Detectan corrupción de Odebrecht en refinería de Tula
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Foto: Archivo Cuartoscuro

Detectan corrupción de Odebrecht en refinería de Tula

Sin licitación, funcionarios de Pemex asignaron a la constructora brasileña obras por 4,254 millones en la refinería de esa población de Hidalgo; las ampliaciones de contrato coinciden con el pago de sobornos.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Por Raúl Olmos / Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
15 de junio, 2017
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La constructora brasileña Odebrecht incurrió en presuntos actos de corrupción para obtener ventajas en obras que le fueron adjudicadas en forma directa en la refinería de Tula, Hidalgo, por un monto superior a los 4 mil 254 millones de pesos.

Una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó probables irregularidades administrativas de Odebrecht en Tula, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Ayer mismo la SFP, a través de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, inició cuatro procedimientos administrativos sancionatorios por las obras en Tula, dos contra empresas filiales de Odebrecht y otras dos contra sus representantes legales.

“Este miércoles se notificó a Odebrecht y a sus representantes, quienes en términos de ley tendrán derecho al desahogo de pruebas”, precisó la SFP en un comunicado.

La Ley Anticorrupción establece como infracciones el entregar sobornos, simular el cumplimiento de requisitos, presentar documentación falsa o usar influencias para obtener beneficios o ventajas en los contratos.

En caso de comprobarse que Odebrecht incurrió en alguno de estos actos de corrupción en Tula, se le podría aplicar una multa de hasta 160 millones de pesos (equivalente a dos millones de veces el salario mínimo, según la Ley), así como inhabilitación por 10 años para participar en contrataciones federales.

“La notificación (del resultado de la auditoría a Odebrecht) no prejuzga acerca de la probable responsabilidad administrativa, la cual será determinada una vez agotadas las fases legales del debido proceso”, aclaró la SFP.

Las auditorías de la SFP a los contratos que Pemex asignó a la constructora brasileña iniciaron el 22 de diciembre de 2016, un día después de que en una Corte de Estados Unidos ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos a cambio de beneficios, entre 2010 y 2014.

Ese periodo corresponde al último tramo del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y los dos primeros años de Enrique Peña Nieto.

Hasta ahora la SFP sólo ha concluido la auditoría de Tula. Están pendientes los resultados de la revisión a los contratos de Odebrecht en las refinerías de Minatitlán y Salamanca, en el tramo norte-II del gasoducto Los Ramones y en el proyecto Etileno XXI, en el que Pemex acordó venderle al consorcio brasileño gas etano a precio preferencial –por debajo del costo comercial- por 20 años, con opción de prórroga.

Sobrecostos en Tula

De acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Odebrecht ejecutó en la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula, obras por 4 mil 254 millones de pesos entre 2014 y 2015.

El 15 de febrero de 2014, Pemex le asignó en forma directa un primer contrato en Tula por 1,436 millones de pesos para la obra de adecuación de plataformas y terrenos para la reconfiguración de la refinería. Nueve meses después, el 20 de noviembre de 2014, otorgó una primera ampliación a esa misma obra, por 358 millones 230 mil pesos. Estaba previsto que la obra concluyera en agosto de 2015, y en ese lapso Pemex autorizó un segundo pago adicional por otros 879 millones de pesos.

En total, el monto de este contrato se elevó a 2 mil 315 millones de pesos. Lo anterior representó un sobrecosto de 61% respecto al presupuesto original.

El 16 de noviembre de 2015, Odebrecht obtuvo otra asignación directa de Pemex en Tula. Esa vez el contrato fue por 1,939 millones de pesos para construir accesos y obras externas a la refinería.

Este nuevo contrato fue firmado por Gustavo Escobar, encargado de la dirección corporativa de Procura y Abastecimiento de Pemex, y por Marcelo Da Fonseca, gerente administrativo de Odebrecht, según pudo comprobar MCCI pese a que el documento que ha hecho público el Gobierno federal tiene censurados los nombres de los involucrados.

La firma se realizó ante Luis Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México. También atestiguaron la asignación tres altos funcionarios de Pemex: el director de producción, Miguel Tame; el director de proyectos, Leonardo Cornejo, y Alejandro Martínez Sibaja, director general de Transformación Industrial.

Pagan sobornos y amplían contratos

Justo en el lapso en que se dieron esas ampliaciones en Tula, Odebrecht pagó sobornos en México, según han confesado ejecutivos de la constructora.

En el caso judicial que se sigue en Estados Unidos, los ejecutivos revelaron que entre diciembre de 2013 y finales de 2014, la División de Operaciones Estructuradas (mejor conocido como el departamentos de sobornos de Odebrecht) pagó seis millones de dólares a funcionarios mexicanos, cuya identidad no ha sido revelada.

Además, el director de la misma oficina de sobornos, Hilberto Mascarenhas, confesó en Brasil que en noviembre de 2014 recibió una solicitud para hacer pagos ilícitos con valor de 5 millones de dólares a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, de acuerdo con un documento judicial difundido a mediados de abril por MCCI, el cual está firmado por el ministro brasileño Edson Fachin.

La fecha en la que supuestamente se pidió el soborno para Lozoya (noviembre de 2014) coincide con el otorgamiento de la primera ampliación del contrato de Tula para Odebrecht.

En el documento judicial obtenido por MCCI aparece el nombre de Luis Weyll como testigo de la petición del soborno para el Director de Pemex. Este mismo personaje fue quien en noviembre de 2015 atestiguó la ampliación de los contratos otorgados en Tula para Odebrecht.

¿Qué dice la Ley?

Una auditoría de la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó infracciones a la Ley Anticorrupción por parte de Odebrecht y sus representantes legales. Dicha legislación establece que se incurre en responsabilidad en los siguientes casos:

1.- Cuando se prometa, ofrezca o entregue dinero o cualquier dádiva a un servidor público o a un tercero a cambio de un beneficio o ventaja en contratos.

2.- Se ofrezca dinero o dádivas a quien intervenga en el diseño o elaboración de una convocatoria de licitación pública federal.

3.- Se simule el cumplimiento de los requisitos o reglas para participar en contrataciones públicas.

4.- Se obligue a un servidor público a dar, suscribir, otorgar, destruir o entregar un documento para obtener ventaja o beneficio.

5.- Se promueva o use su influencia, poder económico o político sobre cualquier servidor público para obtener beneficio o ventaja.

6.- Se presente documentación o información falsa o alterada para obtener un contrato.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

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El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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