Por qué a México le resulta tan difícil parar el robo de combustible
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Cuartoscuro

Por qué a México le resulta tan difícil parar el robo de combustible

En 2016, se identificaron y sellaron 6.873 tomas clandestinas de combustible, según Pemex. Esta cantidad es 9,8% mayor a la registrada el año anterior.
Cuartoscuro
Por BBC Mundo
2 de junio, 2017
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Es un negocio a la vista de todos: al viajar por algunas carreteras de México es frecuente encontrar letreros que anuncian la venta clandestina de gasolina y diésel.

Lo mismo ocurre en mercados callejeros de comunidades rurales, donde es posible comprar los combustibles a un precio menor al del mercado.

A esta actividad se le conoce como “huachicoleo”, el sobrenombre mexicano para definir el robo de combustible por el que las autoridades ya están cerrando gasolineras involucradas.

En los últimos años se ha convertido en uno de los problemas de seguridad más serios del país e involucra a empresarios, pueblos rurales, empleados de gobierno y carteles de narcotráfico.

Algo que debe atenderse “desde todos los ángulos”, le dicen a BBC Mundo desde Petróleos Mexicanos (Pemex), ahora empresa productiva del estado que desde 1938 mantiene el monopolio de la extracción y venta de hidrocarburos en el país.

“Representa un enorme riesgo para la seguridad de la población y provoca importantes daños al medio ambiente”, señala.

“Adicionalmente provoca una enorme descomposición en el tejido social al involucrar a las comunidades en estos ilícitos”.

Este viernes, el director jurídico de Pemex, Jorge Kim, anunció que la empresa rescindió el contrato a 14 gasolineras en Puebla involucradas en la venta de combustible robado, una nueva estrategia del gobierno para combatir este delito.

Miles de delitos

Pemex reconoce que el robo de hidrocarburos genera pérdidas de 20.000 millones de pesos al año, unos US$1.100 millones.

Representa la tercera parte del valor del mercado de gasolina y diésel de México según la consultora Análisis de Riesgos, Comunicación, Políticas Públicas Etellekt.

El robo de combustibles es uno de los problemas más graves de MéxicoDerechos de autor de la imagenJOSE CASTANARES/AFP
Image captionEl robo de combustibles es uno de los problemas más graves de México.

Y es la ganancia de los grupos de “chupaductos”, como también se conoce a quienes roban combustible.

Para combatirlos se desplegaron miles de soldados, marinos, policías federales, estatales y municipales. La Procuraduría General de la República (PGR) también asignó fiscales y agentes de investigación.

Incluso se creó un equipo especial de civiles y militares que rastrea a los delincuentes.

Pero hasta ahora el robo no para e incluso en algunos lugares está en crecimiento. Un ejemplo es la cantidad de sitios para extraer los hidrocarburos, conocidos como “tomas clandestinas”.

En 2016, se identificaron y sellaron 6.873, según informa Pemex. Esta cantidad es 9,8% mayor a la registrada el año anterior.

El papel de Los Zetas

¿Por qué no logra frenarse el robo de combustible?

Hay varias razones, le dice a BBC Mundo Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.

Las autoridades investigan a gasolineras por la venta de combustible robado.Derechos de autor de la imagenOMAR TORRES/AFP
Image captionLas autoridades investigan a gasolineras por la venta de combustible robado.

En principio es una actividad controlada casi por completo por organizaciones de tráfico de drogas, que son responsables del 95% de las tomas clandestinas detectadas en los últimos años, según un estudio de la consultora.

Los Zetas son el grupo más activo, con el 40% de los casos, y después se ubica el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con 21% de los robos.

Pero también participan otras organizaciones, como el Cartel del Golfo, así como bandas locales que operan en las áreas cercanas a los ductos de Pemex.

A éstos se les conoce como “huachicoleros” y están conformados por miembros de comunidades vecinas de las instalaciones petroleras.

Se nota especialmente en el Triángulo Rojo, región de Puebla formada por los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Palmar de Bravo, Acajete y Quecholac.

