Un hospital que nunca se concluyó en Quintana Roo, otro cuyo costo aumentó 20% en Durango y contratos por adjudicación directa sin justificación en Chiapas. Eso fue lo que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró al revisar obras en hospitales de esas entidades.
[contextly_sidebar id=”hzMXjAZCxbWF890MjXHC0vCExA6spzIM”]De acuerdo con la Auditoría, los casos ocurridos en esos tres hospitales provocaron posibles daños al erario por 216 millones de pesos del gasto federal 2016, aunque se trata de obras que iniciaron en 2015.
En total, las obras en esos hospitales sumaron contratos por 2 mil 213 millones de pesos y, tras la revisión de la Auditoría, generaron nueve promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, un pliego de observaciones y cuatro solicitudes de aclaración entre los tres estados.
Las obras inexistentes en Quintana Roo
En octubre de 2014, el Seguro Popular le autorizó al gobierno de Quintana Roo, encabezado por el priista Roberto Borge, recursos para la construcción de la primera etapa del Hospital de Especialidades de Chetumal, para la atención de enfermedades oncológicas.
El contrato, adjudicado en marzo de 2015 a la empresa Promotora NC, estableció un plazo de 279 días para la edificación y el pago de 184.8 millones de pesos, por lo que el complejo hospitalario tendría que haberse concluido el 6 de diciembre de 2015.
Sin embargo, dos días después del inicio de la obra, el gobierno de Borge firmó un convenio con la empresa para ampliar el plazo en 156 días, estableciendo como fecha de entrega el 10 de mayo de 2016, lo que implicó el incremento en 104 millones de pesos de la obra, la cual quedó valuada en 226 millones de pesos.
En su justificación, el gobierno de Borge aseguró que se agregó la construcción de plantas de tratamiento de agua y sistemas de seguridad, pero la Auditoría concluyó que se trató de un contrato inflado.
En 2016, personal de la Auditoría Superior de la Federación realizo una primera revisión a la obra y comprobó que los “conceptos de concurso se modificaron de manera importante y se incluyeron conceptos extraordinarios que incrementaron significativamente el monto y el plazo originales del contrato”.
También comprobaron que la obra tenía “evidentes deficiencias en el procedimiento constructivo” y pidieron que se iniciara una investigación al respecto, pero no pasó nada.
En febrero de este año, los auditores regresaron a revisar la obra para encontrarse que, casi dos años después, la construcción estaba suspendida, que sólo se había avanzado 40.3%, a pesar de que se gastaron 91.4 millones de pesos.
En la revisión, los auditores encontraron obras inexistentes, como un muro de 462 metros cuadrados que se pagó y no se construyó, que solo se realizaron tres de cinco pozos pactados y que hay muros que presentan desplomes y agrietamiento.
El contrato fue rescindido en enero de este año por el gobierno del aliancista Carlos Joaquín González, pero sigue sin sancionarse a los responsables por el caso.
Durango: la promesa incumplida
El 14 de septiembre de 2015, el entonces gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, colocó la primera piedra del Hospital de Especialidades de Gómez Palacio, obra cuyo contrato de 593.6 millones de pesos fue adjudicado a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana y que estaba prevista para realizarse en un plazo de un año y nueve días.
Acompañado del director del Seguro Popular, Gabriel J. O’Shea Cuevas, el mandatario estatal dijo que con la obra se cumplía un “compromiso con las familias de la Comarca Lagunera”, que quedaría concluido a finales de agosto de 2016, en la etapa final de su mandato.
Pero no cumplió. En junio de 2016, tres meses antes de concluir la administración de Herrera, el priista acordó con la empresa una prórroga de 123 días, lo que incrementó el costo de la obra en 107.1 millones de pesos, por lo que el preció se elevó a 700.7 millones.
La obra tendría que haberse concluido y entregado a finales de diciembre de 2016, ya en la administración del panista José Rosas Aispuro, pero la revisión de la Auditoría Superior de la Federación mostró que para ese momento solo se tenía un avance de 92%.
A final, la ASF concluyó que hubo una demora de 243 días naturales, es decir, que se superó en 65% el plazo original pactado para la entrega de uno de los hospitales, lo que generó retrasos en la atención de los servicios de salud.
Además, los auditores determinaron que se autorizaron precios “no previstos en el catálogo original del contrato por un monto de 165.2 millones de pesos”.
En su informe, la Auditoría cuantificó en 170.4 millones de pesos las recuperaciones posibles al erario, y emitió cuatro solicitudes de aclaración que el gobierno de Rosas Aispuro tendrá que atender.
Hospitales con contratos no justificados en Chiapas
En Chiapas se entregan contratos por adjudicación directa que no se justificaron. Eso sucedió en el Centro Regional de Alta Especialidad, de acuerdo con la revisión que la Auditoría Superior de la Federación realizó al gasto de 815 millones de pesos, de un presupuesto de 1,287.2 millones.
La ASF detectó que hubo irregularidades en la adjudicación directa de 20 contratos valuados en 187 millones de pesos. Entre las anomalías destacan que no se tenían datos de la empresas seleccionadas, que no había autorización del área encargada y que no se fundamentó la entrega del contrato sin concurso.
En tanto que en otros 17 contratos, estos valuados en 158 millones, que se adjudicaron por vía directa, hubo errores de procedimiento.
En conclusión, dice la Auditoría, “el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas presentó deficiencias significativas en su sistema de control interno (…) así como en la adecuada aplicación de la normativa en materia presupuestaria y de adquisiciones”.
Por ello, la Auditoría Superior de la Federación emitió ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.
