Impunidad en desvíos de Duarte: La PGR no ha consignado ni una de las 56 averiguaciones previas
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Carlos Sebastián / nómada.gt

Impunidad en desvíos de Duarte: La PGR no ha consignado ni una de las 56 averiguaciones previas

En la solicitud de extradición de Javier Duarte, que deberá enviarse a más tardar el 15 de junio, no podrá incluirse ninguno de estos casos, debido a que no están consignados.
Carlos Sebastián / nómada.gt
Por Arturo Angel
2 de junio, 2017
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La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas 56 averiguaciones previas por el presunto desvío y desaparición de recursos federales en la administración de Javier Duarte en Veracruz, gracias a las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero, hasta ahora, ni una de ellas ha sido consignada ante un juez.

Autoridades federales confirmaron que las averiguaciones se encuentran en integración y comprenden un posible fraude al erario federal por 21 mil 76 millones de pesos.

Eso sin contar otros 35 mil millones, que no han sido comprobados y que serán objeto de más denuncias que la ASF presentará en los próximos meses.

La primera denuncia en contra de la administración de Javier Duarte ante la PGR se presentó oficialmente el 11 de noviembre de 2014  y fue por haber simulado que se reintegraron recursos federales detectados previamente como faltantes.

La última denuncia se presentó el pasado 23 de diciembre y correspondió a un posible desvío de 800 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en el ejercicio fiscal de 2014.

Todas estas averiguaciones están a cargo de la Unidad Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR sin que ninguna haya sido cerrada pero tampoco sin que alguna esté resuelta y consignada ante un juez federal.

De acuerdo con la ASF, se realizan reuniones periódicas con los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la esa Unidad Especializada para dar seguimiento a las averiguaciones presentadas y los requerimientos de información que se presenten.

Cabe señalar que se trata de denuncias de hechos en las que la auditoría aporta la evidencia de los recursos que desaparecieron o no fueron utilizados adecuadamente, pero donde es responsabilidad de la PGR determinar quiénes son los funcionarios responsables y consignarlos,

¿De dónde viene el dinero denunciado?

De los 21 mil millones que la Auditoría ya denunció penalmente ante la PGR, 16 mil 308 millones corresponden a recursos pertenecientes al denominado “gasto federalizado” entregado a Veracruz.

El gasto federalizado es dinero destinado a los denominados Ramos 28 y 33, cuya finalidad es que se canalice a programas sociales y obras que beneficien a la población.

Los otros cuatro mil 770 millones de pesos son por un concepto que los auditores denominan como “simulación de reintegros”, que consiste en que la autoridad señalada (en este caso el gobierno de Veracruz) deposita recursos que los auditores le indicaron como faltantes en las cuentas autorizadas, pero que luego vuelve a retirarlos.

El desvío de recursos que los auditores han observado y denunciado se han presentado de forma generalizada en múltiples programas: Van desde partidas destinadas para obras y programas sociales, hasta recursos que debieron usarse en programas de salud o de seguridad pública. Entre los programas afectados se encuentran, por ejemplo, el Seguro Popular y Prospera.

Fue el propio Javier Duarte quien oficializó casi desde el arranque de su gobierno el que pudieran tomarse recursos etiquetados del gobierno federal con otros fines.

Animal Político informó que el 19 de diciembre de 2011 el gobierno de Duarte publicó el Decreto 289, a través del cual dio luz verde a la Secretaría de Finanzas de su gobierno para echar mano de partidas estatales y federales y “priorizar” el gasto de acuerdo con las necesidades del estado.

Se prevé que en los próximos meses la ASF presente un nuevo paquete de denuncias en contra de la administración de Duarte por el desvío de otros 35 mil millones de pesos detectados hasta el ejercicio 2015, así como por nuevas irregularidades correspondientes a 2016.

El camino de Javier Duarte hacia la cárcel, de ser joven promesa en Córdoba hasta su caída.

Fuera de la extradición de Duarte

El próximo 15 de junio vence el plazo legal que marca el tratado de extradición entre México y Guatemala para que se presente la solicitud formal de extradición de Javier Duarte, detenido a mediados de abril en ese país centroamericano.

De acuerdo con autoridades con conocimiento del caso, la solicitud se estará presentando días antes de finalizar el plazo.

El tratado entre ambos países indica que la solicitud de extradición procede en los casos en los que exista un requerimiento judicial en forma girado por un juez, es decir, una orden de aprehensión.

