Cómo son los procesos militares contra civiles detenidos en protestas de Venezuela
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Cómo son los procesos militares contra civiles detenidos en protestas de Venezuela

Más de 200 personas han sido detenidas y puestas a disposición de la justicia militar en Venezuela; su delito, participar en una de las miles de protestas contra el gobierno que desde hace más de dos meses.
AFP
Por BBC Mundo
6 de junio, 2017
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“Ese terror queda sembrado”: cómo son los procesos militares en contra de civiles detenidos en las protestas contra el gobierno de Venezuela

Cristina, Laura y Ana ya no pueden protestar. Si acuden a una marcha de la oposición contra el gobierno de Venezuela, serán detenidas.

Sopesan ir el fin de semana a la playa en una “operación encubierta”, porque tampoco pueden salir del estado Carabobo. Y eso significa que baño en el mar también podría llevarlas a la cárcel.

Las tres jóvenes -cuya identidades reales prefieren proteger por temor a represalias- apenas superan los 20 años.

Pero el 15 de mayo fueron detenidas en Valencia, a unas dos horas en auto desde Caracas.

Su delito: participar en una de las miles de protestas contra el gobierno que desde hace más de dos meses se suceden en Venezuela.

Son apenas tres de las más de 200 personas que han sido detenidas y puestas a disposición de la justicia militar en el estado Carabobo.

Este fue el primero en aumentar el nivel del Plan Zamora, con el que el gobierno quiere contener las manifestaciones.

Guardia Nacionales se cubren con un escudoDerechos de autor de la imagen AFP
Image caption El gobierno asegura que los guardias nacionales y os policías están siendo víctimas de agresiones.

En hechos vinculados con la actual ola de protestas se registraron ya más de 60 muertes.

Y el Plan Zamora -que el presidente Nicolás Maduro activó el 18 de abril, y que pasó a segunda fase en Carabobo y luego en Táchira y Barinas, entre otros estados- se ha plasmado en que civiles han debido responder ante tribunales militares.

La oposición, ONGs, organismos internacionales, la fiscal general, Luisa Ortega, y el defensor del pueblo, Tarek William Saab, han criticado estos procedimientos.

“Nosotros creemos que es contrario a los mandatos y principios emanados de la Constitución“, dijo el 24 de mayo la fiscal, la voz más crítica desde el Estado contra el gobierno en este momento.

“Viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos”, aseguró Ortega.

Con el testimonio en Valencia de Cristina, Laura y Ana reconstruimos cómo es el polémico proceso.

1. La detención

Como era costumbre, Cristina salió con un amigo el lunes 15 de mayo para participar en el plantón de protesta contra el gobierno.

Lo hizo con su capucha y con el guante con el que recoge bombas lacrimógenas que lanza de vuelta a la Guardia Nacional.

Agentes motorizados de la Guardia NacionalDerechos de autor de la imagen AFP
Image caption Los detenidos en protestas están siendo acusados de delitos tipificados en el código militar, pero la Constitución marca que deben ser presentados ante tribunales civiles.

El gobierno cataloga como violentas la mayor parte de las protestas. La oposición, a su vez, critica la fuerte represión.

“Cien motos en hilera con dos guardias en cada una arrancaron. Me quedé paralizada, rodeada por la policía. Corrí hacia un comercio”, recuerda Cristina.

“Entré y al poco lo hizo un guardia. ‘Se me sale todo el mundo de aquí’, gritó. Y lanzó una bomba lacrimógena en el interior”, relata la joven, quien afirma que agarró el artefacto humeante y lo expulsó a la calle.

“Por el celular pude avisar a mi novio. Le dije: ‘Me están llevando presa. Me agarraron, no sé dónde me llevan“, cuenta.

En el comercio se refugiaron siete manifestantes. Entre ellos también Ana y Laura, que acudieron juntas a la protesta. Todos fueron subidos en un camión.

2. “Bienvenidos a su nueva casa”

Al sur de Valencia se encuentra Ciudad Chávez, una urbanización planificada con unos 4.000 nuevos apartamentos que fueron entregados desde julio de 2005 a familias en condición de pobreza extrema o situación de riesgo, según las autoridades.

