Con obras inconclusas y sobrecostos: Así operan 3 hospitales de QRoo, Durango y Chiapas
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

Con obras inconclusas y sobrecostos: Así operan 3 hospitales de QRoo, Durango y Chiapas

La Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en tres hospitales que causaron posibles daños al erario por 216 millones de pesos del gasto federal 2016.
Cuartoscuro
Por Ernesto Aroche Aguilar
6 de julio, 2017
Comparte

Un hospital que nunca se concluyó en Quintana Roo, otro cuyo costo aumentó 20% en Durango y contratos por adjudicación directa sin justificación en Chiapas. Eso fue lo que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró al revisar obras en hospitales de esas entidades.

De acuerdo con la Auditoría, los casos ocurridos en esos tres hospitales provocaron posibles daños al erario por 216 millones de pesos del gasto federal 2016, aunque se trata de obras que iniciaron en 2015.

En total, las obras en esos hospitales sumaron contratos por 2 mil 213 millones de pesos y, tras la revisión de la Auditoría, generaron nueve promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, un pliego de observaciones y cuatro solicitudes de aclaración entre los tres estados.

Las obras inexistentes en Quintana Roo

En octubre de 2014, el Seguro Popular le autorizó al gobierno de Quintana Roo, encabezado por el priista Roberto Borge, recursos para la construcción de la primera etapa del Hospital de Especialidades de Chetumal, para la atención de enfermedades oncológicas.

El contrato, adjudicado en marzo de 2015 a la empresa Promotora NC, estableció un plazo de 279 días para la edificación y el pago de 184.8 millones de pesos, por lo que el complejo hospitalario tendría que haberse concluido el 6 de diciembre de 2015.

Sin embargo, dos días después del inicio de la obra, el gobierno de Borge firmó un convenio con la empresa para ampliar el plazo en 156 días, estableciendo como fecha de entrega el 10 de mayo de 2016, lo que implicó el incremento en 104 millones de pesos de la obra, la cual quedó valuada en 226 millones de pesos.

En su justificación, el gobierno de Borge aseguró que se agregó la construcción de plantas de tratamiento de agua y sistemas de seguridad, pero la Auditoría concluyó que se trató de un contrato inflado.

En 2016, personal de la Auditoría Superior de la Federación realizo una primera revisión a la obra y comprobó que los “conceptos de concurso se modificaron de manera importante y se incluyeron conceptos extraordinarios que incrementaron significativamente el monto y el plazo originales del contrato”.

También comprobaron que la obra tenía “evidentes deficiencias en el procedimiento constructivo” y pidieron que se iniciara una investigación al respecto, pero no pasó nada.

En febrero de este año, los auditores regresaron a revisar la obra para encontrarse que, casi dos años después, la construcción estaba suspendida, que sólo se había avanzado 40.3%, a pesar de que se gastaron 91.4 millones de pesos.

En la revisión, los auditores encontraron obras inexistentes, como un muro de 462 metros cuadrados que se pagó y no se construyó, que solo se realizaron tres de cinco pozos pactados y que hay muros que presentan desplomes y agrietamiento.

El contrato fue rescindido en enero de este año por el gobierno del aliancista Carlos Joaquín González, pero sigue sin sancionarse a los responsables por el caso.

Durango: la promesa incumplida

El 14 de septiembre de 2015, el entonces gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, colocó la primera piedra del Hospital de Especialidades de Gómez Palacio, obra cuyo contrato de 593.6 millones de pesos fue adjudicado a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana y que estaba prevista para realizarse en un plazo de un año y nueve días.

Acompañado del director del Seguro Popular, Gabriel J. O’Shea Cuevas, el mandatario estatal dijo que con la obra se cumplía un “compromiso con las familias de la Comarca Lagunera”, que quedaría concluido a finales de agosto de 2016, en la etapa final de su mandato.

Pero no cumplió. En junio de 2016, tres meses antes de concluir la administración de Herrera, el priista acordó con la empresa una prórroga de 123 días, lo que incrementó el costo de la obra en 107.1 millones de pesos, por lo que el preció se elevó a 700.7 millones.

La obra tendría que haberse concluido y entregado a finales de diciembre de 2016, ya en la administración del panista José Rosas Aispuro, pero la revisión de la Auditoría Superior de la Federación mostró que para ese momento solo se tenía un avance de 92%.

A final, la ASF concluyó que hubo una demora de 243 días naturales, es decir, que se superó en 65%  el plazo original pactado para la entrega de uno de los hospitales, lo que generó retrasos en la atención de los servicios de salud.

Además, los auditores determinaron que se autorizaron precios “no previstos en el catálogo original del contrato por un monto de 165.2 millones de pesos”.

En su informe, la Auditoría cuantificó en 170.4 millones de pesos las recuperaciones posibles al erario, y emitió cuatro solicitudes de aclaración que el gobierno de Rosas Aispuro tendrá que atender.

Hospitales con contratos no justificados en Chiapas

En Chiapas se entregan contratos por adjudicación directa que no se justificaron. Eso sucedió en el Centro Regional de Alta Especialidad, de acuerdo con la revisión que la Auditoría Superior de la Federación realizó al gasto de  815 millones de pesos, de un presupuesto de 1,287.2 millones.

Salud en Chiapas: Solo para la foto.

La ASF detectó que hubo irregularidades en la adjudicación directa de 20 contratos valuados en 187 millones de pesos. Entre las anomalías destacan que no se tenían datos de la empresas seleccionadas, que no había autorización del área encargada y que no se fundamentó la entrega del contrato sin concurso.

En tanto que en otros 17 contratos, estos valuados en 158 millones, que se adjudicaron por vía directa, hubo errores de procedimiento.

En conclusión, dice la Auditoría, “el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas presentó deficiencias significativas en su sistema de control interno (…) así como en la adecuada aplicación de la normativa en materia presupuestaria y de adquisiciones”.

Por ello, la Auditoría Superior de la Federación emitió ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
Comparte

Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=HgJYOwiWtec

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.