Dos empresas ligadas a presunto lavado de dinero de Duarte se fondearon con dinero para escuelas
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Especial

Dos empresas ligadas a presunto lavado de dinero de Duarte se fondearon con dinero para escuelas

Diseños Tevet y Trajan Constructores son solo dos de una red de aproximadamente 16 empresas fantasma vinculadas al exgobernador Javier Duarte que fueron fondeadas con recursos públicos, de acuerdo con la Procuraduría General de la República.
Especial
Por Arturo Angel
21 de julio, 2017
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Casi ocho millones de pesos que debieron invertirse en la compra de mobiliario y equipo para escuelas de educación básica en Veracruz se destinaron a dos de las empresas que la Procuraduría General de la República (PGR) identifica como responsables de lavar recursos púbicos por órdenes del exgobernador Javier Duarte.

La salida de esos recursos fue autorizada por el hoy diputado local de Veracruz, Vicente Benítez González,  quien se desempeñó como oficial mayor de la Secretaría de Educación estatal, por lo que desde el año pasado, el legislador es investigado por la PGR por desvío de recursos, pero hasta ahora no se ha procedido penalmente en su contra.

En la audiencia inicial contra Javier Duarte, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, la PGR informó al Juez que existe un grupo de aproximadamente 16 empresas fantasma fondeadas con recursos públicos, utilizadas como el primer eslabón de una presunta red delictiva para desviar recursos públicos.

Entre esas empresas, según los datos de la carpeta de investigación revelados en la audiencia, se encuentran las compañías Diseños Tevet S.R.L de C.V y Trajan Construcciones S.R.L de C.V.

“Se trata de empresas conocidas coloquialmente como empresas fachada, es decir, de papel, que solo sirven para emitir facturas que amparen operaciones inexistentes”, explicaron los fiscales de la PGR ante el juez federal.

La procuraduría no expuso mayores detalles, pero documentos obtenidos vía transparencia por Animal Político revelan que Benítez autorizó pagos por casi 9 millones de pesos a las empresas Diseños Tevet y Trajan Construcciones, en diciembre de 2014, cuando se desempeñaba como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación.

Para justificar la salida de ese dinero se concedieron dos contratos que tenían como finalidad equipar planteles escolares. En ninguno de esos contratos se realizó una licitación pública.

El primer contrato, firmado el 5 de diciembre de 2014, fue concedido a la empresa Trajan Construcciones por un monto de 2 millones 499 mil pesos.  El concepto de dicho contrato, numero ADQ-LS-038-2014, fue la adquisición de mobiliario escolar para distintos planteles.

Cinco días más tarde, el 11 de diciembre de 2014, Benítez concedió un contrato a Diseños Tevet, este por un monto de 4 millones 999 mil 600 pesos. El referido contrato, número CS-LS-042-2014, fue por “Servicios de Impresión de Diversos Materiales”.

Cuando este medio solicitó al gobierno de Veracruz  copia de los beneficiarios de los productos adquiridos, la respuesta es que fueron “distintos centros educativos” sin proporcionar detalle alguno.

En un recorrido hecho por una veintena de escuelas en Veracruz, tanto primarias como secundarias, los directores señalaron que nunca recibieron equipos, pues hasta el último año del administración e Duarte operaban con múltiples carencias.

Son empresas fantasma y están en la CDMX

Animal Político publicó el pasado 15 de mayo que Diseños Tevet y Trajan Construcciones son empresas cuyos domicilios fiscales están en la Ciudad de México, pero en realidad no operan en ninguno de esos sitios.

Cabe señalar que de acuerdo con la carpeta de investigación entregada por la PGR ante el juez de control el lunes pasado, la red de lavado de dinero que presuntamente encabeza Javier Duarte opera en Veracruz, Campeche y la Ciudad de México.

El domicilio fiscal de Diseños Tevet es Gabriel Mancera 1543, en la colonia Del Valle, mientras que la dirección de Trajan es Paseo de la Luz 324, interior 4, en la colonia Paseos de Taxqueña.

Auditores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) verificaron ambos domicilios y confirmaron que las empresas no operan en dicho sitio.

Animal Político también acudió a ambas direcciones. En el caso de Diseños Tevet se trata de una propiedad de color blanco donde no opera esta ni ninguna otra compañía. Una joven de nombre Elizabeth reconoció que a este sitio llegan los documentos de Tevet, pues se trata de su domicilio fiscal, pero dijo desconocer donde funciona realmente la empresa.

La dirección de Trajan Construcciones corresponde a una propiedad de dos niveles en una zona residencial. No se aprecia la presencia de constructora alguna, ni de materiales, vehículos, bodegas o algo similar. Se tocó varias veces el timbre pero nadie atendió a la puerta. Vecinos del lugar dijeron que ellos no conocen de ninguna compañía en esa zona.

Este medio obtuvo las actas de constitutivas de las dos empresas tras tramitarlas en el Registro Público de la Ciudad de México. Ambas fueron creadas en el sexenio de Javier Duarte.

Trajan Construcciones fue constituida el 6 de julio de 2011 y, de acuerdo con su objeto social, se dedica a 16 cosas distintas, que van desde la construcción hasta dar servicios de mercadotecnia, consultoría y hasta conceder préstamos. Diseños Tevet fue creada el 16 de enero de 2013 y su objeto social está relacionado específicamente con servicios de publicidad e impresión.

A partir de la publicación en Animal Político del reportaje Las Empresas Fantasma de Veracruz, el SAT ordenó auditorías de verificación a una red de supuestos proveedores de la administración de Javier Duarte.

Entre esas empresas se verificó a estas dos empresas y el SAT concluyó que son compañías falsas que simularon operaciones para emitir facturas. De hecho sus registros fiscales ya se encuentran cancelados.

Investigación sin resultados

Desde 2016, Vicente Benítez es investigado por la PGR, pero hasta ahora no se ha procedido en su contra. No se le incluyó en la acusación que presentó el Ministerio Público en octubre y tampoco se ha solicitado algún procedimiento de desafuero en contra suya.

De acuerdo con autoridades con pleno conocimiento del caso, las averiguaciones contra Benítez iniciaron en la Fiscalía de Justicia de Veracruz, pero la PGR atrajo todos los expedientes al considerar que estaba involucrado en delitos federales. A partir de ahí no ha habido ninguna resolución.

Vicente Benítez ocupó a lo largo de la administración de Javier Duarte varios cargos, y en todos ellos, hay indicios de posibles hechos de corrupción.

Primero lo hizo como tesorero de la Secretaría de Finanzas donde renunció en enero de 2012, luego de que funcionarios a su cargo fueron detenidos en el Aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos en efectivo escondidos en dos maletas. El hecho ocurrió en el contexto del proceso electoral de ese año, aunque el gobierno de Javier Duarte insistió en que el dinero era para pagar festivales.

Benítez estuvo un año fuera de la función pública y regresó como subsecretario de Desarrollo Social, donde, entre otras cosas, anunció un programa de tiendas comunitarias que nunca existió, pero que sirvió para asignar contratos a compañías fantasma.

Animal Político publicó que Benítez fue un personaje central en la red de empresas fantasma que permitió la desaparición de 645 millones de pesos, solo entre 2012 y 2013.

Además, la PGR indaga a Vicente Benítez por su relación con varias propiedades tanto en Estados Unidos como en Costa Rica que se presumen están relacionadas también con operaciones de desvío de recursos públicos.

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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