Hasta ahora hay cuatro órdenes de aprehensión giradas en contra del exgobernador: Dos de estas son del orden federal y son por lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos electorales. Además hay dos órdenes obtenidas por la Fiscalía de Veracruz y relacionadas con cinco delitos distintos, todos vinculados a posibles hechos de corrupción.

Ninguno de los desvíos reportados y denunciados por la ASF ha derivado en una orden de aprehensión contra Javier Duarte porque tampoco han sido consignados.

Consulta el especial: Las empresas fantasma de Veracruz.

Pobres resultados, el común denominador

La Unidad Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR es la responsable, entre otras cosas, de investigar los posibles hechos de corrupción derivados de las denuncias que presenta la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con datos de la ASF, hasta ahora, se han presentado más de 750 denuncias penales ante esa Unidad por presuntos fraudes derivados de las auditorías que se practican en los estados y en las dependencias federales. De todas ellas, solamente 30 han sido consignadas.

Lo anterior significa que, en promedio, apenas 4% de los fraudes que denuncia la ASF terminan en una consignación ante un juez con el señalamiento de quienes son los responsables.

El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, ha advertido en varias ocasiones que la PGR no cuenta con el personal ni recursos suficientes para sacar adelántelos los casos.

“Lo que podemos ver es que, a la fecha hay un rezago importante, tanto para la sanción de las penas administrativas, como las penales, las que tiene que aplicar la Procuraduría General de la República”,  dijo Portal el pasado 23 de mayo.

Cabe señalar que la Unidad será reemplazada por la Fiscalía Anticorrupción, que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y que, en el papel, tendrá una mayor estructura y facultades para atender todos estos casos.

Pero el funcionamiento de dicha fiscalía está sujeto primero al nombramiento de un fiscal anticorrupción. Dicha determinación está a cargo del Senado de la República el cual lleva tres años sin concretarlo.

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El estudiante de medicina que se encontró el cadáver de su amigo en una clase de anatomía

La periodista y novelista nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani escribe en este reporte especial para la BBC sobre la inquietante realidad detrás de algunos de los cuerpos "no reclamados" enviados a las escuelas de medicina del país.
4 de agosto, 2021
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La periodista y novelista nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani escribe en este reporte especial para la BBC sobre la inquietante realidad detrás de algunos de los cuerpos “no reclamados” enviados a las escuelas de medicina de su país.

El estudiante de medicina Enya Egbe salió corriendo de su clase de anatomía llorando después de ver el cadáver con el que debía trabajar ese día.

No fue la reacción aprensiva de un joven ingenuo.

El estudiante de 26 años aún recuerda vívidamente la tarde de aquel jueves hace siete años en la Universidad de Calabar, en Nigeria, cuando estaba con sus compañeros de estudios alrededor de tres mesas de disección, con un cadáver en cada una.

Minutos después, gritó y corrió.

El cuerpo que su grupo estaba a punto de diseccionar era el de Divine, su amigo durante más de siete años.

“Solíamos ir a bailar juntos”, me dijo. “Había dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho”.

Oyifo Ana fue uno de los muchos estudiantes que salieron corriendo detrás de Egbe y lo encontraron llorando afuera.

“La mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que algunas de las personas pueden no ser verdaderos criminales”, dice Ana.

Explicó que una mañana temprano había visto una camioneta de la policía cargada con cuerpos ensangrentados en su escuela de medicina, que tenía un depósito de cadáveres adjunto.

Egbe envió un mensaje a la familia de Divine, que resultó que había estado yendo a diferentes comisarías de policía en busca de su pariente después de que el joven y tres amigos fueran arrestados por agentes de seguridad cuando regresaban de una noche de fiesta.

La familia finalmente logró recuperar su cuerpo.

El impactante descubrimiento de Egbe puso de relieve tanto la falta de cadáveres disponibles en Nigeria para los estudiantes de medicina como lo que les puede pasar a las víctimas de la violencia policial.

Trauma

Entre los siglos XVI y XIX, por diferentes leyes en Reino Unido, se entregaban los cuerpos de los criminales ejecutados a las escuelas de medicina, un castigo que también promovió la causa de la ciencia.

En Nigeria, una ley actual entrega “cuerpos no reclamados” en depósitos de cadáveres del gobierno a las escuelas de medicina.

El estado también puede apropiarse de los cuerpos de los criminales ejecutados, aunque la última ejecución tuvo lugar en 2007.

