Gobiernos de 31 estados hicieron mal uso de recursos destinados a población sin seguridad social
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Gobiernos de 31 estados hicieron mal uso de recursos destinados a población sin seguridad social

El Edomex, Guerrero, Veracruz y Oaxaca son las entidades que tuvieron más irregularidades en 2016 en los recursos del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud, determinó la Auditoría Superior de la Federación.
Archivo // Cuartoscuro
Por Francisco Sandoval Alarcón
5 de julio, 2017
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que 31 de las 32 entidades del país presentaron irregularidades y subejercicios por 7 mil 62 millones 276 mil pesos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), al revisar los recursos de la Cuenta Pública 2016.

En suma, la ASF auditó 72 mil 245 millones 606 mil pesos, 84.5 % del total del dinero destinado a las 32 entidades federativas a través del FASSA, observando inconsistencias en más de 10% de los recursos.

Como resultado de las auditorías, se determinaron recuperaciones por 5 mil 945.5 millones de pesos, que representaron 6.9% del universo y 8.2% de la muestra. Adicionalmente, se determinó un subejercicio de mil 116.8 mdp.

El objetivo principal del FASSA consiste en prestar servicios de salud a la población abierta, aquella que no está incorporada en ningún régimen de seguridad en salud, mediante la promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención y seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportuna y adecuada de medicamentos.

Sobre las entidades que más irregularidades y subejercicios tuvieron en 2016, destacan el Estado de México (1,273 mdp), Guerrero (977 mdp), Veracruz (920 mdp) y Oaxaca (872 mdp), que juntos concentraron 57% del monto total de los recursos observados.

El FASSA es uno de los fondos federales, dentro del ramo 33, que cada año presenta recursos observados (recuperaciones determinadas y subejercicios). De 2011 a 2015, la ASF ha determinado que los estados tienen observaciones pendientes de solventar por 18 millones 687 mil pesos.

Las principales irregularidades

En su revisión, la ASF detectó que Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, el Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Veracruz no informaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recursos por 3 mil 25 millones de pesos, 42.8 % del monto observado.

La ASF también encontró que Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, México, Michoacán, Nayarit y Nuevo León no presentaron documentación justificativa y comprobatoria del gasto por mil 239.8 millones de pesos, 17.6 % del monto observado.

En el renglón de recursos no devengados, la ASF concluyó que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, la Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no gastaron mil 116.8 millones de pesos, 15.8% del recurso observado.

Además, en el tema de transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, se concluyó que Baja California, Guerrero, Morelos, Veracruz y Yucatán no reintegraron recursos por mil 60.1 millones de pesos, que representa 15.0% del monto observado.

Aparte, los estados de México y Colima realizaron pagos improcedentes o en exceso por 117.8 millones de pesos,  1.7 % del monto total observado.

Estados deben justificar 25,894 millones de recursos federales que recibieron en 2016: ASF.

Las recomendaciones de la ASF

Tras practicar 32 auditorías y determinar 270 observaciones, de las cuales 84 se solventaron en el transcurso de la auditoría, quedando pendientes 186, la ASF lanzó una serie de recomendaciones para que los recursos del FASSA se gasten correctamente.

  • Analizar la factibilidad de integrar los recursos del FASSA, del Programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud, y de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular), al considerar que tienen objetivos concurrentes, en una sola fuente de financiamiento.
  • Precisar en la normativa del FASSA, la emisión de reglas de operación o lineamientos específicos que regulen el ejercicio de los recursos del fondo, ya que en este momento no se establece específicamente el destino del gasto.
  • Considerar en la distribución del FASSA las necesidades de salud de cada entidad federativa, con base en diagnósticos e indicadores que realicen instituciones oficiales.
  • A fin de evitar el posible desvío de recursos o la falta de enteros a las instituciones correspondientes, se considera conveniente analizar la factibilidad de centralizar el pago de la nómina.
  • Establecer en la Ley de Coordinación Fiscal sanciones de carácter penal para aquellos servidores públicos que no transfieran al ejecutor o desvíen los recursos para objetivos distintos a los programados.
  • Fortalecer la supervisión en la aplicación de los recursos y al sistema de control de expedientes, a fin de evitar faltante de documentación original, comprobantes y justificantes del gasto del fondo.
  • Realizar la evaluación del fondo a nivel estatal con la finalidad de medir la eficiencia, eficacia, calidad e impacto del fondo.
  • Establecer acciones que aseguren una oportuna rendición de cuentas del ejercicio de los recursos asignados al fondo y que la información cumpla con la congruencia requerida.
  • Diseñar mecanismos de control y seguimiento a la transferencia oportuna de los recursos a los ejecutores, así como a las cuentas bancarias abiertas para su administración.
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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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