Tras 8 años, la policía no cambia: Solo 15% de los detenidos cae por una investigación
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Foto: Tomada de cjf.gob.mx

Tras 8 años, la policía no cambia: Solo 15% de los detenidos cae por una investigación

La mayoría de detenidos son personas sorprendidas con armas, droga o combustible robado; falta capacitación advierte la Corte y especialistas
Foto: Tomada de cjf.gob.mx
Por Arturo Angel @arturoangel20 y Ernesto Aroche @earoche
28 de junio, 2017
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Desde que se puso en marcha el nuevo sistema penal acusatorio en México,  85 % de los detenidos y consignados ante los jueces federales son presentados por delitos cometidos en flagrancia y no por una investigación policial o ministerial que haya llevado a su captura.

La mayoría son sorprendidos y detenidos con armas, droga o combustible robado.

Datos oficiales del Poder Judicial de la Federación (PJF), a los que tuvo acceso Animal Político, indican que a pesar del periodo de capacitación de ocho años que tuvo el nuevo sistema penal y la inversión de más de 15 mil millones, en al menos ocho de cada diez casos enviados al juez, por la Procuraduría General de la República (PGR), no hay una investigación previa de por medio.

Esta proporción de casos en flagrancia es casi idéntica a la que se presentaba con el viejo sistema penal, de acuerdo con autoridades judiciales.

Los datos del PJF revelan que en el periodo del 14 noviembre de 2014 (cuando comenzó a implementarse el nuevo sistema nivel federal) al 15 de junio de 2017, se han abierto más de 16 mil 79 causas penales por consignaciones de la Procuraduría, con un total de 22 mil 88 personas imputadas.

De esos asuntos, 55% son por delitos de portación de arma de fuego, el 21.5% por delitos contra la salud y 7.6% por robo de hidrocarburos. Este universo comprende poco más de 84% de los casos.

Los detenidos por esas causas son personas sorprendidas en flagrancia, es decir, portando un arma de fuego, alguna cantidad de droga o combustible robado, y por ello se les consigna ante el juez.

En tanto, hay un 2.2 % de causas iniciadas por delitos fiscales, 2 %  por delitos contra el medio ambiente, 1.9 % por secuestro, 1.5 % por tráfico de personas, 1.2 % delitos patrimoniales, y el 6.6 % por otros delitos como delincuencia organizada. La mayoría de estos casos si corresponden a investigaciones de la PGR.

Prácticas perniciosas

La práctica de consignar en su mayoría a detenidos solo por delitos en flagrancia y no por investigaciones policiales fue advertida, el pasado 11 de mayo, por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, Luis María Aguilar, durante la inauguración del Primer Encuentro Nacional de Operadores del Sistema de Justicia Penal.

“Necesitamos que las vinculaciones a proceso involucren causas que realmente sean producto de una investigación profesional y científica y no solo, como sucede hasta ahora, de casos casi exclusivamente por flagrancia”, dijo.

El presidente de la Corte comentó que aunque ahora el país cuenta con un nuevo sistema penal, no se han logrado erradicar las “prácticas perniciosas”.

Por ello, sostuvo es “urgente” la profesionalización de todos los operadores del sistema penal, con el objetivo de tener casos sólidos que sean fruto de investigaciones y no de hechos fortuitos.

Miles de millones después aún falta preparación

El problema del incremento en los delitos, dicen especialistas y académicos, no es el Sistema de Justicia Penal sino las deficiencias en su implementación y la baja capacitación a policías y agentes del Ministerio Público.

María Novoa, directora del área de Justicia en el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (Cidac), rechazó las acusaciones con las que autoridades federales y locales han tratado de explicar el repunte de la incidencia delictiva que se registró en los últimos meses en el país.

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“Se está distorsionando un poco la información para confundir y de esa manera legitimar los cambios que se quieren hacer para trastocar los principios del Sistema Penal. Tenemos información que nos permite decir con evidencia que el problema está en la operación del sistema por parte de los principales operadores: ministerios públicos y policías”.

La especialista explicó que en los últimos años han bajado las detenciones por parte de las autoridades de seguridad, y eso se explica por las deficiencias en la capacitación a pesar de que se tuvieron más de 15 mil millones de pesos en todo el periodo, pero se privilegió la generación de infraestructura y en mucho menor medida se invirtió en el capital humano.

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Pero el problema no son solo los policías, María Novoa lo explicó así: “También tenemos muy claro que en las procuradurías y fiscalías de los estados, como en la PGR, están activando el artículo 140 del Código Nacional de Procedimiento Penales, un artículo que permite al MP en delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa tomar la decisión, sin llegar al juez, de dejar en libertad a esa persona y seguir el proceso de investigación. Y ahí tenemos un hoyo negro”.

Aunque aclaró, que por la portación de armas de grueso calibre los detenidos sí pueden recibir prisión preventiva oficiosa, lo que refuta el argumento que usó Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad para justificar el incremento en los homicidios en el país.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez podrá ordenar la prisión preventiva en el caso de “delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos”.

Y agregó: La mayoría de los casos en donde se usan armas de alto calibre se trata de delitos vinculados con el crimen organizado, lo que ofrece un elemento más para que las autoridades puedan ordenar la prisión preventiva.

