Federales vinculados con el ataque a los 43 fueron transferidos o despedidos, ninguno procesado
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Federales vinculados con el ataque a los 43 fueron transferidos o despedidos, ninguno procesado

La CNDH documentó que al menos tres elementos de la Policía Federal presuntamente fueron cómplices en el ataque contra los normalistas, en septiembre de 2014, sin que la PGR haya profundizado en esta línea de investigación.
Cuartoscuro Archivo
Por Arturo Angel
26 de junio, 2017
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Aunque hace año y medio la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró evidencia de la presunta complicidad de policías federales en la desaparición de 43 normalistas Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha profundizado en esta línea de investigación, y no hay resultados.

Documentos y datos de la indagatoria, a los que tuvo acceso Animal Político, evidencian que los policías federales involucrados en el caso fueron transferidos, y a su jefe se le pidió la renuncia, sin que se esclarecieran los señalamientos sobre sus supuestos vínculos con el crimen organizado, ni se les procesara.

Se trata de policías federales que, en sus testimonios iniciales, ocultaron su participación en un filtro de seguridad la noche del 26 de septiembre de 2014, y que de acuerdo con los datos recabados por la CNDH permitieron que por ese punto fuera sacado de Iguala un grupo de estudiantes de Ayotzinapa, rumbo al municipio de Huitzuco.

La PGR tampoco ha reportado avances en la indagatoria sobre una libreta que le aseguraron a quien es señalado como autor intelectual del ataque contra los normalistas y líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias. En ella había referencias y nombres de mandos policiales, tanto de la policía de Guerrero como federales.

Complicidad federal

El 4 de marzo de 2016, la Oficina Especial para el “Caso Iguala” de la CNDH envió el oficio CNDH/OEPCI/051/2016 a la PGR, evidenciando la complicidad de agentes federales, por acción u omisión, en la desaparición de los normalistas, y señalando su posible vínculo con la delincuencia organizada.

En el oficio, del que Animal Político tiene copia, se hace referencia a por lo menos cinco pruebas recabadas en la averiguación previa, vinculadas con esta línea de investigación, y que no fueron valoradas por el Ministerio Público; además, se hacen 20 requerimientos para profundizar en el tema.

Lo que el informe de la CNDH señaló es que el día de la desaparición de los normalistas, los agentes de la Policía Federal, Víctor Manuel Colmenares Campos y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, permitieron que un grupo de 15 a 20 normalistas fuera sacado de Iguala por policías municipales, hacia el municipio de Huitzuco.

Esta ruta fue ignorada inicialmente en la denominada “verdad histórica” –la versión de las autoridades federales sobre lo ocurrido a los normalistas–, que apuntaba que todos los normalistas desaparecidos fueron trasladados a Cocula.

Leer: Estos son los argumentos del GIEI para decir que la verdad histórica se construyó con tortura

Testimonios recabados o revisados por la CNDH -entre ellos el del chofer del autobús Estrella de Oro número 1531, donde viajaban las víctimas- confirmaron que en la zona conocida como “Puente el Chipote” los dos agentes federales hablaron con policías municipales que retenían al grupo de estudiantes, y en esa charla les indicaron que los llevaban ante un sujeto con el alias de “El Patrón”.

La CNDH advierte que el hombre conocido como “El Patrón” es un presunto integrante del crimen organizado, por lo que los agentes de la Policía Federal no solo habrían consentido sin justificación el traslado de los normalistas a Huitzuco, sino que además lo hicieron a sabiendas de que serían llevados ante un criminal.

“Está demostrado que los hechos de la desaparición cometidos por los policías municipales se ejecutaron en zona federal (carretera federal Iguala – Chilpancingo), concretamente en el Puente del Chipote, jurisdicción de al menos 2 agentes de la Policía Federal que permitieron agresiones y actos en contra de los normalistas”, se lee en el oficio de CNDH.

Ocultando los hechos

La participación de policías federales en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa trató de ocultarse en las declaraciones iniciales del caso.

