Amenazas, insultos y violencia, la realidad de las mujeres embarazadas y con VIH en Veracruz
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Amenazas, insultos y violencia, la realidad de las mujeres embarazadas y con VIH en Veracruz

Veracruz es la cuarta entidad del país con más quejas por maltrato a pacientes con VIH. Dos mujeres relatan cómo fueron violentadas por los doctores que atendían sus embarazos.
Cuartoscuro Archivo
Por Brisa Gómez
19 de junio, 2017
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Xalapa, Veracruz.- Margarita y María tienen VIH. Ambas buscaron atención médica para vigilar sus embarazos y el nacimiento de sus bebés en el Sector Salud de Veracruz.

Su padecimiento las llevó a sufrir violencia obstétrica, maltrato psicológico, agresión verbal y discriminación por parte del personal médico, de enfermería y administrativo de dos de los más grandes hospitales de Veracruz, lo que derivó en la muerte de la hija de una de ellas.

Veracruz es la cuarta entidad del país con más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por maltrato, desabasto, discriminación y violación a derechos de pacientes con VIH del país, de acuerdo con Ricardo Hernández Forcada, director del programa de VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Además es la segunda entidad que más menores reporta viviendo con VIH en el país, de acuerdo con las cifras de Censida. En 2016 se contabilizaron 380 personas de entre dos y 18 años en tratamiento antiretroviral en la entidad, a consecuencia de la transmisión vertical, es decir de madre a hijo.

Margarita tuvo sola a su bebé

Margarita – como la llamaremos para proteger su identidad – pasó 28 horas en una camilla, esperando que le practicaran una cesárea para el nacimiento de su primera hija. Por tener VIH, el nacimiento de la pequeña no debía ser por vía natural para evitar la transmisión vertical del virus a la bebé.

“Las enfermeras ni se querían asomar”, cuenta Margarita de 27 años. Aguantó lo más que pudo las contracciones, pidiendo a las enfermeras que la pasaran a quirófano, mientras ellas le decían “aguántate, de todas formas no hay quien te atienda”.

Cerca de las 11 de la noche del 16 de diciembre de 2016, Margarita dio a luz a su hija sola en la camilla. El argumento del personal médico para no atenderla era que “había otros casos más urgentes”, la realidad, cuenta la joven, es que por tener VIH ninguna enfermera o médico querían atenderla.

“La niña ni chilló, ni se movió”, recuerda Margarita. La bebé fue diagnosticada con insuficiencia respiratoria aguda, derivadas de la espera y la falta de atención; una semana después murió en el Hospital Regional de Poza Rica.

Tras el parto Margarita sufrió de una infección, pues no tuvo las curaciones y limpieza adecuadas, además de que no se le recetaron antibióticos ni analgésicos. Dos días antes del fallecimiento de su hija, ella tuvo que ser hospitalizada por fiebre e infección, aunque horas después tuvo que exigir su alta voluntaria para poder salir para el velorio y entierro de su bebé.

El caso de violencia obstétrica fue denunciado por la familia ante la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin embargo, el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, niega que existan casos de este tipo en los nosocomios a cargo de la dependencia que encabeza.

“Pensé en quitarme la vida”: María

María – nombre para ocultar su identidad – fue víctima de violencia verbal y psicológica de parte de su médico Alejandro Crisóstomo Rivera, mientras recibía atención en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz

La joven cuenta que en sus consultas mensuales el médico le decía que su bebé nacería deforme, sin brazos, sin piernas y con diversos padecimientos. Por padecer VIH, los acusaba a ella y a su pareja de irresponsables por continuar con el embarazo.

Ella le argumentaba que tomando sus medicamentos de manera estricta, su bebé podría nacer libre de la enfermedad, siempre y cuando se le practicara una cesárea y no le amamantara al nacer.

Sin embargo, Crisóstomo Rivera le decía que solo le decían eso para que no abortara. Esto provocó una severa depresión a María, que la llevó a intentar suicidarse.

María logró reponerse y tener un bebé sano. Decidió presentar una denuncia en contra del médico, quien tiene ya varias, de acuerdo con el Grupo Multisectorial VIH, sin embargo a la fecha, de acuerdo con Patricia Ponce, integrante de este, no se han tomado medidas concretas para sancionarlo o evitar que continúe afectando la vida y los tratamientos de otras embarazadas en estas condiciones.

Alejandro Crisóstomo Rivera es un reconocido gineco-obstetra en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, y catedrático de la Universidad Veracruzana. La Secretaría de Salud no respondió sobre las acusaciones al médico.

Violencia obstétrica, una constante para mujeres con VIH

“A las mujeres que tienen VIH, los casos que hemos visto, las maltratan, las ofenden, las humillan, no las quieren tocar, no las quieren atender, esas es una conducta que desafortunadamente se da mucho en los servicios de salud”, señala María de la Cruz Jaimes, directora del colectivo feminista Cihuatlactolli.

Cruz recuerda el caso de un menor que nació libre de VIH, sin embargo la enfermera obligó a la madre (quien sí era portadora del virus) a darle leche materna lo que causó el contagio del niño.

Pero dice la gente no denuncia por miedo a que les quiten las ayudas de los programas sociales o los medicamentos antiretrovirales que necesitan.

“Hemos denunciado, pero a los medios, hemos hecho algunas cosas, denuncias jurídicas en Fiscalía, la gente no se atreve, es gente que tiene Seguro Popular y Programa de Prospera y la gente tiene miedo de que le quiten la atención, que les quiten el apoyo, la gente viene y denuncia, pero a la mera hora no”.