Acceso al destacamento de la Guardia Nacional en Ciudad ChávezDerechos de autor de la imagen BBC MUNDO
Image caption Apenas quedan ya detenidos en el destacamento de la Guardia Nacional en Ciudad Chávez, cerca de Valencia. La mayoría fue trasladado ya a cárceles a la espera de una nueva vista para saber si hay o no juicio contra ellos.

“Ciudad Chávez es un sueño de nuestro líder eterno, Hugo Chávez”, dijo entonces el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, un exmilitar cercano al comandante que dirigió Venezuela de 1999 hasta su muerte en 2013.

Cuando uno pasa la verja de entrada al complejo, lo primero que encuentra a la derecha es un destacamento de la Guardia Nacional, la policía militarizada.

“En este comando Chávez vive”, se lee en un gran cartel a la entrada.

“Bienvenidos a su nueva casa, bienvenidos a Ciudad Chávez”, dice Cristina que fue el mensaje de uno de los guardias al llegar a ese destacamento.

“Nos tomaron los datos, nos metieron en la celda a 19 personas juntas“, cuenta.

Enfrentamientos.Derechos de autor de la imagen AFP
Image caption La mayoría de manifestaciones termina en un enfrentamientos entre opositores y fuerzas de seguridad.

“Había guardias buenos y malos. Uno me dijo: ‘Tú no vas a salir y si sales, te agarramos y te volvemos a meter'”, recuerda Laura, mientras rememora el suceso ya con una tranquilidad que le faltó entonces.

Ana recuerda cómo la insultaron en el camión y cómo durante el trayecto a uno de sus compañeros le pasaban continuamente por la cara y el cuello un guante con gas pimienta, que provoca un gran escozor.

Las 19 personas estuvieron dos días y medio en el destacamento. En ese tiempo, sus familiares, apostados en la verja, preocupados, les suministraban la comida, que no siempre llegó a sus manos.

No hubo aseo y en ese tiempo durmieron en el piso.

“Los guardias preguntaban: ‘¿Quién se ofrece a limpiar el baño?’ Agarraban a una persona y le hacían limpiar el baño. A las mujeres nos tratan mejor que a los hombres”, constata Laura.

“No nos tratan mal, pero tampoco la pasamos bien”, acota Ana.

3. La audiencia

Tras más de 24 horas en el destacamento, la noche del martes 16 de mayo comenzó la audiencia en el comedor, adonde llegaron en fila, sujetando los hombros de quien les antecedía.

“Un guardia me dijo: ‘Eres guarimbera (manifestante), no vas a salir de aquí’“, recuerda Cristina.

En dos filas, los 19 detenidos se presentaron ante la jueza militar Luz María Santafé Acevedo.

Vladimir PadrinoDerechos de autor de la imagen AFP
Image caption Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, justifica que civiles estén siendo juzgados por tribunales militares.

Esa vez no hubo guardias armados con fusiles, como sí sucedió en las primeras vistas, segúncuenta Luis Armando Betancourt, coordinador en Carabobo de la ONG Foro Penal Venezolano, que ha defendido a los manifestantes en estas audiencias.

Los tres fiscales les imputaron a los 19 los mismos cargos: vilipendio, instigación a la rebelión y ultraje al centinela.

“Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efecto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar”, dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino para justificar que los civiles sean juzgados en tribunales militares.

Yel Código Orgánico de Justicia Militar, anterior a la Constitución vigente, sí permite que esa jurisdicción penal se aplique a delitos de naturaleza militar cometidos por civiles.

La derecha terrorista ha instigado a la rebelión, que es un delito penal militar, así como también ha cometido delitos de ultraje al centinela y destrucción de bienes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, dijo en mayo el ministro del Interior, Néstor Reverol, para defender el Plan Zamora en el estado Carabobo.

Pero el artículo 261 de la Constitución de 1999 dice que la jurisdicción militar “se limita delitos de naturaleza militar”.El constitucionalista José Ignacio Hernández cree que sólo los militares pueden cometer esos delitos.

