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Cuartoscuro

Por qué a México le resulta tan difícil parar el robo de combustible

En 2016, se identificaron y sellaron 6.873 tomas clandestinas de combustible, según Pemex. Esta cantidad es 9,8% mayor a la registrada el año anterior.
Cuartoscuro
Por BBC Mundo
2 de junio, 2017
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Es un negocio a la vista de todos: al viajar por algunas carreteras de México es frecuente encontrar letreros que anuncian la venta clandestina de gasolina y diésel.

Lo mismo ocurre en mercados callejeros de comunidades rurales, donde es posible comprar los combustibles a un precio menor al del mercado.

A esta actividad se le conoce como “huachicoleo”, el sobrenombre mexicano para definir el robo de combustible por el que las autoridades ya están cerrando gasolineras involucradas.

En los últimos años se ha convertido en uno de los problemas de seguridad más serios del país e involucra a empresarios, pueblos rurales, empleados de gobierno y carteles de narcotráfico.

Algo que debe atenderse “desde todos los ángulos”, le dicen a BBC Mundo desde Petróleos Mexicanos (Pemex), ahora empresa productiva del estado que desde 1938 mantiene el monopolio de la extracción y venta de hidrocarburos en el país.

“Representa un enorme riesgo para la seguridad de la población y provoca importantes daños al medio ambiente”, señala.

“Adicionalmente provoca una enorme descomposición en el tejido social al involucrar a las comunidades en estos ilícitos”.

Este viernes, el director jurídico de Pemex, Jorge Kim, anunció que la empresa rescindió el contrato a 14 gasolineras en Puebla involucradas en la venta de combustible robado, una nueva estrategia del gobierno para combatir este delito.

Miles de delitos

Pemex reconoce que el robo de hidrocarburos genera pérdidas de 20.000 millones de pesos al año, unos US$1.100 millones.

Representa la tercera parte del valor del mercado de gasolina y diésel de México según la consultora Análisis de Riesgos, Comunicación, Políticas Públicas Etellekt.

El robo de combustibles es uno de los problemas más graves de MéxicoDerechos de autor de la imagenJOSE CASTANARES/AFP
Image captionEl robo de combustibles es uno de los problemas más graves de México.

Y es la ganancia de los grupos de “chupaductos”, como también se conoce a quienes roban combustible.

Para combatirlos se desplegaron miles de soldados, marinos, policías federales, estatales y municipales. La Procuraduría General de la República (PGR) también asignó fiscales y agentes de investigación.

Incluso se creó un equipo especial de civiles y militares que rastrea a los delincuentes.

Pero hasta ahora el robo no para e incluso en algunos lugares está en crecimiento. Un ejemplo es la cantidad de sitios para extraer los hidrocarburos, conocidos como “tomas clandestinas”.

En 2016, se identificaron y sellaron 6.873, según informa Pemex. Esta cantidad es 9,8% mayor a la registrada el año anterior.

El papel de Los Zetas

¿Por qué no logra frenarse el robo de combustible?

Hay varias razones, le dice a BBC Mundo Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.

Las autoridades investigan a gasolineras por la venta de combustible robado.Derechos de autor de la imagenOMAR TORRES/AFP
Image captionLas autoridades investigan a gasolineras por la venta de combustible robado.

En principio es una actividad controlada casi por completo por organizaciones de tráfico de drogas, que son responsables del 95% de las tomas clandestinas detectadas en los últimos años, según un estudio de la consultora.

Los Zetas son el grupo más activo, con el 40% de los casos, y después se ubica el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con 21% de los robos.

Pero también participan otras organizaciones, como el Cartel del Golfo, así como bandas locales que operan en las áreas cercanas a los ductos de Pemex.

A éstos se les conoce como “huachicoleros” y están conformados por miembros de comunidades vecinas de las instalaciones petroleras.

Se nota especialmente en el Triángulo Rojo, región de Puebla formada por los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Palmar de Bravo, Acajete y Quecholac.

Aquí se concentra el mayor número de tomas clandestinas localizadas en los últimos años, unas 3.000 según Pemex.

Pobladores abasteciéndose de combustible a partir de un oleoducto de Pemex.Derechos de autor de la imagen AFP/GETTY IMAGES
Image caption Quienes extraen el combustible de los ductos, lo almacenan o venden pueden ganar salarios de hasta 14.000 pesos mensuales, aproximadamente US$736, cuando el salario mínimo es de unos US$126.

El pasado 4 de mayo en esta región ocurrió un enfrentamiento entre soldados y “chupaductos”, que provocó la muerte a 10 personas, entre ellas cuatro militares.

También en ese incidente se denunció que un soldado aparentemente ejecutó a un civil desarmado, como se mostró en un video difundido en redes sociales.

Dinero

La participación de las comunidades ofrece a las bandas y carteles una protección social que hace más difícil combatir el delito.

Es una alianza complicada de romper, sobre todo porque el robo de combustible se ha convertido en una jugosa fuente de ingresos para muchas personas.

Quienes extraen el combustible de los ductos, lo almacenan o venden pueden ganar salarios de hasta 14.000 pesos mensuales, aproximadamente US$736.

En México el salario mínimo es de 2.400 pesos, unos US$126. Las bandas aprovechan esta situación.