Aquí se concentra el mayor número de tomas clandestinas localizadas en los últimos años, unas 3.000 según Pemex.

Pobladores abasteciéndose de combustible a partir de un oleoducto de Pemex.Derechos de autor de la imagen AFP/GETTY IMAGES
Image caption Quienes extraen el combustible de los ductos, lo almacenan o venden pueden ganar salarios de hasta 14.000 pesos mensuales, aproximadamente US$736, cuando el salario mínimo es de unos US$126.

El pasado 4 de mayo en esta región ocurrió un enfrentamiento entre soldados y “chupaductos”, que provocó la muerte a 10 personas, entre ellas cuatro militares.

También en ese incidente se denunció que un soldado aparentemente ejecutó a un civil desarmado, como se mostró en un video difundido en redes sociales.

Dinero

La participación de las comunidades ofrece a las bandas y carteles una protección social que hace más difícil combatir el delito.

Es una alianza complicada de romper, sobre todo porque el robo de combustible se ha convertido en una jugosa fuente de ingresos para muchas personas.

Quienes extraen el combustible de los ductos, lo almacenan o venden pueden ganar salarios de hasta 14.000 pesos mensuales, aproximadamente US$736.

En México el salario mínimo es de 2.400 pesos, unos US$126. Las bandas aprovechan esta situación.

Comunidades y pueblos participan en el robo de combustible.Derechos de autor de la imagen JOSÉ CASTANARES/AFP
Image caption Comunidades y pueblos participan en el robo de combustible.

“Hace dos años Los Zetas empezaron, en muchas comunidades cercanas a los ductos de Pemex, una campaña de comunicación para propalar la idea de que el petróleo era del pueblo”, afirma el analista Rubén Salazar.

“Se dio sobre todo en los estados de Puebla, Veracruz y Tamaulipas”.

Por eso en lugares como el Triángulo Rojo los vecinos suelen defender a los “huachicoleros”.

En el enfrentamiento del 4 mayo la Secretaría de la Defensa aseguró que los “chupaductos” utilizaron a mujeres y niños como escudos humanos.

Y después del resultado en esa batalla las autoridades actúan con más cautela.

El 22 de mayo, en el municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, ocurrió una fuga de gasolina en un ducto perforado por “huachicoleros”.

Decenas de vecinos de la comunidad recolectaron el combustible, a pesar de que el sitio era vigilado por soldados y policías estatales que no intervinieron.

La razón: eran personas desarmadas, incluso mujeres, niños y ancianos.

El 4 de mayo, unos pobladores de Palmarito Tochapán, en Puebla, protestaron contra una operación del ejército destinada a golpear a los Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES
Image caption El 4 de mayo, unos pobladores de Palmarito Tochapán, en Puebla, protestaron contra una operación del ejército destinada a golpear a los “huachicoleros”.

Las autoridades no impidieron el robo para evitar un enfrentamiento donde pudieron morir civiles, aseguró el secretario de Gobierno del gobierno estatal, Diódoro Carrasco.

Es una de las estrategias de las bandas, añade. “Se convoca a la población y se les cobra una cuota para entrar y después comprarles todo el combustible que recolectan”.

La nueva estrategia

La participación de algunas comunidades es una parte de la historia.

Otra es una razón de mercado: desde enero pasado el precio de la gasolina y el diésel aumentó 20% en promedio, lo que impulsó el robo de combustibles.

“Creció el mercado negro, muchos consumidores no solamente particulares sino también industriales y el sector transportista acudieron a surtirse”, explica el director de Etellekt.

Con los “huachicoleros” un litro de gasolina cuesta, en promedio, 10 pesos (US$0,50). En las estaciones de servicio el precio es de US$0,85.

Pero este mercado informal no se limita a la venta en carreteras o mercados callejeros, sino que incluye a gasolineras, empresarios y empleados de Pemex, reconocen autoridades.

El comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia dice que en la nueva estrategia se investigará a quienes compren combustibles robados.

PolicíasDerechos de autor de la imagen AFP
Image caption Incluso se creó un equipo especial de civiles y militares que rastrea a los delincuentes, pero el robo de combustible no para.

