[contextly_sidebar id=”QrEeyLHgTWmDNE0kkpF5fodJ4h7iMe6q”]Con el argumento de que el Ejército es una “institución honorable”, un juez federal trató de evitar que un sargento enfrentara un proceso penal por la presunta ejecución extrajudicial de un civil, en hechos ocurridos el 3 de mayo en Palmarito, Puebla.
De acuerdo con el juez, el soldado tenía derecho a disparar, pues se encontraba emocionalmente alterado y en un “escenario de guerra”, además de que, señaló, los policías son “incapaces y corruptos”, lo que ha obligado a los militares a hacer trabajos de seguridad pública.
Esta decisión fue revocada por un Tribunal federal, tras considerarla carente de toda lógica jurídica. Además, dicho tribunal asumió la jurisdicción del caso y ordenó la apertura de un juicio contra el sargento implicado.
Animal Político tuvo acceso al expediente completo, el cual permite conocer a detalle los motivos por lo que un juez de control consideró en primera instancia que no había elementos para procesar al Sargento José por el delito de homicidio doloso, decisión que fue apelada por la Procuraduría General de la República (PGR).
En el documento también se incluyen los testimonios de otros soldados, entre ellos uno que cuestionó al sargento sobre el motivo por el que disparó a uno de los presuntos delincuentes que ya se había rendido.
Falta de pruebas y honorabilidad
El juez Luis Eduardo Jiménez Martínez consideró en su resolución inicial que las evidencias aportadas por la PGR “no eran suficientes” para abrir un proceso en contra del Sargento José por el delito de homicidio doloso.
En su resolución, el juez consideró que ni un video de los hechos ni las declaraciones iniciales de cuatro soldados ni otros indicios bastaban para sostener la probable responsabilidad del acusado, e incluso puso en duda (ignorando la necropsia del caso) que la víctima murió por un disparo.
Pero Jiménez Martínez hizo otras argumentaciones, por ejemplo, que lo que ocurrió en Palmarito era un “escenario de guerra literalmente hablando”, que los soldados estaban en un “estado emocional de alerta máxima”, por lo que no era ilógico que utilizara el arma que portaba.
“En este escenario de matar y morir, a consideración del suscrito justifica la utilización de los armamentos con que cuentan nuestras fuerzas de seguridad pública (militares), pues sería absurdo, pedir que los cuerpos policiales no utilicen las armas que llevan cuando están siendo víctimas de un ataque frontal y de un estado de peligrosidad máxima” dijo el juez.
El juez reconoció que para vincular a una persona a proceso, es decir someterla a un juicio, solo se necesitan indicios mínimos y no pruebas que confirmen la culpabilidad e inocencia del acusado.
Pero justificó su decisión con el argumento de que el sargento pertenece la Secretaría de la Defensa Nacional y que si lo procesaba iría a prisión siendo que pertenece a una institución honorable. Sumado a esto subrayó que los militares se encuentran en esta situación debido a que sustituyen a una policía que es “incapaz” y “corrupta”.
“No se puede perder de vista que se está intentando procesar a un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien como lo dijo la propia fiscalía pertenece a un institución honorable y que este auto de vinculación a proceso no sólo implica el procesamiento del señor (Sargento), sino que dada la gravedad del hecho atribuido, sin debate alguno, implica la imposición de una prisión preventiva oficiosa” señaló el juez.
Decisión sin lógica legal: PGR
En su apelación, la PGR consideró que los criterios del juez para no vincular al sargento a proceso no solo eran insuficientes sino que además carecían de cualquier lógica legal.
La dependencia subrayó que la vinculación a proceso requiere una carga de indicios mínima que sí existía en este caso, y confirmaba la probabilidad de que el sargento acusado fuera el responsable del homicidio. Pero en vez de considerar eso, el juez justificó con argumentos que no venían al caso los hechos ocurridos.
“La autoridad jurisdiccional, se pronunció de forma equívoca al señalar que no tenía la certeza plena de que el imputado haya cometido o participado en el hecho delictivo, por lo cual, realizó una interpretación emotiva, carente de toda lógica jurídica, ya que debió atender a la naturaleza de la palabra probabilidad que es el núcleo establecido condicionante”, señaló la PGR.
La Procuraduría subrayó que el hecho de que el sargento pertenezca a una institución “honorable” y que si se le procesa se irá a prisión no pueden ser argumentos para no someter a juicio a un detenido, pues se trata de un proceso civil y la ley aplica igual para todos.
“Después de analizar las referencias emitidas por el Juzgador en su resolución, éstas producen falta de certeza jurídica ya que las mismas carecen de toda lógica jurídica en virtud de que si bien es cierto, no queda duda que el imputado resulta ser un elemento de la Defensa Nacional, es un procedimiento de forma ordinaria que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que su calidad de militar no es motivo suficiente para que tuviese un procedimiento castrense o de otro orden” señala el expediente.
La PGR también reprobó que el juez haya considerado a los policías como “ineptos y corruptos”, lo que calificó como una afirmación “grave y prejuiciosa”.
“Tú qué, pinche soldado”, dijo el sargento
El expediente revela fragmentos de las declaraciones que cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron en la audiencia del caso.
Aunque en esas declaraciones los militares rechazaron haber imputado al sargento del homicidio e incluso se retractaron de los señalamientos hechos ante la PGR, lo cierto es que uno de los soldados sí advierte que el sargento pudo haber hecho el disparó y hasta lo cuestionó del motivo.
Textualmente el militar advierte que “vio al sargento que le disparó al civil antes mencionado que estaba boca abajo”. Luego de esto, agrega que se le aceró para “preguntarle por qué lo había hecho” o “si se le había ido un tiro” a lo que este le respondió “¿tú qué. pinche soldado?”
Juez se extralimitó: Tribunal
El Tribunal federal que revisó la apelación de la PGR confirmó que el juez Luis Eduardo Jiménez Martínez se excedió en sus razonamientos para no vinculara proceso al sargento José, por lo que revocó su determinación.
Animal Político publicó en esta nota el desglose de los argumentos a los que recurrió el Tribunal federal para revocar la determinación del juez de control.
Cabe señalar que el Tribunal no solo revocó la decisión del juez sino que asumió la jurisdicción del caso y resolvió vincular a proceso al sargento José, por lo que ordenó su aprehensión inmediata
