[contextly_sidebar id=”rouH2UZJD1gfjBaM30aPkSTvHv3odxyd”]¿Qué tienen un común un estudiante de la UNAM, un adolescente maya y un vendedor de dulces en Nezahualcóyotl, Estado de México? Los tres fueron detenidos de forma arbitraria, denunció la organización Amnistía Internacional.
En mayo de 2013, Enrique Guerrero Aviña conducía su auto en las inmediaciones del Estadio Azteca, cuando notó que un grupo de hombres lo perseguía en una camioneta. El joven, en ese entonces de 28 años y estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, trató de escapar, pero le fue imposible. Fue interceptado en el cruce de Ermita y Churubusco y, contra su voluntad, fue subido a una camioneta, donde lo interrogaron.
Le preguntaron direcciones e identidad de líderes sociales. Enrique estaba confundido y temeroso, así que no proporcionó datos. Posteriormente, los sujetos lo llevaron a una Agencia del Ministerio Público Federal, donde lo acusaron del secuestro de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, en Oaxaca.
Al presentar el primer informe: Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México, Amnistía Internacional (AI) concluyó que a Enrique lo detuvieron arbitrariamente, no se le permitió comunicarse con su familia o con un abogado y fue torturado de manera verbal y física.
A pesar de eso, Enrique permanece detenido en un penal federal en Jalisco, por su supuesta participación en un secuestro.
“Su aprehensión no terminó ese día; esto ha sido una larga noche de cuatro años, de intentar demostrar no solo su inocencia sino todas las vejaciones a las que ha sido sometido”, afirmó Lenika Morales, esposa de Enrique, durante la presentación del informe de Amnistía Internacional.
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que “generalmente, las detenciones arbitrarias son conocidas en países autoritarios, donde se utilizan para callar las voces de disidencia”; sin embargo, en el caso de México, “es suficiente estar en lugar y el momento equivocado” para que a una persona pueda ser detenida de forma arbitraria.
Tal es el caso de José Adrián, un niño maya de 14 años con discapacidad auditiva, quien fue detenido en febrero de 2016 y acusado de dañar una patrulla a pedradas.
José Adrián se dirigía a su casa en la comunidad de X-Can, en Yucatán, cuando fue detenido por policías de la comunidad.
De acuerdo con Amnistía Internacional, tras arrestar al menor de edad, los policías no se comunicaron con la familia de José Adrián, pero sí lo agredieron físicamente.
Para poder liberar a José Adrián, los padres del menor fueron forzados a pagar 138 dólares por los daños causados a la patrulla. La familia interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán y ante la Fiscalía del Estado, pero hasta este momento, no hay avances en la investigación y nadie ha sido sancionado, señaló Amnistía Internacional.
Otro caso es el de Sergio Sánchez Arellano, un vendedor de dulces en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México., quien fue detenido en 2010 por su presunta participación en un homicidio y en un intento de robo.
La detención de Sergio se realizó por diez personas sin uniforme, que viajaban a bordo de automóviles no identificados como vehículos policiales.
Tras su arresto, Sergio fue condenado por homicidio a 27 años y 6 meses de prisión. Para noviembre de 2016, un tribunal federal confirmó que la detención de Sergio fue arbitraria; sin embargo, no se desestimó la declaración de la testigo que lo acusó, por lo que se confirmó la condena.
Actualmente, el caso de Sergio Sánchez Arellano se encuentra en una última revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para Tania Reneam, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, la “extorsión” es una de las principales causas para que los policías detengan de forma arbitraria a personas en México. También se detiene arbitrariamente con fines políticos o para sembrar evidencia.
En sus conclusiones, la organización estableció que las detenciones arbitrarias pueden generar pauta para otras violaciones de derechos humanos, tales como tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Ante este panorama, Amnistía Internacional lanzó una serie de recomendaciones a autoridades y dependencias federales para evitar que se sigan cometiendo.
A continuación te presentamos las recomendaciones lanzadas por Amnistía Internacional con motivo de su informe: Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México.
A las autoridades policiales, municipales, estatales y federales
- Establecer regulaciones claras para todas las corporaciones policíacas con respecto a las detenciones y al uso de la fuerza; así como capacitarlas y evaluarlas adecuada y constantemente sobre estos y otros temas relevantes, tales como sus funciones como primeros respondientes en el sistema penal
- Establecer el uso obligatorio de dispositivos de geolocalización en las patrullas policiales y de cámaras de audio y video dentro de las cabinas de dichos vehículos.
- Generalizar el uso de cartillas de lectura de derechos.
- Homologar los informes policiacos.
Al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación
- Elaborar un estudio sobre las actitudes discriminatorias en los cuerpos de policía y generar un plan pormenorizado de trabajo para abordar los sesgos discriminatorios en los arrestos y detenciones.
Al Congreso de la Unión
- Eliminar de la Constitución y de las leyes la figura de la prisión preventiva oficiosa, dejando la decisión sobre la adopción de tal medida cautelar al arbitrio de las juezas y los jueces, la cual debe estar basada en una determinación individualizada caso por caso y únicamente cuando otras medidas alternativas resulten ineficaces.
- Eliminar del Código Nacional de Procedimientos Penales la figura de flagrancia por señalamiento ya que permite a la policía detener personas después de que se cometió un delito sólo sobre la base de testimonios, sin que medie una orden judicial.
- Eliminar de la Constitución y de las leyes la figura del arraigo.