María de la Cruz Jaimes explica que ha acompañado a muchas mujeres con VIH, algunas de ellas embarazadas, a exigir atención médica a los hospitales de la región de Río Blanco, una ciudad en el centro de Veracruz, donde se concentra gran parte de pacientes de esta enfermedad, sin embargo la respuesta es poco cálida y la mayoría de las veces termina en maltrato y violencia obstétrica.

Leyes de protección, letra muerta en Veracruz

Veracruz fue la primera entidad en la que se tipificó la violencia obstétrica como un delito. Fue contemplada en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el capítulo primero, artículo séptimo.

Esta legislación quedó vigente desde el 28 de febrero del año 2008 y, a pesar de eso, hasta el momento en Veracruz no hay registro de la sanción de un caso de violencia obstétrica en la entidad contra pacientes con VIH.

También Veracruz es la primera y única entidad en todo el país en aprobar una Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH-sida en la que se establecen incluso mecanismos de educación, prevención y atención a hombres y mujeres de todas las edades, sin embargo a nueve años de su entrada en vigor sigue sin cumplimiento.

Ambas normas son desatendidas en los centros de salud, tampoco se les ha dado la difusión suficiente.

De acuerdo con lo que dicen ambas legislaciones, Margarita fue víctima de violencia obstétrica, pues se le dio un tratamiento deshumanizador, además de que se omitió darle atención oportuna y eficaz.

También fue víctima del incumplimiento de las obligaciones que tienen la Secretaría de Salud y su personal médico y de enfermería, al no asegurarle los servicios de salud necesarios, que derivaron no solo en la discriminación a Margarita por tener VIH sino también en la muerte de su hija.

Robos, pruebas falsas y desabasto

En Veracruz la violencia contra personas con VIH-sida es una cuestión estructural. En los últimos años se ha registrado desabasto y robo de fármacos antiretrovirales así como la compra de un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH que resultaron ser defectuosas.

Este producto, denominado “kit de Detección de VIH & VIH test” fue fabricado por Hangzhou Clongene Biotech Co. Ltd, en China, pese a carecer de registro sanitario, según la Cofepris, fue comercializado en México por la empresa Comercio y Servicios Administrativos e Integrales del Golfo S.A. de C.V., que en internet aparece como una empresa dedicada a la venta de tecnología y no de insumos médicos.

Ponce Jiménez explica que estas pruebas originalmente fueron compradas para aplicarlas a mujeres embarazadas para detectar casos de VIH, y aplicar de manera oportuna los tratamientos antiretrovirales para evitar la transmisión vertical.

El Grupo Multisectorial aplicó las pruebas en pacientes con VIH para testarlas, fue entonces que salieron negativas y decidieron avisar a la Secretaría de Salud, cuyo titular entonces era Pablo Anaya. Las autoridades se comprometieron a que las pruebas se embodegarían y no serían utilizadas.

Salud compró otro lote de pruebas que al testarlas funcionaban de manera correcta y continuó su distribución.

Seis años después, la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició una investigación en Veracruz, por el uso de pruebas inservibles que sí fueron distribuidas entre la población.

Del lote de 70 mil pruebas compradas en 2011 sólo se encontraron poco más de 46 mil, es decir 23 mil fueron distribuidas en las once jurisdicciones sanitarias, a pesar de que no cumplían con el requisito del registro sanitario.

El Grupo Multisectorial teme que estas 23 mil pruebas hayan sido utilizadas en mujeres embarazadas y arrojando resultados falsos, por lo que sus hijos e hijas o sus parejas habrían recibido la transmisión de VIH, explicó Patricia Ponce.

La Secretaría de Salud habló de la posible existencia de 12 mujeres con VIH que pudieron ser testadas con estos kits, sin embargo dijo que esta situación “no es grave”.

Sin embargo Ponce Jiménez explica que si se suma a las 12 mujeres los hijos que concibieron, sus parejas, más las parejas sexuales adicionales que hayan tenido tanto ellas como ellos, se puede hablar de que al menos 200 personas están en riesgo.

Los pacientes con VIH deben enfrentarse también al desabasto de la fórmula láctea que se le debe entregar a las mujeres que tienen hijos o hijas de hasta dos años de edad, para evitar que amamanten y con ello transmitan el virus.

Se ha reportado el desabasto de condones masculinos y femeninos, que son fundamentales para prevenir la transmisión del VIH o la reinfección entre pacientes, señala el Grupo Multisectorial VIH.

El grupo señala que la Secretaría de Salud ha presentado denuncias por el robo de más de 200 dosis de fármacos antiretrovirales, ocurridos entre 2015 y 2016, de las cuales no se tienen reportes respecto de los avances que han tenido en manos de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo estas dosis fueron sustraídas de las farmacias, y se teme que pudieran haber sido vendidas en el mercado negro, explicó Patricia Ponce, sin que se haya sancionado a alguien hasta el momento.

En México la Secretaría de Salud, a través del Censida, es quien distribuye los tratamientos antiretrovirales al sector salud en las entidades, para los pacientes registrados dentro de su sistema de información, estos fármacos son gratuitos, por lo que se entregan según las características de la enfermedad que presente cada persona.

Los titulares de la Fiscalía General del Estado o de la Secretaría de Salud, Jorge Winckler e Irán Suárez, respectivamente, se han negado a dar entrevistas sobre el tema.

Sobre las pruebas falsas, hasta el momento en la entidad no se han realizado acciones para iniciar la búsqueda intensiva de las personas a quienes se pudiera haber aplicado alguna de las pruebas y requiera de tratamiento.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que se inició una investigación de oficio por las pruebas defectuosas, pero tomaría hasta seis meses tener resultados.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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