Comunidades y pueblos participan en el robo de combustible.Derechos de autor de la imagen JOSÉ CASTANARES/AFP
Image caption Comunidades y pueblos participan en el robo de combustible.

“Hace dos años Los Zetas empezaron, en muchas comunidades cercanas a los ductos de Pemex, una campaña de comunicación para propalar la idea de que el petróleo era del pueblo”, afirma el analista Rubén Salazar.

“Se dio sobre todo en los estados de Puebla, Veracruz y Tamaulipas”.

Por eso en lugares como el Triángulo Rojo los vecinos suelen defender a los “huachicoleros”.

En el enfrentamiento del 4 mayo la Secretaría de la Defensa aseguró que los “chupaductos” utilizaron a mujeres y niños como escudos humanos.

Y después del resultado en esa batalla las autoridades actúan con más cautela.

El 22 de mayo, en el municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, ocurrió una fuga de gasolina en un ducto perforado por “huachicoleros”.

Decenas de vecinos de la comunidad recolectaron el combustible, a pesar de que el sitio era vigilado por soldados y policías estatales que no intervinieron.

La razón: eran personas desarmadas, incluso mujeres, niños y ancianos.

El 4 de mayo, unos pobladores de Palmarito Tochapán, en Puebla, protestaron contra una operación del ejército destinada a golpear a los Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES
Image caption El 4 de mayo, unos pobladores de Palmarito Tochapán, en Puebla, protestaron contra una operación del ejército destinada a golpear a los “huachicoleros”.

Las autoridades no impidieron el robo para evitar un enfrentamiento donde pudieron morir civiles, aseguró el secretario de Gobierno del gobierno estatal, Diódoro Carrasco.

Es una de las estrategias de las bandas, añade. “Se convoca a la población y se les cobra una cuota para entrar y después comprarles todo el combustible que recolectan”.

La nueva estrategia

La participación de algunas comunidades es una parte de la historia.

Otra es una razón de mercado: desde enero pasado el precio de la gasolina y el diésel aumentó 20% en promedio, lo que impulsó el robo de combustibles.

“Creció el mercado negro, muchos consumidores no solamente particulares sino también industriales y el sector transportista acudieron a surtirse”, explica el director de Etellekt.

Con los “huachicoleros” un litro de gasolina cuesta, en promedio, 10 pesos (US$0,50). En las estaciones de servicio el precio es de US$0,85.

Pero este mercado informal no se limita a la venta en carreteras o mercados callejeros, sino que incluye a gasolineras, empresarios y empleados de Pemex, reconocen autoridades.

El comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia dice que en la nueva estrategia se investigará a quienes compren combustibles robados.

PolicíasDerechos de autor de la imagen AFP
Image caption Incluso se creó un equipo especial de civiles y militares que rastrea a los delincuentes, pero el robo de combustible no para.

Algo que no se había hecho reconoce Pemex. “La nueva estrategia consiste en disminuir la demanda de combustible robado para romper el mercado ilícito”, indica.

“Es una estrategia diferente porque ahora se combate desde la sustracción hasta la comercialización del producto. Si el precio del combustible robado es más caro disminuirá la demanda”.

Cómplices internos

En ese objetivo la red formal de distribución es clave.

“Las gasolineras compran cierta cantidad a Pemex y si lo que compran es menor a lo que venden tenemos que entender que la diferencia la adquieren de estas personas, de los “huachicoleros”, reconoce el comisionado Sales.

Pero no es todo. Según especialistas, el robo de combustible no sería posible sin apoyo de empleados de Pemex.

Todos los días por los ductos se envían varios tipos de combustibles, pero los “huachicoleros” saben el momento en que se mueven los que les interesan.

Esa información no es pública. La filtración de los datos es parte de las investigaciones, reconoce Petróleos Mexicanos.

“No se puede descartar que haya personal de Pemex, de confianza o sindicalizado, involucrado en estos ilícitos”, señala.

“Si hubiera gente involucrada, sindicalizada o no, va a enfrentar individualmente las consecuencias de la ley”.

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La Estafa Maestra: Auditoría sumará 4 denuncias contra Robles; serán 15 en total este año

"Nosotros estamos preparando otras cuatro denuncias; ya llevamos, en lo que a mí me toca, como 11 presentadas en un año", dijo el auditor Colmenares.
Cuartoscuro
11 de septiembre, 2019
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El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, informó este miércoles que presentarán otras cuatro denuncias contra la exsecretaria Rosario Robles, por su presunta responsabilidad en el caso de La Estafa Maestra.

Con ello, serán 15 las denuncias presentadas por la Auditoría este año, en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu.

Colmenares explicó que dichas denuncias involucran presuntos desvíos de recursos públicos por un monto de 3 mil millones de pesos.

“Hemos presentado nuestras denuncias a la Fiscalía General de la República (FGR) y ya ellos determinarán los cargos o los delitos”, dijo el funcionario a medios.

“Tenemos una gran coordinación con la FGR que nunca se había logrado, nuestros asuntos se están tramitando muy rápidamente y nosotros hemos sido convocados por los jueces como la parte ofendida”, agregó.

Robles fue vinculada a proceso en agosto, y el juez determinó aplicarle prisión preventiva, al ser señalada como presunta responsable del delito de ejercicio indebido de la función pública tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como en la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

Con información de Reforma (suscripción necesaria) 

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