La fiscal Ortega, por su parte, cree que estos procesos son “contrarios” a la Constitución porque viola el principio del “juez natural”, reconocido en el artículo 49 de la Carta Magna.

Luisa Ortega, la fiscal general del EstadoDerechos de autor de la imagen REUTERS
Image caption La fiscal Luisa Ortega ha criticado el uso de tribunales militares para los civiles. Cree que contraviene la Constitución.

Una vez leídos los cargos en Ciudad Chávez, cada uno de los 19 fue entrando de nuevo en la sala para responder a las preguntas de fiscales y abogados.

Pero la luz se fue y la audiencia se aplazó. Y lo que en principio generó desesperación terminó siendo una ventaja.

El grupo se favoreció de que era gente muy conocida en redes sociales y de que contaban con familias influyentes en Valencia.

Mientras los 19 pernoctaban en un cuarto aún más pequeño que el primero, y sin saber cuánto más tiempo estarían detenidos o si la juez decretaría una privación de libertad de 45 días, se sucedían las llamadas.

“Ese día nos dijeron que salíamos”, recuerda Cristina. Era ya miércoles 17 de mayo.

“El comandante dijo: ‘Todos ustedes van a salir, ya me tienen harto, me ha llamado gente que ni puta idea conozco'”, recuerda con detalle.

Por la noche se reanudó la vista y al final, ya en la madrugada del jueves 18, la jueza ordenó medidas cautelares y la libertad.

4. Las consecuencias

Ahora las tres jóvenes y sus 16 compañeros se deben presentar cada cinco días en un cuartel militar, no pueden salir del país ni del estado Carabobo ni participar en manifestaciones.

Cristina recuerda haber visto hace unos días una camioneta del servicio de inteligencia a su espalda. Cree que la siguen.

“Ese terror queda sembrado en ellos. El terror está ahí”, lamenta Betancourt.

Una guardia nacional carga su arma con una bomba lacrimógena.Derechos de autor de la imagen AFP
Image caption Las bombas lacrimógenas son el principal arma para dispersar a los manifestantes. También ha sido la causa de muerte del joven Juan Pernalete, según la fiscalía.

Pese a todo, Ana, Laura y Cristina tuvieron suerte. En la verja del destacamento de la Guardia Nacional de Ciudad Chávez el miércoles 31 de mayo había tres madres.

Sandra, serena, le llevó comida a su hijo, que llevaba detenido en el retén 25 días. Lo acusan de participar en saqueos y de robar dos cajas de cervezas. “Mi hijo dice que ni se las bebió”, bromea su madre.

A su lado, una señora mucho más mayor llora. Dice que a su hijo lo golpearon cuando denunció que no pudo verla el Día de la Madre.

Otra grita desconsolada. Ha escuchado que su hijo será trasladado a una cárcel.

“Uribana”, le grita el guardia nacional que conduce la camioneta que lo traslada. Es el nombre de una prisión en Barquisimeto, a 220 kilómetros de Ciudad Chávez.

Allí, como muchos otros, esperará una nueva audiencia militar que determinará si hay o no juicio.

“Entrar a una prisión de esas es como perder la vida”, dice el abogado Betancourt.

Esa perspectiva genera temor. “A mis amigas sus padres les prohíben salir a las marchas”, afirma Laura. “Carabobo se apagó después de esto”, añade apenada Cristina.

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#YoSoyAnimal
EPA

Entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal, según estudio

La agricultura consume alrededor del 70% del agua disponible en el planeta y la forma en la que la obtiene no siempre es legítima. 3,000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y solo el 10% del agua en el mundo se destina a los hogares.
EPA
15 de septiembre, 2020
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Puede sonar difícil de creer que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo sea “robada”.

Como también parece sorprendente que el 70% de ese recurso sea destinado para la agricultura cuando casi un tercio de la población del planeta no tiene acceso a servicios potables.

Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que eso es lo que ocurre.

El agua es “robada” o desviada y en lugar de abastecer a las poblaciones se dirige al negocio del agro, según explica a BBC Mundo Adam Loch, experto en el tema de la Universidad de Adelaide (Australia).

