La Procuraduría General de la República (PGR) informó este miércoles sobre el inicio de una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, después de que periodistas y activistas denunciaran que fueron espiados con un software que ha sido adquirido por diferentes dependencias del gobierno mexicano, llamado Pegasus.
[contextly_sidebar id=”6j83lOdPM91akUSnhZRgBcbxRxM4LMC6″]En su comunicado, la PGR señaló que “se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos”.
A su vez, agregó, “investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y, en su oportunidad, les solicitará informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención”.
La PGR apuntó que una de sus fiscalías especializadas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), fue quien inició la carpeta de investigación, y que se garantizará el derecho de las y los denunciantes para coadyuvar en las indagatorias, por sí o a través de sus representantes.
“La Procuraduría General de la República rechaza enérgicamente las intervenciones ilegales de comunicaciones”, señaló en su boletín.
Un día antes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que el gobierno federal haya espiado a periodistas y activistas.
Sin embargo, de acuerdo con la nota sobre el tema presentada por el diario The New York Times, lo indicado por organizaciones como R3D y lo dicho por periodistas y activistas afectados, el espionaje se realizó con un software llamado Pegasus, que solo es vendido a gobiernos por la empresa israelí NSO Group Technologies, con el objetivo de combatir el terrorismo y amenazas a la seguridad nacional.
La investigación del Citizen Lab, iniciada originalmente por el caso de un activista árabe en los Emiratos Árabes Unidos, reveló que México es el principal comprador de este malware espía.
“Se ha documentado su adquisición por al menos tres dependencias en México : la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)”, indicó un reporte de Artículo 19 y R3D.
CNDH solicita medidas cautelares
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Sedena, PGR, la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Marina “implementar acciones para que en caso de poseer el sistema ‘Pegasus’ o cualquier otro que se emplee para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o computadoras, se abstengan de emplearlos contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional”.
Además, le pidió a esas dependencias “que en caso de haberse obtenido información mediante ese tipo de programas, se abstengan de utilizarla y difundirla y sea valorada su legalidad por las instancias correspondientes”.
Adicionalmente, “a la PGR se le requirió instruir al personal ministerial que conozca de las denuncias presentadas por los agraviados, para que realicen la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia”.
