[contextly_sidebar id=”eoQYm1btoLwqFvkGDeZHsckWAZnpCiYp”]A Benita, una adolescente guatemalteca e indígena de 15 años, su padrastro intentó violarla. La menor, quien era explotada laboralmente, escapó de su casa junto con sus hermanos y su mamá, pero no logró huir de la violencia sexual, y fueron secuestrados por otros hombres
A la adolescente la trasladaron a Tapachula, Chiapas, donde sus captores la obligaron a prostituirse, del resto de su familia no hay información. Benita logró escapar y llegó a los Estados Unidos donde fue detenida por las autoridades y ahora espera se resuelva su solicitud de asilo.
El caso de Benita es como el de otras niñas, niños y adolescentes centroamericanos forzados a migrar ante la creciente violencia sexual que se vive en su países, solo para encontrarse de frente con un muro de indiferencia institucional en México y Estados Unidos, así lo revela el informe “Niñez Interrumpida: violencia sexual y por motivos de género contra niñez migrante y refugiada centroamericana”, elaborado por la organización estadunidense KIND y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías.
El informe advierte que esta violencia es ejercida al interior de las familias, pero también usada como herramienta de control y miedo por grupos delincuenciales, especialmente pandillas de Guatemala, Honduras y El Salvador, los principales países expulsores de migrantes en general y de menores en particular.
Cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación en México, revelan un crecimiento del 558% en el flujo de Niños, Niñas y Adolescentes presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) al pasar de 6 mil 107 caso en 2012 a 40 mil 114 en 2016. El 96% provienen de esa región.
Del total reportado en este periodo, el 51% de los casos son menores de edad no acompañados, con un marcado crecimiento en el segmento de niños de cero a 11 años, al pasar del 18 % en 2012 al 43 % en 2016.
Se trata de una cifra que ha crecido a la par de la migración en general, explicó Daniel Lorente, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, quien consideró que el Gobierno de México tiene la obligación de proteger a los menores de edad, pues ha promulgado varias leyes que refuerzan la protección de la niñez migrante, que no se están cumpliendo.
“A las y los menores de edad detenidos por el INM difícilmente se les escucha y se les ofrece la posibilidad de pedir asilo en el país”, dijo Lorente.
Datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar), indican que aumentó en un 296 % el número de solicitudes de asilo entre 2013 y 2016, mientras que la tasa de aprobación pasó de 54.5 a 58.9%.
A pesar de ello, el informe de las organizaciones reveló que “el número de niñas, niños y adolescentes que reciben la condición de refugiado en México sigue siendo muy bajo en comparación con la cifra de quienes pueden necesitar protección”.
En 2016, menos del 1% de los menores migrantes no acompañados de América Central detenidos en México recibieron la condición de refugiado o algún otro tipo de protección oficial.
Violencia sexual en el camino
En foros e informes sobre violencia de género se ha dicho que las mujeres migrantes toman anticonceptivos en su paso por México, para evitar un embarazo, pues de antemano saben que el riesgo de agresiones sexuales es muy alto. Más cuando se trata de mujeres menores de edad.
El informe de las organizaciones, cita a integrantes de la organización Immigrant Defenders Law Center de Los Ángeles, California, instancia que ha informado que entre una cuarta parte y la mitad de las personas menores de edad, que han atendido en Estados Unidos, han sufrido violencia sexual durante su traslado, siendo México el lugar más riesgoso.
“Una de las formas más comunes de violencia sexual que sufren las mujeres y las niñas durante el tránsito son las relaciones sexuales coaccionadas para sobrevivir, forzadas o coaccionadas con traficantes, policías, agentes de migración u otros migrantes, a cambio de comida, refugio, protección o el derecho a continuar el camino”, advierte el documento.
Yolanda fue forzada a trabajar desde los 10 años en una mina de oro en Guatemala, ahí fue víctima de abuso sexual por parte de los jefes. A los 13 años pasó a trabajar a una plantación donde también fue abusada, tras las constantes agresiones quedó embarazada y decidió huir a los Estados Unidos. Cuando llegó al Valle del Río Grande, “el coyote” le condicionó su cruce: tendría relaciones sexuales con él para pagar su traslado. El sujeto violó a Yolanda y a otra mujer que viajaba con ella.
Al respecto, el Instituto para las Mujeres en la Migración indicó que a medida que aumenta la participación de los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales en el tráfico de personas a través de América Central y México, también se incrementa la vulnerabilidad de las y los migrantes y refugiados a la violencia y la explotación.
En el informe, el Fray Matías cuenta el caso de una niña guatemalteca que trabajaba como empleada del hogar en Tapachula y que fue violada por su empleador.
“Cuando denunció los delitos, el fiscal encargado de representarla la acusó de mentir y de promiscuidad. La internaron en el albergue municipal del DIF para niñas migrantes, donde no le proporcionaron suficiente atención médica o psicológica ni información sobre el estado de la causa judicial contra su empleador”, relatan.
Aunque recibió finalmente el salario atrasado, su empleador no fue imputado ni rindió cuentas por la violación. Después de cuatro meses de haber ingresado en el albergue del DIF, decidió abandonar el caso y regresar a Guatemala.
Las organizaciones citan un informe de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para señalar que “es imposible que se realice la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes, extranjeras y demás víctimas de trata sin el concurso de autoridades estatales y, especialmente, de las autoridades policiales y municipales”.