En el referido informe enviado a la PGR, la CNDH señaló que el Departamento Jurídico de la empresa Estrella de Oro, a la que pertenece el chofer del grupo de estudiantes que fue llevado a Huitzuco, intentó “asesorarlo” para que no declarara al Ministerio Púbico sobre la presencia de policías federales en los hechos, pues era “un tema delicado”.

Por esa situación, la CNDH pidió a la PGR que se amplíe la declaración ministerial del chofer, y que se le considere un testigo colaborador, protegiendo su identidad (por ese motivo no se transcribe su nombre en esta nota).

También pidió que, de preferencia, el chofer y su familia fueran trasladados a Estados Unidos.

Los agentes Víctor Manuel Colmenares Campos y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe declararon ante la PGR el once de mayo de 2015. Animal Político tiene una copia de sus declaraciones ministeriales.

En ellas, los agentes involucrados y el jefe encargado de la Estación Iguala, el subinspector Luis Antonio Dorante Macías, ocultaron el contacto que tuvieron con el grupo de estudiantes que fue trasladado por policías ministeriales a Huitzuco.

Sobre lo ocurrido aquella noche de septiembre de 2014, solo reconocieron que se entrevistaron con el secretario de Seguridad Pública Municipal -hoy preso por el caso-, Felipe Flores. Esta persona, según relataron, les dijo que la situación estaba en calma, por lo que regresaron a la estación Iguala.

“Llama la atención que 2 de los Policías Federales involucrados en los hechos de acuerdo con esta línea de investigación, en sus respectivas declaraciones y en sus partes informativos, sospechosamente, omiten referirse a cualquier circunstancia que los ubique en el evento sucedido en el Puente del Chipote”, advirtió la CNDH.

El jefe de la estación Iguala, Luis Antonio Dorantes, en declaraciones rendidas tanto en septiembre de 2015 como en enero de 2016, tampoco reportó el despliegue policial en el Puente del Chipote.

Incluso, a pregunta del Ministerio Público, negó expresamente que elementos a su cargo tuvieran contacto con autobuses, y dijo que la “política” de la estación era “no intervenir y mantenerse al margen de los estudiantes”.

Autoridades consultadas por este medio refieren que, antes de que se diera el ataque contra los normalistas, Dorantes nunca reportó a sus superiores la actividad de grupos de la delincuencia organizada en Iguala, pese a tener para ese momento más de un año como jefe de estación.

¿Operación limpieza?

Aunque los policías federales aseguraron no tener relación con la desaparición de los estudiantes, fueron sacados de la zona de Iguala.

“En el expediente está acreditado que Colmenares Campos y Cruz Pérez Arizpe fueron re adscritos fuera de Guerrero a los pocos días de los hechos, lo cual pudiera constituir algún indicio de pretender deslindarse de los hechos y evadir su responsabilidad”, advirtió la CNDH en el oficio enviado a PGR el 4 de marzo de 2016.

Colmenares Campos fue reasignado a Tlaxcala, y Pérez Arizpe al Estado de México, reconocieron autoridades del caso.

En cuanto al jefe de la Estación Iguala, Luis Antonio Dorantes García, en una declaración rendida en diciembre de 2015 relató que había presentado su renuncia “voluntaria” al cargo el 23 de octubre de 2014, casi un mes después del secuestro de los estudiantes. La renuncia le fue aceptada de inmediato.

En su segunda declaración, de enero de 2016, Dorantes dijo que fue trasladado a la Ciudad de México, a Cuajimalpa, tras los hechos de Iguala. Ya en la Ciudad de México, renunció a la Policía Federal.

Cuando se le preguntó el motivo de la renuncia, respondió: “por razones personales mi estado emocional no era el más factible toda vez que mi familia no quería que permaneciera en mis funciones”.

Luis Antonio Dorantes García tenía 16 años de experiencia en la institución, al momento de renunciar.

Autoridades con conocimiento del caso, que pidieron reserva de su identidad, revelaron a este medio que a Dorantes García “se le pidió la renuncia” por órdenes superiores, tras la desaparición de los normalistas.