Para Pedro Salazar Uranga, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “el problema no está en el diseño del modelo, no está en su concepción ni orientación…el problema está en la implementación y por lo mismo en los gobernadores”.

“Tiene que ver con responsabilidades políticas y operativas por parte de aquellos funcionarios que tiene a su cargo la gestión de gobierno”, dijo el académico de la UNAM, durante la presentación del informe: Hallazgos 2016.

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Birmania: decenas de miles se manifiestan contra el golpe de Estado en las mayores protestas en décadas

Este sábado la ciudad más grande del país asiático vivió las protestas más multitudinarias hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, que se impuso en el poder con un golpe el pasado 1 de febrero.
Por BBC News Mundo
7 de febrero, 2021
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Birmania vive días convulsos.

Los gobernantes militares, que tomaron el poder el lunes con un golpe de Estado que atajó abruptamente la frágil democracia birmana, han bloqueado la internet en el país mientras miles de personas salen a la calle a protestar.

A la multitudinaria manifestación del sábado en Yangón, la antigua capital, le siguió otra este domingo que no solo es la más grande hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, sino la mayor en décadas.

“No queremos una dictadura militar. Queremos democracia “, coreó la multitud, ataviada con camisas rojas y sostenía globos del mismo color, que es el del partido de la depuesta Aung Suu Kyi.

Los automóviles y autobuses reducían la velocidad para hacer sonar sus bocinas en apoyo, con muchos haciendo el saludo de tres dedos, un símbolo de desafío contra el autoritarismo en la región.

También se re realizaron manifestaciones en más de una docena de otras ciudades.

“Tenemos que acabar con esto ahora”

Los manifestantes son trabajadores de fábricas y estudiantes, pidieron la liberación de los detenidos por el ejército, incluida la líder electa Aung San Suu Kyi.

“Estamos aquí para luchar por nuestra próxima generación, para liberarlos de una dictadura militar“, dijo una manifestante a la agencia AFP. “Tenemos que acabar con esto ahora”.

Hasta ahora Birmania, se había mantenido mayoritariamente en calma después del golpe, aunque se produjeron algunas manifestaciones en diferentes partes del país.

Las autoridades militares están atrincheradas en la capital, Naypyidaw, y hasta ahora han evitado entablar contacto directo con los manifestantes.

Policía bloqueando las calles en Yangón.

EPA
La policía bloqueó las calles en Yangón, la ciudad más grande del país.

Nyein Chan, corresponsal de la BBC en Yangon, dice que los birmanos conocen muy bien la violencia de las que son capaces los militares, pero ahora que la gente tuvo tiempo de digerir lo que está sucediendo están encontrando diferentes formas de hacer oír su voz.

El país fue gobernado por un gobierno militar opresivo desde 1962 hasta 2011.

Pero según Chan, aunque la atmósfera estaba cargada, los manifestantes se mostraron desafiantes.

“Están enojados pero también silenciosamente asustados. Saben que los militares son capaces de utilizar la violencia para reprimir la disidencia, pero sienten que no tienen otra opción”, explicó.

“Cuando un grupo de manifestantes se encontró con una fila de soldados, les gritaron: ‘Están entrenados para ser soldados profesionales, no maten a civiles‘”, relató.

Regresó internet

Por lo demás, el servicio de internet, que había sido interrumpido, ya fue restablecido.

El apagón de internet hizo que la conectividad cayera a un 16% de los niveles normales, dijo NetBlocks Internet Observatory, un organismo que monitorea las redes.

Pero el tráfico ya había aumentado a un 50% a las 14:00 hora local (07:30 GMT) de este domingo, aunque el acceso a las redes sociales, incluídas Facebook y Twitter, permanecía bloqueado.

Muchos usuarios evadieron las restricciones en las redes sociales mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN), pero el apagón más general interrumpió gravemente su actividad.

mujer protestando en Yangón

AFP
El miércoles hubo protestas, pero no fueron tan multitudianrias como las de este sábado.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional calificó el cierre como “atroz e irresponsable.

Organizaciones de la sociedad civil instaron a los proveedores de internet y redes móviles a desafiar la orden del apagón.

Mientras tanto, Suu Kyi está bajo arresto domiciliario, según su abogado. Documentos policiales muestran que está acusada de importar y utilizar ilegalmente equipos de comunicaciones (walkie-talkies) en su casa de la capital.

Además, Sean Turnell, un académico australiano exasesor económico de Suu Kyi, fue detenido en Yangón.

Turnell le dijo a la BBC que lo han confinado en su hotel y que no sabe de qué pueden acusarlo.

El golpe tuvo lugar cuando se inauguró una nueva sesión del parlamento, tras la aplastante victoria electoral de noviembre del partido Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi en 2020.

Getty Images
Aung San Suu Kyi en 2020.

Muchos birmanos vieron cómo se desarrollaban los eventos a través de Facebook, la principal fuente de información y noticias en el país.

Tres días después, se ordenó el bloqueo de plataforma por “razones de estabilidad”.

Una vocera de Twitter dijo que la prohibición socava “la conversación pública y los derechos de las personas a hacer oír su voz”. Facebook, propietaria de Instagram, pidió a las autoridades que “restablezcan la conectividad”.

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