a la gente que vive allí como trataríamos a los nuestros.

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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