Que investiguen cadena de mando

En el oficio de marzo de 2016, la CNDH pidió expresamente a la PGR que integrara la línea de investigación que vincula a la Policía Federal pero que, además, se indague formalmente a los policías federales que permitieron que se llevaran a los estudiantes por posibles vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero y lo que resultara.

Incluso la CNDH pidió que antes de que se hiciera pública esta línea de investigación -lo que ocurrió el 14 de abril de 2016- se ejerciera una acción penal contra los involucrados.

Pero eso no ocurrió.

De acuerdo con los representantes legales de las víctimas en el caso Ayotzinapa, no existen avances en esta línea de investigación, ni tampoco se ha vuelto a tomar declaración a los policías involucrados, luego de revelarse el informe.

También acusan que no existen avances sobre una averiguación que expresamente pidieron los padres de los desaparecidos, en un escrito formal, fechado en septiembre de 2016, relacionada con una libreta encontrada a Sidronio Casarrubias, supuesto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, donde aparecen los nombres de mandos policiacos.

Leer: PGR investiga a funcionarios por ocultar posible contacto entre gobierno y Guerreros Unidos

Los padres de los normalistas pidieron expresamente que se indagara el presunto vínculo del entonces coordinador de Policía Federal en Guerrero, y hoy jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar García Harfuch, cuyo nombre aparece en la referida libreta.

García Harfuch aún era Coordinador Regional de la Policía Federal en Guerrero, en septiembre de 2014, antes de que fuera comisionado a Michoacán, por lo que los padres han insistido en que se indague toda la cadena de mando.

Animal Político solicitó a la PGR, desde la semana pasada, datos sobre los avances en las investigaciones relacionadas con los policías federales involucrados en el caso Iguala y los nombres que aparecen en la libreta, sin que hasta este momento haya una respuesta.

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El país que ya atraviesa una 'tercera ola' de COVID-19

Mientras numerosos países enfrentan la temida "segunda ola" de casos de coronavirus, y todavía hay lugares que no superan la primera, Irán ya está contando los muertos de una tercera oleada.
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16 de octubre, 2020
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Mientras numerosos países enfrentan la temida “segunda ola” de casos de coronavirus, y todavía hay lugares que no superan la primera, Irán ya está contando los muertos de una tercera oleada.

Y en el que ya era uno de los países de Medio Oriente más afectados por la pandemia, esa “tercera ola” es la más letal hasta la fecha.

Irán volvió a romper su récord de contagios diarios a mediados de la semana con los 4,830 nuevos casos de COVID-19 del miércoles 14 de octubre, según los registros de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos).

Pero la nación persa está rompiendo marcas desde el pasado 22 de septiembre, cuando superó por primera vez los 3,574 casos diarios registrados a principios de junio, en lo más alto de su “segunda ola”.

“Aunque la segunda ola de coronavirus fue contenida exitosamente, la tercera ola ha estado emergiendo porque se han ignorado los protocolos sanitarios”, alertó ese mismo día el ministro de Salud iraní, Saeed Namaki, según un reporte de la agencia oficial Iran Press.

Menos de dos semanas después, el 5 de octubre, Irán ya había igualado su récord de muertes diarias, que se remontaba al mes de julio.

Y los 279 muertos registrados este miércoles también son el mayor número diario en un país que, según cifras oficiales, ya suma más de medio millón de contagios y casi 30,000 muertos por la pandemia.

Entierro en Irán

Getty Images
Irán volvió a romper su récord de muertes por COVID-19 en un mismo día.

La cifra real, sin embargo, es mucho mayor: en agosto pasado el servicio persa de la BBC recibió registros gubernamentales filtrados que mostraban que a 20 de julio habían muerto casi 42,000 personas con síntomas de COVID-19, pero el Ministerio de Salud solamente reportaba 14,405 fallecidos.

La cantidad de personas identificadas como infectadas en esos documentos también era casi el doble de las cifras del ministerio.

Y el viceministro de Salud iraní, Iraj Haririchi, finalmente reconoció que el número real de muertos es “significativamente” más alto que el de las cifras oficiales.