Algo que no se había hecho reconoce Pemex. “La nueva estrategia consiste en disminuir la demanda de combustible robado para romper el mercado ilícito”, indica.

“Es una estrategia diferente porque ahora se combate desde la sustracción hasta la comercialización del producto. Si el precio del combustible robado es más caro disminuirá la demanda”.

Cómplices internos

En ese objetivo la red formal de distribución es clave.

“Las gasolineras compran cierta cantidad a Pemex y si lo que compran es menor a lo que venden tenemos que entender que la diferencia la adquieren de estas personas, de los “huachicoleros”, reconoce el comisionado Sales.

Pero no es todo. Según especialistas, el robo de combustible no sería posible sin apoyo de empleados de Pemex.

Todos los días por los ductos se envían varios tipos de combustibles, pero los “huachicoleros” saben el momento en que se mueven los que les interesan.

Esa información no es pública. La filtración de los datos es parte de las investigaciones, reconoce Petróleos Mexicanos.

“No se puede descartar que haya personal de Pemex, de confianza o sindicalizado, involucrado en estos ilícitos”, señala.

“Si hubiera gente involucrada, sindicalizada o no, va a enfrentar individualmente las consecuencias de la ley”.

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Elefante Blanco

Tribunal ‘tumba’ sentencia por asesinato de la española Pilar Garrido

El 29 de agosto de 2017, el titular de la Fiscalía de Tamaulipas anunció la detención del esposo de la española, Jorge “F”, como probable responsable del asesinato.
Elefante Blanco
Por Carlos Manuel Juárez/Elefante Blanco
24 de septiembre, 2021
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El asesinato de la ciudadana española, Pilar Garrido Santamans, ha dado un vuelco. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región ordenó dejar insubsistente la sentencia contra Jorge “F”, esposo de la víctima, dictada y ratificada por el Poder Judicial de Tamaulipas.

Los magistrados del órgano judicial federal consideraron que el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Sexta Región Judicial de Tamaulipas declaró la culpabilidad sin pruebas contundentes y se basaron en percepciones de los elementos policiacos y judiciales aportadas por la agente del Ministerio Público de la Fiscalía tamaulipeca, Mireya Maldonado Villegas.

La resolución del amparo directo 1258/2019 llegó dos años después de que Jorge Fernández Villarreal, padre del presunto culpable, reclamó por la sentencia dictada, en primera instancia, por los jueces Ignacio Zúñiga, José Antonio Rodríguez Grajeda y Ana Victoria Enríquez Martínez el 11 enero de 2019.

Además, la pena contra Jorge “F” fue ratificada por los magistrados Oscar Cantú Salinas, Pedro Francisco Pérez Vázquez y Raúl Enrique Morales Cadena, pertenecientes a la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, hecho que también es cuestionado en el amparo otorgado.

Los órganos judiciales de Tamaulipas habían dictado una sentencia de del 47 años de prisión y multa de $66,053.75, y el pago de la reparación integral del daño, por $471,297.20, lo anterior por el delito de feminicidio.

Lee: En agosto se registraron 107 feminicidios, cifra récord en el gobierno de AMLO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, deberá “emitir una nueva resolución en la que, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los lineamientos de esta ejecutoria, se pronuncie fundada y motivadamente cómo es que, en su caso, se acredita la prueba circunstancial apta para acreditar la conducta atribuida al quejoso”, recalca la decisión jurisdiccional.

La desaparición y asesinato

La desaparición y asesinato de la española Pilar Garrido fue un cisma para el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, porque ocurrió a 9 meses en el cargo, cuando intentaban demostrar que ya no habría más violencia; y además, sucedió en el camino a La Pesca, el destino turístico que impulsa el panista.

Pilar Garrido Santamans, su esposo e hijo regresaban a su casa en Victoria después de un domingo de playa en La Pesca, cuando fueron alcanzados y detenidos por un grupo de jóvenes armados, ha relatado la familia de ella. Del auto bajaron a Jorge y Pilar, los captores decidieron quedarse con la mujer y dejar ir al hombre con su hijo de meses el domingo 2 de julio de 2017 en el kilómetros 55 de la carretera Soto la Marina-Ciudad Victoria.

