Peña Nieto dice que debe aplicarse la ley a quienes acusan al gobierno de espiar
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Peña Nieto dice que debe aplicarse la ley a quienes acusan al gobierno de espiar

Peña Nieto dijo que debe aplicarse la ley contra quienes han hecho falsos señalamientos contra el gobierno y dijo que él mismo ha recibido mensajes “de una fuente u origen desconocido”, por lo que procura ser cuidadoso en lo que habla por teléfono.
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Por Redacción Animal Político
22 de junio, 2017
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El presidente Enrique Peña Nieto rechazó las acusaciones de que el gobierno federal espía a periodistas, defensores de derechos humanos y a activistas y pidió que se aplique la ley a quienes acusan al gobierno de espionaje, ya que, dijo, el suyo “es un gobierno democrático, que respeta y tolera las voces críticas”.

Horas después, el presidente Peña Nieto aclaró que su que su gobierno no actuará en contra de quienes denunciaron un presunto espionaje por parte de su administración.

Alrededor de las 16:00 horas de este jueves 22 de junio, durante la inauguración de un parque industrial en Lagos de Moreno, Jalisco, el presidente Peña Nieto cerró su discurso diciendo que confía en que la PGR pueda deslindar responsabilidades y que “al amparo de la ley, pueda aplicarse la justicia contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”, ya que aseguró que “toda la tecnología que ha adquirido el gobierno mexicano es para mantener la seguridad interna del país y para combatir el crimen organizado”.

Además, el mandatario condenó “cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona” y señaló que dio instrucciones para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue las denuncias presentadas, con el objetivo de deslindar responsabilidades y conocer cuál es el origen de esas acusaciones.

“Resulta muy fácil apuntar y convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía. Nada más falso que eso, porque ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o evidenciar que su vida se haya visto afectada por ese supuesto espionaje”.

Peña Nieto dijo que él mismo ha recibido mensajes “de una fuente u origen desconocido, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará alguien o que alguna vez exhiban alguna conversación mía, ya ha ocurrido, ya ha pasado, pero nada más falso ni nada más fácil que señalar al gobierno”, insistió.

Lee: #GobiernoEspía en Nopasanadalandia.

No habrá represalias: Peña Nieto

Luego de la inauguración del parque industrial, el presidente estuvo en Guadalajara, donde aclaró que se expresó de forma inadecuada: “Lo que estoy queriendo afirmar primero es que el gobierno no tiene ninguna participación en ningún tipo de espionaje contra ninguna persona y creo que no hay el más mínimo sustento a una afirmación de este tipo. Es muy fácil que muchos se quieran subir a esa ola de señalamientos. Siempre es lo más fácil”.

“Lo que puntualice y el alcance de la indicación que di fue precisamente para que se dé curso a las denuncias que han presentado algunos activistas sobre este supuesto espionaje, que se pueda deslindar quienes sí caben y tienen sustento estas afirmaciones que realmente, con apego a la legalidad, se encuentre a los responsables estén dentro del ámbito público o en otro ámbito”, dijo el mandatario.

—¿Ninguna represalia contra quienes lo acusan…? Porque así se entendió, se le cuestionó.

—“No lleven a que diga lo que no he señalado. ¿Por qué habría de tener alguna acción en contra de la libertad de expresión? Todo lo contrario, estamos para generar mejores condiciones para la libertad de expresión”, insistió.

El pasado 19 de junio, el diario The New York Times informó que periodistas y activistas mexicanos han sido espiados con un software adquirido por el gobierno mexicano llamado Pegasus.

De acuerdo con el reporte “Gobierno espía”, de Artículo 19 y R3D, este software, desarrollado por la empresa israeí NSO Group1, es comercializado únicamente con gobiernos y ha sido adquirido al menos por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Los ataques e intentos de espionaje con Pegasus en México ocurrieron entre enero de 2015 y julio de 2016.

Te recomendamos: Human Rights Watch pide regular uso de programas espía y que NSO Group suspenda ventas a México.

Luego de las acusaciones, el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, expresó, a través de su cuenta de Twitter, que no existen pruebas que relacionen al gobierno mexicano con el uso de Pegasus.

En el texto publicado por Sánchez no negó la compra del software ni descartó la posibilidad de que se haya hecho el espionaje; sin embargo, señaló que “para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho”, y condenó “cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.

La Policía Científica investiga el presunto espionaje

La Subprocuradora de Derechos Humanos de PGR, Sara Irene Herrerías, aseguró que la Policía Científica ya está rastreando los números desde los que fueron emitidos mensajes de texto con vínculos a programas espías, y que supuestamente habrían sido utilizados por instancias gubernamentales contra activistas y periodistas mexicanos.

En conferencia de prensa, la subprocurador Sara Herrerías, acompañada de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, informó que se intenta determinar la geolocalización de los equipos que pudieron emitir estos mensajes, y solicitarán información para conocer quiénes son las personas o instituciones federales o estatales que han tenido acceso a software espía.

El fiscal Ricardo Sánchez explicó que hasta ahora no pueden definir si el gabinete de seguridad comparecerá, pues primero solicitarán información a las empresas proveedoras de estos servicios, “para determinar a quienes y a qué personas pudieron dar acceso a este tipo de sistemas, y qué otras compañías pudieran estar proveyendo este tipo de servicio”, dijo.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

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Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

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Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

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Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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