Según BBC Persa, Haririchi explicó que las estadísticas oficiales se basan en el número de muertes con prueba de PCR positiva, pero estimó que, dependiendo de la provincia, el número real de víctimas de coronavirus es entre 1.5 y 2.2 veces más alto que el arrojado por esos registros.

El viceministro también advirtió que tanto trabajadores de la salud como suministros médicos están al borde del agotamiento por el empeoramiento de la situación en Teherán y otras regiones del país.

Teherán “cerrada”

En estos momentos, 27 de las 31 provincias del país ya han sido designadas por las autoridades iraníes como zonas “rojas” por el rápido aumento de contagios.

Y la situación en la capital, Teherán, y sus suburbios, ha sido descrita como especialmente “crítica”.

Ambulancia en Teherán

EPA
Los servicios médicos en Teherán están casi al límite de sus capacidades.

El doctor Alireza Zali, quien comanda las operaciones contra el coronavirus en la provincia de Teherán, advirtió este miércoles que la misma vive “los días más difíciles de la tercera ola la enfermedad”.

“Si no se realiza una intervención seria, esta subida no declinará y las condiciones pueden mantenerla así”, agregó Zali, según declaraciones recogidas por BBC Persa.

Para tratar de limitar la propagación del virus, el uso de mascarillas en la capital es obligatorio desde el pasado sábado, con el gobierno anunciando multas de 6.60 dólares para quien salga a la calle sin una.

Y este miércoles también quedaron prohibidos todos los viajes desde o hacia Teherán y otras cuatro grandes ciudades iraníes hasta el mediodía del domingo.

La medida se ordenó un día después de que el líder supremo de Irán, ayatolá Alí Jamenei, pidiera expresamente la prohibición “de ciertas actividades y viajes”.

Mujer con mascarilla en Teherán

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Las mascarillas son obligatorias en Teherán desde el sábado pasado.

“Las regulaciones sobre el corona deben ser soberanas y vinculantes. Hace tiempo que les he dicho al estimado presidente y a los funcionarios que deben hacerse cumplir”, dijo también Jamenei, según su cuenta de Twitter.

El presidente Hassan Rouhani, por su parte, ya había declarado la semana pasada que cualquier persona que oculte una infección por COVID-19 y no se ponga en cuarentena durante 14 días debería enfrentar “el mayor castigo”.

Y el mandatario también advirtió que los empleados del gobierno que incumplan repetidamente las regulaciones podrían ser suspendidos durante un año y que los negocios infractores podrían cerrarse.

Predicciones sombrías

Las nuevas disposiciones son un buen reflejo de la posición oficial, que culpa del resurgimiento del virus a la falta de cumplimiento de medidas como el uso de máscaras y el distanciamiento social.

Y es que aunque el ministro de Salud iraní, Saeed Namaki, insistió esta semana que mantener “sanciones ilegales” durante una pandemia equivale a un genocidio, también aseguró que Irán ha podido satisfacer sus necesidades de medicamentos y equipos de protección, e incluso exportar a otros países.

Iraníes en una celebración religiosa

Reuters
Las autoridades han amenazado con sancionar a quienes no cumplan con las regulaciones.

En un país empobrecido y agotado por años de sanciones, sin embargo, la confianza en la capacidad de las autoridades para lidiar con la pandemia de coronavirus ha ido disminuyendo.

Y hasta el jefe de la Asociación Médica Iraní, quien es nombrado por el gobierno, se ha mostrado crítico, acusando a los funcionarios encargados de lidiar con la crisis de haber ignorado las advertencias de los expertos.

“Algunas decisiones no fueron tomadas por los expertos, como la reapertura de escuelas o el anuncio de protocolos que la gente no estaba obligada a seguir”, dijo Mohammad Reza Zafarghandi, en declaraciones recogidas por el diario The Guardian.

Pero para Mohammad Talebpour, el director del hospital Sina, el más viejo de Teherán, si los iraníes no actúan todos juntos las consecuencias podrían ser todavía más desastrosas.

Talebpour le dijo al mismo The Guardian que, en ese caso, y si la enfermedad persiste por otros 18 meses, el número de muertos podría alcanzar los 300,000.

Más que una ola, un verdadero maremoto para Irán.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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