Enya Egbe

Enya Egbe
Enya Egbe quedó impactado al descubrir en su clase el cadáver de su amigo

Más del 90% de los cadáveres utilizados en las escuelas de medicina de Nigeria son “criminales asesinados por disparos”, según una investigación de 2011 publicada en la revista médica Clinical Anatomy.

En realidad, esto significa que eran sospechosos matados a tiros por las fuerzas de seguridad.

Sus edades estimadas se encuentran entre los 20 y los 40 años, el 95% son hombres y tres de cada cuatro pertenecen a la clase socioeconómica más baja. No hay donaciones de cuerpos.

“Nada ha cambiado diez años después”, dice Emeka Anyanwu, profesor de anatomía en la Universidad de Nigeria y coautor del estudio.

‘Servicio de ambulancia’

El año pasado, el gobierno de Nigeria estableció paneles de investigación judiciales en diferentes estados para investigar las denuncias de brutalidad policial.

Esto fue en respuesta a las protestas provocadas por el video viral de otro joven presuntamente que murió por disparos del Escuadrón Especial Antirrobo (Sars) de la policía en el estado sureño de Delta.

Muchos de los que testificaron ante los paneles han hablado de familiares arrestados por agentes de seguridad y que desaparecieron.

En la mayoría de los casos, la policía se ha defendido diciendo que los desaparecidos eran ladrones armados que murieron en un tiroteo.

Sin embargo, el portavoz de la policía Frank Mba me dijo que no tenía conocimiento de ningún caso en el que la policía hubiera enviado cadáveres a laboratorios de anatomía o depósitos.

Nigeria

Getty Images
Las fuerzas de seguridad de Nigeria son acusadas de frecuentes abusos.

En un testimonio escrito presentado al panel judicial en el estado de Enugu, el comerciante Cheta Nnamani, de 36 años, dijo que había ayudado a los agentes de seguridad a deshacerse de los cuerpos de las personas a las que habían torturado o ejecutado durante los cuatro meses que estuvo bajo la custodia de Sars en 2009.

Dijo que una noche le pidieron que cargara tres cadáveres en una camioneta, una tarea conocida en el lenguaje de la detención como ‘servicio de ambulancia’.

Luego condujo al cercano Hospital Universitario de la Universidad de Nigeria (UNTH), donde Nnamani descargó los cuerpos. Fueron llevados por un asistente de la morgue.

Nnamani me dijo que luego lo amenazaron con la misma suerte.

En el depósito

En la ciudad sudoriental de Owerri, el depósito de cadáveres del Hospital Aladinma, de propiedad privada, dejó de aceptar cadáveres de presuntos delincuentes porque la policía rara vez proporcionaba identificación o notificaba a los familiares de los fallecidos.

Esto solía dejar al depósito de cadáveres atascado con los costos de mantenimiento de los cuerpos no reclamados hasta que cada pocos años el gobierno finalmente concedía permiso para entierros masivos.

“A veces, la policía intenta obligarnos a aceptar cadáveres, pero insistimos en que los lleven a un hospital del gobierno”, dice Ugonna Amamasi, administradora del depósito de cadáveres.

“Los depósitos de cadáveres privados no están autorizados a donar cuerpos a las escuelas de medicina, pero los depósitos de cadáveres del gobierno sí pueden”, agregó.

Familiares olvidados

Un abogado de alto nivel, Fred Onuobia, asegura que los familiares tienen derecho a recoger los cuerpos de los criminales ejecutados legalmente.

“Si nadie se presenta después de cierto tiempo, los cuerpos se envían a hospitales universitarios”, dice el defensor.

Pero la situación es peor con las ejecuciones extrajudiciales, ya que los familiares nunca se enteran de las muertes o no pueden localizar los cuerpos, afirma.

carro policia

AFP

Después de todo, fue solo por casualidad que la familia del amigo de Egbe, Divine, pudo darle un entierro adecuado.

La asociación de anatomistas de Nigeria ahora está presionando por un cambio en la ley que garantice que las morgues obtengan registros históricos completos de los cuerpos donados a las escuelas, y también el consentimiento de la familia.

También establecerá formas de alentar a las personas a donar sus cuerpos a la ciencia médica.

“Habrá mucha educación y mucha promoción para que la gente pueda ver que si donan su cuerpo, será por el bien de la sociedad”, cuenta el director de la asociación, Olugbenga Ayannuga.

En cuanto a Egbe, estaba tan traumatizado al ver el cuerpo de su amigo que abandonó sus estudios durante semanas.

Dice que imaginaba a Divine de pie junto a la puerta cada vez que intentaba entrar a la sala de anatomía.


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