Al llegar a Victoria, su esposo Jorge “F” denunció el hecho ante la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. El 26 de julio, policías federales y estatal encontraron una osamenta en un predio cercano al lugar donde supuestamente fue raptada, dentro del municipio de Villa de Casas.

El 29 de agosto de 2017, el titular de la Fiscalía de Tamaulipas, Irving Barrios, anunció la detención del esposo de la española Pilar Garrido, Jorge “F”, como probable responsable del asesinato de la mujer. Durante el proceso judicial, la familia del acusado denunció violaciones a los derechos del inculpado e incongruencias en los elementos aportados ante el juez.

Sin pruebas sólidas

Elefante Blanco consultó la sentencia aprobada por los magistrados federales Francisco Javier Rocca Valdez, Guillermo Alberto Hernández Segura y Benito Eliseo García Zamudio. En el documento se destacan dos apartados con las fallas que encontraron en la sentencia y el análisis del video de las audiencias del caso.

En concreto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas responsabiliza a Jorge “F” de golpear a su esposa, lesionarla en la nariz, y provocarle una caída donde se golpeó la nuca contra el suelo que derivó en un hematoma en la parte trasera de la cabeza. Posteriormente, sostiene la autoridad, ahorcó a Pilar Garrido hasta fracturarle el hueso hioides y murió por asfixia.

Los abogados de Jorge “F” presentaron dictámenes médicos que rechazaron la causa de la muerte de la víctima, especificaron que la fractura nasal que se fue por una cirugía estética previa y la inexistencia de la fractura del hueso hioides, de acuerdo con los restos óseos de la española. Las pruebas de la defensa fueron tomadas en cuenta por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región.

“La segunda violación que este tribunal colegiado advierte, en suplencia de la queja deficiente, consiste en la omisión de la responsable de fundar y motivar la prueba circunstancial que estimó justificada para considerar al quejoso penalmente responsable del delito por el que fue acusado; tal y como fue estimado por el tribunal de enjuiciamiento”, afirmó el Tribunal Colegiado federa.

La sentencia refiere que los jueces y magistrados estatales “emplearon argumentos incongruentes con la forma de configurar la prueba circunstancial para condenar al quejoso; porque señaló que este último mostró un comportamiento obstruccionista durante las investigaciones”. Asimismo, tomaron los dichos de dos policías investigadores que advirtieron conductas inusuales en él, como víctima del delito.

Otro de los puntos cuestionados fue la conclusión de un especialista que calificó con “carece de credibilidad” a la versión de los hechos declarada por Jorge “F”. De igual forma, desestimaron las palabras de un policía investigador, quien dijo que el relato del presunto culpable era deshonesto.

“Todas estas consideraciones evidencian la incongruencia en que incurrió la responsable (Sala Colegiada Penal de Tamaulipas) al estimar actualizada la prueba circunstancial para condenar al quejoso; de ahí que el acto reclamado carezca de motivación.”, sentenció el Tribunal federal.

Lee: Feminicidios dejan al menos a 800 menores huérfanos; crean protocolo para atenderlos

Los magistrados Rocca, Hernández y García señalaron que la Sala Colegiada no probó mediante el proceso legal estricto que las pruebas de cargo respondieran justificadamente a hechos o indicios. “…también debió examinar si esos hechos aislados que eventualmente tuviera por justificados, estaban acreditados mediante pruebas directas, eran plurales, concomitantes a la conducta que le atribuyó el Ministerio Público, y si estaban interrelacionados entre sí.”.

Lo anterior, subrayaron, era para corroborar una conducta “activa, concreta y específica, por la cual el Ministerio Público lo acusó”.

Sumado a la revisión de pruebas, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, en la revisión ordenada, deberá verificar si las personas que asistieron al quejoso en la audiencia de juicio son profesionales en derecho.

 

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