Pero el problema no termina ahí.

El planeta desecha la tercera parte de los alimentos que produce y eso hace más injusta esta desproporción en el uso que hacemos del agua, como comenta Richard Connor, responsable del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

“Es una desperdicio cuando se destina a la sobreproducción de comida”, señala a BBC Mundo.

El “gran robo”

La escasez de agua se agudizó por el cambio climático primero y después por la pandemia del coronavirus.

3.000 millones de personas no tienen acceso a redes de distribución, según la ONU, y el uso “desproporcionado” del recurso en rubros como la agricultura o la minería agrava el problema.

Represa

EPA
El agua se convirtió en un valioso recurso para la generación de electricidad.

Adam Loch señala que, a pesar de los vacíos jurídicos existentes alrededor de la propiedad y el valor del agua, se puede hablar de “robo” dado que existen actores dentro de este modelo de explotación que esquivan procedimientos legales a tal escala que entre el 30% y 50% del recurso se puede considerar sustraído.

Y en perjuicio de las poblaciones.

“Es difícil de precisar los porcentajes, pero sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo“, explica el experto.

Loch, junto a un equipo de investigadores, publicó recientemente un ensayo titulado “Gran robo de agua”, publicado en la revista científica Nature.

En el trabajo sostienen que la incertidumbre y los cambios repentinos en el suministro de ese recurso aumentan las posibiidades de la ilegalidad de su uso.

“Por ejemplo, los períodos de sequía también pueden alterar las percepciones de las normas, la legitimidad y la equidad de las personas o entidades”, explica el investigador.

Loch añade que el fenómeno del robo del agua tiene un margen elevado de subregistro o directamente es minimizado por los estados.

Pone el ejemplo de la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego y que puede ser un uso excesivo para maximizar las ganancias.

Zona árida en México

Reuters
Las regiones áridas y las que sufren largos periodos de sequía son un factor que impulsa a la extracción ilegal de agua.

Esta zona, compartida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela produce plantaciones de alta demanda en el mercado mundial como la quinua que, a la vez, requieren altos niveles de agua después de la siembra.

Las dificultades

Para Richard Connor el concepto del “robo de agua” se puede utilizar, pero es necesario tomar en cuenta otras figuras.

“Se puede calificar así, pero también hablar de la pérdida del recurso”, explica.

El experto indica, como ejemplo, cuando el agua es desviada a través de canales artificiales o a través de tuberías.

“Cuando esto pasa es difícil de monitorear y determinar si se trata de robo”, explica.

Connor indica que existen muchas “áreas grises” con relación a las concesiones y a la propiedad como tal del agua.

“La agricultura usa enormes cantidades del recurso y puede ser usada de fuentes no permitidas como humedales, que se supone deben ser protegidos, pero también la aprovechan de los sistemas municipales legales”, indica.

Minas en Chile

Reuters
Actividades como la agricultura y la minería demandan grandes cantidades de agua.

El relator de Naciones Unidas explica que, en el mundo, se considera un bien común el agua que se encuentra en ríos, lagos, debajo de la tierra y otros espacios naturales, pero a la vez existen usuarios individuales y compañías que logran los derechos propietarios en determinadas regiones.

“Tratar de establecer quién es el dueño del agua es como buscar al dueño de la electricidad. Es bastante difícil de definir”, concluye.

Consecuencias

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que, se trate de robo, explotación o desvío, el uso desproporcional del agua afecta directamente a las poblaciones.

Y con mayor énfasis en las regiones que sufren largas sequías o que por condiciones socioeconómicas no tienen garantizados los servicios sanitarios y potables.

Solo el 10% del agua va para uso doméstico y la inmensa mayoría que va a la agricultura genera poco valor agregado para los productos internos brutos de los países”, indica Connor.

El experto añade que, si bien no hay productividad económica significativa en la distribución del recurso a los hogares, sí se generan beneficios sociales en diferentes áreas como la salud.

“Si la gente crece con acceso a agua potable, claro que repercute en menores costos futuros para los sistemas de salud”, afirma.


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