Violencia sexual obliga a niños centroamericanos a migrar a México; aquí también abusan de ellos
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Archivo Cuartoscuro

Violencia sexual obliga a niños centroamericanos a migrar a México; aquí también abusan de ellos

Las autoridades en México están rebasadas para atender las agresiones sexuales contra menores de edad, que migran de sus países para huir de esta violencia.
Archivo Cuartoscuro
Por Ernesto Aroche Aguilar @earoche
28 de junio, 2017
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A Benita, una adolescente guatemalteca e indígena de 15 años, su padrastro intentó violarla. La menor, quien era explotada laboralmente, escapó de su casa junto con sus hermanos y su  mamá, pero no logró huir de la violencia sexual, y fueron secuestrados por otros hombres

A la adolescente la trasladaron a Tapachula, Chiapas, donde sus captores la obligaron a prostituirse, del resto de su familia no hay información. Benita logró escapar y llegó a los Estados Unidos donde fue detenida por las autoridades y ahora espera se resuelva su solicitud de asilo.

El caso de Benita es como el de otras niñas, niños y adolescentes centroamericanos forzados a migrar ante la creciente violencia sexual que se vive en su países, solo para encontrarse de frente con un muro de indiferencia institucional en México y Estados Unidos, así lo revela el informe “Niñez Interrumpida: violencia sexual y por motivos de género contra niñez migrante y refugiada centroamericana”, elaborado por la organización estadunidense KIND y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías.

El informe advierte que esta violencia es ejercida al interior de las familias, pero también usada como herramienta de control y miedo por grupos delincuenciales, especialmente pandillas de Guatemala, Honduras y El Salvador, los principales países expulsores de migrantes en general y de menores en particular.

Cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación en México, revelan un crecimiento del 558% en el flujo de Niños, Niñas y Adolescentes presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) al pasar de 6 mil 107 caso en 2012 a 40 mil 114 en 2016. El 96% provienen de esa región.

Del total reportado en este periodo, el 51% de los casos son menores de edad no acompañados, con un marcado crecimiento en el segmento de niños de cero a 11 años, al pasar del 18 % en 2012 al 43 % en 2016.

Se trata de una cifra que ha crecido a la par de la migración en general, explicó Daniel Lorente, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, quien consideró  que el Gobierno de México tiene la obligación de proteger a los menores de edad,  pues ha promulgado varias leyes que refuerzan la protección de la niñez migrante, que no se están cumpliendo.

“A las y los menores de edad detenidos por el INM difícilmente se les escucha y se les ofrece la posibilidad de pedir asilo en el país”, dijo Lorente.

Datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar), indican que aumentó en un 296 % el número de solicitudes de asilo entre 2013 y 2016, mientras que la tasa de aprobación pasó de 54.5 a 58.9%.

A pesar de ello, el informe de las organizaciones reveló que “el número de niñas, niños y adolescentes que reciben la condición de refugiado en México sigue siendo muy bajo en comparación con la cifra de quienes pueden necesitar protección”.

En 2016, menos del 1% de los menores migrantes no acompañados de América Central detenidos en México recibieron la condición de refugiado o algún otro tipo de protección oficial.

Violencia sexual en el camino

En foros e informes sobre violencia de género se ha dicho que las mujeres migrantes toman anticonceptivos en su paso por México, para evitar un embarazo, pues de antemano saben que el riesgo de agresiones sexuales es muy alto. Más cuando se trata de mujeres menores de edad.

El informe de las organizaciones, cita a integrantes de la organización Immigrant Defenders Law Center de Los Ángeles, California, instancia que ha informado que entre una cuarta parte y la mitad de las personas menores de edad, que han atendido en Estados Unidos,  han sufrido violencia sexual durante su traslado, siendo México el lugar más riesgoso.

“Una de las formas más comunes de violencia sexual que sufren las mujeres y las niñas durante el tránsito son las relaciones sexuales coaccionadas para sobrevivir, forzadas o coaccionadas con traficantes, policías, agentes de migración u otros migrantes, a cambio de comida, refugio, protección o el derecho a continuar el camino”, advierte el documento.

Yolanda fue forzada a trabajar desde los 10 años en una mina de oro en Guatemala, ahí fue víctima de abuso sexual por parte de los jefes. A los 13 años pasó a trabajar a una plantación donde también fue abusada, tras las constantes agresiones quedó embarazada y decidió huir a los Estados Unidos. Cuando llegó al Valle del Río Grande, “el coyote” le condicionó su cruce: tendría relaciones sexuales con él para pagar su traslado. El sujeto violó a Yolanda y a otra mujer que viajaba con ella.

Al respecto, el Instituto para las Mujeres en la Migración indicó que a medida que aumenta la participación de los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales en el tráfico de personas a través de América Central y México, también se incrementa la vulnerabilidad de las y los migrantes y refugiados a la violencia y la explotación.

En el informe, el Fray Matías cuenta el caso de una niña guatemalteca que trabajaba como empleada del hogar en Tapachula y que fue violada por su empleador.  

“Cuando denunció los delitos, el fiscal encargado de representarla la acusó de mentir y de promiscuidad. La internaron en el albergue municipal del DIF para niñas migrantes, donde no le proporcionaron suficiente atención médica o psicológica ni información sobre el estado de la causa judicial contra su empleador”, relatan.

Leer también: Niños migrantes: los menores a los que se les niega el “sueño mexicano”

Aunque recibió finalmente el salario atrasado, su empleador no fue imputado ni rindió cuentas por la violación. Después de cuatro meses de haber ingresado en el albergue del DIF, decidió abandonar el caso y regresar a Guatemala.

Las organizaciones citan un informe de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para señalar que “es imposible que se realice la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes, extranjeras y demás víctimas de trata sin el concurso de autoridades estatales y, especialmente, de las autoridades policiales y municipales”.

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5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
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Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


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